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DIRECTORIO MILITAR

Ante la descomposición general

Ante la descomposición general

La situación social y política en España ha llegado a su grado máximo de descomposición.
En el orden económico y financiero, estamos en el borde mismo del abismo. La industria española se debate en el marasmo más agudo.
En el orden político, la descomposición es todavía mayor. Los partidos populares de oposición a la monarquía se han ido esfumando uno tras otro, después de la traición y de la corrupción venal de sus jefes.
Y después de tantos desastres coloniales y de tan monstruosas ignominias y crímenes en el interior, no queda en los fragmentos de esos partidos de oposición ni un sólo hombre con suficiente prestigio y con el necesario poder de sugestión de multitudes para poder lanzar a éstas a la Revolución salvadora.
El proletariado no escapa a la descomposición de la democracia burguesa. El Partido Socialista y la U. G. T., se han anquilosado de tal modo en su política de colaboración de clases que han dejado tamañitos a sus colegas en reformismo, los socialdemócratas alemanes.
Los anarquistas que dirigen, teniéndola subordinada, a la C. N. T., no escapan a esa descomposición de la política nacional. El heroísmo lleno de emoción a veces, de muchos jóvenes libertarios, no puede salvar al anarquismo en España de un hundimiento como factor directivo de las masas trabajadoras.
Los anarquistas, que dirigen a la Confederación Nacional del Trabajo, no han podido dotar a ésta ni de un mínimo racional de sentido orgánico, ni mucho menos de una dirección coordinada en sus movimientos.
La C. N. T. está en todas partes desarticulada. Pudiendo ser un arma poderosísima para el proletariado, pues tiene la simpatía unánime de la clase trabajadora, no es más que una cohorte confusa, sin dirección y sin plan ni de defensa ni de ataque.
La raíz de los errores de los anarquistas hay que buscarla en el falso concepto que tienen de la Revolución Proletaria y de los movimientos de masas. Creen, como único medio eficaz de rebelión, en la acción de encrucijada, en la acción de grupo, que no pueden siquiera aventajar a las algaradas cuarteleras de mediados del siglo pasado. No tienen en cuenta que la Revolución y, sobre todo, una Revolución social, no se hace cuando una pequeña minoría quiere, sino cuando se produce un trastorno económico político que conmueve poderosamente al pueblo obrero y campesino. Es solamente entonces cuando las minorías revolucionarias tienen que intervenir, recogiendo el descontento del pueblo en unas cuantas fórmulas claras que reflejen objetivos inmediatos y que puedan agrupar a su alrededor a grandes muchedumbres. No es con grandes abstracciones que se consigue conmover a las masas, sino en puntos concretos ajustados a las realidades revolucionarias.
Las minorías revolucionarias tienen que estar dotadas de lo que carecen las grandes masas: un ideal, un programa de acción adecuado a las condiciones políticas y económicas en que se encuentra un pueblo, y, en fin, una disciplina suficientemente estrecha para que cada militante vaya a ser puesto en el combate.
Los anarquistas carecen de todo eso. Por eso cuando la organización obrera está en sus manos la llevan al desastre. Su mediocridad visual en los asuntos económicos determina su incapacidad directiva.
Las circunstancias vuelven a ser hoy, como en el 21, el 19 y el 17, favorables a la Revolución. En esas fechas si no se hizo fue por falta de organización interna de la minoría revolucionaria. En el 21 podían decir los anarquistas que estaba la mayoría en la cárcel o deportados. Hoy, después de año y medio de relativa normalidad, nos encontramos ante la más espantosa confusión respecto a tácticas y métodos de acción. Ante los chispazos de rebelión de los soldados, ante la ansiedad que se manifiesta en todo el país, ¿qué vamos a decir a las masas?, ¿qué vamos a hacer?
Desde 1917, jamás el régimen había atravesado un período de descomposición tan agudo. Pero al propio tiempo jamás la burguesía había estado mejor organizada, más perfeccionada en organizaciones armadas como lo está hoy.
¿Vamos a dejar pasar aún esta ocasión?
Los anarquistas, o se avienen a las modalidades revolucionarias haciendo de la C. N. T. una poderosa máquina de guerra contra el capitalismo o dejan el paso libre a los que se sienten con fuerzas para hacerlo.


Hilario Arlandis («La Batalla» (Barcelona), núm. 23, 7 septiembre 1923)

Manifiesto del 13 de septiembre

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Miguel Primo de Rivera y Alfonso XIII (septiembre de 1923)

Manifiesto del 13 de septiembre


Estado de guerra (Miguel Primo de Rivera, 13 de septiembre de 1923)

Al país y al Ejército.

Españoles:

Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque desenfreno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión.
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que sin poner remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lanzamos por España y por el Rey.
Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles: ¡Viva España y viva el Rey!
No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos; depreciación de moneda; francachela de millones de gastos reservados; sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de Marruecos; incertidumbre ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial; impune propaganda comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política; descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades y... por último, seamos justos, un solo tanto a favor del Gobierno, de cuya savia vive hace nueve meses, merced a la inagotable bondad del pueblo español, una débil e incompleta persecución al vicio del juego.
No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerlas pronto y radical remedio, para lo que requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos. Para ello y en virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un directorio inspector militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público y asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales, requiriendo al país para que en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios, laboriosos y probos que puedan constituir ministerio a nuestro amparo, pero en plena dignidad y facultad, para ofrecerlos al Rey por si se digna aceptarlos.
No queremos ser ministros ni sentimos más ambición que la de servir a España. Somos el SOMATEN, de legendaria y honrosa tradición española, y como él traemos por lema: «PAZ, PAZ y PAZ»; pero paz digna fuera y paz fundada en el saludable rigor y en el justo castigo dentro. Queremos un SOMATEN reserva y hermano del Ejército para todo, incluso para la defensa de la independencia patria si corriera peligro; pero lo queremos más para organizar y encuadrar a los hombres de bien y que su adhesión nos fortalezca. Horas sólo tardará en salir el decreto de organización del GRAN SOMATEN ESPAÑOL.
Nos proponemos evitar derramamiento de sangre, y, aunque lógicamente no habrá ninguna limpia, pura y patriótica que se nos ponga en contra, anunciamos que la fe en el ideal y el instinto de conservación de nuestro régimen nos llevará al mayor rigor contra los que lo combatan. Queremos vivir en paz con todos los pueblos y merecer de ellos para el español hoy la consideración, mañana la admiración por su cultura y virtudes. Ni somos imperialistas, ni creemos pendiente de un terco empeño en Marruecos el honor del Ejército, que con su conducta valerosa a diario lo vindica. Para esto, y cuando aquel ejército haya cumplido las órdenes recibidas (ajeno en absoluto a este movimiento, que aun siendo tan elevado y noble no debe turbar la augusta misión de los que están al frente del enemigo) buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y sensata.
El país no quiere oír hablar más de responsabilidades, sino saberlas exigidas pronta y justamente, y esto lo encargamos con limitación de plazo a tribunales de autoridad moral y desapasionados de cuanto ha envenenado hasta ahora la política o la ambición. La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionamos con este apartamiento total a que los condenamos aun reconociendo en justicia que algunos de sus hombres dedicaron al noble afán de gobernar sus talentos y sus actividades, pero no supieron o no quisieron nunca purificar y dar dignidad al medio en que han vivido. Nosotros sí, queremos, porque creemos que es nuestro deber, y ante toda denuncia de prevaricación, cohecho o inmoralidad, debidamente fundamentada, abriremos proceso que castigue implacablemente a los que delinquieron contra la patria corrompiéndola y deshonrándola. Garantizamos la más absoluta reserva para los denunciantes, aunque sean contra los de nuestra propia profesión y casta, aunque sea contra nosotros mismos, que hay acusaciones que honran. El proceso contra don Santiago Alba, queda desde luego abierto, que a éste lo denuncia la unánime voz del país y queda también procesado el que siendo jefe del gobierno y habiendo oído de personas solventes e investidas de autoridad las más duras acusaciones contra su depravado y cínico ministro, y aun asintiendo a ellas, ha sucumbido a su influencia y habilidad política sin carácter ni virtud para perseguirlo, ni siquiera para apartarlo del gobierno.
Más detalles no los admite un manifiesto. Nuestra labor será bien pronto conocida y el país y la historia la juzgarán, que nuestra conciencia está bien tranquila de la intención y del propósito.

PARTE DISPOSITIVA
Al declararse en cada región el estado de guerra el Capitán General, o quien haga sus veces, destituirá a todos los gobernadores civiles y encomendará a los gobernadores y comandantes militares sus funciones. Se incautarán de todas las centrales y medios de comunicación y no permitirán, aparte las familiares y comerciales las de ninguna otra autoridad que no sirva al nuevo régimen.
De todas las novedades importantes que vayan ocurriendo darán conocimiento duplicado a los capitanes generales de Madrid y Barcelona, resolviendo por sí pronta y enérgicamente las dificultades.
Se ocuparán los sitios más indicados, tales como centros de carácter comunista o revolucionario, estaciones, cárceles, bancos, centrales de luz y depósitos de agua y se procederá a la detención de los elementos sospechosos y de mala nota. En todo lo demás se procurará dar la sensación de una vida normal y tranquila.
Mientras el orden no esté asegurado y el régimen naciente triunfante, serán preferente atención de los militares en todos sus grados y clases los servicios de organización, vigilancia y orden público, debiéndose suspender toda instrucción o acto que entorpezca estos fines, sin que ello signifique entregar las tropas a la molicie ni abandonar la misión profesional.
Por encima de toda advertencia están las medidas que el patriotismo, inteligencia, y entusiasmo por la causa sugiera a cada uno en momentos que no son de vacilar sino de jugarse el todo por el todo; es decir, la vida por la patria.
Unas palabras más solamente. No hemos conspirado; hemos recogido a plena luz y ambiente el ansia popular y le hemos dado algo de organización, para encauzarla a un fin patriótico exento de condiciones. Creemos pues que nadie se atreverá con nosotros y por eso hemos emitido a solicitar uno a uno el concurso de nuestros compañeros y subordinados. En esta santa empresa quedan asociados en primer lugar el pueblo trabajador y honrado en todas sus clases, el Ejército y nuestra gloriosa Marina, ambos aún en sus más modestas categorías que no habíamos de haber consultado previamente sin relajar lazos de disciplina, pero que bien conocida su fidelidad al mando y su sensibilidad a los anhelos patrióticos, nos aseguran su valioso y eficaz concurso.
Aunque nazcamos de una indisciplina formularia, representamos la verdadera disciplina, la debida a nuestro dogma, y amor patrio, y así la hemos de entender, practicar y exigir, no olvidando que como no nos estimula la ambición, sino por el contrario el espíritu de sacrificio tenemos la máxima autoridad.
Y ahora nuevamente ¡Viva España y viva el Rey!, y recibid todos el cordial saludo de un viejo soldado que os pide disciplina y unión fraternal en nombre de los días que compartió con vosotros la vida militar en paz y en guerra y que pide al pueblo español confianza y orden, en nombre de los desvelos a su prosperidad dedicados, especialmente de este en que lo ofrece y lo aventura todo por servirle.
Miguel Primo de Rivera Capitán general de la cuarta región.


La Vanguardia, Barcelona, 13 septiembre 1923

El Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores exponen su actitud ante la opinión pública

El Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores exponen su actitud ante la opinión pública


Reunidas conjuntamente las Comisiones Ejecutivas del Partido Socialista Obrero y de la Unión General de Trabajadores al enterarse de los acontecimientos iniciados en Barcelona esta madrugada, acordaron dirigirse a sus afiliados, a los elementos simpatizantes y, en general, a la opinión pública, para explicar su actitud sin veladuras, porque ponerlas equivaldría a ocultar el pensamiento con disfraces poco gallardos en el momento de aparecer mansamente vencedora una sedición militar.
Pocas son las noticias que cuando deliberamos hemos podido recoger de la rebelión; pero aun siendo pocas bastan (y más si se las relaciona con los antecedentes de quienes la han provocado) para descubrir el verdadero carácter de tan singular movimiento.
Altos jerarcas del ejército, sacando a la calle las tropas, por la ley sumisas a su mando, han sustituido violentamente con subordinados suyos a las autoridades civiles tras la publicación de un manifiesto (cuyo texto íntegro desconocemos), en el cual, a través de reiteradas y calurosas manifestaciones de adhesión al trono, se exige el relevo de los hombres que ocupan el gobierno de España.
Ningún vínculo de solidaridad ni siquiera de simpatía política nos liga con los gobernantes. Al contrario: merecen de nosotros los más duros reproches por haber incumplido desde el Poder cuantas ofertas hicieron antes de escalarle, y en singular aquellas por las cuales pudo abrigar el país la esperanza de ver, si no resuelto, por lo menos decrecido en su dolor el problema de Marruecos, devorador insaciable de todas las energías nacionales. Precisamente las vacilaciones advertidas en el Gobierno y las conductas contradictorias revelaron bien pronto que carecía de fortaleza para resistir las presiones contrarias a lo que la concentración liberal dijo ser su criterio.
Esas presiones, hasta ahora actuantes en la sombra, son las que han salido descaradamente a la luz de la calle. El pueblo se encuentra hoy ante una rebelión militar que, en síntesis (dejando aparte motivos muy secundarios ante la magnitud de la desastrosa aventura de Marruecos), pretende intensificar una acción guerrera que en catorce años de desarrollo sólo ha cosechado enormes y sangrientos desaciertos.
Lo que España repudia es lo que, a la vista, precisamente quieren imponer los generales sediciosos. El pueblo, pues, no debe secundarles. La actitud de la masa trabajadora, a quien con preferencia y por nuestra representación nos dirigimos, debe consistir, no en agrandar, sino por el contrario en aislar esa sedición, que, capitaneada por generales palatinos, habrá podido sorprender de modo muy relativo en la esfera del Gobierno, pero no habrá causado extrañeza en el Palacio de Miramar.
Hablan los caudillos, directores de tan insólito movimiento, de su propósito de regenerar al país extinguiendo las lacras de nuestra vida pública, entre cuyas inmoralidades destaca la acción corruptura del favoritismo. ¿Con qué autoridad pueden expresarse así quienes llegaron a la cumbre, no por méritos propios, sino empujados por el favor político, siempre propicio a las sugestiones reales?
Corren lentamente las horas del día de hoy sin que se haga frente a la sedición nacida en vísperas de reunirse las Cortes y cuando éstas habían de enjuiciar las responsabilidades políticas contraídas por los servidores del régimen en la hecatombe de Annual.
El Gobierno, habiendo requerido con urgencia la venida del monarca a Madrid para someterle el problema, aguarda, paciente, que se emprenda un viaje, de lentitud inadecuada a la gravedad de las circunstancias, y a cuyo final está la opción entre el respeto a la Constitución jurada o la adhesión, quizá complaciente, a los sublevados, según se hayan desenvuelto los sucesos en el prolongadísimo y deliberado intervalo.
El pueblo español, y especialmente la clase trabajadora, que tan dolorosa experiencia ha adquirido del proceder de las altas jerarquías militares, no debe prestar aliento a esta sublevación, preparada y dirigida por un grupo de generales que pueden ostentar, como emblema, el favor y el fracaso enlazados, y no debe tomar iniciativas sin recibir las instrucciones de los Comités del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, que, conscientes de su responsabilidad, no habrán de ocultar su opinión, cualesquiera que sean las circunstancias.
Madrid, 13 de septiembre de 1923.—Por el Partido Socialista: FRANCISCO NUÑEZ TOMAS, vicesecretario; PABLO IGLESIAS, presidente. Por la Unión General de Trabajadores: FRANCISCO LARGO CABALLERO, secretario general; JULIÁN BESTEIRO, vicepresidente.
(«El Socialista», Madrid, 13 septiembre 1923).

El general Primo de Rivera pregunta a las fuerzas armadas si cuenta todavía con su confianza

El general Primo de Rivera pregunta a las fuerzas armadas si cuenta todavía con su confianza.


Aunque España entera conoce ya la trascendental nota oficiosa que el Jefe del Gobierno redactó en la madrugada de ayer, y a la que nos referimos en los comentarios e información que el sensacional acto justifica, no queremos que tan histórico documento deje de tener en estas columnas el debido relieve. Dice así:

«Cuando, al final de la jornada de ayer, tras diez horas de incesante trabajo, ajeno por completo a chismorreos y menudencias, he recibido a los informadores de Prensa, me ha sido dado conocer la intensidad con que se han cotizado en los mentideros.

»Es enojoso salir al paso de tanta miseria; pero no hay otro remedio para tranquilizar a los cuitados, ya que no sirva la rectificación para acallar a los inventores, acogedores y propaladores de especies alarmistas.

«En primer término, y por el buen nombre de las víctimas del doloroso accidente, he de afirmar, con el testimonio de toda la ciudad de Segovia, que el que produjo la muerte del teniente don José Estaun y la grave herida del capitán don José Gándara ha sido absolutamente casual, y más lamentable por tratarse de dos oficiales brillantísimos, unidos por fuertes lazos de amistad.

»También, por el buen nombre de meritísimos generales, he de dar un solemne mentís a las actitudes que se atribuyen a algunos, contrarias, no solamente a la realidad y al concepto que siempre han tenido y demostrado del cumplimento del deber sino a todo buen sentido.

»Ellos no tienen en inquietar el ánimo público el interés que los especuladores y políticos profesionales, ni del alborozo deducen el placer que la gente moza e irresponsable. Pero, en fin, en esto el jefe del Gobierno se somete voluntario a una prueba sensacional y decisiva.

»Como la Dictadura advino por la proclamación de los militares, a mi parecer interpretando sanos anhelos del pueblo, que no tardó en demostrarle su entusiasta adhesión, con la que, más acrecida aún, cree seguir contando hoy, ya que esto último no es fácil de comprobar con rapidez y exactitud numéricamente, y lo otro sí, a la primera se somete, y autoriza e invita a los diez capitanes generales, jefe superior de las fuerzas de Marruecos, tres capitanes generales de departamentos marítimos y directores de Guardia Civil, Carabineros e Inválidos, a que, tras una breve, discreta y reservada exploración, que no debe descender de los primeros jefes de unidades y servicios, le comuniquen por escrito, y, si así lo prefieren, se reúnan en Madrid, bajo la presidencia del más caracterizado, para tomar acuerdo, y se le manifieste si sigue mereciendo la confianza y buen concepto del ejército y Marina. Si le falta, a los cinco minutos de saberlo, los poderes de jefe de la Dictadura y del Gobierno serán devueltos a Su Majestad el Rey, ya que de éste los recibió, haciéndose intérprete de la voluntad de aquéllos.

»Los alborotos estudiantiles, pocas veces tan fuera de tiempo y tan faltos de motivo; el constante intento de alarma financiera, contra la cual la realidad mantiene la buena cotización de los valores, y con una ligera mejoría en los cambios; los anuncios de promover alborotos no dejarán de ser reprimidos, en justa proporción a las actitudes que los determinen, sea cualquiera el lugar y la ocasión que se elija; ni intrigas altas ni bajas alteran un punto la serenidad del Gobierno, preocupado de siempre por problemas de más enjundia y trascendencia, y en materia de represión no quiere ni excederse ni quedarse corto, pues no es cosa de pretender curar en un día y brutalmente el mal de herencia de indisciplina en ciertos sectores, pocos en número y modestos en calidad, ni tampoco favorecerlos con un régimen de impunidad.

»En suma, el jefe del Gobierno tiene la seguridad absoluta de haber cumplido y estar cumpliendo todos sus deberes sin violencias y sin flaquezas, y de no haber escatimado un minuto ni un sacrificio al servicio de la Patria, y que el Directorio Militar, primero, y el Gobierno civil, después, le han ayudado con la máxima eficacia y lealtad; pero si la más alta representación del ejército y la Marina, a los que no ha pretendido halagar, ni les hace promesas que por halagos se interpreten, declarando estar siempre más dispuesto a exigir de ellos sacrificios que a proporcionarles ventajas, creyendo interpretar el sentir colectivo, sin recurrir a actos plebiscitarios, que repugnan a la estructura y disciplina de los Cuerpos militares, y que serían mal precedente y funesta ejemplaridad, y que la sensibilidad de los mandos expertos hacen innecesarios, comunican al jefe del Gobierno un juicio contrario, y para estimarlo así computará en mucho más los votos adversos que los favorables, con su conciencia tranquila y muy satisfecho de haber cumplido bien todos sus deberes, porque así lo ha querido Dios, para que España, en los últimos setenta y seis meses, fuera lo que siempre debió ser.

»Y ahora, sólo pido a mis compañeros de Armas y jerarquía que tengan esta nota por directamente dirigida a ellos, y que, sin pérdida de minuto, pues ya comprenderán lo delicado de la situación que este paso, cuya gravedad no desconozco, crea al Régimen que presido, decidan y comuniquen su actitud. El Ejército y la Marina, en primer término me erigieron dictador, unos con su adhesión, otros con su consentimiento tácito; el Ejército y la Marina son los primeros llamados a manifestar, en conciencia, si debo seguir siéndolo o debo resignar mis poderes».

Editorial de "El Liberal", sobre el golpe de Estado

Editorial de "El Liberal", sobre el golpe de Estado


Los nuevos rectores de la cosa pública no parece están bien avenidos con la dictadura.
El general que tiene hoy a su cargo la confianza de la Corona para formar gobierno, prefiere el paralelismo con Prim al de Mussolini. Prim es, en efecto, más español y más serio, y sobre todo más liberal que Mussolini. Prim es una de las más grandes figuras de la historia de España. Quien aquí acertara arbolando la bandera de Prim, tendría a su lado, seguramente, la opinión del país.
Pero esta evocación a la figura de Prim está supliendo hasta ahora la falta de garantías para las libertades públicas.
El reportaje periodístico atribuye al presidente del Directorio militar la declaración de que continúan en vigor las leyes promulgadas hasta ahora, siendo circunstancial la suspensión del derecho de reunión y la institución de la previa censura, consecuencias automáticas de la declaración del estado de guerra. De la misma procedencia es la noticia que atribuye al general Primo de Rivera la declaración de que él no es un dictador, sino un demócrata de toda la vida, que procurará poner en el cauce jurídico de la democracia el nuevo estado de cosas que está gestándose.
Nada de esto tiene carácter oficial. Es todo ello una ampliación del histórico manifiesto al país y al Ejército publicado en Madrid el día 13 del actual; ampliación hecha con referencias oficiosas no desautorizadas; impresiones optimistas que no sabemos si están inspiradas por la ilusión o por la razón de los que las trasmiten al público.
Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que para conquistar el Directorio militar el común asenso de la opinión expectante, debiera procurarse la confirmación oficial de las impresiones optimistas y de las referencias a que nos hemos referido.
Como medida preventiva, el estado de guerra parece un hecho lógico dentro de la anormalidad de las circunstancias; pero es bien notoria, sin embargo, la más completa ausencia de aquellos fermentos revolucionarios que justificarían en cualquier momento los rigores del régimen de excepción.
Han transcurrido más de cuarenta y ocho horas desde que se produjo el movimiento. Las clases mercantiles y patronales han exteriorizado sus adhesiones. Los hombres públicos desterrados del Poder, convictos de sus culpas, guardan silencio sepulcral. Las organizaciones sociales y políticas de significación más contraria a las situaciones de fuerza han definido en sus manifestaciones una actitud expectante. El orden es completo. Sólo hay que atender a la reparación de perturbaciones producidas en la conciencia colectiva. Y esa reparación sólo puede venir de una declaración del Directorio que lleve la tranquilidad al espíritu liberal de la democracia española.


El Liberal, Madrid, 16 septiembre 1923)

Real Decreto instituyendo el Somatén 17 septiembre de 1923

Real Decreto instituyendo el Somatén 
17 septiembre de 1923


Señor: En el Instituto de Somatenes de Cataluña, organismo de rancio y glorioso abolengo español, se reúnen todos aquellos hombres de buena voluntad, amantes del orden y celosos de sus deberes ciudadanos.
La recia estirpe de esta organización cívica y la briosa historia de sus hechos, en la paz y en la guerra, ha creado en los Somatenes catalanes aquella honrada solidaridad y aquel vigor espiritual tan necesarios en las colectividades cuyo fin primordial es la conservación de la paz pública.
En todas las regiones españolas podrían contar las autoridades con un tan poderoso auxilio si en las provincias que las constituyen se crease el Somatén, organización que no sólo se ciñe a dar fuerza y vigor al espíritu ciudadano, sino que separando los ánimos de pasividad e indiferencia, los moviliza en el significado de la insustituible palabra «somatent: estamos atentos».
Por estas consideraciones, mas de carácter práctico, en cuanto se concretan las garantías del sosiego público, y otras de orden moral, por lo que estimulan el interés ciudadano hacia una orientación activa y desinteresada, el Presidente que suscribe tiene el honor de proponer a V. M. el siguiente proyecto de Real Decreto: [...].
Art. 1.° Se instituye el Somatén en todas las provincias españolas y en las ciudades de soberanía del territorio en Marruecos.
Art. 2.° Se podrán alistar en él todos los individuos mayores de veintitrés años que tengan reconocida moralidad y ejerzan profesión en las localidades en que residen.
Art. 3." Se organizarán por Regiones militares, siendo Comandante general un general con mando de brigada de Infantería en la capital de la Región, y Jefes natos los Capitanes generales respectivos.
Art. 4.º Se aplicará la organización del Somatén de Cataluña, y en cuanto se refiere a Jefes y Oficiales del Ejército, auxiliares por ahora, serán elegidos por cada Capitán general entre los que se hallen destinados en las demarcaciones de Reserva y Caja de Recluta, sin devengar por ello aumento de sueldo ni gratificación.
Art. 5.° Usarán armas largas de su propiedad, cuyo entretenimiento corresponde a los que las usan, y las autoridades militares concederán a los cabos, subcabos y escoltas de bandera el uso de armas cortas en todo el territorio de la Región.
Art. 6.° Los individuos del Somatén serán considerados como fuerza armada cuando se declare el estado de guerra y así lo consignen los Capitanes generales en sus bandos, y como Agentes de la Autoridad siempre que, no estando declarado el estado de guerra, sean requeridos su; servicios por las autoridades; se exceptúan los casos de persecución c captura de malhechores, en cuya circunstancia obrarán como tales agentes sin previo requerimiento de auxilio.
Art. 7.° Los Capitanes generales procederán inmediatamente de la publicación de este Decreto a organizar los Somatenes de sus respectiva! Regiones, y en el plazo de un mes darán cuenta al Ministerio de la Guerra de hallarse organizado.
Art. 8.° Los respectivos reglamentos que se redactan serán autorizados, provisionalmente, por los Capitanes Generales de las Regiones y remitidos después al Ministerio de la Guerra para su aprobación definitiva.


Gaceta de Madrid, 18 septiembre 1923

Hacia una política nueva

Hacia una política nueva


R. D. declarando disueltos el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado.
A propuesta del Presidente del Directorio Militar y de acuerdo con dicho Directorio,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se declaran disueltos el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado.
Dado en Palacio a quince de septiembre de mil novecientos veintitrés.—Alfonso.—El Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.
(«Gaceta de Madrid», 17 septiembre 1923)
Circular suspendiendo las garantías constitucionales y destituyendo los gobernadores civiles.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el Real Decreto de esta fecha,
Vengo en disponer lo siguiente:
Art. 1.° Se suspende temporalmente en todas las provincias del Reino las garantías expresadas en los artículos 4.°, 5.°, 6.° y 9.°, y párrafo primero, segundo y tercero del artículo 13 de la Constitución.
Art. 2.° Se confirma el estado de guerra declarado por los capitanes generales de las regiones de Baleares y Canarias, cesando desde luego en sus funciones los gobernadores civiles de todas las provincias, cuyo cargo quedará encomendado a los respectivos gobernadores militares de las mismas y en el caso de que éstos no residan en la capital, se hará cargo del gobierno civil el jefe militar más caracterizado, con residencia permanente en ellas.
Art. 3.° Los sueldos consignados en presupuesto para los gobernadores civiles, quedarán en beneficio del Tesoro, toda vez que los que en virtud de esta disposición han de desempeñar estos cargos, sólo percibirán por este concepto lo asignado en presupuesto para gastos de representación.
Dios guarde a Vuecencia muchos años. Madrid, 15 de septiembre de 1923.
El Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Señor.


Gaceta de Madrid, 17 septiembre 1923

La represión del separatismo

La represión del separatismo


Su Majestad el Rey firmó anoche el siguiente decreto: «Señor: De los males patrios que más demandan urgente y severo remedio es el sentimiento, propaganda y actuación separatista que viene haciéndose por audaces minorías, que no por serlo quitan gravedad al daño, y que precisamente por serlo ofenden el sentimiento de la mayoría de los españoles, especialmente de los que viven en las regiones donde tan grave mal se ha manifestado.
»El presidente del Directorio militar, que se honra dirigiéndose a V. M., y de acuerdo con él, somete a la resolución de S. M. medidas y sanciones que tienden a evitar el daño apuntado, con tanta más autoridad
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y convicción cuanto que, resuelto a proponer a V. M. en breve plazo disposiciones que definan y robustezcan las regiones y su desenvolvimiento administrativo, y aun su fisonomía espiritual, ha de purgarlas antes del virus que representan la menor confusión, el más pequeño equívoco en sentimientos en que no cabe permitirlos, y que ningún pueblo ni Estado conscientes de su seguridad y dignidad admiten ni toleran.
»Madrid, 17 de septiembre de 1923.
»A propuesta del jefe del Gobierno, presidente del Directorio militar, y de acuerdo con éste, vengo en decretar lo siguiente:
»Artículo 1.° Serán juzgados por los Tribunales militares, a partir de la fecha de este decreto, los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por la palabra, por escrito, por la imprenta u otro medio mecánico gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier clase de actos o manifestaciones. No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios, sean del Estado, de la provincia o del Municipio, ni en lugar alguno sin más excepción que las Embajadas, Consulados, hospitales o escuelas u otros centros pertenecientes a naciones extranjeras.
»Art. 2.° Las infracciones que contra lo dispuesto en este decreto-ley se cometan se castigarán del modo siguiente: ostentación de bandera que no sea la nacional, seis meses de arresto y multa de 500 a 5.000 pesetas para el portador de ella o para el dueño de la finca, barco, etc.
»Delitos por la palabra oral o escrita, prisión correccional de seis meses y un día a un año y multa de 500 a 5.000 pesetas.
»La difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza, o la predicación de doctrinas, de las expresadas en el artículo primero: Prisión correccional de uno a dos años. Pandillaje, manifestaciones públicas o privadas, referentes a estos delitos: tres años de prisión correccional y multa de 1.000 a 10.000 pesetas. Alzamiento de partidas armadas: prisión mayor de seis años y un día a doce años al jefe, y de tres a seis de prisión correccional a los que le sigan formando partida o partidas si el hecho no constituyera otro delito más grave.
»Resistencia a la fuerza pública en concepto de partida: pena de muerte al jefe y de seis años y un día a doce años de prisión mayor para todos los que formen la partida o partidas. Con las mismas penas señaladas anteriormente se castigarán los delitos frustrados, la tentativa y las conspiraciones para cometerlos. Las señeras, pendones o banderas tradicionales e históricas de abolengo patriótico, en cualquiera de sus períodos que son guardados con amoroso orgullo por Ayuntamientos u otras Corporaciones, las del Instituto de Somatenes, gremios, Asociaciones y otras que no tengan ni se les dé significación antipatriótica, podrán ser ostentadas en ocasiones y lugares adecuados, sin incurrir en penalidad alguna. El expresarse o escribir en idiomas o dialectos, las canciones, bailes, costumbres y trajes regionales no son objeto de prohibición alguna; pero en los actos oficiales de carácter nacional o internacional no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que es el oficial del Estado español, sin que esta prohibición alcance a la vida interna de las Corporaciones de carácter local o regional, obligadas, no obstante, a llevar en castellano los libros oficiales de registros y actas, aun en los casos que los avisos y comunicaciones no dirigidas a autoridades se hayan redactado en lengua regional.
»Dado en Palacio a 18 de septiembre de 1923.—ALFONSO.—El presidente del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera.»

Real Decreto dictando medidas y sanciones contra el separatismo. 18 septiembre 1923

Real Decreto dictando medidas y sanciones contra el separatismo.
18 septiembre 1923


Señor: De los males patrios que nos demandan urgente y severo remedio, es el sentimiento, propaganda y actuación separatista que viene haciéndose por audaces minorías, que no por serlo quitan gravedad al daño y que precisamente por serlo ofenden el sentimiento de la mayoría de los españoles, especialmente de los que viven en las regiones donde tan grave mal se ha manifestado.
El Presidente del Directorio Militar, que se honra dirigiéndose a V. M. y de acuerdo con él, somete a la resolución de V. M. medidas y sanciones que tienden a evitar el daño apuntado, con tanta más autoridad y convicción cuanto que resuelto a proponer a V. M. en breve plazo disposiciones que definan y robustezcan las regiones y su desenvolvimiento administrativo y aún su fisonomía espiritual, ha de purgarlas antes del virus que representan la menor confusión, el más pequeño equívoco en sentimientos en que no cabe admitirlos y que ningún pueblo ni estado conscientes de su seguridad y dignidad admiten ni toleran [...].
Art. 1.° Serán juzgados por los Tribunales militares, a partir de la fecha de este Decreto, los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por medio de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o por cualquier medio mecánico o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier clase de actos o manifestaciones.
No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios, sean del Estado, de la provincia o Municipio, ni en lugar alguno, sin más excepción que las Embajadas, Consulados, Hospitales o Escuelas u otros Centros pertenecientes a naciones extranjeras.
Art. 2.° Las infracciones que contra lo dispuesto en este Decreto-ley se cometan se castigarán del modo siguiente:
Ostentación de bandera que no sea la nacional: seis meses de arresto y multa de 500 a 5.000 pesetas para el portador de ella o para el dueño de la finca, barco, etc.
Delitos por la palabra oral o escrita: prisión correccional de seis meses y un día a un año y multa de 500 a 5.000 pesetas.
La difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza, o la predicación de doctrinas, unas y otras de las expresadas en el artículo 1.°, prisión correccional de uno a dos años.
Pandillaje, manifestaciones públicas o privadas referentes a estos delitos: tres años de prisión y multa de 1.000 a 10.000 pesetas.
Alzamiento de partidas armadas: prisión mayor de seis a doce años el jefe, y de tres a seis de correccional a los que le sigan formando partida o partidas, si el hecho no constituyera otro delito más grave.
Resistencia a la fuerza pública en concepto de partida: pena de muerte al jefe, y de seis a doce años de prisión mayor para todos los que formen la partida o partidas.
Con las mismas penas señaladas anteriormente se castigarán los delitos frustrados y las conspiraciones para cometerlos.
Las señeras, pendones o banderas tradicionales e históricas de significación patria en cualquiera de sus períodos, que guardan con amoroso orgullo Ayuntamientos u otras corporaciones, las del Instituto de Somatenes, Gremios, Asociaciones y otras que no tengan ni se les dé significación antipatriótica, podrán ser ostentadas en ocasiones y lugares adecuados sin incurrir en penalidad alguna.
El expresarse o escribir en idiomas o dialectos, las canciones, bailes, costumbres, trajes regionales no son objeto de prohibición alguna; pero en los actos oficiales de carácter nacional e internacional no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que es el oficial del Estado español, sin que esta prohibición alcance a la vida interna de las corporaciones de carácter regional o local, obligadas, no obstante, a llevar en castellano los libros oficiales de registro, actas, aún en los casos de que los avisos y comunicaciones no dirigidas a autoridades se hayan redactado en lengua regional.

Gaceta de Madrid, 19 septiembre 1923

El Directorio a los trabajadores españoles

El Directorio a los trabajadores españoles


El Directorio militar registra como la más grata de sus impresiones y como el más sólido de sus alientos la acogida que el pueblo español le ha dispensado, especialmente los obreros, sector el más importante en la vida del país y que más puede influir en su transformación y engrandecimiento.
Hombres de ruda franqueza los que han echado sobre sus hombros la carga de gobernar a España, siquiera sea por plazo corto, han de hacer pública su convicción, al dirigirse a los obreros nacionales, de que el principal factor del encarecimiento de la vida en todos sus aspectos es la imperfección e insuficiencia de la mano de obra, es la falta de un rendimiento de trabajo proporcionado a la duración de la jornada.
Una perversa o errónea dirección y orientación de las masas obreras, irritadas también por la falta de autoridad y equidad del poder público, las ha conducido por fatales caminos de rencor y pugna con sus patronos; algo peor aún: de rencor y pugna con la propia producción que tienen encomendada, pareciendo que buscan su desagravio en reducirla, en perjudicarla, perdiendo hábitos de trabajo y el concepto de hábiles y capaces de que disfrutaban y dañando de modo irremediable la economía nacional por el alza inusitada en el precio de fabricación.
Sólo en España ha ocurrido semejante cosa, pues aun en aquellos países que vienen sufriendo grandes crisis de trabajo, como Inglaterra, han aceptado los obreros y ha preferido el Estado mantener a sus expensas grandes masas de «sin trabajo» a disminuir la capacidad productiva individual de cada obrero, reduciendo así el índice de su labor social. Este es el verdadero camino a seguir, y marchando por él puede abrigarse la esperanza de soluciones para el país y para el trabajador, que no lo es precisamente el que figura en las listas de una fábrica o de una obra, sino el que en ellas trabaja con voluntad y capacidad.
Pese a malsanas predicaciones, nuestros obreros conservan el rancio y buen espíritu español de voluntad y honor para el trabajo, y es preciso fortalecerlo o hacerlo renacer donde se hubiera extinguido. En ello está la salvación patria, que no puede ser otra que cultura y prosperidad, que engendrarán la moral social, dejándose de atávicos imperialismos que sólo pueden albergarse por mentes alucinadas.
Lo primero es sentirse orgulloso de ser español y de ser bueno, y luego, de ser apto y capaz cada uno en su profesión. A esto invitamos a los obreros, exhortándoles a desligarse de lazos y organizaciones que, aparentando proporcionarles bienes, en definitiva los van llevando por caminos de ruina. Asociaciones obreras, sí: para fines de cultura, de protección y mutualismo y aun de sana política; pero no de resistencia y pugna con la producción.
Una legislación que defienda al obrero de abusos y codicias, que garantice su vida y su vejez, que favorezca su cultura y aun su razonable descanso y esparcimiento, ha de fundarse sobre la producción honrada de los trabajadores, factor, por la calidad y cantidad, el más determinativo del precio de la vida.
Una hora disminuida la jornada, y, peor aún, una hora perdida en la jornada, al promedio de 1,50 pesetas de jornal hora de trabajo, tres millones de pesetas diarias de encarecimiento en la producción. El fatal procedimiento de colocar más obreros que los precisos en cada centro productivo y de limitarles el rendimiento de trabajo en términos que están hoy por bajo de la mitad del normal ha llevado la producción española a términos tan precarios que puede decirse que agoniza, con grave daño para todos, y especialmente para las clases pobres.
Este Directorio tiene la seguridad de que a los obreros españoles bastará el requerimiento a su patriotismo para que respondan a su noble tradición con exaltado espíritu de regeneración, y que, por lo tanto, no le será preciso ir marcando por sucesivas leyes obligatorias la jornada, el jornal y la producción que debe rendirse en cada oficio, llevando ellos sin violencia a sus hogares el ejemplo de sus virtudes y el bienestar producido por su trabajo.
Entonces podremos decir con fundamento que la regeneración la hemos iniciado pueblo y ejército juntos, sin tener que vencer más que la resistencia, bien débil si marchamos unidos, de las organizaciones políticas, en gran parte contritas de su anterior actuación, como lo debemos estar todos, pues sobre la decadencia patria todos pusimos nuestras manos.
El Directorio aprovecha la ocasión de esta nota oficiosa para enviar un cordial saludo a los obreros españoles que trabajan en el patrio solar y a los que en otros países y continentes tan alto ponen con su labor y virtudes el nombre de la nación.


El Socialista (Madrid), 29 septiembre 1923)

Los partidos políticos ante el dictador

Los partidos políticos ante el dictador


La Unión Monárquica.
«Excelentísimo Señor:
La Unión Monárquica Nacional nació en Cataluña en los momentos en que por un cúmulo de circunstancias, de errores y de debilidades del poder público parecía inminente su separación moral y aún material del resto de España.
Recuérdese aquella frase que se hizo célebre del líder nacionalista, recién salido del Gobierno: ¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña!
Recuérdense todas las enojosas incidencias a que dio lugar la formación y la presentación del estatuto de la Mancomunidad. Surgió entonces en Cataluña la Unión Monárquica Nacional escribiendo en su bandera estos tres lemas: Unidad de la Patria, Monarquía y Orden social.
Aun cuando no hubiere prestado otro servicio que el de patentizar a los ojos de las demás regiones que existía en Cataluña una fuerte y sana corriente de opinión que no compartía las estridencias y los desafectos a la Patria española de que hacían gala en todos momentos los que, hasta entonces, se abrogaron la única y total representación de Cataluña, habría llenado una patriótica misión que la historia de estos últimos tiempos aquilatará y juzgará; pero no es posible ya pasar por alto, sin el debido comentario, estos dos hechos evidentes:
Primero.— Que desde la aparición de la Unión Monárquica, ni el Parlamento ni fuera de él nadie osó atribuirse la exclusiva de la representación de Cataluña como así había sucedido hasta su nacimiento y actuación.
Segundo.—Que los partidos gubernamentales de España, que parecía debieran mirar con simpatía el movimiento iniciado en Cataluña por la Unión Monárquica Nacional mostraron su desvío, como si conviniera a los gobiernos del antiguo régimen, sea para asegurar su tranquilidad en el mando, sea para atraerse con dádivas y tolerancias a los enemigos más o menos encubiertos de la unidad de la Patria, conservar y fomentar el estado creciente de insubordinación política y social que existía en Cataluña; y tanto es así que cuando les conviene asociar a la obra de la nación española a los elementos políticos de Cataluña no buscaron jamás a los que alentaban y dirigían el movimiento patriótico de la Unión Monárquica Nacional, sino que eligieron y solicitaron a sus enemigos más o menos astutamente disimulados.
No es de extrañar, pues, Excelentísimo señor, que la Unión Monárquica Nacional se sume a la obra de transformación política realizada por el Ejército y por V. E. presidida.
Más que aunarnos a ese movimiento regenerador nos encontrábamos ya en él desde nuestra primera actuación. Continuaremos en él alentados ahora por un poder público fuerte y vigoroso que ha de resolver, con espíritu de rectitud y de justicia, los arduos problemas que afectan a la Patria.
Cuente, pues, Excelentísimo señor presidente del Directorio, con nuestra leal y desinteresada adhesión y con nuestra ferviente cooperación a la patriótica obra de renovación y de purificación de las costumbres públicas en España que tanto ha de beneficiar a Cataluña, cuyo progreso nunca hemos dejado de procurar.
Barcelona, 24 de septiembre de 1923.
Alfonso Sala, presidente honorario; el marqués de Sentmenat, presidente; el conde de Fígols; el conde de Santa María de Pomes, vicepresidente; J. Sagnier; E. Colom Cardany, tesorero; Antonnio Robert; Marcelino Coll; el barón de Viver; Luis Pons y Tusquets; J. Milá y Camps; Arcadio de Arquer; M. Menacho; R. de Vilanova de Reselló.»

La Vanguardia (Barcelona), 30 de septiembre 1923)

Los mauristas
En el Círculo Maurista se han reunido a última hora de la tarde las representaciones del partido bajo la presidencia del señor Goicochea.
Del resultado de la reunión se ha facilitado la siguiente nota oficial:
«Reunidas las juntas directivas del Centro y Juventud Maurista, presidentes y secretarios de los comités y minorías parlamentarias de la Diputación y Ayuntamiento, bajo la presidencia del director nacional del partido don Antonio Goicochea, han adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:
Primero. Ratificar, ahora más que nunca, su fe en las ideas, en los procedimientos, en la persona de don Antonio Maura, lamentando en cuanto al pasado que el sistemático cierre de oídos opuestos a los prudentes consejos y leales advertencias, repetidas e insistentemente formuladas por aquel hombre público desde 1901, y por el maurismo desde 1913, hayan hecho necesario buscar fuera de la legalidad constitucional la curación de los males ostensibles, pero por nadie remediados, que padecía la patria.
Segundo. Reprobar las declaraciones acordadas en cuanto al presente, por las minorías mauristas del Ayuntamiento y Diputación de Madrid; ofreciendo sin reservas ni reticencias, que enervarían en los momentos en que es más necesario fortalecer la autoridad de los que mandan, la cooperación necesaria a un régimen que, cualquiera que ha-
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ya sido la anormalidad de su origen, está hoy consolidado por la confianza regia y por el apoyo inequívoco de la inmensa mayoría del país.
Tercero. Ofrecer en especial al Directorio Militar el más resuelto apoyo para aquellas medidas que, como la creación del somatén, son expresión de una alentadora confianza en el resurgimiento de España, pero que a la vez exige una amplia y resuelta colaboración ciudadana, sin la cual fracasarían las medidas severas, las reformas más prudentes y los esfuerzos mejor intencionados.
Cuarto. Realizar en cuanto las circunstancias lo permitan, la más activa propaganda que ha de preparar con el esfuerzo de todos la transformación ineludible en la organización de los partidos y en el régimen total de la vida pública.
Quinto. Dar cuenta de los anteriores acuerdos a las organizaciones mauristas de provincias, a fin de que todas las tendencias de ellas en los momentos actuales, manifiesten su conformidad en el más breve plazo posible.»


Información Nacional, Suelto. «La Vanguardia» (Barcelona), 28 septiembre 1923)


El Conde de Romanones
Ninguno de los problemas que afectan a la vida, a la tranquilidad, a la prosperidad del país, han podido resolverse con acierto. Se ha vivido en el Poder con una parsimonia suicida y de grave daño para la nación. En esta afirmación nuestra no hacemos excepción para ningún gobierno, ni siquiera para el último. Sólo hay un atenuante para todos: lo de que nunca, en estos últimos tiempos, por unos u otros motivos, se dejó a los políticos gobernar con libertad.
Pero si esa torpeza o debilidad en el Gobierno explica el estallido del día 13, no es tan fácil encontrar justificación para lo ocurrido. Y en este sentido no podemos decir más, porque no es nuestro propósito dar pretexto fundado al lápiz del censor para que anule o castre nuestro pensamiento, cuando es preciso que se le conozca íntegramente.
Frente al hecho cumplido del triunfo del movimiento militar, los hombres civiles políticos tienen que adoptar una actitud bien definida. A nuestro entender, ésta debe ser la de no crear en ningún sentido dificultades a la nueva situación. No dudamos que el movimiento triunfante se inspira en los más puros ideales patrióticos y sólo pensando en ello cabe esperar de ese movimiento el bien para España. No se debe, pues, estropear la labor de los que vienen con un programa de renovación política en todos los órdenes, cuyo primer postulado es el ir contra los mismos políticos. «No entorpecer la obra; pero en manera alguna, ningún político civil debe establecer nexos, relaciones, colaboraciones en ella.
«Los militares deben gobernar, pues, solos, sin dificultades; pero sin ayudas de los políticos.»
Queremos también dejar bien sentada nuestra recia convicción de que el rey de España no ha tenido la menor intervención en este movimiento. Ante los hechos consumados, tiene que aceptarlos y ver la manera de sacar de ellos provecho para la patria; pero midiendo bien sus actos todos, para no dar ni pretexto, si la nueva situación fracasara, a que, al caer, arrastrase tras sí, o pusiese en peligro los altos tributos de la realeza.»


El Socialista, Madrid, 17 septiembre 1923)

La Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista contestan al Directorio. Octubre 1923

La Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista contestan al Directorio. Octubre 1923


Por los Comités Ejecutivos del Partido Socialista y de la Unión General ha sido examinado el manifiesto que el Directorio Militar ha dirigido a los trabajadores españoles.
La libertad que para exponer el pensamiento ha establecido el régimen actual impide a los expresados organismos obreros señalar los errores de apreciación de la realidad y la discrepancia doctrinal acerca del contenido de dicho documento.
Por tanto, se limitan dichas Comisiones Ejecutivas a afirmar una vez más su convicción de que cualquier intento de menoscabar los derechos consagrados ya por la legislación del trabajo, derechos modestos, pero producto de una labor perseverante del proletariado, e incluidos algunos de ellos en convenios internacionales, tendría la consecuencia de producir en la vida del país nuevas complicaciones, de alcance difícil de prever, y cuya inmediata repercusión ahondaría mucho más las causas de la crisis porque atraviesa la economía nacional.


El Socialista (Madrid), 1 octubre 1923)


El Directorio Militar se ha considerado en el deber de iniciar su labor sobre problema tan complicado como es la cuestión social dirigiéndose, por medio de un manifiesto, a los obreros españoles, y al cual, si la censura lo consiente, nos proponemos hacer algunas observaciones con la claridad que nos sea posible.
En primer lugar, y tenemos motivos para saberlo, no puede interpretarse la actitud expectante de la clase trabajadora como una adhesión, ni siquiera de simpatía, para el nuevo régimen. La verdad del hecho es que los partidos políticos que hasta ahora usufructuaban el poder habían perdido todo el prestigio y se habían hecho incompatibles con todo deseo de regeneración de la vida pública, y por eso nadie podía salir a su defensa, y que ante el anuncio de moralizar la administración y de acabar con el caciquismo, los trabajadores, con gran sentido político, han adoptado una posición de completa neutralidad, posición que seguramente mantendrán en tanto se les respete aquello que constituye para ellos lo fundamental para el desenvolvimiento de su vida como clase: el derecho social alcanzado a fuerza de inmensos sacrificios. Además, tan grande es su convencimiento democrático que, aun restablecida la normalidad y cumplido el programa de moralización, continuarán afirmando que esa obra purificadora debiera haberse hecho dentro del más puro régimen civil y del más grande respeto a la libertad.
En el manifiesto se dice que el Directorio tiene el convencimiento de que el factor principal de la carestía de la vida es «la falta de rendimiento de trabajo proporcionado a la duración de la jornada». ¿Cómo puede haberse adquirido ese convencimiento? ¿Qué experiencia tiene el Directorio sobre asunto tan difícil de inquirir que le autorice para echar sobre los trabajadores la principal responsabilidad del encarecimiento de la vida? Yo aseguro un franco desencanto para el Directorio según vaya enterándose de la producción que cada obrero hacía en 1914 y la que hace ahora; es más, en este momento, es probable que ya habrá tenido alguna sorpresa que le obligará a rectificar la afirmación que en forma tan general ha hecho en su manifiesto a los obreros.
La constante cantinela del Fomento Nacional del Trabajo, de Barcelona, y de la Federación Patronal, acusando a los trabajadores de disminuir intencionadamente su capacidad productiva, va adquiriendo la categoría de una leyenda. Es cierto que al finalizar la guerra europea, el incumplimiento de las promesas hechas a la clase trabajadora creó en todo el mundo, no sólo en España, un estado psicológico en las masas obreras que influyó en la producción; pero según el proletariado ha ido consolidando su fuerza y su influencia en la vida política, nacional e internacional, va modificando su actitud, hasta el punto de que hoy puede decirse que la táctica adoptada como consecuencia de la decepción sufrida al terminar la gran guerra fue simplemente episódica. Por eso considero errónea e injusta la acusación lanzada contra los obreros.
Pero a poco que se examine la cuestión de la carestía de la vida se verá que el origen que la motiva es otro muy distinto. Nuestra industria, en la parte mecánica, está cerca de medio siglo atrasada en relación a las industrias de otros países de alguna significación económica en el mercado mundial; nuestra agricultura es pobre porque existen grandes parcelas de tierra sin cultivar y porque en una buena parte de las que se cultivan se hacen economías inexplicables en las labores necesarias para obtener el volumen productivo que corresponde; el régimen arancelario es tan abusivamente proteccionista que impide en nuestro mercado la concurrencia de productos extranjeros, y, por último, el agio tiene tales raíces en lo que se llama comercio nacional, que se queda entre sus uñas una buena parte de los sueldos o salarios del consumidor. ¡He ahí el factor principal de la carestía!
En cuanto a que las sociedades han de ser para «fines de cultura, de protección, de mutualismo, y aun de sana política; pero no de resistencia y pugna con la producción», podemos decir que ninguna de las sociedades obreras se ha constituido ni tiene por fin la resistencia a la producción, que se han organizado para resistir, sí, a los egoísmos y ambiciones patronales y hacer frente a ese caciquismo que dice el Directorio que trata de extirpar. Además, gracias a ellas se han podido capacitar algo los trabajadores, y ellas eran también las únicas que hacían, en medio del régimen podrido que existía, una sana política, la única sana y la única honrada. ¿Que había casos? ¿Que se pueden señalar excepciones? Eso da más fuerza a mi razonamiento.
Por último, el Directorio insinúa la posibilidad de que si los trabajadores no atienden su requerimiento se verá precisado a «ir marcando por sucesivas leyes obligatorias la jornada, el jornal y la producción que debe rendirse en cada oficio».
Evidentemente, en el régimen de dictadura que padecemos podrán imponerse por decreto la jornada y el jornal; pero ¿la producción? ¿Quién es capaz de ir señalando las actividades productivas de cada obrero? Y en el caso de ser determinadas, y que para sus infractores se impusieran las penas más severas, ¿sería eficaz para los fines perseguidos? No.
El obrero, aunque otra cosa crean los patronos, no es una máquina sin conciencia ni sensibilidad, sino que tiene, en general, un gran concepto de su propia dignidad, cosa que a muchos les será imposible comprender, y por eso será imposible que por procedimientos dictatoriales se obtenga un rendimiento en la producción de la mano de obra superior al actual.
El mejor medio para que los trabajadores se interesen directamente en la prosperidad y aumento de la riqueza nacional es hacer porque se cumplan en toda su integridad las mejoras obtenidas por ellos, produciéndoles de esta forma la satisfacción interior que a todo el que trabaja le es indispensable como estímulo para el cumplimiento del deber.
Francisco L. Caballero


Observaciones a un Manifiesto, en «El Socialista» (Madrid), 4 octubre 1923

ABC aplaude la renovación total de Ayuntamientos españoles

ABC aplaude la renovación total de Ayuntamientos españoles


Interesaba al nuevo régimen completar su acción contra el sistema político derribado quitándole la gran fuerza que tenía en los Ayuntamientos, e igualmente le interesaba llevar su programa de moralización y saneamiento a la vida local, donde se siente con mayor agudeza la corrupción de las costumbres políticas. Uno y otro propósito se logran con la profunda reforma municipal que el Directorio tiene ya escogida y preparada, y que además de ser necesaria para esos fines, es el requisito previo e indispensable de la consulta electoral que se ha de hacer al país si se quiere que el sufragio actúe con alguna realidad y eficacia renovadora. La reforma tiene abierto su camino con el decreto que ayer publicó la Gaceta. Pensábamos estos días, como todo el mundo, en las dificultades de la implantación y en el procedimiento que arbitraría el Directorio para que los Concejos, obra y arma del caciquismo, no hicieran fracasar el cambio de régimen de los Municipios. Nos parece acertada la fórmula que da el decreto de ayer. Con ella se consigue, sin desorganizar servicios, que sean otras manos las que reciban y administren la inminente reforma. Todo el personal que componía los Ayuntamientos está expulsado en bloque, y sustituido inmediatamente por otro que, sin ser ajeno a la administración municipal, no pertenece al profesionalismo político.
El Directorio ha dedicado a la clase patronal una arenga semejante a la que ha poco publicó para los obreros. Estas exhortaciones no van a influir mucho en las ideas y sentimientos de las multitudes que se dirigen, pero al menos orientan sobre la doctrina y actitud del Poder en las cuestiones que más las preocupan. Para el público en general son de un efecto simpático el optimismo ingenuo, el calor patriarcal y los nobles tópicos que inspiran las pastorales del Directorio.

La Gaceta publicó ayer el siguiente Real decreto de la Presidencia del Directorio:
«EXPOSICIÓN.—Señor: Recogidos en una docena de días anhelos del alma popular, despertada a la vida ciudadana por la conmoción nacional del 13 de septiembre, pocos tan intensa y unánimemente expresados como el de ver sustituidos en las Corporaciones municipales a los hombres, a la vez semilla y fruto de la política partidista y caciquil que con poca eficacia y escrúpulo venían entorpeciendo la vida administrativa de los pueblos.
»Ello justifica la propuesta que el Directorio eleva a V. M. por mi conducto de disolver todos los Ayuntamientos de España, que tendrán legal sustitución en los vocales asociados, con arreglo a los artículos 64, 65 y 68 de la ley Municipal, aunque sea con carácter provisional y hasta que imperen nuevas leyes, facilitando así su advenimiento.
»El carácter general de esta medida no puede implicar desconcepto ni censura, que sería injusta, ni para todas las Corporaciones municipales, ni para todos los alcaldes, pues aunque en corta proporción, unas y otros han ofrecido ejemplos de actuación ciudadana que justifica esta salvedad.
»Madrid, 30 de septiembre de 1923. Señor: A. L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.
»REAL DECRETO.—A propuesta del presidente del Directorio militar, y de acuerdo con el mismo, vengo en decretar lo siguiente:
»Artículo 1.° Desde el día de la publicación de este decreto cesarán en sus funciones, finalizando su cometido, todos los concejales de los Ayuntamientos de la nación, que serán reemplazados instantáneamente por los vocales asociados del mismo Ayuntamiento, quienes sustituirán a los concejales el mismo día, bajo la presidencia e intervención de la autoridad militar. El alcalde en cada Ayuntamiento será elegido en votación secreta entre los vocales asociados posesionados de los cargos de concejales, que ostenten título profesional o ejerzan industria técnica o privilegiada, y en su defecto, los mayores contribuyentes. Los demás cargos concejiles se nombrarán inmediatamente, también por elección, entre todos los demás vocales asociados.
»Art. 2.° En la sesión a que se refiere el artículo anterior, los Ayuntamientos así constituidos procederán a designar las secciones que determina el artículo 66 de la ley Municipal vigente, y acto seguido, a elegir por sorteo, con arreglo a los artículos 64, 65 y 68, los nuevos vocales asociados que con el Ayuntamiento han de constituir la Junta municipal, admitiendo excusas y oposiciones por veinticuatro horas y procediendo a nuevo sorteo, transcurrido este plazo, para cubrir las vacantes de quienes se excusaren fundadamente. El mismo procedimiento se seguirá para cubrir cualquier vacante que en lo sucesivo pudiera producirse.
»Art. 3.° Los secretarios de los Ayuntamientos cuidarán del cumplimiento estricto de las prescripciones de este decreto, y serán personalmente responsables de su transgresión y de los acuerdos oficiales de los Ayuntamientos, cuando no conste por escrito que llamaron la atención por las infracciones legales en que la Corporación incurriera.
»Art. 4.° Los nuevos Ayuntamientos levantarán acta el mismo día en que se constituyan de la total situación del Ayuntamiento anterior.
»Se entenderá subsistente la ley Municipal en cuanto no se oponga a los preceptos de este decreto.
»Art. 5.° En casos que se consideren convenientes podrá nombrarse por el Gobierno los alcaldes de las poblaciones de más de 100.000 habitantes.
»Dado en Palacio a 30 de septiembre de 1923.—ALFONSO.—El presidente del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.»

(A B C, 2 de octubre de 1923.)

El Directorio se dirige a los patronos

El Directorio se dirige a los patronos


«En los actuales momentos, el órgano que ejerce las funciones de Gobierno se considera en el deber de dirigirse a los grandes sectores sociales para indicar su orientación, siquiera sea en grandes síntesis, respecto a los más importantes problemas nacionales, convencido de que el apostolado de la palabra, difundida por la prensa, prepara y educa a los pueblos, con más fruto que las mismas leyes sustantivas, máxime en los momentos en que las voluntades se encuentran bien dispuestas a servir al patriotismo. Y como el problema de la producción es vitalísimo, como ayer a los obreros, hoy el Directorio se dirige a los patronos, representantes del capital en la organización del trabajo.
Una forma de recio gubernamentalismo como la que representa el Directorio no tiene que declarar que está dispuesta a mantener el orden en las luchas sociales y en su justa y muy amplia medida la autoridad patronal. Pero es preciso que se consigne su criterio moderno y humano sobre las relaciones que han de ligar a los patronos y obreros y el derecho de éstos a buscar por asociación legal y pacífica las mejores condiciones de prestación de un concurso a la producción, derecho tanto más fuerte cuanto más unido vaya al propósito de rendir el esfuerzo contratado en cada caso.
De esperar es que el tipo del patrono violento, codicioso y arbitrario haya desaparecido de nuestra sociedad, cuando tantos han anticipado en sus fundaciones una legislación particular más protectora del obrero que la más generosa de carácter oficial concedida en ningún Estado, como se ha puesto de relieve en aquellas en que a los obreros ninguna clase de inducción les ha podido llevar al apartamiento de sus puestos y labores. Pero los que no procedan así, los que sean remora al progreso y al reconocimiento de los derechos de los obreros, nada pueden pugnar con los de los patronos, pues el de las dos clases están comprendidos por inmediatos deberes, hacen deplorable labor social, agrian y entorpecen la vida nacional.
No hay que tener en cuenta la excepción —más ruidosa, coaccionada e impuesta que numerosa e importante— de los obreros que pretenden subvertir revolucionariamente los principios de derecho y los fundamentos sociales y económicos susceptibles de evolutiva modificación; pero es primordial deber de toda forma de gobierno defenderse de embates destructores. Pero sí hay que tener muy en cuenta la representación de las conquistas sociales modernas, encauzadas por vías legales y encarnadas en la legislación, que tienden a seguir su marcha progresiva acaso no solamente al logro de ventajas de clase, sino de más paz y armonía social y de un mayor rendimiento que proporcione mejora a ambos, y, por ende, especialmente, a la patria toda.
No puede corresponder al Directorio, de modo tan imperativo e inmediato como el mantenimiento del orden y del derecho, desarrollar la legislación del trabajo, encomendada a órganos bien ponderados de representación y bien acreditados de serenidad y preparación; pero sí le incumbe alentar a éstos en su labor, en que seguramente procuran hacer compatibles todos los intereses y aspiraciones, atendiéndolos con la debida ponderación y con audiencia de ambas representaciones, lo que, si puede parecer herético a espíritus cerrados a toda idea de progreso, no hay clase patronal culta y moderna que no admita, sin que en ello vea el peligro ni para el orden social ni para la merma de sus indiscutibles facultades de organizar y dirigir los trabajos a que dediquen su capital y su esfuerzo, dirección que no puede ser intervenida ni controlada más que en los casos de organizaciones cooperativas o de aparcería, debidamente escrituradas, con tan notorio y brillante resultado para todos, ensayadas en diversos negocios en España.
Es al Estado, en los demás casos, a quien corresponde velar con su paternal y neutral intervención porque las condiciones y relaciones sociales de capital y trabajo sean efectivas de completa buena fe entre patronos y obreros, impidiendo que los unos sean arbitrarios, dictadores de jornadas y jornales; que los otros incumplan su obligación de rendimiento o se confabulen para modificaciones o imposiciones e introduzcan novedades caprichosas en las normas convenidas, o conciten revolucionaria e ilegalmente huelgas o resistencias a que la dignidad y el deber del poder público habían de imponer inmediato y duro remedio.
Queda, al parecer del Directorio, claramente definida su orientación en esta materia; réstale sólo excitar hoy a la clase patronal, como ayer lo hizo a la obrera, a la más desinteresada actitud, en bien del interés público y de la prosperidad de España, seguro de no haber caído en su ideario respecto al trabajo en estrabismo por clases, sino haberse colocado en el punto que señala el progreso, la justicia y el orden.»


El Socialista, Madrid, 2 octubre 1923)

La Patronal madrileña contesta al Directorio

La Patronal madrileña contesta al Directorio


«Desde hace muchos años los elementos patronales organizados de Madrid vienen solicitando de los poderes constituidos amparo a sus derechos, constantemente hollados, pidiendo una revisión de todo lo legislado con carácter social para que dicha legislación y sus beneficios no fueran lo que hasta el presente han sido, motivo de distanciamiento entre los factores esenciales de la producción: patronos y obreros. Pues si bien en apariencia han existido y existen órganos consultivos del poder público, cuya misión preventiva y asesoradora les obligaba a proponer el establecimiento de leyes sociales que tendieran a procurar mantener la armonía entre los factores de la producción, estos organismos, tal vez por vicio de origen, por haber sido creados en condiciones inadecuadas que les ha obligado a actuar sin la independencia que esta clase de cuestiones requiere, han producido efectos, en la mayoría de sus intervenciones, completamente contrarios a los fines que se proponían, quizá por la inoportunidad en la implantación de leyes, que se ha hecho generalmente, más que atendiendo a un espíritu de justicia, a acallar reclamaciones globales del proletariado sin el estudio y preparación indispensables para que la evolución en el sentido de aquellas leyes pudiera tener eficacia.
Como ciudadanos conscientes de sus deberes, los elementos patronales organizados de Madrid han luchado tenazmente en todas ocasiones para alcanzar el respeto a su derecho a colaborar directamente en la legislación que en materia social se hiciera. Pues no podrá decirse que las diatribas ni los duros ataques que se han lanzado contra sus contados representantes en los organismos a quienes está confiada la labor de la legislación social les han hecho retroceder en la defensa de los derechos que representan; pero, de un lado, la fuerza moral que la debilidad de los hombres a quienes estaban encomendadas las funciones del poder ejecutivo daba a las representaciones de los elementos obreros para combatir a nuestros representantes, y en otros casos la disciplina política de los elementos ponderativos, disciplina que tanto daño ha causado al país allí donde se ha manifestado, dieron lugar a que existiera fuerza numérica suficiente para que se lanzaran leyes y más leyes, que la falta de aquella preparación de que antes hablábamos en los elementos para quien se dictaban las hicieron ineficaces, siendo motivo al propio tiempo para que se lesionaran, no ya solamente intereses particulares, sino los sagrados intereses de la nación, pues su implantación dio lugar a resistencias legítimas, que motivaron en muchos casos rupturas entre patronos y obreros que impidieron el normal desenvolvimiento de la producción.
Sírvenos de satisfacción ver reconocido en el manifiesto dirigido al patronaje español que un gran sector de él, anticipando y sustituyendo al Poder legislativo en sus funciones y dando prueba evidente de la capacidad del elemento patronal en punto a los problemas sociales, implantó una legislación particular más generosa que la de carácter oficial concedida en ningún Estado.
La situación precaria a que muchas de nuestras industrias han llegado por las imprevisiones de la legislación social oficial no permitiría su resurgimiento en tanto no se prescinda de las ideologías y luchas estériles por predominios injustificables, percatados todos del deber que tenemos de atender a la función pública que desempeñamos como elementos de la producción.
La barrera infranqueable dé los salarios mató el estímulo para los que trabajaban más y mejor, estímulos que hay que restablecer buscando el costo de la mano de obra en toda unidad de trabajo, lo que permitirá, por medio de primas de sobreproducción, estimular al obrero hábil y laborioso, haciéndole partícipe directo de la producción.
Ardua es la labor que pesa sobre los hombres que con gran voluntad y elevado patriotismo han asumido la dirección del Estado; pero para toda obra eficaz en favor del restablecimiento de la justicia y del respeto del derecho, el patronaje madrileño que representamos no ha de rehuir prestar su decidida colaboración, imponiéndose para ello los sacrificios y esfuerzos que fueren necesarios.
Por el Comité ejecutivo.—El presidente, F. Criado.—El secretario, V. Espinosa.»


El Socialista, Madrid, 3 octubre 1923

Sobre la vieja política

Sobre la vieja política


Alfa y omega de la faena que se ha impuesto el Directorio militar es acabar con la vieja política. El propósito es tan excelente, que no cabe ponerle reparos. Hay que acabar con la vieja política.
Sin embargo, yo he de confesar que desde el primer manifiesto lanzado por el general Primo de Rivera mi simpatía y mi íntima adhesión a su obra arrastran una grave inquietud. Cada nuevo decreto, cada nueva nota oficiosa, vienen a engrosar este inicial desasosiego. Temo, en efecto, que la vieja política contra la cual dispara sus rayos el Directorio sea un ente muy distinto del que yo quisiera ver aniquilado.
El espíritu de aquel manifiesto y de cuanto ha seguido pudiera, sin tergiversación, ser resumido así: las desdichas de la nación proceden de que unos centenares de hombres, sin moralidad ni competencia, se han adueñado astutamente del poder público, y, usando de éste en beneficio propio, sin atender a los deseos de la masa nacional, impiden toda obra fértil en lo público y en lo privado, anulan las iniciativas juiciosas, favorecen sólo a los cínicos y mantienen un puro desorden en todas las funciones del Estado. Si esos hombres son eliminados del poder, España, por sí misma, sanará.
Esta idea, que el primer manifiesto expresaba, coincide exactamente con la opinión pública. La masa española piensa, en efecto, que la culpa de los males patrios la tienen los políticos, y que, extirpados éstos, el pueblo español vivirá feliz y en buen orden. Si el movimiento militar ha querido identificarse con la opinión pública y ser plenamente popular, justo es decir que lo ha conseguido por entero. Nada puede halagar tanto a la gran masa de españoles como que se les diga eso: que unas cuantas personas, con nombres propios y notorios, son las responsables de sus desventuras. Por supuesto, la gran masa de españoles que está convencida de eso no ha sido capaz en cincuenta años de sacudirse el gravamen de tan nefandas personas. No ha sido capaz ni siquiera de intentarlo. Ninguna de las generaciones actuales ha asistido al más leve conato popular para arrancar el poder de aquellas manos fraudulentas. No pocos hombres egregios han consumido su existencia en llamar a sus conciudadanos para que, formando una cruzada de reivindicación, libertasen la máquina pública, detentada por unos salteadores. Todo fue vano: la muchedumbre no ha acudido. Calcúlese la gratitud que la gran masa nacional sentirá hacia estos magnánimos generales, que, generosamente, desinteresadamente, han realizado la aspiración semisecular de veinte millones de españoles, sin que a éstos les cueste esfuerzo alguno.
Todo esto está muy bien, y es perfectamente claro. Pero no lo es menos que España no se compone sólo de esa gran masa. Junto a ella, mejor dicho, frente a ella, existe una pequeña masa de españoles, una serie de reducidas minorías. Da la casualidad de que estas exiguas minorías se componen de los españoles más valiosos, de hombres con la conciencia sobremanera limpia, y que, además, son en sus varios oficios, profesiones y clases, lo que más honra a la raza. Estas minorías tienen también derecho a ser atendidas, siempre que sus opiniones y deseos sean razonables y aparezcan formulados con mesura. Estas minorías, unas con temple derechista, otras con temple izquierdista, se caracterizan por una capacidad de reflexión superior a la que goza la gran masa. Han comprendido muy bien que el Directorio necesitaba iniciar su actuación sobre una ancha base de coincidencia con la muchedumbre, y no les extraña que hasta ahora lo que se ha dicho y hecho tenga cierto sabor demagógico y vaya consignado a la galería. Pero están seguros de que en su hora el Directorio no olvidará que ellos también existen, que forman parte muy respetable de España y esperan palabras y actos un poco más consonantes con su sensibilidad.
Estas minorías no dudan de que los más hondos pensamientos del Directorio sobre los problemas de España se hallan todavía inéditos. No pueden creer que estos generales, hombres de mente clara y que sesgan ya las zonas menos juveniles de la vida tengan de los males de España las mismas ideas elementales que se repiten a toda hora en las tertulias de café, en los casinillos de provincia y en las caravas de aldea.
Ante los problemas españoles, como ante todo problema, reacciona la mente, formándose una primera opinión, que es siempre la más obvia y elemental. Luego, si la mente no se para, advierte el error de aquel primer pensamiento y lo sustituye por otro más adecuado que, a su vez, va recibiendo nuevas correcciones. Este movimiento y progreso del intelecto es esencial en toda cuestión, porque, ante toda cuestión, somos primero aprendices, y sólo más tarde maduros conocedores. No pretendo haber llegado a esas altitudes de un maduro conocimiento; pero he de decir que si a los veinte años pensaba, como todo el mundo, que la culpa de los males patrios la tenían los políticos, pronto me hallé muy lejos de tal opinión errónea, pueril y hondamente insincera.
Se comprende muy bien que, aprovechando un momento de descuido, un grupo de audaces se haga dueño de una nación y la gobierne a capricho, violentamente, sin congruencia con las ideas y sentimientos de la sociedad. Pero, ni que decir tiene, este fenómeno histórico sólo es posible con carácter muy transitorio. El pueblo sano, sorprendido en un instante, se recobra y no acierta a tolerar que se inveteren en el poder unos gobernantes cuya índole y manera están en desacuerdo con el sentimiento y el carácter nacionales; No hay mejor síntoma para reconocer lo que es normal en historia —y en todo proceso vital— que la perduración. Lo anormal es, por esencia, fugaz, estado transitorio. Por consiguiente, si vemos que esa anómola disociación entre gobernantes y gobernados se hace crónica y dura casi un siglo —Costa hablaba de tres pensaremos que se trata de una falsa interpretación de los hechos. Un modo de gobernación y un tipo de gobernantes que se estabilizan durante una centuria sobre un pueblo son inexorablemente un modo de gobernación y un tipo de gobernantes perfectamente ajustados al carácter de la masa nacional. Pensar de otra manera me parece grotesco y monstruoso.
Bastaría esta reflexión genérica para invitarnos a corregir la idea vulgar que se tiene de nuestra «vieja política». Pero el caso de España añade con superabundancia nuevos argumentos. Supongamos que no fuera síntoma inequívoco de la normalidad de un régimen de su perduración, ¿qué otro rasgo o señal habría para, al menos, venir en la sospecha de que el sistema de gobierno no coincidía con la voluntad nacional? Sólo éste: que los gobernados hubiesen intentado, reiterada y enérgicamente, eliminar a sus malos gobernantes. Pues bien: ¿quién recuerda un solo intento parecido en España? No lo ha habido, ni siquiera germinal, ni siquiera en sombra o trasunto. La «revolución» del 68 fue, poco más o menos, como el golpe de Estado de 1923, obra de unas cuantas personas, sin verdadera colaboración ni asistencia de la masa nacional. La «revolución» del 68 —no se olvide— fue hecha por palatinos. Una vez y otra ha aparecido algún hombre generoso que se sublevaba contra el sistema constituido. El último fue el señor Maura. Pues bien: siempre ha ocurrido lo mismo: el protestante se quedaba solo y la gran masa nacional seguía sustentando a la «vieja política».
Una de las características de la vieja política era la flojera de la autoridad. El viejo régimen no se ha permitido nunca violencias; al contrario, ha permitido todas las violencias contra el poder público. Durante su imperio todo el mundo ha hecho lo que le venía en gana. Lo único que no vino en gana a los españoles fue libertarse de esa ominosa política, contra la cual expectoraban formidables diatribas en las tertulias de café, en los casinillos de provincia, en las caravas de aldea. El que para orientarse sobre el verdadero sentir de los españoles atiende a lo que éstos dicen, no conoce lo más mínimo la psicología nacional.
Advertencias de este linaje nos llevan a la convicción de que es completamente ilusorio reducir la «vieja política» a una detentación del poder público por unos centenares de audaces. Si fuera esto, carecería de importancia, y hubiera sido muy fácil curar el mal. Mas es preciso reconocer con entereza la pura verdad: la «vieja política» era y es el sistema de gobernación que espontánea y entrañablemente corresponde al modo de ser de los españoles. Pensar otra cosa es ganas de hacerse torpes ilusiones, y es, además, la mayor falta de patriotismo: cobardía para mirar de frente la realidad nacional. Quien de verdad aspire a curar la enfermedad histórica de España tiene que comenzar por atreverse a verla y a denunciarla.
No; la vieja política no es sólo, ni siquiera principalmente, una serie de abusos —latrocinios, injusticias, ilegalidades— cometidos por unos cuantos hombres. Ha sido, a mi juicio, un error del movimiento militar enfocar exclusivamente por este lado el proceso de rehabilitación nacional. Porque la realidad no es esa, y la realidad se venga siempre, pronto o tarde, cuando no se la atiende o se la confunde. Es preciso decirlo taxativamente: los políticos españoles no han sido nocivos a la nación por sus abusos. En muchos otros países que llevan vida saludable, los políticos han abusado más que en España. Atacarlos por el frente de los supuestos abusos es caminar ciegamente hacia su reivindicación. Todo lo que se podrá encontrar hurgando en los bajos fondos serán algunas pequeñas canalladas de algún que otro personaje, pero nada que, siquiera a manera de símbolo, explique la profunda desorganización de nuestro cuerpo colectivo y justifique nada menos que un golpe de Estado.
Los viejos políticos, digámoslo galantemente, eran sólo la flor de la «vieja política». La raíz y la causa de todo el régimen estaban y están en los gobernados, no en los gobernantes. El cinismo, la desaprehensión, la incompetencia, la ilegalidad, el caciquismo, etc., procedían, proceden y procederán de la gran masa española que vive desde hace mucho tiempo, con anterioridad a la instauración de la «vieja política», en un grado de desmoralización superlativo. Y lo más pernicioso que puede hacerse es halagar sus torcidos instintos, dándole a entender que es ella virtuosa y que sus males proceden de individuos determinados, y, al fin y al cabo, sobresalientes. Los viejos políticos fueron creación entrañable de una época española. El pueblo los ha hecho, los ha seleccionado, los ha dirigido, los ha modelado. La mayor falsedad que se ha dicho —y se ha dicho innumerables veces— era calificar de «ficción» y de «farsa» el régimen que ahora quisiéramos aniquilar. Mirando bien las cosas, se viene al convencimiento de que la política de los últimos cincuenta años ha sido la expresión más exacta del sentimiento colectivo español. No conozco país donde en esa época haya gobernado tan plenamente la opinión pública.
La prueba de todo esto se expone a hallarla muy pronto y superabun-dantemente el Directorio cuando sus excelentes deseos entren en contacto con la realidad del alma española. Lo que ha hecho hasta ahora es fácil, porque era quitar, cortar, segar, cosas que el poder público puede hacer solo y por sí. Pero mañana tendrá que comenzar a reconstruir el Estado, y esta magnífica faena —lo más grande y excelso que cabe intentar sobre el planeta— por fuerza ha de hacerse con la intervención del pueblo. Veremos si entonces lo que va apuntado conserva el aspecto de paradoja que ahora tiene.
No es lo importante castigar los abusos de los gobernantes, sino sustituir los usos de los gobernados. Exactamente los mismos defectos que al aparecer en las funciones de Estado atribuimos a la «vieja política», los encontramos en todas las operaciones privadas de los ciudadanos. La economía de los particulares adolece de los mismos vicios que la finanza pública. La incompetencia del ministro y del parlamentario, su arbitrariedad, su caciquismo, reaparecen en el ingeniero, en el industrial, en el agricultor, en el catedrático, en el médico, en el escritor. Por eso es el mayor «quid pro quo» que cabe cometer imaginarse el caso de España como el de un país donde una sociedad sana sufre los vicios y errores de unos cuantos gobernantes, de suerte que bastaría con desterrar a éstos para que las virtudes nacionales den su lucida cosecha. Desgraciadamente, el caso de España es más bien inverso. Con ser detestables los «viejos políticos», son mucho peores los viejos españoles, esa gran masa inerte y maldiciente, sin ímpetu ni fervor ni interna disciplina.
No; la curación de España es faena mucho más grave, mucho más honda de lo que suele pensarse. Tiene que atacar estratos del cuerpo nacional mucho más profundos que la «política», la cual no representa sino la periferia y el cutis de la sociedad.
Yo creo firmemente que es posible hacer una España espléndida. Es posible, pero no es fácil, y, sobre todo, me parece inútil desearla vagamente si no hay resolución para embestir el mal en las zonas subterráneas donde radica. Llevamos cincuenta años en que derechas e izquierdas, altos y bajos por activa o por pasiva, no hacen otra cosa que halagar a la gran masa de españoles, verdaderos responsables de la mengua histórica nacional. Para rehacer España es forzoso resolverse a no contar con el español medio. Sólo una concentración de todas las minorías selectas que formen una legión sagrada y arremetan contra la masa —por supuesto, sin otras armas que la nuda y pura voluntad—, puede hacer de la materia corrompida que es nuestra raza, un nuevo poder histórico.
Y sería entender mal esto que digo suponer que esa rebelión de las minorías contra la masa —del capaz contra el incapaz, del noble contra el vil— excluye cualquier forma de gobierno. El problema al que me refiero se plantea lo mismo al conservador que al demócrata y al socialista. Todos ellos saben que sus esquemas jurídicos, los moldes de sus instituciones predilectas, fracasarán, porque el material humano en que han de vaciarse es inservible. El dictatorial, lo mismo que el demócrata, si quieren hacer algo acertado, tendrán que revolverse contra la opinión pública. En cambio, con la opinión pública se volverá irremisiblemente a lo que ella ha creado: la «vieja política».

José Ortega y Gasset, El Sol, Madrid, 27 noviembre 1923

El por qué del fracaso político de la burguesía española

El por qué del fracaso político de la burguesía española


El golpe de estado de los militares acabó de desprestigiar la vieja política española. Los partidos gubernamentales fueron barridos despiadadamente.
Los partidos de la oposición no existían casi. El partido republicano se había ido atomizando y casi todos sus jefecillos eran comensales en los banquetes de Camacho de la vieja política.
La política de la burguesía había fracasado totalmente.
El problema económico del Estado se hacía cada día más pavoroso. La cuestión de la tierra, la crisis de la industria, la lenta descomposición de la nación, la guerra de Marruecos eran realidades cada vez más alarmantes que ningún gobierno podía resolver. Por incapacidad. Por pereza. Por falta de un empuje que les obligara.
Y todo esto, ¿a qué era debido?
El proletariado es el responsable de que las cosas llegaran donde hoy. Su retraimiento ha hecho que la burguesía no se sintiera espoleada.
La clase obrera tiene ante sí una trayectoria única: la de conquistar el poder. Pero no puede abandonarse a un misticismo, dejándolo todo para «cuando la revolución venga».
Hay un poco de revolución que puede hacerse cada día, cada hora, cada minuto. El proletariado ha de ser una fuerza combativa que se oponga a la burguesía. Si esta oposición falta, los que tienen el poder no se sienten impelidos a marchar hacia adelante.
Es ésta la eterna ley de la historia en todas las manifestaciones de la vida: el juego de las fuerzas antagónicas. La busca del equilibrio obliga a una de ellas a ensanchar sus posiciones cuando la otra se acrece.
Si en Inglaterra el partido laborista no hubiese progresado paulatinamente, oponiéndose a los partidos burgueses, ¿éstos se moverían por las ejecutorias que actualmente siguen?
La clase obrera debe ir conquistando las posiciones a la burguesía. Si el proletariado se estanca, desinteresándose de cuanto debiera preocuparle, los partidos burgueses se fosilizan en la inacción.
Este ha sido el caso de España.
Nosotros hemos visto cómo a cada crisis industrial sobrevenía una violenta represión y hemos sido incapaces de comprender los lazos de unión que existen entre la política y la economía. Hemos visto la «merienda de negros» de la política, y hemos dicho que eso no era cosa que debiera preocuparnos. Hemos visto un régimen feudal de dominación agraria que mantenía esclavizados tres millones de campesinos, y nos hemos contentado con decir «cuando la revolución venga»...
Así nos hemos ido desinteresando de todos los problemas planteados y, naturalmente, las grandes masas obreras y campesinas han perdido la fe, han sido embargadas por el esceptismo. Hemos sido incapaces de organizar el descontento, incapaces de traducir el anhelo popular en un motivo de actuación.
Es decir, no hemos sabido hacer política.
Porque unos cuantos granujas a las órdenes de la burguesía engañaron a las clases obreras, se ha creído que «política» significaba engaño. Y este apartamiento ha sido catastrófico. Ahora palpamos las consecuencias. Sobre nosotros se cierne una nube de siniestros presagios.
Fracasó la burguesía por nuestra incapacidad. Pero este fracaso de la burguesía no quiere decir que esté próxima a ser reemplazada. También nosotros estamos fracasados. Las grandes transformaciones sociales se hacen por impotencia de arriba y por fuerza ascencional de abajo. Esto último no existe en España. Y, sin embargo, hay que crearlo a pesar de esas sombras que hermanando atracos con filosofías, hacen esfuerzos por que el proletariado no tome posiciones de conquista.


Joaquín Maurín, La Batalla, Barcelona, núm. 54, 21 diciembre 1923

Real Decreto declarando disueltas las actuales Diputaciones Provinciales de España, con la única excepción de las de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. 12 enero 1924

Real Decreto declarando disueltas las actuales Diputaciones Provinciales de España, con la única excepción de las de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. 12 enero 1924


Señor: Demuestra la realidad política española que muchas de las corruptelas que el Directorio se propuso y quiere expulsar de los Ayuntamientos, tienen franca cabida todavía en bastantes diputaciones provinciales. Tal circunstancia aconseja aplicar a éstas el mismo criterio que se ha seguido con las Corporaciones municipales.
Ciertamente no todas las Diputaciones adolecen de iguales defectos y en el mismo grado. Por el contrario, existen algunas cuyo funcionamiento parece impecable. Pero la medida ha de ser general si se desea su ejemplaridad, y de ellas cabe exceptuar tan sólo a las que viven en régimen jurídico privilegiado, hijo de concierto y pactos antiguos, de gran trascendencia en el orden económico.
Restaba únicamente precisar el sistema de sustitución más perfecto y se ha opinado desde luego por el de libre selección como medio más eficaz para evitar los inconvenientes anejos a todo automatismo, bien entendido que al renovar las Diputaciones anhela el Directorio que los elementos llamados a integrarlas con carácter transitorio, sí, pero con plena autoridad, se sientan animados del espíritu de expansión comarcal o regional preciso para dibujar el germen de futuras personalidades superprovinciales. Fundándose en las razones que preceden y como trámite previo a la reforma del régimen provincial, que debe seguir a la del municipal, el Presidente que suscribe, en nombre del Directorio Militar y como Jefe de Gobierno, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Real Decreto.
Madrid, 12 de enero de 1924.
Señor: A. L. R. P. de V. M. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.
Real Decreto
A propuesta del Presidente del Directorio Militar y de acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se declaran disueltas las actuales Diputaciones provinciales de toda España, con la única excepción de las de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.
Artículo 2.º Los Gobernadores civiles designarán tantos Diputados provinciales interinos como en propiedad deba tener cada Diputación, eligiéndose libremente entre los habitantes de la provincia, de más de veinticinco años, que posean título profesional, sean mayores contribuyentes o desempeñen cargos directivos en las Corporaciones representativas de intereses culturales, industriales y profesionales.
Los Gobernadores procurarán que todos los nuevamente designados o reelegidos sean personas de solvencia y prestigio sociales, que a ser posible, residan habitualmente, uno cuando menos, en cada partido judicial y que no les sean aplicables las causas de incompatibilidad e incapacidad que establecen los artículos 36 y 38 de la ley de 29 de agosto de 1882. También procurarán conceder una fracción del total de puestos a la representación corporativa, cuidando de que en ella no falte la de las clases sanitaria, cultural, industrial, agrícola y obrera. Artículo 3.° El día 20 de enero se constituirán las nuevas Diputaciones provinciales, bajo la presidencia del Gobernador civil respectivo. En esta primera sesión serán elegidas la Comisión provincial y las permanentes conforme a las disposiciones aplicables de la ley de 29 de agosto de 1882.
Artículo 4.° Dentro de los diez días siguientes a la constitución de las nuevas Corporaciones provinciales, se reunirá en Barcelona la Asamblea plena de la Mancomunidad catalana, previa convocatoria y bajo la presidencia del gobernador civil de aquella provincia. En dicha Asamblea será nombrado el Consejo permanente de la Mancomunidad. Artículo 5.º Las nuevas Corporaciones provinciales deberán elevar al Ministerio de la Gobernación, en el plazo de quince días y bajo su más estrecha responsabilidad, una memoria sucinta en que se detallan los defectos o anomalías que al hacerse cargo del gobierno de la provincia hayan observado, si las hubiere, y propongan en su caso las medidas más convenientes para remediarlas.
Artículo 6.° Las nuevas Diputaciones provinciales podrán proponer, por los trámites establecidos en el Real Decreto de 18 de noviembre de 1913, la constitución de Mancomunidades que tengan por objeto el cumplimiento de los fines y mejora de los servicios que están actualmente encomendados y pueden encomendarse en lo sucesivo a las provincias. Artículo 7.° Por el Subsecretario del Ministerio de la Gobernación se dictarán las reglas precisas para la ejecución de este Real Decreto.
Dado en Palacio a doce de enero de mil novecientos veinticuatro.


Gaceta de Madrid, 13 enero 1924

El Ejército y Marruecos

El Ejército y Marruecos

Pero poco importa que conozcamos el valor de la maniobra (militar, en teoría) y que deseemos utilizarla, si no acertamos a ver en medio de la acción; para ello es preciso que la guerra nos sea familiar y sepamos sacar partido del terreno; situación enemiga y rendimiento de las armas, y esto, que desde lejos nos parece cosa sencilla, es en el combate la piedra de toque para el jefe. Muchos hombres acreditados en la práctica de la profesión y que en maniobras y simulacros fueron maestros, al parecer inteligentes y laboriosos, se vieron cortados ante la verdad de la guerra. Todos aquellos valores que ellos creían positivos se desvanecieron ante los factores reales de la acción y la indecisión y timidez y fueron el eco de su impresión moral. La maniobra requiere discurrir en el combate, y no todos los espíritus se forjaron para sentir el mando en los duros trances de la guerra. Preciso es que la práctica reemplace lo que la naturaleza nos brindó y, familiarizándonos con la campaña, busquemos en ella las enseñanzas y la práctica.
No basta sólo lo expuesto para poder mandar en el combate, preciso es que respondan la calidad de las tropas propias; que el mando tenga confianza en la calidad del soldado y éste fe en sus jefes, pues de otro modo habrá que buscar en la cohesión material la garantía del éxito, y todo padecerá la inercia de soldados bisoños o de oficiales poco preparados... Esto sin duda justificará a muchos, la diferencia entre aquellas operaciones de Xauen, Beni-Lait y Beni-Arós de 1921, en que la maniobra fue esencial, y aquellas otras de Melilla, posteriores a julio de 1921, en que la cohesión y el material tuvieron que ser la garantía del empeño. Por ser la calidad del soldado tan necesaria en el combate, y fiel reflejo del jefe y cuadro de oficiales, es indispensable que éstos preparen al soldado para la misión combatiente, despertando en él los sentimientos dormidos, haciéndole diestro en el mejor servicio de sus armas, inspirándole gran confianza en ella y educándole para la guerra, no perdiendo ocasión ni momento para irle infiltrando el espíritu de acometividad y disciplina, a servirse del terreno, subir a las crestas, disparar con tranquilidad y orden y dominar el espíritu de conservación; procurando que su alma se eduque al relato de episodios guerreros de la campaña que le sirvan de enseñanza y ejemplo. Sólo en el momento que el oficial tenga fe ciega con sus soldados y éstos en él, podremos decir que la calidad de la unidad triunfará en los duros embates de la guerra. Esta es la misión sagrada del oficial y éste debe ser el norte de las instrucciones de todo jefe.
Si el oficial no vive para el ejército, si no siente la grandeza del sacrificio por su patria y sólo ve en el trabajo y sufrimientos lo penoso de su profesan, si hurta a sus obligaciones militares la actividad y entusiasmo indispensables y participa de la hipocresía negativa que considera de buen tono el criticar al que trabaja, si no siente en presencia de sus soldados el cariño y confianza necesaria, y solamente busca en la profesión militar su granjería o bienestar, será la más pesada carga en el camino de la victoria y habrá faltado al sagrado juramento con su Patria.


Francisco Franco Bahamonde. Ceuta, febrero de 1924

"La maniobra" , Revista de las Tropas Coloniales, núm. 2, febrero 1924

Real Orden disponiendo el cese de D. Miguel de Unamuno y Jugo en sus cargos académicos

Real Orden disponiendo el cese de D. Miguel de Unamuno y Jugo en sus cargos académicos


El Excmo. Sr. Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar me comunica la siguiente Real Orden:
«Ilmo. Sr.: Acordado por el Directorio Militar el destierro a Fuerteventura (Canarias) de D. Miguel de Unamuno y Jugo
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.º Que el referido señor cese en los cargos de Vicerrector de la Universidad de Salamanca y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma; y
2.° Que quede suspenso de empleo y sueldo en el de Catedrático de la expresada Universidad.»
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y demás efectos Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 20 febrero de 1924.
El Subsecretario del Ministerio, Leániz.
Sr. Ordenador de Pagos por obligaciones de este Ministerio.


Gaceta de Madrid, 21 febrero 1924)

Primer choque del Dictador con los intelectuales. Unamuno es desterrado y se cierra el Ateneo

 

Primer choque del Dictador con los intelectuales. Unamuno es desterrado y se cierra el Ateneo


En la Oficina de Prensa de la Presidencia entregaron a los periodistas ayer tarde la siguiente nota oficiosa:
«El Gobierno ha resuelto clausurar el Ateneo de Madrid, destituir de su puesto y cátedra a D. Miguel de Unamuno y desterrarle, así como a D. Rodrigo Soriano. La primera medida está fundada en la contumacia y tenacidad con que la citada Sociedad, separándose de sus fines y aun contra la voluntad de gran número de sus socios, viene dedicándose a hacer política estridente y perturbadora; la segunda, en que no es tolerable que un catedrático, ausentándose continuamente de su cátedra y fuera de su misión, ande haciendo propagandas disolventes y desacreditando de continuo a los representantes del Poder y al propio Soberano, que tan benévola y noble acogida le dispensó en su palacio. Las otras dos medidas serán aplicadas a cuantos sin templanza ni razón se dediquen a soliviantar pasiones y a propalar calumnias, pues el Gobierno está decidido a gobernar, y cree que gobernar es esto: otra cosa sería dejar caer en la abyección al Poder público.
El presidente del Directorio no se siente molestado por la persistencia ni la insidiosa campaña fundada en su intervención para que se hiciera justicia a una mujer, a su parecer, injustificadamente detenida. Así volverá a proceder cuando la ocasión se presente, y tiene a gala de su carácter haberse sentido inclinado toda la vida a ser amable y benévolo con las mujeres. No debe haberse encontrado en su modesta gestión (no obstante los muchos casos que ha resuelto, y sigue dispuesto a resolver, en que se cruzan cuantiosos intereses, ni los muchos nombramientos en que ha tenido que intervenir), cosa más vituperable que esta supuesta protección a una joven alegre, cuando la maledicencia no ha cambiado aún el disco. Es ocasión de prevenir que, además del procedimiento abierto contra la persona que en Barcelona atribuyó a su propia gestión y mediante dádivas la determinación relativa a la suspensión del cierre de las vaquerías, se ha incoado ayer mismo en el despacho del presidente del Directorio, por haber escrito a un su consocio que aquél se interesaba «personalmente» en el asunto de conveniencia pública que a su estudio había sometido. Ahora tendrá ocasión el que tal afirmó de probarlo ante el juez.
El Directorio agradecerá mucho que cuantos tengan conocimiento de que alguien quiere hacer un arma o un estímulo para el logro de sus fines o para explotar incautos, de su influencia o de supuestos sobornos, lo denuncie, para que los Tribunales esclarezcan los casos, pues ya que el Directorio está sometiendo tantas conductas a la investigación de la Justicia, quiere empezar por someter la suya en todos y cada uno de sus actos.
Difícil es la misión aceptada por el Directorio, pero éste cada día la ve más clara y se va sintiendo más capaz de desempeñarla, sobre todo acompañado de opinión sana, por lo que sería antipatriótico y vil abandonarla antes de haber preparado para España el camino de una gobernación normal y que pueda ser fecunda. Admite y agradece todas las asistencias, y de las que de ellas sean aprovechables irá sacando el plantel de personas que de un modo paulatino vayan interviniendo en la gobernación pública.
Por fortuna, también en el extranjero han comprendido ya el carácter de la actuación del Directorio, no obstante la labor de los que su propia conciencia expatrió o no se adaptan bien a ideas fundamentales y serias de buen Gobierno; por lo que los testimonios de consideración de los Gabinetes, la Prensa y la opinión de fuera van siendo cada día más señalados.
La satisfacción de bien servir a la patria no es nunca absoluta, pues siempre ella merece más; pero la relativa de no haberla inferido daño alguno, en los cinco meses de su actuación, la tiene completa el Directorio.»
El Gobierno ha resuelto incautarse en forma del Ateneo, e instalar en él la nueva Asamblea permanente de la producción para lo que venía encontrando alguna dificultad, que así queda resuelta.»
..
El destierro y la suspensión de don Miguel de Unamuno (Varias líneas tachadas por la censura.)
A las ocho y veinticinco minutos le fue comunicada oficialmente al Sr. Unamuno por medio de oficio la orden del Directorio desterrándole a la isla de Fuerteventura (Canarias).
El Sr. Unamuno se dio por enterado y marchará a su destierro mañana, jueves, a las dos de la tarde.

La Gaceta de hoy publica la Real orden siguiente:
«El excelentísimo señor jefe del Gobierno, presidente del Directorio militar, me comunica la siguiente Real orden:
«Ilustrísimo señor: Acordado por el Directorio militar el destierro a Fuerteventura (Canarias) de D. Miguel Unamuno y Jugo.
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Que el referido señor cese en los cargos de vicerrector de la Universidad de Salamanca y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma; y
2.° Que quede suspenso de empleo y sueldo en el de catedrático de la expresada Universidad.»
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 20 de febrero de 1924.—El subsecretario encargado del ministerio, Leániz.
Señor ordenador de Pagos por obligaciones de este ministerio.»

El Sol, 22 de febrero de 1924

Decretos sobre incompatibilidades

Decretos sobre incompatibilidades


a) R. D. sobre incompatibilidades. 12 octubre 1923
Art. 1.º Los que sean o hayan sido ministros de la Corona, presidentes de las Cámaras, consejeros de Estado o hayan formado parte del Directorio Militar, no podrían pertenecer a los Consejos de Administración de las Compañías, Empresas o Sociedades que tengan contratos con el Estado, o que, por la índole de las operaciones a que se dediquen, tengan relación o intervención en algún servicio público. No podrán tampoco ser abogados asesores, ni desempeñar en ellas ningún cargo retribuido o gratuito.
Art. 2.° Los que sean o hayan sido subsecretarios o directores generales o desempeñen o hayan desempeñado cualquier cargo político en la administración central o local, aunque sea de elección popular, no podrán pertenecer en ninguno de los conceptos expresados en el artículo anterior a las Compañías, Empresas o Sociedades que tengan contrato o relación por la índole de sus operaciones con los servicios propios del departamento, centro o corporación en que aquéllos ejercieron su cargo, hasta después de cuatro años de haber cesado en ellos.
(«Gaceta de Madrid», 13 octubre 1923)

b) R. D. para asegurar la independencia de la justicia. 31 enero 1924
Señor: Es constante preocupación de este Gobierno afianzar la independencia del Poder judicial y robustecer el prestigio de los Tribunales, para que, mediante el ejercicio de su alto ministerio, puedan actuar eficazmente en la renovación de la vida nacional.
La severa depuración realizada en el personal encargado de administrar justicia, merced a la meritoria labor de la Junta inspectora; la creación de la Junta Organizadora del Poder judicial, que ha de regir por sí misma y libre de toda presión los destinos de la Magistratura; la reforma de la ley de Justicia municipal, atribuyendo a los Jueces y Magistrados amplias facultades de proposición y designación de los funcionarios que hayan de desempeñar este primer grado de la jerarquía judicial, son acabada prueba de las elevadas aspiraciones que animan al Directorio de mi presidencia en el sentido expuesto, y representan los jalones de una labor constructiva, que meditada y metódicamente habrá de ir desarrollándose en posteriores proyectos, dando así satisfacción y estímulo a los inaplazables deseos del interés público.
Se pretende ahora consagrar aquella independencia y enaltecer los prestigios judiciales; pero es necesario celar la estricta responsabilidad disciplinaria de dichos funcionarios.
Lógrase lo primero revisando los estatutos de sus incompatibilidades, que unos por ineficaces habían caído en desuso, otros precisaban notoria modificación por haber evolucionado las circunstancias y motivos que los aconsejaron antaño, y algunos requieren inmediata definición y vigencia por imperiosa necesidad, reconocida no ha mucho tiempo en proyectos fundamentales, que obtuvieron la aprobación de la Alta Cámara y no adquirieron fuerza de ley por incidencias de la vida pública.
Persíguese lo segundo mediante la vigorización del artículo 235 de la ley Orgánica del Poder judicial, muy especialmente la de su caso tercero, cuyo precepto, si en época no remota ha sido arma de pasiones y baluarte de convencionalismos políticos, no lo será en adelante, sin que las más agudas suspicacias de arbitrariedad puedan obscurecer las purísimas intenciones de justicia que este Gobierno ha puesto en su actuación. Para ello, sujeta a un procedimiento tan rápido como eficaz el expediente que deba servir de base a sus decisiones, dentro del cual encontrarán la causa pública y el interés privado de cada funcionario las mayores seguridades y garantías de justificación y respetos que nos merece la primordial virtud de administrar justicia rectamente.
Fundado en estas razones, el Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, que suscribe, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.
Madrid, 31 de enero de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

Real Decreto
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El ejercicio de los cargos judiciales y fiscales será absolutamente incompatible:
Primero. Con el de cualquiera otra jurisdicción.
Segundo. Con el empleo o cargo dotado o retribuido por el Estado, las Cortes, la Casa Real, Provincia o Municipio.
Tercero. Con los de Diputados a Cortes, Diputados provinciales, Alcaldes, Concejales y cualesquiera otros cargos provinciales o municipales.
Cuarto. Con el de auxiliares o subalternos de Tribunales o Juzgados.
Quinto. Con todo ejercicio de cargo o profesión que fueren retribuidos.
Artículo 2.° Tampoco podrán ejercer su cargo los Jueces, Magistrados y Fiscales, con excepción de los municipales, en los territorios:
A) Donde ellos, sus esposas o sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, posean bienes o ejerzan industria, gravados con más de 1.000 pesetas de contribución anual en Juzgados, de 2.000 en Audiencias provinciales y de 3.000 en Audiencias territoriales.
B) Donde tanto ellos como sus parientes, en los antedichos grados, posean acciones o cualquier otro género de participación en Empresas, Sociedades o Compañías que en el territorio dentro del que ejercen jurisdicción exponen servicios, construyan obras públicas o se dediquen a cualquier género de industria privada.
C) Donde en Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, Sociedades mercantiles o industriales de la capital o en los mismos Tribunales en que aquéllos sirven disfruten empleo o colocación parientes suyos consanguíneos o afines en línea recta o en la colateral hasta el segundo grado.
D) Donde lleven ocho años de residencia.
Las incompatibilidades que en este artículo se establecen no serán aplicables ni a Madrid ni a Barcelona.
Artículo 3.° Todo funcionario de la carrera Judicial y Fiscal tendrá la ineludible obligación, inmediatamente que se encuentre en alguno de los casos de incompatibilidad establecidos en los artículos anteriores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia y de la Junta organizadora del Poder judicial.
Artículo 4.° Los Jueces, Magistrados y Fiscales en quienes concurra alguna de las causas de incompatibilidad determinadas en este Decreto serán necesariamente trasladados.
Artículo 5.° Al traslado de los funcionarios que hallándose comprendidos en las expuestas causas de incompatibilidad hubieren incumplido la obligación que se les impone en el artículo 3.° de este Decreto, así como al que deba ordenarse por el Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 235 de la ley Orgánica del Poder judicial, deberá proceder la formación de un breve expediente, cuyo trámite se acomodará a las siguientes reglas:
A) La Junta inspectora central de la Administración de Justicia, a excitación del Gobierno o propuesta de los Presidentes o Fiscales del Tribunal Supremo, Audiencias territoriales y provinciales, o por propia iniciativa de dicha Junta, ordenará la incoación del expediente y designará en el acto al instructor del mismo. El acuerdo se adoptará dentro de las cuarenta y ocho horas a partir del recibo de la comunicación de denuncia.
B) Dicho instructor podrá ser cualquiera de los miembros de la referida Junta inspectora o funcionario de la carrera judicial que aquélla designe, de categoría superior o de la misma con mayor antigüedad en ella, que la del funcionario denunciado.
C) Comunicado inmediatamente su nombramiento al instructor, con envío de todos los antecedentes, éste se constituirá sin dilación donde corresponda hacerlo, y en el improrrogable plazo de cinco días naturales, durante los que oirá al interesado por una sola vez y practicará las pruebas y descargos pertinentes que se ofrecieren y el instructor estimara adecuados, remitirá con su informe todo lo actuado a la Junta inspectora central, que emitirá dictamen dentro de los tres días siguientes al recibo del aludido expediente.
D) Sin demora elevará al Gobierno todo los antecedentes, el cual acordará por Real Decreto el traslado del funcionario, si lo considerase pertinente, y ordenará a la Junta organizadora del Poder judicial la ejecución de lo resuelto, sin que contra ello quepa recurso alguno.
Artículo 6.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Dado en Palacio a primero de febrero de mil novecientos veinticuatro.
Alfonso
El Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja


Gaceta de Madrid, 3 febrero 1924

Exposición del Real Decreto-Ley aprobando el Estatuto Municipal. 8 marzo 1924

Exposición del Real Decreto-Ley aprobando el Estatuto Municipal. 8 marzo 1924

Señor: El Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en Municipios libres. Este principio, consagrado por la ciencia política, tiene oportuna aplicación actual a nuestro país, porque para reconstruirlo sobre cimientos sólidos no basta demoler caducas organizaciones, secularmente acogedoras de feudalismo político; necesítase, además, oxigenar la vida municipal, dando a las Corporaciones locales aquella dignidad, aquellos medios y aquel alto rango que les había arrebatado una concepción centralista, primero, y un perverso sistema de intromisión gubernativa, más tarde.
El Gobierno acomete la magna empresa lleno de fe en la vitalidad del pueblo español y en sus virtudes cívicas, y no amengua su confianza el espectáculo bochornoso que ofrecían muchos de nuestros Ayuntamientos, porque en la mayoría de los casos, la mala administración no era debida a los de abajo, sino a los de arriba. La ponzoña política prendió en muchas villas y aldeas, y desde ese momento los Concejales eran, antes que nada, secuaces de un partido y servidores de una consigna, generalmente sectaria. De ese modo fue borrándose poco a poco el más leve hálito de ciudadanía en comarcas enteras, sojuzgadas dictatorialmente por una mesnada o un caudillo político influyente. El fenómeno tenía que concluir en un desastre: no otra cosa fueron las camarillas turnantes, y en ocasiones amorales, enseñoreadas de la vida municipal.
Todo eso pudo ser al socaire de una ley centralista, que imponía a los Ayuntamientos, bajo la etiqueta falaz de providente tutela, una tiranía feroz y egoísta. Pero es bien seguro que no podrá retoñar en un régimen sanamente autonomista. Cuando los pueblos sean enteramente libres para darse sus administradores, sabrán escoger los más aptos. Cuando los administradores municipales sean personal e inmediatamente responsables de su gestión, tendrán que comportarse con celo y probidad. Porque ésta es nuestra leal confianza, y porque sentimos profunda convicción democrática, damos el radical paso que supone el nuevo Estatuto municipal. Esperamos y anhelamos que los españoles todos sepan acogerlo con reverencia, aplicarlo con lealtad y fecundarlo con entusiasmo. Para ellos y para la Patria, a quien todos servímos, será el provecho, como en otro caso sería la desventaja.
No es reciente, ni mucho menos, el afán de renovar nuestro régimen municipal. Durante los cuarenta y siete años de vida que cuenta la ley de 2 de octubre de 1877, se ha intentado su reforma, siempre infructuosamente, veintidós veces. Ello patentiza, a la par que la esterilidad de pasados Parlamentos, lo arraigado del mal y lo unánime del diagnóstico.
Por fortuna, esa profusión de iniciativas ha servido para trillar el problema, poniéndolo al desnudo y sobre el pavés en la plenitud de su compleja estructura, y facilitando, de paso, la obra del Gobierno. Justo es destacar entre la maleza de proyectos abortados el presentado por el Gobierno Maura en 1907: discutido durante dos años en torrencial avalancha de enmiendas y discursos —unas y otros ascendieron a varios millares—, logró asensos generales para ciertas trayectorias, que pocos años después recogía casi textualmente el redactado por Canalejas, y que más adelante, en 1919, merecían sanción plena de las dispares fuerzas políticas representadas en la Comisión extraparlamentaria que reunió el gabinete presidido por el conde de Romanones. He aquí cómo gran parte de las innovaciones que contiene el Estatuto municipal están abonadas por el estudio previo y la coincidencia expresiva de hombres pertenecientes a todos los sectores doctrinales.
Ello no quiere decir, sin embargo, que hayamos seguido ciegamente en su integridad aquellas articulaciones tan reciamente combatidas en la deliberación más prolija y tenaz de que hay noticia en nuestros fastos parlamentarios. No en balde han transcurrido muchos años; no en balde se han operado transformaciones fundamentales en el mundo entero. La valiosísima aportación del proyecto Maura, y en complemento de ella la del que sobre haciendas locales presentó a las Cortes el Gobierno Nacional de 1918, han presidido nuestra obra constantemente; esto aparte, mirando de consuno el rastro indeleble de la tradición y al caudal inmenso de ensayos y horizontes que ofrece la ciencia municipalista contemporánea, hemos procurado afinar matices, definir avances, ensanchar la autonomía y dibujar así el molde de un Municipio libre, democrático y poderoso. De todas suertes, lo que en nuestra obra descuelle por su acierto, su vigor o su lucidez, será justo ponerlo en el haber de aquellos ilustres hombres públicos, que con singular perseverancia vieron ha ya largos años la gravedad de la dolencia y la urgencia de su tratamiento.


El Municipio español, cuna de ingentes libertades públicas, es institución histórica de los más altos prestigios. Su esplendor señala el más alto alcanzado por la nación; su decadencia coincide con la del Estado. No es despreciable la enseñanza que arroja ese paralelismo, de singular elocuencia.
Nuestra reforma aspira, ante todo, a restaurar el sentido nacional de autonomía que ha presidido, en sus albores y en su opulencia, la evolución de la vida municipal española, lo cual empareja armónicamente con los postulados científicos, porque el principio del Lome rule municipal tiene ya la categoría de dogma universal indeclinable.
Ese criterio de autonomía impone otro: el de máximo respeto a la realidad social. El Municipio, en efecto, no es hijo del legislador: es un hecho social de convivencia, anterior al Estado y anterior también, y además superior, a la ley. Esta ha de limitarse, por tanto, a reconocerlo y ampararlo en función adjetiva. Ahora bien: la convivencia se da en núcleos de gradación ilimitada, desde los insignificantes, que sólo constan de unas cuantas docenas de vecinos, hasta los gigantescos que cuentan por millones sus habitantes. Y no sólo tienen carácter comunal los Municipios propiamente dichos: lo tienen también las entidades menores o fracciones de Municipio, así como las entidades mayores o agrupaciones de Ayuntamientos. Por todo ello, el nuevo Estatuto admite la personalidad municipal allí donde la naturaleza la engendra, sin establecer requisitos de mero artificio, que nunca han tenido posible cumplimiento; y admite también la de los anejos, parroquias y demás grupos menores de población, que tanto abundan en algunas regiones españolas, así como la de las entidades supramunicipales que constituirse puedan para la mejor realización de los fines comunales.
Afirma, pues, el nuevo Estatuto la plena personalidad de las entidades municipales y, en consecuencia, reconoce su capacidad jurídica integral en todos los órdenes del derecho y de la vida, dejando sin vigor las leyes desamortizadoras, ya en suspenso por anterior disposición.


El reconocimiento de la variedad de tipos de convivencia comunal fluye a través del articulado con una persistente distinción entre el Municipio rural y el urbano. En el primero se instaura la forma más plena de democracia pura: el Concejo abierto, institución de castizo sabor nacional, que regirá en más del 50 por 100 de los Municipios existentes, o sea, en todos los que no excedan de 1.000 habitantes.
Pero esa y otras análogas diferenciaciones no bastarían por sí solas para dar a cada Municipio la fisonomía político-administrativa que le convenga. Ni siquiera bastaría establecer en la ley ocho o veinte modelos de organización, ajustados a los tipos más extendidos de vida municipal que se conocen en el país. La gama de variedades producida por la geografía, la producción, las comunicaciones, el idioma, las costumbres, etc., ofrecería siempre matices infinitamente superiores en número.
Sólo hay un medio para resolver la dificultad, y estriba en otorgar a cada Municipio el derecho de dictarse su propia norma de funcionamiento. Esto hace el Estatuto regulando el régimen denominado de Carta, nombre que tan rancio y recio suena en la Historia de España. A su amparo, cada Ayuntamiento fijará su propia estructura, dentro, por supuesto, del más absoluto respeto a la soberanía del Estado y a los derechos del ciudadano.
Como especialidad novísima del sistema de Carta, admitimos expresamente la implantación de las formas de Gobierno por Comisión y Gobierno por Gerente, que tan espléndido fruto han rendido en otros países. Ellas representan el máximo avance en la ardua empresa de cohonestar la democracia con la eficacia, y parten de la base de que cualquier Municipio constituye un negocio, el mejor negocio para el pueblo si recibe buena administración, por lo que su gestión no debe diferir de la que mercantilmente tengan los negocios privados. El incremento de poderes otorgados a la Comisión o al Gerente se compensa con un paralelo acrecimiento en los derechos del vecindario, y de esta suerte vienen a fundirse en una misma fórmula el máximo criterio de autoridad y el grado supremo de democracia. Es posible que algún espíritu excesivamente atenido a nuestra biología municipalista estime peligroso este avance. Pensando de otro modo, cree el Gobierno que el paso de la ley actual a la nueva tiene que resultar muy brusco, porque los extremos de una curva evolutiva que mide cincuenta años, forzosamente han de estar separados por un abismo; y cree, además, que es condición esencial de un buen Estado su elasticidad, ya que sólo teniéndola podrá acoger, lejos de constreñir, a los Municipios que en nobles ansias de superación aspiren a una vida más alta y progresiva.


La fuente originaria de toda soberanía municipal radica en el pueblo: el sufragio debe ser, por ello, su forma de expresión. Pero al suscribir este principio, el Gobierno estima preciso ensanchar sus límites y perfeccionar el procedimiento.
Por ello, hacemos electores y elegibles, no sólo a los varones, sino también a la mujer cabeza de familia, cuya exclusión de un censo que, en fuerza de ser expansivo, acoge a los analfabetos, constituía verdadero ludibrio. Y por la misma razón rebajamos la edad electoral a veintitrés años, que en casi toda la península confieren plena capacidad civil, aunque subsistirá la de veinticinco para la elegibilidad, teniendo en cuenta alguna especialidad foral y la conveniencia de no hacer capaces para la administración activa de organismos políticos a quienes no lo son para la de su propia vida civil.
Y, por último, establecemos la representación proporcional, implantada ya en casi todos los países europeos y defendida, respecto a los Municipios, por algún tratadista que acerbamente la combate en su apli-ción al parlamento. Nuestro sistema es el de lista, con cociente electoral sencillo y un segundo cociente para aprovechar los residuos, y no llevamos a máximo rigor aquel principio de lista, porque en un país políticamente inadecuado, que hasta ahora sólo vivió un imperfecto sistema de representación mayoritaria, intentar la reforma con criterio intransigente equivaldría a ponerla en peligro. Aprovechando esta coyuntura, ofrecemos otras innovaciones de carácter preventivo contra los fraudes más usuales: entre ellas destacan el secreto del voto, la ampliación de la fe pública y el robustecimiento de la autoridad notarial.
Los Municipios, sin embargo, no son simple suma de individuos: en ellos viven y alientan también corporaciones, asociaciones, en una palabra, personas jurídicas colectivas. Si el sufragio ha de ser fiel reflejo de la realidad de un pueblo, al Ayuntamiento deben ir no solamente quienes representen a los individuos, sino también quienes representen a las entidades. A esto responde la creación de los concejales corporativos, que ya Maura y Canalejas propusieron en sus proyectos respectivos. Ambos concedían a la representación corporativa la mitad de los puestos edilicios que hay en cada Ayuntamiento; nosotros la otorgamos solamente una tercera parte, deseosos de proceder con criterio prudente. Quien enfoque desapasionadamente el problema habrá de proclamar esta mesura, ya que no nuestro acierto.
Como manifestación del mismo principio de soberanía municipal, queremos registrar aquí el referendum. Esta institución es propuesta en el nuevo Estatuto para la votación definitiva de ciertos acuerdos trascendentales, y si el espíritu de ciudadanía reacciona adecuadamente, alcanzará eficientes valores educativos en el control, quizá inexcusable, de los mandatarios por el Cuerpo electoral.


Comparte el Gobierno el prejuicio que en proyectos anteriores se exteriorizó contra los excesos parlamentaristas de algunos Ayuntamientos, y por ello separa el pleno de la Comisión municipal permanente. El primero se reunirá al año en tres períodos cuatrimestrales de diez sesiones, como máximo, cada uno. La segunda ordenará la vida municipal en los intervalos.
El acceso a los cargos concejiles, por un lado se dificulta, por otro se facilita. Prueba de lo segundo se da al capacitar a las mujeres que sean cabeza de familia, a los maestros y a los diputados a Cortes y provinciales y senadores, para desempeñarlos. Testimonio de lo primero se encuentra en la extensión del principio de incompatibilidad a los representantes de gremios relacionados con los abastos públicos, a los letrados y procuradores de litigantes con el Ayuntamiento, a los que sean parientes de empleados, en ciertas condiciones, etc. Ha querido el Gobierno dignificar la condición concejil y cree haberlo logrado cumplidamente.
El problema del nombramiento de Alcalde —vieja cuestión batallona— lo resuelve el Gobierno de manera francamente autonomista: en todo caso será elegida por el Ayuntamiento, y no entre los Concejales, sino entre los electores, la primera autoridad municipal. En este punto se avanza más que en proyectos anteriores: justo es confesarlo.
Pero los Alcaldes tendrán funciones propias y funciones delegadas. Muy conveniente habría sido suprimir las segundas: de esa suerte quedaba totalmente alejado del poder central el Municipio. Mas no cabe ni soñar con esa reforma, que exigiría colocar en cada Ayuntamiento o grupo de Ayuntamientos un funcionario administrativo, con daño para la hacienda nacional y mayor aún para la autonomía, porque ese emisario degeneraría bien pronto en molesto intruso. El proyecto reduce al mínimo los inconvenientes derivados de esa delegación; en el caso peor, sólo podrá ocasionar una exoneración en las facultades delegadas, pero jamás servirá de pretexto fácil para destituir a un Alcalde.
Las suspensiones y destituciones gubernativas quedan suprimidas en absoluto. Concejales gubernativos; para eso, cada titular tendrá un suplente, hijo como él de la elección. Los Concejales sólo dejarán de serlo por providencia judicial; y la simple suspensión no podrá acordarla el Juez municipal, ni siquiera el de primera instancia: siempre se precisará auto de la Audiencia provincial. La garantía no puede ser más eficaz y firme.


El Estatuto ensancha débilmente la esfera de privativa competencia municipal. Puede afirmarse que la extiende a todo el territorio y a todos los fines de la vida: no en balde es el Municipio una sociedad humana completa. Entre estas amplitudes queremos destacar solamente tres:
Primero. Los Ayuntamientos podrán construir ferrocarriles y tranvías suburbanos, hasta un límite de 40 kilómetros de su término, previo acuerdo con las demás Corporaciones interesadas y sin necesidad de concesión por parte del Estado.
Segundo. Los Ayuntamientos podrán y deberán abordar sus obras de ensanche, urbanización y saneamiento sin necesidad de someter los planes respectivos al informe sucesivo de Corporaciones, Academias y Centros, en peregrinación interminable de años y años: el acuerdo municipal, que por sí solo ahorra dos períodos de la expropiación forzosa, será examinado únicamente por la Comisión sanitaria central o provincial, según los casos, y los beneficios vigentes se aplicarán a obras de higiene y salubridad que en la actualidad no eran protegidas como las de ensanche propiamente dicho.
Tercero. Los Ayuntamientos podrán acordar la municipalización, incluso con monopolio, de servicios y empresas que hoy viven en un régimen de libertad industrial. No es posible omitir esa función en un Estatuto municipal; el nuevo la regula, sin inclinarse a radicalismos societarios ni a estrecheces conservadoras, y al efecto admite la expropiación de industrias y empresas y la rescisión de concesiones, precisando con detalle y en justicia la manera de indemnizar a los expropiados. Y no se crea que nos dejamos arrastrar por el afán de socializar, no sentimos desconfianza hacia la capacidad industrial de los Ayuntamientos, y por ello les forzamos a organizar el servicio municipalizado, bien en forma de empresa privada, bien en forma de gestión que se llama directa, sin que en realidad lo sea, y en uno y otro caso, los Concejales sólo tendrán parte mínima en la dirección del negocio. España es campo sin roturar en punto a la municipalización; el Estatuto da medios y traza cauces amplios para el desfonde. Con prudencia y cautela podrá hacerse mucho en bien de los pueblos, ya que la renta diferencial que permitirá absorber el monopolio municipal asciende en gran número de casos a considerables cifras. En definitiva, la experiencia de los primeros ensayos marcará en el porvenir nuevas rutas más francas, o más restringidas, según lo que de ella resulte.
Al exponer la materia propia de la competencia municipal se enumeran las facultades de los Ayuntamientos; mas éstos tienen también deberes. Su compilación sistemática falta en casi todos los proyectos de reforma. Nosotros la hacemos, persuadidos de que al individuo, como a las entidades, más hay que recordarles las obligaciones que los derechos. Las que pesan sobre los Ayuntamientos son clasificadas en grupos, a saber: en el orden sanitario, en el benéfico, en el de la enseñanza, en el social y en el comunal propiamente dicho. En las secciones correspondientes se apunta de manera integral el boceto del futuro Municipio, sujeto de derechos amplios y a la vez de altas funciones.
Estima el Gobierno un acierto de gran significación pedagógica esta sistematización de servicios obligatorios, que por su misma índole enaltecen la alcurnia jurídica de la personalidad municipal.


En un régimen centralizado, todos los acuerdos municipales pueden ser revocados por la autoridad gubernativa, que resulta así superior a los Ayuntamientos, y a éstos se les convierte en simple rueda del engranaje administrativo del Estado. En un régimen autonomista, por el contrario, las autoridades gubernativas deben carecer de la menor facultad respecto a la vida municipal: consiguientemente, los acuerdos de los ayuntamientos sólo podrán ser impugnados ante el poder judicial, supremo definidor del derecho conculcado, en todos los órdenes.
El Estatuto aplica rigurosamente ese principio. Contra los acuerdos municipales ajenos a las exacciones, pues éstos tendrán régimen peculiar, no concede recurso gubernativo, ni siquiera el de nulidad, que en los casos de extralimitación proponían algunos proyectos. Si afectan a elecciones o actas de Concejales, habrá el recurso judicial ante la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial; si tienen carácter de sanciones penales habrá también el judicial ante el juez de primera instancia; si son de índole administrativa, habrá tan sólo el contencioso, ante el correspondiente Tribunal, cuya estructura se modifica para alejar de esa función a los Diputados provinciales, factor político. Siempre, pues, habrá que acudir a los Tribunales de Justicia, mediante recursos cuya gratuidad será absoluta. Ellos repararán el desafuero, rectificarán el error o corregirán la extralimitación. A las autoridades gubernativas les toca, si acaso, promover la acción judicial, que para esto existe el Ministerio fiscal en todas las jurisdicciones.
Tal autonomía exige un instrumento afinadísimo de responsabilidad, y el Estatuto facilita su exigencia y declaración. En primer término, suprime el trámite previo de recordar el precepto aplicable, que, según la ley de 5 de abril de 1904, es indispensable para promover una demanda de responsabilidad civil. En segundo lugar, hace exigible esta responsabilidad en los casos en que por demora indebida transcurran ciertos plazos precisos, y propone fórmulas que, como la del silencio administrativo y otras, producirán en la práctica inmediata regularización de esta zona del vivir burocrático.
No podían quedar al margen de la reforma los secretarios, contadores y empleados municipales. El nuevo Estatuto es radical en esta materia: crea el Cuerpo de Secretarios y reglamenta el ingreso en él y en los restantes escalafones de los funcionarios, dando primacía absoluta al régimen de oposición. Todas las restantes prescripciones se encaminan a la mayor estabilidad y capacitación de los servidores del Municipio. Ellos habrán de agradecerlo, porque así se les aleja del constante peligro que sobre sus cabezas cernía el vendaval político; pero no lo agradecerá menos el común interés público, que tanto ha de ganar con la depuración de la burocracia municipal.


El Gobierno es respetuoso con la realidad municipal, cualquiera que sea su forma e intensidad. Por ello, no intenta suprimir Municipios, ni exige mínimo de población para que se constituyan otros nuevos. Pero la misma realidad dice que muchos carecen de recursos, hasta el punto de absorberlos casi todos el sueldo de su secretario, y que, por consecuencia lógica, donde tal ocurre es imposible atender, siquiera medianamente, las necesidades comunales.
Sólo un remedio cabe ante esta dificultad: la agrupación forzosa de municipios, sea para ahorrarles gastos inútiles, dándoles un solo secretario, sea para coordinar y mejorar el servicio de funciones delegadas. Esta medida es hija —lo repetimos— de la misma realidad, y de no adoptarla habría que ir a la supresión radical de personalidades municipales, lo que al Gobierno parece inadmisible y antijurídico.


No se ha agotado aún la materia. A las innovaciones ya apuntadas cabría agregar otras muchas interesantísimas —verbigracia, la creación de una cuarta categoría de españoles, desde el punto de vista administrativo: los cabeza de familia; la del Concejal jurado, órgano judicial de los Ayuntamientos, etc.— Pero si de todas hubiésemos de consignar referencia, esta exposición de motivos se haría interminable. Baste con lo expuesto en cuanto concierne a la vida administrativa propiamente dicha de los Ayuntamientos, y hagamos ahora algunas leves consideraciones acerca de sus haciendas.


En lo que atañe a la hacienda, el Gobierno ha encontrado la reforma estudiada y en buena parte implantada y comprobada por la experiencia. Ninguna otra manifestación de nuestra vida pública acusa, en efecto, en estos últimos años, tan positivos y rápidos avances como esta de la hacienda municipal. Corrido ya el primer lustro del presente siglo, todavía la hacienda municipal española descansaba enteramente en los recargos sobre el impuesto de consumos, del que obtenía inmensa parte de sus recursos. Aparte las consecuencias que en orden a la justicia tributaria se derivan necesariamente de tal régimen, convertido en manos del caciquismo en el arma más poderosa de subversión de la vida política, aquel estado de cosas hacía imposible a los Ayuntamientos abordar los problemas que les planteaba el desenvolvimiento de la vida urbana.
Frente a este estado de hecho, nuestros técnicos se consideraban impotentes, convencidos de que no era posible mejoramiento alguno eficaz sin que precediera la reforma fundamental de la hacienda del Estado. Tan firme y arraigada se hallaba esta creencia, que aun reformas que esencialmente afectaron a la hacienda municipal, como las desgravaciones de 1904 y de 1907, se mantenían, al otorgar las compensaciones a los Ayuntamientos, en los estrictos límites del cuadro a la sazón vigente.


Es un mérito imborrable de la Comisión extraparlamentaria de Consumos, y de la Junta consultiva que le sucedió haber mostrado que esa creencia era fundamentalmente errónea; que existía en la hacienda municipal un inmenso campo independiente de la del Estado, abierto a las posibilidades de la reforma, y que hasta en los puntos de conexión de entrambas haciendas bastaban muy modestos cambios de la del Estado para obtener en las municipales una situación de hecho, ya que no perfecta, al menos prácticamente satisfactoria.
La nueva visión del problema fue pronto patrimonio general de los teóricos y prácticos, y las líneas generales de la reforma hallaron expresión en el proyecto de ley regulando las exacciones municipales de 7 de noviembre de 1910, presentado a las Cortes por el gabinete Canalejas.
La supresión del Impuesto de Consumos, ordenada por la ley del siguiente año, agravó la urgencia de la reforma. Cualquiera que sea el juicio que esa ley merezca en la historia de nuestra evolución tributaria, es innegable que, mediante la cesión a los Ayuntamientos de una parte importante de la tributación real de producto, allanó el saneamiento de la hacienda municipal en un punto delicado, a saber: en su relación con la hacienda general. Y es asimismo evidente que en ella vibró el propósito de obligar a ciertas clases sociales al sostenimiento de las cargas municipales con mayor eficacia que hasta entonces.
Madurada así la reforma, los Gobiernos que se sucedieron desde 1917 prepararon su ejecución. El proyecto de 1910, aunque no discutido en las Cortes, se había convertido en el núcleo de cristalización de las nuevas ideas, y al estudiar la reforma se tomó en cuenta dicho proyecto, haciéndose una revisión fundamental de su texto, cuyos resultados aparecen en el Real Decreto de 31 de diciembre de 1917 y en el proyecto de ley de exacciones municipales presentado a las Cortes en 1918 por el llamado gabinete nacional.
La incorporación de los preceptos de ese proyecto a nuestra vida administrativa representa uno de los más notables casos de recepción espontánea del derecho que registra la historia jurídica. Circunstancias políticas, que están vivas en el recuerdo de todos, hicieron imposible su discusión y aprobación. Pero la necesidad de la reforma impuso, no obstante el enorme poder de los intereses opuestos a ella, la concesión al Gobierno de una serie no interrumpida de autorizaciones, en virtud de las cuales, bien por iniciativa del mismo Gobierno, o bien a petición de los Ayuntamientos, gran parte de las disposiciones del proyecto han ido aplicándose en los Municipios del Reino, incluso en los de alguna provincia foral.
No podía el Gobierno, ante un plan de reforma tan seriamente elaborado y tan eficazmente contrastado en la experiencia, vacilar un solo instante en incorporarlo al Estatuto con aquellos acoplamientos que fueren precisos.
La significación de esa incorporación es clara. De un lado, servirá para convertir en estado legal, firme y definitivo, el puramente precario en que hoy se halla la vida municipal desde el punto de vista económico, aun en aquellos Ayuntamientos en que rige el proyecto de 1918. Y de otro lado, arrancará a la libre decisión de los Ayuntamientos la aplicación de ciertas normas jurídicas que deben ser universalmente reconocidas y acatadas como tales, porque constituyen una especie de derecho de gentes de la hacienda pública. Al establecer estos moldes genéricos, el Gobierno no contradice su designio autonomista, fuertemente acusado en el libro primero. Hace la debida distinción entre lo puramente gubernativo y lo tributario, porque la actividad de los Ayuntamientos, si careciese de cauce y freno preventivos, cuando toca a los intereses particulares de contribuyentes, podría degenerar en peligrosa arbitrariedad, difícilmente subsanable a posteriori con recursos judiciales que a lo sumo corregirán el caso individual, nunca el error de principio o el absurdo técnico.
Por lo demás, la plena instauración del proyecto suprimirá el sello particularista que tienen algunas de sus implantaciones fragmentarias, extendiendo a todas las zonas del vecindario, proporcional y equitativamente, las cargas municipales.


Son interesantes las modificaciones que se introducen en el proyecto de 1918. Desde luego se declara la redimibilidad de las exenciones de gravámenes municipales anteriormente otorgadas, a título oneroso, y, en cambio, se facilita la exacción de los derechos y tasas municipales en forma de participación en los productos brutos o en los rendimientos netos de las empresas que aprovechen para sus negocios el suelo, subsuelo o vuelo del término municipal.
El arbitrio sobre incremento del valor de los terrenos sitos en el término municipal, que no figuraba en el proyecto de 1918, se incorpora al Estatuto municipal, reduciendo sus tipos de gravamen a límites de gran prudencia y suprimiendo las deformaciones y limitaciones del impuesto que los intereses particulares habían introducido posteriormente en él.
La viciosa constitución agraria de muchas provincias del Reino ha colocado en situación difícil infinidad de aldeas de nuestras serranías. Para dar solución satisfactoria al problema se tropezaba con el obstáculo de que la base del valor de los terrenos, que hasta entonces era el único camino seguido por la técnica para traer a tributación la renta diferencial de los incultos o insuficientemente cultivados, ofrece tipos de capitalización que entre sí difieren, según las comarcas, hasta en un 300 por 100. Agudizado el problema por los carboneos extraordinarios de estos últimos años, se establece en el Estatuto una fuente de arbitrios municipales, regulando con especial prudencia la manera de declarar inculto o mal cultivado un terreno y de aprovechar fiscalmente esta deficiencia.
En el arbitrio de inquilinato se introduce una modificación inexcusable, encaminada a facilitar su pago a las fondas y casas de huéspedes que actualmente soportan por este concepto carga superior a sus medios. La revisión ha tenido por norma individualizar el gravamen, hasta el punto de transformarlo de hecho en una tasa de residencia.
El repartimiento general de utilidades, como medio de salvar el déficit de los presupuestos municipales, hállase regulado en el Decreto-Ley de 11 de septiembre de 1918 en forma que se estima insuperable. El Estatuto trasplanta aquella regulación casi íntegramente, y al propio tiempo, basándose en dictados de la experiencia, autoriza una peculiar y restringida modalidad, que en los grupos rurales modestos permitirá arribar al mismo fin con menor esfuerzo técnico.
Falta en nuestro sistema general tributario el elemento que individualice los gravámenes de un modo suficiente, y mientras esta laguna exista, necesariamente carecerá la hacienda municipal del instrumento que debería facilitar, en términos de mayor perfección, funciones hoy encomendadas al arbitrio de inquilinato, que éste sólo de modo muy imperfecto puede abordar. Por aquella misma laguna, el avance de la hacienda municipal está detenido en la más importante de nuestras contribuciones reales, lo cual obliga al repartimiento general a soportar una carga superior a la que en justicia sería deseable. Es misión de la reforma en el porvenir poner remedio a estos defectos; pero aun con ellos, el régimen de exacciones municipales, tal como se regula en el Estatuto, puede sostener, en términos generales, la comparación con cualquiera otro de Europa.


El Gobierno ha puesto especial interés en regular dos problemas apenas abordados en la ley vigente ni en ninguno de los proyectos de su reforma: el del crédito municipal y el de los presupuestos extraordinarios. El Estatuto autoriza a los Ayuntamientos a emitir letras de cambio y pagarés a la orden, y establece las normas básicas a que en todo caso deberá ajustarse la emisión de empréstitos, cuyos fines únicos señala, para impedir que, como hasta aquí, tengan por misión saldar el déficit de una gestión desordenada.
Al propio tiempo, el Estado amplía el margen de recursos tributarios de los Ayuntamientos, concediéndoles, como ingresos especiales que puedan servir de sostén a presupuestos extraordinarios, recargos sobre ciertos arbitrios municipales. Al otorgar esta concesión, el Gobierno procede con generosidad; pero en todo instante adopta precauciones inspiradas en la necesidad de garantizar los intereses del contribuyente, a quien se reconoce un amplio derecho de fiscalización en todos los órdenes de la imposición y recaudación municipales.


En primer término establece una franca línea divisoria entre presupuestos ordinarios y extraordinarios, prohibiendo severamente el déficit inicial en aquéllos. Traslada al Ministerio de Hacienda la competencia para entender en todo cuanto concierne a presupuestos y a exacciones municipales, poniendo así fin a la perturbadora dualidad de jurisdicciones que en esta materia existe desde 1911. Los acuerdos sobre establecimientos de imposiciones municipales serán impugnables en la vía económico-administrativa, ante la Delegación, primero, y ante el Ministerio del ramo, después; dándose esta segunda instancia gubernativa por la transcendencia técnica y financiera que tienen aquellas resoluciones. Las Ordenanzas reguladoras de arbitrios municipales habrán de someterse tan sólo a las Delegaciones de Hacienda; pero se reserva expresamente al Ministerio la posibilidad de suspender ese trámite, bien para determinados grupos de municipios, bien para determinada clase de ordenanzas. Y los acuerdos sobre efectividad y cobro de exacciones municipales sólo tendrá una instancia administrativa ante el Tribunal provincial de Arbitrios, cuya estructura se cambia, suprimiéndose también las dietas que venía devengando a costa de los Ayuntamientos.
Desaparece el trámite ineficaz de aprobación gubernativa de las cuentas municipales, que en lo sucesivo corresponderá, con carácter provisional, a la misma Corporación municipal anualmente, y con carácter definitivo, cada tres años, a la Corporación que se forme después de la correspondiente renovación.
Por último, el Estado regula el tratamiento aplicable a los Ayuntamientos que sean incorregibles en el desarreglo de su hacienda, llegando a las sanciones más extremas por caminos de cautela y prudencia.
No estará de más indicar que en este Libro, como en el primero, el Gobierno rinde respetuoso acatamiento a la personalidad de las entidades locales menores y les confiere el derecho de intervenir, por medio de sus legítimos representantes, en los dos actos más importantes de la vida municipal: la redacción de presupuestos y la aprobación de cuentas.
Tal es, Señor, a grandes rasgos, el Estatuto municipal que el Gobierno de mi presidencia tiene el honor de someter a Vuestra Real aprobación.
Estudiada con cariño y meditada con serenidad, pone el Gobierno en esta obra todos sus fervores y las más grandes esperanzas, y con ella inicia la de reconstrucción política, que ha de seguir al período de desmoronamiento. Incumbe ahora a los ciudadanos realizar la segunda parte, acogiendo efusivamente la reforma, que fructificará si ellos saben ampararla contra la picardía, aplicarla sin desmayo y defenderla de los ultrajes que directa o encubiertamente traten de inferirla los intereses creados.
Por las razones expuestas, el Presidente que suscribe, de acuerdo con el Directorio Militar, tiene el honor de someter a la aprobación de Vuestra Majestad el siguiente proyecto de Decreto.


Gaceta de Madrid, 9 marzo 1924

En busca de una base popular para su política, Primo de Rivera anuncia la creación de la Unión Patriótica

En busca de una base popular para su política, Primo de Rivera anuncia la creación de la Unión Patriótica


...El Rey, comenzó diciendo el jefe del Gobierno, con cuya representación me ha honrado, había dispuesto su viaje a Barcelona, pero el gobierno del Directorio hubo de aconsejarle que aplazara su viaje, ya que el próximo mes de mayo ha de venir y no ya de paso, como otras veces, sino para inaugurar sus residencias en esta capital y compenetrarse en la vida de los barceloneses como periódicamente lo hace en otras capitales de España.
Añadió el general Primo de Rivera que el Gobierno se había asocia, do con satisfacción a aquella gran obra de producción y de paz.
Recogiendo algunas frases del señor Bertrand y Serra, dijo que deseaba explicar a los barceloneses en qué consistía la transformación sufrida, a la que se debía la paz y tranquilidad de que hoy se disfruta.
La transformación, añadió, ha sido debida exclusivamente a la ausencia de la política.
En forma detallada explicó el funcionamiento de las pasadas actuaciones que tanto perjuicio causaron a la patria y que motivaron el conducir a un determinado sector de la masa obrera a la política de la «Star» en vez de procurarse los directores de confeccionar el necesario Código del Trabajo.
Pasando a otro asunto, dijo el marqués de Estella, que como había de estar poco tiempo en esta capital, había solicitado la presencia del elemento militar, en aquel acto, para estar un rato reunidos.
Dijo a continuación que no sin esfuerzo se habían constituido en Barcelona los organismos que han de representarla.
Yo espero, añadió, que todos los hombres que se han prestado a formar parte de tales organismos, cumplirán debidamente; siendo de lamentar que la invitación que noblemente se ha dirigido para aquel objeto a determinadas personas, no haya dado el resultado que era de esperar. De todos modos, dijo, aunque no hayamos logrado aquel matiz, tengo la plena seguridad de que al Ayuntamiento y la Mancomunidad no dejarán por ello de cumplir debidamente su cometido.
El marqués de Estella anunció que no pasarían muchas horas en divulgarse por toda España una circular que el Directorio había juzgado necesario dictar.
En ella, dijo, van marcadas las orientaciones para la constitución de un gran partido, en el que tendrán cabida las personas que no han actuado en la política; las que desengañados la abandonaron y las que fueron políticos de buena fe.
Los hombres antes de ingresar en el nuevo partido, habrán de hacer examen de conciencia y tendrán que reflexionar sobre su asistencia para el porvenir.
El Directorio le llama «nuestro partido» por que ha de ser el llamado a completar la obra por nosotros iniciada.
Nosotros preparamos un camino fácil para que los ciudadanos puedan cooperar en esa obra de sacrificio preparada por el Directorio. Cierto que la labor de modificar y consolidar el censo electoral, para que deje de ser una ficción como lo era, es algo larga y pesada; pero entretanto nos dedicaremos a otro sin fin de cosas de importancia que hay que arreglar en España, pues entre otras cosas queda muchísimo que hacer en el terreno de la cultura.
Ensalzó el acto llevado a cabo en Sevilla, donde el edificio central de la Exposición ha sido cedido para establecer el Colegio Mayor Hispano-Americano. Abogó porque el hermoso rasgo tenga imitadores, ya que España no llegará a su más alto grado de perfección hasta que vayan al unísono los pensamientos de cultura.
Hizo grandes elogios de la Exposición que se clausuraba y rectificando el concepto vertido por el señor Bertrand y Serra relativo a la exportación, recordó que en la pasada guerra europea fueron muchos los aviones que llevaban el motor de la Hispano-Suiza, de nuestra industria nacional.
Terminó el general Primo de Rivera manifestando que las exposiciones barcelonesas tenían tres fases características: la ciudad, la Exposición en sí y la belleza de las mujeres, ya que los barceloneses sabían colocar un hermoso marco a sus obras con la belleza y distinción de las señoras.
El general Primo de Rivera fue aplaudidísimo al terminar.
El jefe del Gobierno con sus acompañantes, salió de la Exposición a las siete.

La Vanguardia, Barcelona, 29 de abril de 1924

Primo de Rivera encarcela a Ossorio y Gallardo y protesta de la acusación nepotista en relación con su hijo José Antonio

Primo de Rivera encarcela a Ossorio y Gallardo y protesta de la acusación nepotista en relación con su hijo José Antonio


En la Presidencia dieron ayer tarde, a última hora, la siguiente nota:
«Otra nueva carta propagadora de especies falsas alarmantes y atentatorias a la disciplina de las tropas ha caído en manos de la Policía. En ella se dice que en Castellón hubo un plante de fuerzas al embarcar para África (la especie no puede ser más grave). Las autoridades civiles y militares de Castellón, requeridas a informar sobre el particular, califican la especie de absolutamente falsa. Los Tribunales lo aclararán.
»La misma carta contiene el siguiente párrafo:
La inmoralidad y la barbarie cunden por todas partes de modo vergonzoso. Ya habrá usted visto la adjudicación, sin subasta ni concurso del servicio telefónico a la Compañía donde se asegura que ha entrado ¡de abogado! el joven hijo del dictador con veinte o veinticinco mil pesetas de sueldo. Y así por todas partes.»
»Aparte de los signos admirativos aplicados a la palabra abogado, tratándose de un joven que es licenciado y doctor en Derecho, cursando su carrera con sobresalientes y matrículas de honor en enseñanza oficial y con catedráticos tan sabios y respetables como los señores Posada, Clemente de Diego, Gascón y Marín y otros que jamás han recibido una recomendación en favor de este discípulo; aparte de esto, lo demás es mentira, o sea lo contrario absolutamente de toda la verdad.
»En efecto, el hijo del general Primo de Rivera, que habla el inglés y el francés como el español, y que ya llevaba dos años empleado en una Casa de maquinaria de origen norteamericano, obtuvo colocación por intervención de un amigo suyo, el señor Maroto, en la Compañía de Teléfonos que ahora ha obtenido la concesión del Estado. Pero en cuanto el presidente del Directorio supo que esta compañía era concursante, llamó a su director, le obligó a prescindir de los servicios de su hijo, consiguió de éste, sin esfuerzo, que renunciara a su puesto, y que para justificarlo pidiera anticipo de reingreso en el Regimiento en que hace sus servicios como suboficial de complemento.
»Todo se realizó así; pero, además, el presidente del Directorio no quiso indicar ni un solo nombre de los de la ponencia técnica ni de la financiera que había de examinar los proyectos, ni, designados por quien corresponde, ha cruzado con ellos, ni el saludo, ni quiso saber qué ponentes del Directorio estudiaban el asunto, ni tampoco conocer la ponencia hasta no ser leída en el Consejo, y cuando lo fue, sobre estimular a todos a que extremaran el estudio del contrato —lo que dio lugar a importantes y severas modificaciones—, el presidente por sí mismo examinó la cláusula ya aprobada que concedía franquicia de timbre a la Contabilidad de la Compañía; se opuso a tal concesión, y logró que se anulara, lo que significará para la Compañía de Teléfonos un favor de muchos miles de pesetas anuales en contra. Esta es la única verdad, hasta el punto que los generales del Directorio más bien consideraron al presidente influido por un prejuicio contra la Compañía.
»Después de contrapuesto lo anterior, que ni en el más mínimo detalle nadie desvirtuará, a la versión del difamador será lícito consignar que cierto sector político de negra historia en los anales patrios se ha dedicado a convertir a su respetable jefe en una especie de vertedero donde vaciar, por medio de la calumnia, toda la bilis que les produce el fracaso de su actuación y el despego de la opinión pública, que conoce bien a estos fariseos de levita alardeadores de moral, pero que todos han sabido proporcionarse en pocos años y a favor de la política posiciones envidiables.
»Por lo demás, de cómo ha practicado el servicio militar este joven hijo del presidente del Directorio, testificarán sus jefes, que ni un solo día ni un solo minuto ha faltado a su obligación en los trece meses que lleva de servicio, sin que ni un solo superior suyo haya recibido una sola recomendación ni petición de permiso a su favor.
»Ha ingresado en la cárcel, a disposición del juez militar, el abogado don Ángel Ossorio y Gallardo por difundir especies y rumores atentatorios a la disciplina militar. »

A B C, 8 de septiembre de 1924

Pleito entre el Colegio de Abogados de Barcelona y el Gobierno

Pleito entre el Colegio de Abogados de Barcelona y el Gobierno


«A LA SALA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE BARCELONA


»E1 infrascrito, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, obrando en nombre y representación de dicho Colegio en virtud de lo establecido en el artículo 43 de sus Estatutos aprobados por Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 7 de noviembre de 1921, comparezco y en la forma que mejor en derecho proceda, digo:
»Que en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de la Corporación, cuya representación ostento, tomado en reunión del día 14 del actual, debo promover y promuevo expediente de recurso de queja, apoyado en las disposiciones del artículo 119 y demás concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, Orgánica del Poder judicial y Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados, para que sea mantenida y sostenida la jurisdicción peculiar que rige en lo referente al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, como organismo que forma parte integrante del Cuerpo de Administración de Justicia.
»El hecho que da motivo a este recurso es el que paso a relatar en los siguientes:

ANTECEDENTES


(Sigue una relación extensa e imparcial de los hechos. Después continúa):
«Celebróse en 10 del pasado mayo la Junta General referida, y en ella, por gran mayoría, se aprobó la proposición antes copiada.
»En distintos días del corriente mes de junio ha sido comunicada a los colegiados que firmaron aquella proposición, a los que en la Junta la votaron y a los individuos de la Junta de Gobierno que constituyeron la Mesa, sendos oficios imponiéndoles una multa gubernativa de quinientas pesetas a cada uno, al amparo, según la comunicación, del artículo 22 de la ley provincial, porque, respectivamente, la firmaron, la votaron y permitieron su discusión y votación. El oficio dirigido a los colegiados que votaron la proposición, dice así: «Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona.—Secretaría General.—Número...—Vista la copia certificada (esta palabra certificada aparece borrada con lápiz encarnado) del acta de la sesión celebrada por la Junta General del Ilustre Colegio de Abogados de esta capital, en 10 de mayo último y teniendo en cuenta que en ella se aprobó con el voto de V. una proposición que de modo claro y concreto implica resistencia y rebeldía a las órdenes de mi autoridad y constituye por su espíritu y letra un hecho merecedor de correctivo, he acordado, haciendo uso de las facultades que me están conferidas, imponer a usted la multa de quinientas pesetas, que con arreglo al artículo 22 de la ley provincial hará efectivas en el término de diez días, contados desde el siguiente de la notificación de la presente, pudiendo durante dicho plazo y previa consignación del importe de la multa recurrir en alzada para ante el Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación y sirviéndose firmar el duplicado de la presente.—Dios guarde a V. muchos años.—Barcelona, 6 de junio de 1924.—El gobernador civil, Carlos de Lossada.»
»Los oficios dirigidos a los que firmaron la proposición y no la votaron y a los individuos de la Junta de Gobierno que admitió la proposición para discutirla y votarla, con fundamento diverso, imponen igual sanción, invocando la misma disposición legal.
»Esta sanción representa una intromisión de la Autoridad administrativa en la vida interior de una Corporación profesional que por la ley y las disposiciones legales que regulan su funcionamiento no está sujeta a la Autoridad del gobernador civil y a la que corresponde otro fuero y otros procedimientos, perfectamente establecidos en las aludidas disposiciones legales que la rigen.
»Por estas razones, entendiendo que las citadas órdenes del gobernador civil han sido tomadas con invasión de atribuciones, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados que represento, ha tomado el expresado acuerdo de promover el expediente de recurso de queja, que es objeto de este escrito.


RAZÓN PROCESAL


»El artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que podrán promoverse los recursos de queja a instancia de parte agraviada.
»No es preciso razonar cómo y en qué forma es parte agraviada el Colegio por la intromisión del Gobierno civil en sus peculiares funciones. Se rige la expresada Corporación por las leyes y disposiciones legales que le han dado origen y regulan su funcionamiento, de la que forman parte sus Estatutos, que aprobados por Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia, son parte integrante de la misma Real Orden. Y por virtud de esta soberana disposición tienen reconocida su independencia de acción y la libertad de determinación de sus actos, que son desconocidas y cortadas con la intromisión de autoridad de orden distinto en su funcionamiento. Por esto, todo lo que contradice lo que es ley de su constitución causa agravio a la Corporación y, por lo tanto, da a la misma el carácter que precisa dicho artículo 119 de la ley de Enjuiciamiento civil para promover el expediente del recurso de queja.
»Mas, no sólo como Corporación debe el Colegio y tiene derecho de promover tal expediente, sino que tiene derecho y debe promoverlo y lo mueve, en nombre y representación de todos los colegiados afectados por las multas impuestas por el gobernador civil. En el artículo tercero de los Estatutos del Colegio de Abogados de Barcelona a que tantas veces me he referido, al establecer la misión y objeto de la Corporación se comprende la de defender los intereses, derechos e inmunidades de los abogados, procurando que éstos gocen ante los tribunales, autoridades y oficinas públicas de toda clase, de la libertad e independencia necesarias para el buen ejercicio de la profesión; mantener el decoro profesional y armonía entre todos los colegiados, adoptando, según lo que establezcan las leyes vigentes y disponen los presentes Estatutos, las medidas conducentes a que no sufra detrimento alguno el buen nombre de la clase y distribuir equitativamente entre los colegiados, con arreglo a lo establecido en las leyes y reglamentos, las cargas a que dé lugar el ejercicio de la profesión.
«Apenas puede comprenderse que exista punto que tanto afecte a los intereses, derechos e inmunidades de los abogados, a su libertad e independencia, al buen nombre de la clase, como todo lo que represente coacción al uso de los derechos que los Estatutos, que son de Real Orden, les reconocen dentro de la intimidad de su Corporación, de hacer proposiciones, de discutir, de votar, según su leal entender y su conciencia, lo que crean necesario y conveniente al régimen del Colegio, y todo lo que sea sanción por el modo y forma cómo hayan utilizado el derecho que tienen legalmente reconocido.
»Por esto, en nombre y representación de todos y cada uno de los colegiados afectos a las multas impuestas por el gobernador, como agraviados que son todos ellos, y en méritos de la representación que por deber corresponde al Ilustre Colegio, y en su nombre a la Junta de Gobierno del mismo, debo promover este expediente de recurso de queja.


FUNDAMENTOS DEL EXPEDIENTE


»El artículo 859 de la Ley Orgánica del Poder judicial dice: «En los pueblos en que haya Audiencia habrá un Colegio de Abogados y otro de Procuradores, cuyo principal objeto será la equitativa distribución de los cargos entre los que actúen en los tribunales existentes en la localidad, el buen orden de las respectivas corporaciones y el decoro, la fraternidad y disciplina de los colegiados.
»El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona existe, pues, en virtud de la disposición taxativa de dicho artículo de la mencionada ley.
»Los Colegios de Abogados tienen señaladas en las leyes funciones que son parte integrante de las que corresponden a la administración de justicia. En este sentido la ley de Enjuiciamiento Civil, como la de Enjuiciamiento Criminal, les asignan determinados deberes en los procedimientos con que se desarrollan los juicios. Tales son, por ejemplo, el repartimiento de la defensa de oficio, la regulación de honorarios, etc.
»En su consecuencia son los colegios de abogados un organismo del poder judicial que forma parte del total engranaje de la administración de justicia, y en este concepto la disciplina, la jerarquía y la jurisdicción establecidas en las disposiciones legales que regulan su funcionamiento, deben ser respetadas por las autoridades de todo otro orden y defendidas a la par de las atribuciones del poder judicial.
»Esta disciplina, jerarquía y jurisdicción están establecidas en las leyes y en los Estatutos por los que el Colegio de Abogados de Barcelona se rige. Tales Estatutos son los aprobados por el Ministerio de Gracia y Justicia en siete de noviembre de mil novecientos veintiuno, según queda dicho, y esta circunstancia dice claramente que la Corporación queda fuera de la jurisdicción y atribuciones del Gobierno civil, por entrar dentro de las especiales que dimanan de las leyes del orden judicial y de los propios Estatutos aprobados por la autoridad superior de dicho orden judicial.
»Los Estatutos del Colegio de Abogados de Barcelona establecen concretamente todo lo relativo a la jurisdicción disciplinaria a que están afectos los colegiados.
«Fuera de los casos de actos cometidos ante un Juzgado o Tribunal, que corrige disciplinariamente, cuando ha lugar a ello, el mismo Juzgado o Tribunal, a tenor del artículo 756 de la ley orgánica y concordantes de las de Enjuiciamiento Civil y Criminal; los actos de los abogados en el orden profesional o dentro de la Corporación, pueden ser corregidos disciplinariamente por los colegios —artículos 69 y siguientes de los propios Estatutos—; siendo, por lo tanto, la del propio Código la autoridad que corrige y castiga las extralimitaciones que pudieren cometerse.
»Es de notar que en el artículo 57 de los Estatutos, se trata precisamente de los acuerdos de las Juntas Generales y, por lo tanto, implícitamente, pues son o pueden ser generadores de los mismos, de las proposiciones que a la misma se presenten. Dice así el primer apartado del mismo: «Los acuerdos tomados por mayoría de votos en la Junta General tendrán carácter obligatorio para todos los colegiados. La Junta de Gobierno adoptará las medidas que estime conducentes al exacto cumplimiento de lo acordado e impondrá las correcciones que estos Estatutos señalan para quienes no les prestaren el debido acatamiento, sin perjuicio del derecho de los que se consideren agraviados para reclamar contra dichos acuerdos ante la jurisdicción ordinaria, por los trámites de los incidentes.»
»Y resulta claramente de ello, que si atacables fueren tales acuerdos, la jurisdicción competente para entender de ellos es la jurisdicción judicial ordinaria, por los trámites de los incidentes.
»Es consecuencia de todo lo dicho que el Gobierno civil de Barcelona, al imponer a los abogados colegiados las multas a que antes me he referido, ha invadido la esfera del poder judicial y que, por lo tanto, procede este expediente de recurso de queja que promuevo a tenor del citado artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que por la disposición del 120 corresponde a la Sala de Gobierno de la Audiencia, a la que me dirijo, la resolución de elevar al Gobierno el correspondiente recurso de queja, después de oído el Ministerio Fiscal, según lo que establecen los artículos 122 y 123 de la propia ley.

DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS


«Acompaño en primer lugar uno de los oficios del Gobierno civil imponiendo una de las multas de quinientas pesetas que son causa del recurso, advirtiendo que si el oficio acompañado es el dirigido al suscrito, no lo es por razón personal, puesto que este recurso se refiere y extiende a todos los colegiados con dicha multa, sino porque teniendo en el día de hoy el infrascrito el carácter de decano del Colegio, el oficio dirigido al mismo viene a concretar y representar los oficios dirigidos a todos los demás colegiados.
«Acompaño además: 1.° Un ejemplar de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona; 2.° Certificación de estar el infrascrito en el ejercicio del cargo de decano del mismo; 3.° Certificación, en la parte necesaria, del acta de la Junta General de 10 de mayo próximo pasado en que se contiene la proposición castigada y subsiguiente acuerdo; y 4.° Certificación del acta de la Junta de Gobierno de catorce del corriente en lo referente al acuerdo de promover este expediente.
»En virtud de todo ello,
«Suplico a la Sala se sirva haberme por comparecido y con el carácter y representación que ostento de decano del Colegio de Abogados de esta ciudad, por presentado este escrito con los documentos que al mismo acompaña y después de oído que sea el Ministerio Fiscal y con arreglo a los artículos 116 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil y demás concordantes de la Orgánica del poder judicial, y practicadas las diligencias que entendiera que fuere necesarias, resolver que procede elevar y elevar en su consecuencia al Gobierno el correspondiente recurso de queja reclamado por la invasión de jurisdicción y atribuciones que representa la imposición de multas hecha por la Autoridad administrativa del Gobierno civil en el asunto de que se trata.
»Es justicia que pido.
«Barcelona, dieciséis de junio de mil novecientos veinticuatro.—R. de Abadal.»

PERUCHO, Arturo: Catalunya sota la Dictadura (dades per a la Historia), Barcelona, 1930, págs. 158-166

Ante la gravedad del problema africano Primo de Rivera es nombrado Alto Comisario en Marruecos sin dejar la jefatura del Gobierno

Ante la gravedad del problema africano Primo de Rivera es nombrado Alto Comisario en Marruecos sin dejar la jefatura del Gobierno


Ayer mañana manifestó el marqués de Magaz, al salir de Palacio, que S. M. el Rey había firmado dos decretos: uno, aceptando la dimisión que ha presentado, por motivos de salud, de comisario superior y general en jefe del Ejército de África el general Aizpuru, y otro nombrando para dichos cargos al general Primo de Rivera, sin cesar en el desempeño de las funciones de jefe de Gobierno.
He aquí el texto del Real decreto por el que se nombra comisario superior al presidente del Directorio:
EXPOSICIÓN.—Señor: la gravedad que, en un momento dado, llegó a tener la situación en Marruecos impulsó al jefe del Gobierno a trasladarse a Tetuán, acompañado de tres generales del Directorio, para ejercer desde allí una inspección más eficaz y una vigilancia directa en las operaciones de guerra y en los servicios todos. Aunque el estado de aquella zona de Protectorado ha mejorado mucho, y aunque, en realidad, desde la llegada del presidente del Directorio la campaña se desarrolló según sus instrucciones y bajo su dirección, es aún absolutamente indispensable su permanencia en Marruecos y que su acción pueda ejercerse con toda la facilidad y las atribuciones del mando directo de las fuerzas que allí operan.
»Vacante, por otra parte, el cargo de alto comisario y general en jefe, por haber sido aceptada la dimisión que, por motivos de salud, presentó el general que venía desempeñándolos, procede confiar estos cargos al presidente del Directorio hasta completar la obra emprendida, y sin cesar, no obstante, en la Jefatura del Gobierno, aun cuando para ello sea preciso contrariar los deseos del señor presidente, opuesto a tal acumulación de cargos. En su consecuencia, el presidente interino del Directorio militar, de acuerdo con éste, somete a la aprobación de V. M. el siguiente decreto.—Madrid, etc.—Antonio Magaz y Pers.
»Decreto.—-De acuerdo con el Directorio militar, vengo en nombrar alto comisario del Protectorado de España en Marruecos y general en jefe del Ejército de operaciones en África al teniente general don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella, jefe del Gobierno y presidente del Directorio militar, continuando en el desempeño de estos dos últimos cargos.
»Dado en Palacio a 16 de octubre de 1924.—ALFONSO.—El presidente interino del Directorio militar, Antonio Magaz y Pers.»

A B C, 17 de octubre de 1924

Intento anarquista contra un cuartel de Barcelona

Intento anarquista contra un cuartel de Barcelona


Nota de la Capitanía general
Barcelona, 7, 6 tarde. En la Capitanía general han facilitado la siguiente nota:
«Sobre las ocho y media del día de ayer comunicó la sección de Atarazanas a la Jefatura de Policía que dos funcionarios de Vigilancia que se hallaban de servicio a la puerta de Santa Madrona habían notado la presencia de varios grupos, compuestos de tres o cuatro individuos cada uno, que se dirigían hacia el cuartel de Atarazanas y delegación del distrito, y como les infundieran sospechas, en la esquina de la calle del Medio día les alcanzaron, dándoles el alto y deteniendo a dos de ellos, a uno de los cuales se le ocupó una bomba de mano en forma de piña. Inmediatamente requirieron el auxilio de tres guardias de Seguridad que por allí se hallaban, lanzándose ellos a la persecución de los que se habían dado a la fuga, sin que pudieran hacer fuego sobre éstos por el gran número de mujeres y niños que por allí transitaban. No obstante, gracias al celo, diligencia, serenidad y valor de los funcionarios encargados de este servicio, lograron detener a otros.
»Son los siguientes: Enrique Mentanteu Madriani, de veintiséis años, natural de Estella, de oficio mosaista, domiciliado en la calle de Flessa-ders; trabaja actualmente en la fábrica de mosaicos de D. Antonio Barceló. Pascual Solá Miguel, de veinticuatro años, soltero, natural de Barcelona, fundidor; habita con su madre y una hermana; trabaja en un taller de orfebrería y es en la actualidad soldado del regimiento de Cazadores de Tetuán, 17 de Caballería, aunque con licencia ilimitada. Antonio Serrano Regales, de veintiún años, natural de Alcolea (Huesca), soltero; vive en compañía de unos tíos en la calle de la Cera; trabaja en el Metropolitano y es recluta del actual reemplazo. En el registro que se practicó en su domicilio se le ocuparon dos cartuchos de dinamita y petardos y una bomba de mano, forma piña. Joaquín Martínez Morales, de veinticinco años, natural de Nija (Almería), minero. En su domicilio de la calle del Camino de Trías se le ocuparon dos bombas de mano idénticas a la anterior. Narciso Masnutja Babia, de treinta años, soltero, natural de Barcelona; trabaja de cerrajero en la calle de San Luis, y se le ocupó una bomba de mano y dos paquetes con mecha.
»Posteriormente se presentó en la Delegación de Atarazanas un guardia de Seguridad, portador de otra bomba idéntica a las señaladas, la cual halló en el bar Oriental, de la calle de San Pablo, colocada en el interior del retrete.
»Una media hora después de haber ocurrido estos hechos cuatro funcionarios del Cuerpo de Vigilancia que se hallaban prestando servicio de vigilancia e investigación en la Ronda de San Antonio vieron a dos individuos que les infundieron sospechas y a los cuales dieron el alto, contestando aquéllos con fuego sobre los agentes y dándose a la fuga, perseguidos por los agentes que repelieron la agresión en igual forma, cruzándose un centenar de disparos. En su huida tropezaron los fugitivos con una pareja del Cuerpo de Seguridad, compuesta de un cabo y un guardia, que les cortaba la retirada. Sobre los guardias dispararon los malhechores, hiriendo gravísimamente al guardia Bruno López y levemente en una pierna al cabo. El guardia herido falleció en el hospital Militar a las siete del día de ayer.
»Los que venían persiguiendo a los fugitivos continuaron la persecución, y éstos, viéndose perdidos, se refugiaron en las cocheras de los tranvías, donde se separaron, encaminándose a la parte posterior de las mismas el uno, y el otro, a la puerta principal.
»La pareja de la Guardia civil que allí presta sus servicios les dio el alto, consiguiendo detenerlos. Momentos antes de ser detenidos arrojaron al suelo las armas con las que habían disparado y una cantidad considerable de municiones.
»Pasaron a disposición del capitán general, y se instruye contra ellos juicio sumarísimo por estar comprendido su delito en el bando de septiembre del año pasado.
»Con posterioridad a estos hechos, y en íntima relación con ellos han seguido practicándose investigaciones y la detención de algunos sujetos a los que se vio formar grupos por aquellos lugares. Los detenidos son cinco.»

A B C, 8 de noviembre de 1924

Alfonso XIII desenmascarado. Una nación amordazada. La dictadura militar de España

Alfonso XIII desenmascarado. Una nación amordazada.
La dictadura militar de España

Texto original de la brillante proclama de Vicente Blasco Ibáñez

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LECTOR: Si vives en España procura que este escrito circule mucho. Dalo a leer a tus compatriotas. Si vives en el extranjero, esfuérzate por hacerlo entrar en España y con ello prestarás un enorme servicio a la liberación de un país esclavizado actualmente.
V.B.I.
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Para la introducción en España del presente folleto, y de otros que iré publicando oportunamente, he adquirido dos aeroplanos que llevan los nombres de "Libertad" y "República Española". 
Todos los españoles amantes de la regeneración de su patria deben atender y ayudar a los hombres de buena voluntad que tripulan dichos aeroplanos cuando aterricen en España.
Agradezco de antemano cuanto se haga en favor de estos valientes colaboradores que exponen su vida por noble causa.
V.B.I.
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I

AL LECTOR

Vivo hace años alejado de la política, pero la situación actual de España me obliga a salir de mi retiro, empujándome otra vez a unas luchas que creí abandonadas para siempre.

Confieso que he vacilado mucho antes de adoptar tal resolución. Mis gustos de novelista se complacen mejor en una existencia aislada y laboriosa. Mas por deber es preciso que combata como en otros tiempos, y sabido es que el deber resulta las más de las veces de un cumplimiento áspero y cruel.
Nada voy a ganar con la actitud de ataque que adopto ahora; y, en cambio, tal vez pierda mucho. Había yo llegado a la mejor situación que puede conquistar un escritor. Los más de los españoles eran amigos míos, agradeciendo, por solidaridad nacional, el prestigio más o menos grande que he podido obtener en el extranjero. Ahora tendré que renunciar a la amistad de algunas personas que, por interés o por convicción, transigen con el estado presente de España. Siento mucho apartarme de ellas, pero cuando se trata de cumplir un deber, el hombre honrado no debe vacilar entre los afectos individuales y las imposiciones de su conciencia.

España es hoy una nación que vive secuestrada. No puede hablar porque su boca está oprimida por la mordaza de la censura. Le es imposible escribir porque tiene las manos atadas. El instinto de conservación impide que las gentes salgan a la calle para protestar contra tal esclavitud. Un ejército poseedor de todos los medios destructivos oprime al país y le es fácil borrar con fusiles y ametralladoras las quejas de la muchedumbre desarmada.

La palabra "ejército" resulta impropia en este caso. Después de la última guerra europea, que fue una guerra de pueblo, "ejército" significa nación armada, conjunto de todos los ciudadanos que sin distinción de creencias ni categorías sociales empuñan las armas en defensa de su patria. En España, el ejército es una clase aparte, una especie de casta social como en la Prusia del siglo XVIII durante el reinado de los primeros Hohenzollern. Existe el servicio militar obligatorio para ser soldado, pero no para ser oficial. Sólo son oficiales los militares de profesión, que se consideran de esencia distinta a la de sus compatriotas. De aquí que el país no sienta gran simpatía por su llamado ejército, que en realidad no tiene nada de nacional. Es a modo de una organización pretoriana para la defensa de la monarquía.

Los hechos se han encargado recientemente de probar tal afirmación. Este ejército que consume la mayor parte de los recursos de España y al que se prodigan oficialmente alabanzas de heroísmo mayores que las que merecieron los ejércitos más famosos de la Historia, resulta derrotado indefectiblemente en toda operación emprendida fuera del país. No se debe esto a la falta de valor de sus individuos. La culpabilidad verdadera de su eterno fracaso hay que atribuirla a la organización especial de este llamado ejército, que no es de España, sino del rey.

Repito que el título de ejército no es exacto. Mejor le conviene el de gendarmería. Sus únicas victorias las puede conseguir en las calles de las ciudades donde amenaza con sus ametralladoras y cañones a muchedumbres que sólo llevan, cuando más, una mala pistola en sus bolsillos.

España hace un año que no puede hablar. Vive dentro de Europa como una mujer secuestrada en el interior de un cuarto forrado de colchones que impiden oír sus gritos. El español no puede escribir porque los periódicos de su país, antes de imprimirse, pasan por la previa censura del Directorio militar. Leer un diario español es leer simplemente la literatura de Primo de Rivera, autor extravagante que sólo inspira un interés festivo.
Hasta en las épocas de mayor reacción fue respetado el libro en España. Jamás existió en los tiempos modernos la censura para el volumen impreso. Un escritor podía emitir sus ideas con toda libertad. El Directorio de generales ha apelado a un recurso hipócrita para esclavizar igualmente la emisión del pensamiento por medio del libro. Pretextando la necesidad de impedir la difusión de cierta literatura inmoral que existe en España -como existe en otros países- ha ordenado, bajo las más severas penas, a los dueños de las imprentas que no entreguen a un autor la edición de su obra sin que antes presente éste una autorización sellada y firmada por los militares del Directorio o sus acólitos.

Para combatir la literatura inmoral bastaba con castigar a uno o dos editores sin escrúpulos, imponiéndoles una multa y una corta prisión. Esto lo saben todos en España. Pero lo que menos le importa al militarismo triunfante es la persecución del libro inmoral. Lo que desea es someter a esclavitud a los escritores españoles. No han dicho nada los actuales dominadores de España sobre plazos para autorizar la salida de las obras, ni sobre garantías a los autores. El que escribe un tratado de matemáticas, de filosofía o, simplemente, un libro de cocina, tiene que someterlo al capitán o coronel encargado de la censura. Éste, pretextando sus muchas ocupaciones, puede tardar meses y meses en conceder su autorización, con lo cual el pensamiento queda sometido al capricho del censor. El libro que no convenga a los intereses del Directorio permanecerá indefinidamente sin publicarse.

En todo el siglo XIX, ningún pueblo de Europa occidental, se vivió en una situación semejante a la de España en los presentes momentos. Únicamente la Rusia de los Romanoff, en el período más absolutista de su historia, pudo ofrecer este espectáculo de generales crueles e iletrados, o de generales parlanchines y grotescos, esclavizando espiritualmente a un país y ejerciendo la censura sobre su pensamiento.

Confieso que al volver, hace pocos meses, de un viaje alrededor del mundo, quedé sorprendido viendo hasta donde había llegado la disparatada tiranía de un grupo de generales sobre su patria. Todos estamos sujetos a la debilidad e imperfección humanas, y un sentimiento egoísta me hizo vacilar algún tiempo, antes de emprender esta lucha contra el militarismo español. Llevaba yo una existencia tan dulce, dedicada al trabajo literario, lejos de las impurezas de la realidad...

Pero un escritor no debe de imitar al flautista que se recrea haciendo sonar su instrumento en las soledades. Yo soy un hombre de mi época y además soy español. Por azares de la suerte tal vez más que por los propios méritos, mi nombre es conocido en una gran parte de la Tierra y cuento con numerosos lectores en todos los países. Llevo recibidas centenares de cartas de compatriotas míos residentes en Europa y en América pidiéndome que hable, que emplee los medios difusivos de que puedo disponer, para que el mundo conozca la vergonzosa situación de España. He pasado noches enteras sin dormir.
-¿Tienes derecho, egoísta -me decía una voz interior- a permanecer impasible viendo la anormalidad en que vive tu país, como si fueses un hombre sin patria?...
La mejor de las ficciones novelescas que puedas inventar permaneciendo tranquilo, no valdrá nunca lo que un grito de protesta, sincero y enérgico, ante la cruel situación de los tuyos.
Y a la mañana siguiente, presenciando la salida del Sol en uno de los lugares más hermosos de la Costa Azul, en mi sonriente jardín de Menton, frente a la planicie azul del Mediterráneo, rodeado de un ambiente favorable al trabajo y al ensueño, sentía el mismo remordimiento que si cometiese una acción reprobable.

Me ha sido imposible callar más. Cuando tantos españoles se ven imposibilitados de hablar dentro de su país, yo debo de hablar por ellos.
Y así va a ser. Mas ya que me decido a ser la voz de mis compatriotas, ocurra lo que ocurra, arrostrando todas las consecuencias, debo decir la verdad, la verdad entera.

Me sería fácil limitar mis ataques a los generales del Directorio que hoy tiranizan España. Es muy posible que, aparte de ellos, todo el resto del país, sin distinción de creencias políticas, encontrase mi actitud muy simpática. Mas mi ataque, en esta forma limitado, resultaría incompleto y hasta injusto.
Esos generales no son más que figurantes, unos de historia lúgubre, otros verbosos y en perpetuo matrimonio con el fracaso. Al restablecerse la legalidad constitucional, después de la muerte del Directorio, hasta habría podido volver a España con aire de triunfador...

Pero ya que me decido a hablar, después de larga reflexión, no debo mentir ni valerme de anfibologías y atenuaciones para desfigurar la realidad. Si abandono mi dulce retiro es para decir las cosas tales como son, señalando al verdadero autor de los males que sufre España.
Recuerdo, al llegar aquí, las órdenes de combate que daban los antiguos almirantes a sus artilleros en tiempos de la marina a vela:
-¡No tiréis a la arboladura, tirad al casco!
La arboladura en el presente caso son los generales de opereta o de drama policíaco que forman el Directorio. El casco es el rey.
Y yo, español, declaro desde el primer momento, por patriotismo, por decoro nacional, que tiro contra Alfonso XIII.

II

EL REY

Reconozco que el actual rey de España ha sido durante algunos años para la opinión internacional un personaje simpático. Su juventud, su carácter decidor a estilo madrileño y un intrepidez alegre de subteniente hicieron de él ese "personaje simpático tan amado por el vulgo que le ve de lejos y sólo aprecia las exterioridades.

Pero ocurre con los "personajes simpáticos" que al transcurrir los años su "simpatía" va resultando terrible. Persisten en ellos las condiciones propias de la adolescencia y éstas resultan inoportunas y peligrosas en la edad madura, sobre todo cuando se trata de hombres que desempeñan altísimos cargos y sobre los cuales pesan inmensas responsabilidades.

El rey de España ha sido igual a esos niños prodigio que llaman la atención por sus facultades precoces mientras son pequeños. Luego, al convertirse en hombres, sin evolucionar oportunamente, resultan insufribles y peligrosos por su estacionamiento mental, y por la vanidad omnisciente que les infundieron los éxitos y adulaciones de su adolescencia.

Alfonso XIII es un Borbón español que tiene todas las malas condiciones de su bisabuelo Fernando VII. Para los historiadores de Napoleón ha sido siempre un problema oscuro cómo, este hombre genial, de pensamiento clarividente, pudo emprender la desastrosa guerra de España. El mismo, en su retiro de Santa Elena, reconoció dicha empresa como el mayor error de su vida. Para mí, el asunto resulta clarísimo. Es que tuvo que entenderse con los Borbones españoles y, especialmente, con el joven Fernando VII (tan simpático en su juventud como Alfonso XIII) el cual con sus astucias, con sus faltas a la palabra, sus malicias y deslealtades, era capaz de desorientar y perturbar al cerebro más poderoso.

El bisabuelo de Alfonso XIII, al mismo tiempo que pedía casi de rodillas a Napoleón que le permitiera casarse con una mujer de su familia, cediéndole espontáneamente la corona de España, se presentaba a los españoles como un triste prisionero del emperador francés. Se comprende el engaño de Napoleón. Juzgando al pueblo español por los reyes miserables que venía tolerando, lo creyó un pueblo envilecido y cobarde y se lanzó a una invasión fatal para él. Igual equivocación sufriría ahora el que juzgase al pueblo español actual por la persona del rey que aguanta.

Fernando VII jamás en su larga historia tuvo una palabra mala ni una obra buena. Sin embargo, muchos de sus contemporáneos le admiraron en su juventud como monarca simpático que sabía decir frases chistosas. Cuando consiguió que Luis XVIII enviase a los aliados Cien Mil Hijos de San Luis para batir a los liberales españoles y reponerle en su trono de monarca absoluto, agradeció tal apoyo restableciendo la Inquisición y fusilando a un sinnúmero de liberales que se habían rendido fiados en la presencia de las tropas francesas.

Ni aún para los mismos partidarios del absolutismo tuvo Fernando VII amistad ni lealtad. Se consideraba más allá de los amigos y los enemigos. Reía igualmente de unos y de otros. En España solamente debía de existir el rey; los demás eran un mísero rebaño. Azuzaba a los absolutistas contra los liberales y al vencer éstos, les pedía el exterminio de las mismas gentes que él había incitado a sublevarse.

Los españoles clarividentes, le apodaron a causa de su nariz borbónica y su rostro carrilludo: "narizotas, cara de pastel". Este Tiberio conocía el apodo que le daban los liberales llamados "negros" y los absolutistas descontentos de su falta de lealtad que se titulaban "blancos". Y algunos de sus íntimos contaron que cuando estaba a solas en su palacio toma una guitarra para canturrear la siguiente canción:
"Este narizotas, cara de pastel a blancos y negros los ha de j..."
Efectivamente, durante el reinado de Fernando VII, murieron innumerables "blancos" y "negros" por sus diabólicas combinaciones para destruir a unos y otros.

Repito que este Borbón fue en su juventud tan simpático y chistoso como su bisnieto Alfonso XIII. Por eso su recuerdo ha resucitado en España durante los últimos años, comparándose la conducta del rey presente con la de su bisabuelo.
-Es igual a Fernando VII- dicen muchos que le han estudiado de cerca y hasta fueron sus ministros.
-Algo más- repuso uno de los personajes más eminentes de la política de la derecha en España. -Es Fernando VII.... y pico.

Para hablar de Alfonso XIII es preciso traer a colación a Guillermo II. Del mismo modo que en el teatro existe la contrafigura que pasa por el fondo del escenario imitando al protagonista de la obra, que se halla en primer término, Alfonso XII ha sido siempre un imitador, un reflejo del antiguo Kaiser.

Existe en Cataluña un fabricante de champagne español llamado Codorniu, y aunque su vino no es malo, los burlones ríen de él al compararlo con el champagne legítimo, haciendo de dicho vino un símbolo de todo lo que es imitación más o menos grotesca. Por ejemplo, de un mediocre poeta dicen que es Víctor Hugo Codorniu, de un general malo, Napoleón Codorniu, etc. A Alfonso XIII le llamaban en los años anteriores a la guerra el Kaiser Codorniu.

El emperador viejo y el rey joven se detestaban cordialmente como dos cómicos de edad diferente e historia diversa, que pretenden desempeñar el mismo papel. Pero los dos eran idénticos; el mismo afán de cabotinage, la misma ansia de llamar la atención, de intervenir en todo, de dirigirlo todo, de pronunciar discursos, de creerse aptos para todas las manifestaciones más brillantes de la vida.

Iguales aficiones a la mascarada. Alfonso XIII se viste a las dos de la tarde de almirante, a las tres de húsar de la muerte, a las cuatro de lancero. No hay hora del día que no aparezca con un uniforme distinto. Y además de los trajes militares, se cubre con unas vestimentas de clown para jugar al polo, ridículas hasta el punto de que en cierta época tuvieron que prohibir a los periódicos ilustrados de Madrid que reprodujesen las fotografías de Su Majestad en estos trajes deportivos de su invención, para que no riesen las gentes.

Es indiscutible que Alfonso XIII ha odiado siempre a Guillermo II. Por la ley física que obliga a repelerse a dos nubes de la misma electricidad, esta pareja de histriones reales se detestó siempre de un modo irresistible.
Guillermo II no prestó nunca un apoyo franco al ensueño de ciertos allegados y consejeros de Alfonso XIII, consistente en matar la República de Portugal y crear un imperio ibérico para que el bisnieto de Fernando VII pudiera darse aires de emperador. Por su parte, el rey de España hizo todo cuanto pudo para molestar a su maestro imperial, hasta el día en que estalló la guerra.

Alfonso XIII es hijo de una austriaca y aunque en los tiempos de su adolescencia se mostró como un colegial travieso que desobedece las órdenes de mamá, al transcurrir los años ha recobrado la madre sobre él un poderío enorme y con ella toda su corte de archiduques arruinados y de superiores de órdenes religiosas.

Además, si Alfonso XIII aborreció la persona de Guillermo II, admiró siempre sus ideas políticas, su tendencia al absolutismo. La mejor demostración la ha dado recientemente al matar en España el régimen constitucional y favorecer el triunfo de la dictadura militar.

Hábil comediante, como su bisabuelo Fernando VII, que engañó a Napoleón, engañó a Luis XVIII y engañó hasta a sus más fervorosos amigos, Alfonso XIII se dedicó durante los cinco años de la guerra europea a mentir a los beligerantes haciendo creer a cada uno de ellos que se hallaba a su lado. Pero bien claramente se vio de qué parte estaban sus simpatías.

Alfonso XIII fue germanófilo, como su madre y toda su corte. Y no solamente fue germanófilo, sino que se permitió con Francia las ironías más crueles. El, que ha sido siempre el verdadero dueño de España y no ha hecho más que su voluntad, se fingió una víctima rodeado de enemigos y peligros a causa de su amor a Francia, y dijo en cierta ocasión:
-En España, los únicos francófilos somos yo y la canalla.
Y pensar que ha habido numerosos tontos en Francia que han repetido y celebrado esta ironía cruel. "La canalla" éramos nosotros, los escritores, los profesores de la Universidad, los artistas, todos los españoles intelectuales que estuvimos al lado de los aliados desde el primer momento. Sin duda, para el bisnieto de Fernando VII las únicas gentes distinguidas eran la aristocracia ignorante y devota, el populacho campesino, reaccionario y feroz, que aplaudían los crímenes de la invasión alemana en Francia y los torpedeamientos de los submarinos.

Yo no conozco personalmente a Alfonso XIII. Nunca he querido dejarme presentar a él. Pero le sigo desde hace años con el interés del novelista que estudia un "documento humano" y lo conozco mejor que muchos de los que le han visto de cerca.

Una de las razones de por qué me negué siempre a verle fue porque adivinaba que tarde o temprano tendría que escribir contra él, diciendo la verdad. ¡Lo que he sufrido durante la guerra, no pudiendo hablar libremente para advertir a los aliados quién era este hombre que se declaraba partidario de ellos en unión con "la canalla"! Pero en aquel momento decir la verdad equivalía a un escándalo sin resultado que sólo podía alegrar a los alemanes. Además, los diversos gobernantes franceses sabían tanto como yo qué clase de amigo de Francia es Alfonso XIII. ¡Si pudieran revelarse ciertas notas y documentos secretos en los archivos de París!

Pero al fin ha llegado la oportunidad de hablar de lo que es público, aunque lo ignoran la mayoría de las gentes, de exponer la verdad para que este personaje de carácter complicado y tortuoso ocupe el lugar histórico que le corresponde.

Ya he dicho que estos Borbones españoles fueron siempre astutos y con cierto talento diabólico para sortear las complicaciones de la vida, haciendo al mismo tiempo su voluntad. Las resoluciones más extremas y violentas las revisten hipócritamente de un forma paternal. Fernando VII, fusilador de liberales, ordenó estos suplicios por el bien de la patria, de tal modo que las muchedumbres imbéciles lo consideraban un padre.

Alfonso XIII ama el despotismo, pero procura atacar las libertades públicas como si le obligaran a ello los que le rodean, para después, en caso de fracaso, dejar que castiguen a los otros y declararse inocente. No creyó hasta el momento en el triunfo de los aliados, pero como era vecino de Francia, no quiso tampoco mostrarse enemigo de ellos.

Para favorecer la política germanófila buscó antes una coartada, y esta fue la oficina que montó en su palacio para el canje de prisioneros. Unas mesas y unos cuantos empleados le sirvieron para darse aires de rey providencial y benéfico, haciendo en pequeño y con enormes anuncios lo que hicieron con menos ruido y más intensamente la Cruz Roja y otras sociedades benéficas de Suiza.

Mas en fin, si se hubiese limitado a esto, merecería elogios, aunque no tan exagerados como los que le tributaron sus aduladores. Gracias a su intervención hubo prisioneros franceses y belgas que regresaron a sus casas, como también los hubo alemanes y austriacos que volvieron a las suyas. Pero al mismo tiempo que el rey de España se preocupaba en público de tales canjes, favorecía del modo más descarado e insistente las operaciones navales alemanas en las costas de España.

Durante tres años, los submarinos alemanes se avituallaron en los puertos españoles del modo más cínico. En la desembocadura del Ebro, junto a Tortosa, ciertos puertos antiguos y abandonados, que sólo sirven de refugio a barcos de pescadores, fueron empleados como lugar de descanso por submarinos de Alemania. Un personaje alemán, el barón de Rolland, actuaba en Barcelona con el mayor descaro de proveedor de esencia para estos buques. Además, tenía a sus órdenes una partida de malhechores para aterrorizar a los que denunciaban sus manejos. Un comisario de policía llamado Bravo Portillo, que después fue asesinado en Barcelona, se valía de su empleo oficial para averiguar la salida de los vapores aliados y denunciarla al tal barón. Éste, a su vez, daba aviso a los submarinos por medio de varias instalaciones de telégrafo sin hilos que funcionaban con entera libertad.

Alfonso XIII se ocupó aparentemente de canjear franceses e ingleses por alemanes y austriacos, pero estos prisioneros eran seres vivos. Lo terrible es que al mismo tiempo produjo centenares de muertos dejando actuar con toda libertad a los submarinos alemanes. Rara fue la semana en que no torpedearon éstos, dentro de las aguas españolas, alguna vez a la vista de la gente agolpada en la costa, buques franceses e ingleses, dedicados al comercio, y hasta vapores correo que iban a Argelia o venían de ella.

Buscaban los buques el amparo de las costas de España, fiados en las palabras de la monarquía española, creyendo que su rey defendería la neutralidad de sus aguas, y precisamente al hacer esto se lanzaban en pleno peligro, pues los submarinos tenían sus bases en los puertos pequeños de la costa y contaban con numerosos agentes en las principales ciudades del litoral, los cuales trabajaban tolerados y ayudados por bajos personajes de la policía.

Una vez se dio el caso de que los viajeros del tren correo entre Valencia y Barcelona, cuya vía se desarrolla a lo largo de la costa, pudieron contemplar desde sus vagones, en las primeras horas de la tarde, como un submarino alemán atacaba a un vapor aliado cerca de la orilla, a la vista de todos.

El dulce y poético Mediterráneo arrojaba todas las semanas a sus orillas numerosos cadáveres y pedazos de buques rotos por la explosión de los torpedos. Yo tengo a orilla del mar, cerca de Valencia, una casa llamada Malvarrosa. Mientras estuve en París los cinco años de la guerra haciendo propaganda en favor de los aliados, mis amigos me escribieron repetidas veces dándome cuenta de los terribles hallazgos con que les sorprendía el mar algunas mañanas. Sobre la arena de la playa, junto a la escalinata de mi casa, aparecieron repetidas veces cadáveres hinchados por una larga permanencia en el mar, pobres cuerpos desfigurados por las mordeduras de los peces o la violencia de la explosión, mujeres y niños que venían como pasajeros en buques procedentes de Argelia, tripulantes de vapores aliados que transportaban artículos de comercio o primeras materias para la guerra. Todos habían ido hacia la muerte, fiando en la neutralidad, ya que no en la lealtad de un rey que se titulaban francófilo en compañía de "la canalla".

Al mismo tiempo, los fabricantes españoles que elaboraban materias de guerra para los aliados, tenían que desafiar los mayores peligros. Fue en Barcelona donde los industriales españoles trabajaron más para el ejército francés; unos produciendo piezas sueltas de armamento, otros calzado, tejidos, etc. Los alemanes, para asustar a los fabricantes de Cataluña que trabajaban para Francia, organizaron otra partida de bandidos encargada de arrojar bombas en las fábricas y asesinar a sus dueños si era posible. Esto parece de una novela de Ponson du Terrall y, sin embargo, no puede ser más exacto.
La tal banda era mandada por un tal barón de Koenig. Hay que decir que así como el barón de Rolland, encargado del avituallamiento de los submarinos, fue un personaje auténtico, este barón de Koenig era un antiguo camarero de hotel, un tipo rocambolesco que había hecho su carrera a fuerza de asesinatos. La banda del barón de Koenig cometió sus crímenes atribuyéndolos a anarquistas o terroristas. Así mató al fabricante, señor Barret, profesor de la Universidad catalana, que era entusiasta de los aliados y dedicó sus talleres a la fabricación para las tropas francesas. Y si no mataron a más industriales aliadófilos fue porque estos tomaron grandes precauciones.

El comisario de policía Bravo Portillo actuaba de acuerdo con el titulado barón de Koenig, lo que proporcionaba a éste una completa impunidad. Además, dicho policía le facilitaba toda clase de informaciones.

Al terminar la guerra, viéndose si ocupación el facineroso alemán, se ofreció con toda su banda a los industriales conservadores y de carácter agresivo, para matar obreros fomentadores de huelgas, empezando desde tal momento el período de asesinatos y represalias entre un bando y otro, que aún dura en la actualidad aunque amortiguado y que, por desgracia, tal vez volverá a reproducirse. (Pero esta "es otra historia" como dicen en los cuentos orientales. Volvamos al rey)

Jamás hizo nada Alfonso XIII por impedir las hazañas de los alemanes, terrestres y marítimas, dentro de su reino. Como una excusa previsora inventó la frase de que en España no había más francófilos que él y "la canalla", queriendo hacer con ello que no era rey más que de nombre, que no tenía ningún poder y en España todos eran germanófilos y le atropellaban al pobrecito francófilo.

¡Mentira! Para desgracia de España, él ha hecho siempre lo que ha querido. Últimamente consideró que era de su conveniencia matar la Constitución, suprimir todas las manifestaciones de una política moderna, volver al país de los tiempos del absolutismo, gobernar como las zares antes de la primera Duma, y apelando a sus generales cortesanos lo hizo con toda decisión.

Si hubiese querido intervenir en favor de los aliados o simplemente guardar una neutralidad honrada, lo hubiera podido hacer en 1914 sin ningún obstáculo y hasta con aplausos de una gran parte del país, pues nosotros, "la canalla francófila", éramos muchos. Precisamente en aquel tiempo aún no había desarrollado él sus terribles pedanterías militares en Marruecos y guardaba cierto prestigio de mozo atolondrado pero "simpático". Afirmo que no habría encontrado obstáculo alguno. Mas dejó hacer a sabiendas a los alemanes todo lo que quisieron dentro de España y lo que es de mayor gravedad, impidió que sus ministros tomasen ninguna iniciativa contra al insolencia germánica.

En 1918 se formó en España un Ministerio llamado nacional en el que figuraban personajes de distintos partidos políticos. El señor Dato, ministro de España, recibió de sus compañeros el encargo de presentar una nota al gobierno alemán, protestando del descaro con que los submarinos germánicos utilizaban los puertos de España y sus agresiones en aguas nacionales que destruyeron muchas veces a buques que llevaban en su popa la bandera española. Esta nota sirvió para desenmascarar al rey, dejando asombrados a sus ministros ante la inaudita duplicidad de su conducta.

Era embajador de España en Berlín un señor Polo de Bernabé, gran admirador del Kaiser, que sentía temblar sus entrañas de emoción al verse recibido con familiaridad, él y su esposa, por el emperador y la emperatriz. Este embajador se guardó la nota del Gobierno y no quiso presentarla. Cuando el señor Dato, indignado por tal silencio, le repitió desde Madrid la orden para que presentase la nota, este embajador le contestó la respuesta más fantástica que se conoce en la historia de la diplomacia.
-La nota es muy fuerte- dijo -y no quiero presentarla al emperador. Sería darle un disgusto y... ¡Es tan excelente persona!

El Gobierno, aunque presintió desde el primer momento que la persona de Alfonso XIII debía de andar mezclada en el asunto, pues de otro modo no era comprensible la insubordinación del embajador, dio un decreto relevando al señor Polo de Bernabé de su embajada por desobediencia a sus superiores y llevó el citado decreto a la firma del rey.

Alfonso XIII se negó a firmar y casi dio una respuesta semejante a la del embajador. Él apreciaba mucho a su representante en Berlín y no podía darle el disgusto de firmar su destitución.

En resumen: que el rey, a pesar de ser un monarca constitucional, consideraba a sus embajadores y ministro plenipotenciarios como representantes diplomáticos de su persona y no de la nación española. Se entendía con ellos directamente, a espaldas de sus ministros respetables, y lo mismo hacía con los generales, despreciando la mediación constitucional del ministro de la Guerra. En realidad, no hizo nunca ni más ni menos que su viejo y detestado maestro Guillermo II.

Otro detalle: durante el curso de la guerra, Alfonso XIII, que desea aparecer como una gran capacidad militar (¡siempre Guillermo II!), hablaba frecuentemente con el agregado militar de la embajada francesa en Madrid para enterarse de la marcha de las operaciones y, después, con el agregado militar de la embajada alemana. Los franceses han conseguido descubrir la clave secreta creada por la embajada alemana de Madrid, leyendo gracias a ella los despachos que enviaba por telegrafía sin hilos a Berlín. Gracias a la posesión de dicha clave, pudieron descubrir la existencia y traiciones de la bailarina espía Mata Hari que acabó siendo fusilada en París.

Pronto notaron los franceses que el agregado alemán en Madrid comunicaba a su gobierno muchas cosas de un carácter extremadamente confidencial, que el agregado francés había contado a Alfonso XIII. Para poner a prueba a éste, le comunicó dicho agregado algunas mentiras atribuyéndolas a su gobierno y, efectivamente, horas después, la embajada alemana de Madrid remitía tales noticias falsas a Berlín. Inútil es decir que lo franceses no quisieron hacer más confidencias a Alfonso XIII.

No tengo empeño en mostrar esto como un espionaje interesado, como una deslealtad voluntaria a una nación que él llamaba amiga; pero supone por lo menos una abominable ligereza carácter, una absoluta falta de seriedad, una tendencia a tratar los graves asuntos de estado lo mismo que una conversación en la Potiniere de Deauville.

Mientras duró la guerra, los agentes alemanes con sus bandas de asesinos y contrabandistas proveedores de esencia, intentaron aterrar a los partidarios de los aliados -lo que no consiguieron- y avituallaron públicamente a los submarinos, lo que fue causa de muchas matanzas. Hasta se dio el caso, junto a la entrada del puerto de Valencia, de que unos alemanes hiciesen instalaciones flotantes en el mar con pretexto de que eran aparatos de ensayo para estudio y explotación de la fuerza de las olas. A estos espías disfrazados de sabios se les ocurrió precisamente tal invento en plena guerra y no encontraron en todos los mares del planeta lugar más a propósito que el pacífico golfo de Valencia, en mitad del camino entre Marsella y Argel. Para examinar sus aparatos, situados a pocas millas de la costa, se embarcaban a todas horas en botes automóviles de su propiedad. Inútil es decir que estos aparatos eran simplemente boyas llenas de esencia; depósitos que surtían a los submarinos. La gente protestó muchas veces de tales sabios y su misterioso invento. ¡Voces perdidas en una soledad absoluta! Nadie podía oírlas cuando todos en España estaban convencidos de que el rey era alemán. Nosotros, los francófilos, no creímos un solo instante sus palabras. ¿Cómo podíamos creerle si jamás vimos en él un verdadero acto a favor de Francia y sus aliados? En cambio, por todas partes encontrábamos la complicidad pro alemana.

Él, como Primo de Rivera y tantos otros ignorantes con entorchados de general, sólo fueron aliadófilos cuando se convencieron, al fin, todos ellos, del triunfo de los aliados.

Yo, que en Agosto de 1914 sólo me vi unido a una docena de amigos españoles como sostenedor de la causa francesa y en 1915, al ir a España por primera vez en plena guerra, casi fui asesinado en Barcelona por las bandas de facinerosos que sostenían allí los alemanes y, además, me vi "invitado" por la autoridad con una solicitud algo sospechosa a salir cuanto antes de mi patria porque había vuelto a ella para hablar a favor de una honrada neutralidad, río ahora con una risa de desprecio cuando leo que Alfonso XIII afirma que fue amigo de los aliados y cuando Primo de Rivera dice lo mismo.

No sé lo que haya podido ser Primo de Rivera en los primeros meses de la guerra. Si fue francófilo -según el mismo afirma- debió de ser en los últimos tiempos, cuando todos se apresuraron a serlo, porque vería próxima la victoria de los aliados. Perdió una hermosa ocasión para él y para muchos de sus compañeros permaneciendo mudo en los primeros tiempos de la guerra, hubiese prestado un verdadero servicio al generalato español hablando entonces.

De los muchos centenares de generales que existen en España, sólo unos pocos, que no conozco personalmente, pero que a juzgar por sus escritos son militares de ciertos estudios, mostraron un criterio independiente y claro interpretando las operaciones de la guerra. Los demás fueron simplemente despreciables. Guardo unas declaraciones que hicieron al principio de la guerra, comentando la batalla del Marne, algunos generales españoles de los más bullangueros, los cuales, si no forman parte del actual Directorio, deben medrar cuando menos a la sombra de él. Lamento que no viva en nuestra época el gran Flaubert. Hubiese llorado de emoción al entregarle yo este documento para que lo hiciese figurar en la grande obra que preparaba en sus últimos años: el "Diccionario de la estupidez humana".

CÓMO EL REY PREPARÓ EL GOLPE DE ESTADO


Mientras Alfonso XIII fue joven, cifró los éxitos de su vida en ser un automovilista vertiginoso, un buen tirador de pichón, un jugador de polo, etc. Resultaba el primero en cada clase de deportes, lo que nada tiene de extraordinario, pues bien sabido es que los reyes siempre son los primeros, cuando viven rodeados de sus cortesanos.

Educado para rey y con una mentalidad puramente sensual creyó que su paso por el mundo debía de ir acompañado de toda clase de placeres materiales y satisfacciones de la vanidad. (Esto tampoco lo considero extraordinario, pues muchos, sin ser reyes, piensan lo mismo). Los elogios de sus allegados y una fe orgullosa en su propio valor, le hicieron creerse el primero en todo. Alfonso XIII no se limita a ser rey. Es, además, el primer soldado de España, el primer agricultor, el primer marino, el primer... (aquí ponga el lector lo que le parezca). Sólo le ha faltado pintar cuadros o escribir libretos de óperas como su maestro Guillermo, "el del brazo corto". Pero todo llegará con el tiempo.

Por lo pronto, este joven "simpático" que en los banquetes se limitaba a contar cuentos graciosos o decir chistes chulescos, se ha metido a orador y pronuncia casi tantos discursos como Primo de Rivera.

Se lanza intrépidamente a la oratoria como un nadador se arroja de cabeza en un mar de olas encrespadas superiores al vigor de sus brazos, lo que hace que éstas se lo lleven de un lado para otro, a merced de sus agitaciones caprichosas. En vez de mandar a las palabras, son las palabras las que tiran de él y le hacen decir cosas que le conviene callar, comprometiéndose con toda clase de indiscreciones. Prueba de ello el discurso de Córdoba y otros de los que hablaré más adelante.

Al crecer en edad y sentirse capaz de pronunciar discursos en público con un tono y una voz que, según dicen sus oyentes, tiene algo de monjil, este joven que era simpático como un subteniente alegre, ha acabado por creer en su genio de hombre de estado, considerándose superior a todos los políticos servidores de la monarquía.

España, según Alfonso XIII, era desgraciada por el régimen constitucional le tenía a él encadenado, lo mismo que a los reyes de Inglaterra, de Italia y de otros países europeos, indudablemente inferiores a su persona. ¡Qué le dejasen gobernar solo como su bisabuelo Fernando VII y entonces se vería con qué facilidad cambiaba la historia de la nación, haciéndola entrar en un período de grandezas y prosperidades...! Dicho prodigio podría realizarlo gracias al ejército, que debe de ser del rey más que de la nación.

A cada momento, este portador de uniformes, dice: "Yo, que soy un soldado" o "Nosotros los soldados". Una vez, al repetir en pleno consejo de ministros: "Nosotros los soldados", uno de aquellos le contestó que él era un rey y no un soldado.
-Y un rey- continuó diciendo el ministro -debe mantenerse por encima de los militares y de los civiles, para en caso de conflicto entre ambos, poder guardar su imparcialidad.

Este soldado de innumerables uniformes que, además, sugiere planes estratégicos a sus generales en Marruecos -planes que tienen siempre como final horribles matanzas y fracasos irreparables- es un soldado que se mantiene tenazmente lejos de la guerra. Pero la imparcialidad me obliga a añadir que tanto los generales como los cortesanos le aconsejan dicho alejamiento, no solo por espíritu adulador, sino también porque tienen miedo a su orgullo omnisciente, a su megalomanía, a su facilidad para creer que lo sabe todo y puede aconsejarlo todo.

Hablando, lejos de España, con un amigo de Alfonso XIII, manifesté mi extrañeza de que "el primer soldado de español" no fuese nunca a la guerra, a pesar de que esta dura en Marruecos muchos años.
-¡Ah, no! ¡Qué no vaya!- dijo asustado el cortesano-; lo embrollaría todo y las operaciones marcharían aún peor que en el presente.

Además del vanidoso deseo político de ser rey absoluto y gobernar la nación a su antojo, este hombre ha sentido una necesidad particular de suprimir el régimen constitucional, gobernando por sí mismo, sin la colaboración de ministros.

Alfonso XIII se considera pobre. Cobra todos los años una lista civil respetable, superior, indudablemente, a la vida económica de España, pero esto no basta para los gastos de su lujo y el de su familia, cada vez más grande.

Su madre, la reina regente, consiguió reunir una fortuna enorme durante el período de su gobierno. Debo añadir inmediatamente que esta fortuna fue de legítimo origen, consistiendo simplemente en un ahorro tenaz y austero de los millones que le entraba la nación.

La madre de Alfonso XIII vivió durante la menor edad de éste con gran modestia, sometiendo el presupuesto interior del palacio real a una estricta economía, como una simple burguesa que hace ahorros en los gastos de su casa. La única preocupación de dicha señora fue impedir que se derrumbase la monarquía después de la derrota de Cuba y Filipinas, y educar a Alfonso XIII, fortaleciendo su salud de hijo de moribundo, engendrado en las últimas semanas de la vida de su padre.

Según cuenta la gente de la Corte española, y es bien sabido en Madrid, la reina madre siempre tuvo miedo a un destronamiento de la familia y creyó, en cambio, inmortal al imperio austriaco, por cuyo motivo confió una parte de sus millones a un archiduque tío suyo. Este guardó dichos millones como un administrador de confianza, pero al morir, hace pocos años, no tuvo la precaución de marcar previsoramente en su testamento qué bienes eran suyos y cuáles otros pertenecía a su sobrina doña Cristina, y ésta se vio en una situación dificilísima para cobrar las enormes cantidades de dinero que había ahorrado. Los herederos del archiduque, todos ellos parientes de la reina madre, se opusieron a entregarle lo que era suyo, y al fin hubo un arreglo amistoso; pero dicha señora sólo pudo recobrar, según parece, una fracción mínima. El resto de sus economías lo arriesgó en negocios austriacos y alemanes que hicieron bancarrota después de la guerra.

Don Alfonso, que se titula "rey moderno" y no espera heredar mucho de su madre, sólo ansía una cosa: acumular. Gastar considerablemente más de lo que le proporciona la lista civil y como, por otra parte, no tiene la seguridad completa de que continuará siendo rey hasta su muerte, apela a los negocios para juntar una fortuna rápidamente. Por esto ha arriesgado muchas veces el prestigio de la monarquía comprometiéndose, con la ligereza propia de su carácter en todos los negocios que le proponen. Pero deben ser negocios en los que no se arriesga ningún dinero, aportando solamente a ellos su influencia personal.

Algunos periódicos han hablado de acciones liberadas que le entregó la fábrica de automóviles la Hispano-Suiza, establecida en Barcelona y que tiene depositadas a nombre de uno de sus cortesanos. También ha hablado de la compañía de navegación llamada la Transmediterránea y de miles de acciones del Metropolitano de Madrid, cuya concesión se otorgó ilegalmente, pues otra empresa había solicitado antes ejecutar dichas obras. Pero al rey le convino apoyar a la actual empresa del Metropolitano de Madrid, imponiendo su voluntad al alcalde de la capital en aquella época.

Todo el mundo sabe la estrecha amistad del rey de España con el belga M. Marquet, personaje cuyo único título importante es ser dueño de la ruleta y el "treinta y cuarenta" en el Casino de San Sebastián. Alfonso XIII ha buscado hacerse amigo de los grandes multimillonarios de los Estados Unidos, y cuando llega a San Sebastián o Santander en el yate de cualquiera de ellos hace mayores extremos de sumisión y admiración que si fuese en la galera del Papa, pero hasta el presente no ha podido conocer estos hombres de negocios que M. Marquet, dueño de la ruleta de San Sebastián, y M. Cornuché, dueño de los juegos de Deauville, y un señor Pedraza, del que hablaré más adelante.

Tal es la amistad de Alfonso XIII con M. Marquet, que hace unos cuantos años empezaron a decir las gentes que Alfonso XIII iba a darle algún título nobiliario, nombrándole "barón", unos decían que del "Pleno", otros del "No va más", y otros del "Negro y Encarnado". Pero fueron tales los comentarios de los belgas, al enterarse de este honor presunto de su compatriota, que el rey y el agraciado tuvieron que desistir de tal proyecto.

Como el casino de San Sebastián sólo funciona en verano, M. Marquet, que piensa indudablemente con envidia en la continuidad anual del Casino de Montecarlo, quiso inventar algo para seguir explotando a los españoles durante el invierno, y fundó en el centro de Madrid el llamado "Palacio de Hielo", en cuyo piso inferior se patina y cuyos pisos superiores están destinados al "treinta y cuarenta" y otras amenidades.

Los reyes asistieron a la inauguración de esta casa de juego polar instalada en el corazón de su capital. M. Marquet, como dueño del establecimiento, tuvo el honor de entrar a la reina de España, dándole el brazo, para mostrarle todas las suntuosidades del edificio.

Últimamente, el rey Alfonso XIII ha formado una cuadra de caballos de carreras y se dedica a hacerlos correr, especialmente en San Sebastián. La gente aristócrata, bien enterada de esto, murmura que don Alfonso no tiene dinero para sostener la caballeriza y sospecha que ésta pertenece en realidad a M. Marquet. El caballo "Rubán" es la bestia más importante de dicha cuadra. Cuando corre en las carreras de San Sebastián gana siempre. Esto no lo considero extraordinario. La pista de San Sebastián es tierra española y, por lo tanto, pertenece a Alfonso XIII que puede hacer de ella lo que quiera.

Los que apuestan contra "Rubán" y pierden el dinero, gritan siempre, como reos de lesa majestad, afirmando que les han robado, pero yo no puedo creer en sus afirmaciones irreverentes. Es verdad que "Rubán", al correr en Bélgica, era siempre quinto o sexto. Pero esto sólo significa que como su amo es español corre mejor dentro de casa, en terreno bien preparado.

El otro hombre de negocios de Alfonso XIII es M. Cornuché, que organizó como una apoteosis su viaje a Deauville hace tres años.

Hay que recordar cómo fue este viaje. Las tropas españolas habían sufrido meses antes una de las derrotas más inauditas que se conocen en la historia de las guerras coloniales. Únicamente la del general italiano Barattieri en Abisinia puede compararse con ella. Mil quinientos españoles estaban prisioneros de Abd-el-Krim. Hay que saber lo que significa ser prisionero de los rifeños. Para muchos hombres es peor esto que caer en manos de una tribu de antropófagos de Oceanía. Resulta preferible la muerte a sufrir los ultrajes y vilipendios que infligen a los prisioneros europeos estos bárbaros que han heredado las corrupciones antinaturales de lejanos siglos.

En dicho periodo yo me sentía triste a todas horas al pensar que muchos centenares de compatriotas míos estaban en el peor de los cautiverios, sufriendo toda clase de penalidades y atropellos.

Y fue en este momento cuando el rey de España, aceptando una invitación de Cornuché, marchó a Deauville para que apreciasen su hermosura graciosa en la "Potiniere" y en el Casino, oyéndose llamar "simpático" por un sinnúmero de damas pintarrajeadas que formaban su cortejo admirativo.

No quiero creer que Alfonso XIII al realizar tal viaje tuviese en su memoria a los españoles prisioneros. Le hago el favor de pensar que se había olvidado de ellos y si obró de un modo tan monstruoso fue con la inconsciencia propia de su carácter frívolo. Pero de todos modos, el espectáculo resultó tan inaudito que muchos periódicos de diversos países censuraron al rey de España y los cancioneros de Montmartre le hicieron objeto de sus sátiras, teniendo que intervenir oficiosamente el embajador español en París para que no se hablase más de Alfonso XIII, héroe de la "Potiniére" de Deauville en canciones y revistas.

El heredero de Fernando VII le tomó gusto a visitar los dominios de M. Cornuché. Éste explota en verano Deauville y, en invierno, Cannes. Empezó a anunciarse para el invierno siguiente la visita a Cannes del rey de España. El pretexto del viaje era una visita a los Borbones destronados de Nápoles, o sea, a los duques de Caserta, que viven retirados en Cannes. Pero en realidad la visita estaba destinada a Cornuché, que empezó a hacer gastos para comodidad y boato de su rey "anuncio", el cual iba a dar prestigio con su presencia a los juegos de Cannes, estableciendo una rivalidad con los de Montecarlo.

Pero en España hubo un movimiento de indignación, tal vez más en las clases superiores que en las inferiores, que ignoran lo que es Deauville y lo que es Cannes. Hasta en la Cámara de Diputados hablaron las oposiciones del próximo viaje del rey al Casino de Cornuché en la Costa Azul, y aquel tuvo que desistir.

Tal vez mormuró entonces como su abuela, la sentimental Isabel II, cuando en plena ancianidad la separaron de su último secretario:
-¡Qué oficio el de rey! ¡Siempre le contrarían a uno en sus gustos y placeres!

En los últimos años, creyó don Alfonso haber encontrado el hombre de negocios que necesitaba para hacerse rico. Es éste un señor Pedraza, español que ha rodado mucho por los Estados Unidos y la América del Sur; hombre listo, inteligente, y al cual por su historia llena de altibajos, dan algunos el título de aventurero.

Creo que si se atreven a llamarle así es porque el señor Pedraza ha sido llevado a la cárcel algunas veces por asuntos comerciales, no sé si con razón o sin ella. Con este señor entabló Alfonso XIII una íntima amistad. Fue, y no sé si es todavía, su gran agente de negocios.

Como el rey de España tiene un carácter ligero y este señor Pedraza parece ser un fantaseador de gran verbosidad y que habla de su amistad con los multimillonarios de Wall Street y de la City, el rey le aceptó como una especie de Morgan o Rockefeller que iba a enriquecerle en unos cuantos meses a costa de España.

El señor Pedraza, que estuvo en la cárcel de Barcelona por asuntos comerciales, ha enseñado telegramas y cartas firmadas "Alfonso R." (Alfonso Rey), que es como éste firma.

Los planes financieros de Pedraza fueron brillantes vaguedades sin nada determinado, en los que se mezclan la verdad y la mentira, y cuyo único resultado cierto habría sido lanzar en el mundo centenares de millones de valores, representando su emisión de cincuenta a cien millones de dinero positivo, para los autores del negocio, o sean, el rey y su agente.

Este señor Pedraza prometió el auxilio de un grupo de financieros e industriales ingleses y americanos que llevarían a España miles de millones para colocarlos en negocios, pero con unas garantías que equivalían a un monopolio sobre todos los recursos nacionales. Para endulzar la terrible operación, prometió construir el ferrocarril directo a Valencia y otro desde la frontera francesa a Algeciras.

Los banqueros españoles se escandalizaron ante una operación que tenía por objeto apoderarse de todos los negocios de España. El regio socio de Pedraza iba a vender la nación por varios millones recibidos de golpe. La Prensa financiera combatió igualmente los planes de Pedraza.

Afortunadamente, ocupaba en aquel entonces el ministerio de Hacienda el señor Pedregal, antiguo republicano pasado a la monarquía, pero hombre íntegro que guarda en su conducta la austeridad de su origen democrático. El señor Pedregal se opuso enérgicamente, y los capitalistas que estaban detrás de Pedraza tuvieron que retirarse dejando en manos de éste, según han dicho algunos, cien mil libras de comisión que había recibido anticipadamente. Pero esto es cosa insegura, como también inseguro es saber a qué manos fueron a parar las cien mil libras, caso de que existiesen.

Lo cierto es que desde el fracaso de Pedraza, Alfonso XIII sólo tuvo una idea: gobernar sin las trabas constitucionales, ser "el amo único", como manifestó pocos días después del triunfo del Directorio.

Fácil resulta imaginarse la psicología de un monarca que se considera pobre a causa de sus muchos gastos y que no puede contar con otros recursos que los que le señala el poder legislativo, como rey constitucional. Su deseo es ser rey absoluto, no tener ministros que le puedan exigir cuentas, confundir su fortuna propia con la fortuna del país como hicieron en otros siglos monarcas dilapidadores que acabaron provocando revoluciones.

Además, teniendo ministros constitucionales a los que es preciso contentar a cada momento y con los cuales hay que contar para que firmen los decretos, no son posibles los negocios en grande, como los del amigo Pedraza. Es preciso ser rey absoluto para hacer dinero, verdaderamente.

Debo adevertir, que Alfonso XIII desistió por el momento de realizar la combinación Pedraza, al ver que sus ministros constitucionales no la aceptaban. Luego, en tiempos recientes, al quedar suprimido el régimen constitucional y vivir España esclavizada por el Directorio, el rey creyó llegado el momento de reanudar el gran negocio de su vida. Pedraza, que andaba por el extranjero, recibió un telegrama de su regio socio, el cual fue enseñado a los capitalistas de Londres y de otros países para que le apoyasen en su asunto:
"Ven pronto -decía el telegrama- Todo está preparado. Alfonso R."

Pero Primo de Rivera y los demás generales del Directorio tampoco quisieron aceptar el plan financiero patrocinado por Alfonso XIII. Esta negativa no fue por virtud. Como el Directorio busca su sostén en las gentes de la derecha, tuvo miedo a enajenarse las simpatías de los banqueros españoles y las clases capitalistas. Además, entró en esta negativa el egoísmo personal. Primo de Rivera sabe, como todos los españoles, que esto de Pedraza es un negocio enorme del monarca y, ¿por qué lo iba a aprobar él, cargando con toda la responsabilidad, sin tener ningún resultado positivo...?

Otra razón tuvo Alfonso XIII para desear ser monarca absoluto en tiempos del último gobierno constitucional. El ministro de Hacienda, señor Pedregal, había cortado con su enérgica negativa el negocio de Pedraza, y la guerra de Marruecos había puesto en evidencia la responsabilidad personal del rey en los fracasos sufridos por el ejército español.

La pobre España es para Alfonso XIII algo así como una caja de soldados de plomo de las que se venden en los bazares. El eterno adolescente quiso jugar de monarca importante en Europa y para serlo aceptó en Algeciras el protectorado sobre el Riff, o sea, sobre una región que figura como perteneciente a Marruecos y donde jamás en el curso de los siglos pudieron ejercer su autoridad efectiva los sultanes marroquíes.

En el banquete diplomático de Algeciras, a España le dieron el hueso, lo que nadie podía tragar, el indomable Riff; pero Alfonso XIII lo aceptó gozoso, con una alegría de subteniente, igual a la del Kromprinz cuando hablaba de "la guerre fraiche et joyeuse". Lo importante para él era mostrarse tan caudillo como Guillermo II.

Así empezó la guerra española de Marruecos, la más incomprensible y absurda que se conoce en la historia.

España ha tenido en Marruecos desde hace catorce años, el ejército más grande que existió nunca en África; más de cien mil hombres; algunas veces, ciento veinte mil y todavía más. Los adversarios con que combatió siempre este ejército son ocho o diez mil montañeses, con cartuchos escasos, y, sin embargo, el ejército español no obtenido jamás una victoria decisiva y ha sido derrotado numerosas veces.

Hay que añadir para que la cosa resulta aún más inexplicable, que el español se bate valerosamente. Yo he hablado con militares franceses de gran valía que han visto esta guerra de cerca y todos se muestran acordes al afirmar que el oficial español lucha algunas veces con una audacia casi de suicida. El soldado se limita a batirse resignadamente. No siente ningún entusiasmo por una guerra que nada le importa. Pero, en fin, cumple su deber; va adelante y se deja matar.

Los oficiales, por espíritu profesional, dan su vida con una generosidad exagerada... Y, sin embargo, las derrotas siguen a las derrotas. Es la demostración de que este ejército es una obra dinástica y no una institución nacional.

Los españoles se ven obligados a batirse porque el rey ha querido hacer figura de gran caudillo en Marruecos, y él y sus allegados tienen esperanzas de poseer las minas del Riff, minas algo fantásticas, cuyo verdadero valor no conoce nadie, y que Abd-el-Krim negocia con gentes de todas las naciones, como un tesoro de cuento oriental.

Para explicar el eterno fracaso de España en Marruecos bastaría que es Alfonso XIII el que en realidad dirige las operaciones desde Madrid. ¿Cómo no iba a mezclarse en la guerra este joven que nació sabiéndolo todo y se titula "el primer soldado de España"?

Todos recuerdan la gran catástrofe que sufrió el ejército español en 1924, o sea, la inmensa derrota de Annual.

Alfonso XIII se entendió directamente con el general Silvestre, gobernador de Melilla, para realizar una operación rápida y decisiva que permitiese a las tropas españolas ir a través del Riff hasta la bahía de Alhucemas, apoderándose de todo, obligando a las tribus a una instantánea sumisión, deslumbradas y anonadadas por la estrategia fulminante del rey.

El general Silvestre era un soldado valeroso pero de cortos alcances, un combatiente heroico, excelente para obedecer; un guerrero del arma de Caballería, insustituible para ser mandado por un caudillo de talento, algo así como un Murat o un Lasayle, guardando las proporciones del medio.

Alfonso XIII fue el Napoleón de este húsar heroico y se puso de acuerdo con él, sin consultar para nada a su ministro de la Guerra. Tan en secreto llevaron los dos la operación, que el general Berenguer, Alto Comisario de todo Marruecos (el único que dirigido dicha guerra con alguna habilidad) casi recibió casi recibió al mismo tiempo la noticia de su inmensa derrota y su muerte.

El general Silvestre, antes de emprender este ataque disparatado, fue a España para ponerse de acuerdo con su "general en jefe", el rey. En un banquete al que asistieron en Valladolid, con motivo de una fiesta en la Academia de Caballería, los dos chocaron sus copas.
-El veinticinco de Julio, día de Santiago -dijo Silvestre- prometo a Su Majestad que llegaré a la bahía de Alhucemas.
-¡Olé los hombres!-contestó el rey-. El veinticinco te espero.
Si no profirió Alfonso XIII en tal momento estas palabras, las dijo más adelante por escrito, en un telegrama del que hablaré oportunamente.

El general Silvestre volvió a Melilla y emprendió la operación con arreglo a su estrategia de jefe de Caballería y a la gran ciencia militar de Alfonso XIII. No podía ser más sencillo el plan: ¡marchar, adelante; siempre adelante! Yo que soy un hombre civil, tal vez hubiese discurrido la cosa con más precauciones y complicaciones. Pero Alfonso XIII tiene la genialidad de los grandes capitanes. ¡Adelante! ¡Siempre adelante!

El general Silvestre arrolló al principio a cuantos moros le salieron al paso. Al tomar en los primeros días de avance un monte famoso por su valor estratégico, envió un telegrama al rey. Este le contestó empleando el lenguaje de las corridas de toros: "¡Olé los hombres! El veinticinco te espero." (Textual).
¡Ay! Todavía no llegado el veinticinco. Van transcurridos cuatro años y aún está esperando el "Kaiser Codorníu".

Las tribus de Abd-el-Krim dejaron avanzar al intrépido Silvestre, que en su ardor agresivo apenas si se preocupó de mantener el contacto a sus espaldas con las bases de refuerzo y avituallamiento. Lo cercaron, lo aislaron, cortando su retaguardia, y murió combatiendo lo mismo que tantos miles de españoles. Únicamente lograron salvar su vida, como prisioneros, unos mil quinientos con el general Navarro.

Se calcula que en este desastre perecieron doce mil españoles, recogiendo los rifeños sobre el campo de batalla un material de guerra que representaba muchos millones de pesetas.

Para olvidar este pequeño incidente, el amigo de M. Cornuché, pocos meses después, marchó a Deauville. Mas no por eso dejó de pensar en el fracaso.
Como todos los artistas mediocres, de quisquillosa vanidad, estaba convencido de que su plan era magnífico, y echó la culpa de la falta de éxito a la cobardía de los ejecutantes.

En España cuentan muchos una frase de este joven ingenioso. La gallina es allá el animal que simboliza la cobardía. Cuando los rifeños exigieron cinco millones de pesetas por dejar en libertad a los prisioneros en la derrota de Annual, Alfonso XIII dijo con su gracia chulesca:
-¡Qué cara cuesta la carne de gallina!

Los españoles cultos se dieron cuenta de la responsabilidad que incumbía a Alfonso XIII en el desastre de Annual. Por primera vez en muchos años, el Parlamento español dio señales de vida, enérgica e independientemente. Se formó una Comisión en la Cámara de Diputados compuesta de individuos de diferentes grupos dinásticos y de las oposiciones. Esta Comisión, llamada de los Veintiuno por el número de los individuos que la componían, abrió una información, haciendo comparecer ante ella a numerosos generales.

Por primera vez se vio también en España a los militares -siempre orgullosos y convencidos de pertenecer a una casta superior- prestar declaración ante un tribunal civil como testigos o como futuros acusados.

Según se dice, la Comisión recibió testimonios y documentos que demostraron cómo el general Silvestre se había movido siguiendo las órdenes y los planes estratégicos del rey. Además, una parte de la documentación cambiada entre el monarca y el general Silvestre fue descubierta por un procedimiento algo novelesco.
Recordará el lector que después de la inesperada y completa derrota de Silvestre, los rifeños vencedores avanzaron hasta las puertas de Melilla, y si no entraron en ella fue por falta de decisión. Sólo algunos grupos de soldados enfermos guarnecían la plaza. Para dar ánimo al vecindario, las bandas de música recorrieron las calles haciendo sonar sus instrumentos. Todo estaba abandonado. En tal situación, llegó el general Berenguer con las primeras fuerzas que pudo embarcar en el Marruecos occidental perteneciente a España. Y fue en estos momentos de confusión, cuando alguien, no se sabe quién, descerrajó la mesa del general Silvestre, ya difunto, encontrando en un cajón parte de su correspondencia con Alfonso XIII.
Allí estaba el famoso telegrama: "¡Olé los hombres! El veinticinco te espero." Allí también, entre otras cartas, una en la que el rey aconsejaba a Silvestre lo siguiente: "Haz lo que yo te diga y no te preocupes del Ministro de la Guerra, que es un imbécil."

Este Ministro de la Guerra tratado de imbécil por un rey constitucional que obraba a sus espaldas, era un hombre civil, el vizconde de Eza. Me dicen que al enterarse de tal carta estuvo mucho tiempo sin querer ver al rey, para evitarse la molestia de saludarlo. Ahora, tal vez lo salude, pues para los hombres que tratan reyes, representa muchas veces una muestra de cariñosa confianza ser tratados de imbéciles.

La Comisión de los Veintiuno, después de oír a numerosos testigos, dio por terminado su expediente. La culpabilidad del rey resultaba visible por las declaraciones y los documentos.

Alfonso XIII siguió con inquietud el trabajo de esta Comisión, cuyas funciones eran completamente nuevas. Se iban a hacer públicas en el Parlamento su desdichada intervención en la guerra, sus actos de rey absoluto, su desprecio a la Constitución.

Había que ahogar este escándalo enorme y para ello apresuró el golpe de Estado que estaban preparando los militares y que produjo el Directorio actual.
Una parte del ejército venía conspirando de acuerdo con el rey, pero la fecha de la sublevación se había fijado para más adelante. Al saber Alfonso XIII que la Comisión de los Veintiuno había terminado su información e iba a hacerla pública el veinte de Septiembre, dio orden a Primo de Rivera para que adelantase el golpe de fuerza.

Primo de Rivera, acelerando sus preparativos, con la seguridad que le daba el apoyo del rey, se sublevó en Barcelona el día trece. Uno de los primeros actos de los militares triunfantes fue enviar un oficial de gran confianza al palacio del Congreso, en Madrid, seguido de fuerte escolta. En una de las secciones, donde se había reunido la Comisión de los Veintiuno, estaba guardado el famoso expediente sobre las responsabilidades de la derrota de Annual. El enviado del Directorio se incautó de él, y nadie ha sabido más de tan importante legajo. Deben haberlo destruido.

Pero los individuos de la Comisión viven todos y muchos de ellos guardan nota de las declaraciones que escucharon y los documentos que leyeron.


PRIMO DE RIVERA Y SUS ACÓLITOS

En el curso de los últimos cincuenta años, la monarquía española únicamente ha pensado en halagar al ejército. Creyó que teniendo a sus órdenes la fuerza armada no debía preocuparse de otra cosa. Al que protestase se le ametrallaría. Cuando con la adhesión de las tropas podía permitírselo todo y vivir descansadamente.

El resto del país no ha existido para los reyes. Debo valerme de una imagen para expresar con más exactitud las relaciones de la monarquía con España. Los Borbones han considerado al pueblo español como si éste fuese una máquina de vapor que les estorbaba con su movimiento ruidoso.
Prefirieron los reyes el silencio, la calma absoluta de la nada, y dedicaron su tiempo y sus energías a la supresión de dicha máquina. Colocaron puntales sobre los émbolos para ahogar su ruidoso dinamismo; apagaron sus fuegos, dejaron correr el agua sobre los hogares generadores de fuerza y otras partes de la maquinaria nacional. Ésta ha acabado por paralizarse y oxidarse. Se han roto sus engranajes y se está deshaciendo pieza a pieza.

Yo, español, declaro con dolor y vergüenza, que España es en estos momentos el país más desorganizado de la tierra. Sus regiones más ricas y laboriosas muestran una tendencia instintiva al separatismo. Son miembros que aún laten con vida propia y quieren separarse del resto de un organismo que consideran podrido. Tal es el caso de Cataluña y otras provincias.

Además, durante medio siglo, la monarquía ha convertido en un pueblo materialista y de profunda bajeza moral, a esta España que fue antes una nación romántica, con ideales tal vez equivocados, pero siempre generosos.

Hasta hace un cuarto de siglo, existieron dos Españas: una, tradicionalista; otra, liberal; una, partidaria de las glorias del pasado; otra, deseosa de implantar los progresos más audaces; pero ambas tenían sus ideales respectivos y estaban dispuestas a dar su vida por algo generoso. La monarquía de Alfonso XIII y de su madre ha creado una España cínicamente materialista, que sólo piensa en los provechos vulgares e inmediatos, no cree en nada, no espera nada, y acepta todas las vilezas del momento actual porque le falta energía para arrostrar las aventuras del porvenir, al otro lado de las cuales se halla su libertad.
El país de Don Quijote, gracias a la monarquía de los Borbones, se ha convertido en el asno de Sancho Panza: glotón, cobarde, servil, incapaz de ninguna idea que exista más allá de los bordes de su pesebre.

Las clases acomodadas muestran la crueldad del miedo, que es la peor de las crueldades. Temen moverse, cambiar de postura, aun con la certeza de que este cambio puede ser favorable para el país, y proclaman con brutalidad su amor al garrotazo, declarándose partidarios de toda solución que prometa el fusilamiento como primera medida.

Las masas obreras, por su parte, muestran una violencia más extremada que en ninguna otra nación. Cada vez que han exteriorizado sus deseos se han visto ametralladas en las calles por toda respuesta. El obrero desarmado, como no puede batirse con el militar poseedor de las herramientas de muerte más perfeccionadas, apela al atentado personal. En resumen, las luchas sociales que se desenvuelven en los demás países en una forma más o menos atenuada, adquieren sobre el suelo español, gracias a la monarquía, el carácter de una guerra salvaje.

En cincuenta años, los reyes de España no han creado escuelas, no se han preocupado del progreso intelectual del país. El pueblo español se ve elogiado en todo lo que tiene de más bárbaramente tradicional. Los defectos seculares son considerados y ensalzados por los monarcas como virtudes patrióticas. Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y su hijo, Alfonso XIII, imitaron siempre el lenguaje y las acciones de los toreros los "golfos" de Madrid, considerando esta degradación como algo nacional. Los españoles que muestran una cultura con arreglo a la civilización de otros pueblos son tachados de malos patriotas y extranjeros.

Al llegar aquí, considero conveniente decir algo, aunque sea en breve aparte. La actual reina de España, que es inglesa por su nacimiento, resulta una especie de prisionera moral dentro del palacio de Madrid. Durante la guerra, que arrebató a un hermano suyo, oficial inglés, vivió en resignado aislamiento en medio de una Corte donde todos eran germanófilos, incluso su marido. En los momentos actuales, esta señora, a causa de su educación británica, debe sentirse asombrada viendo cómo su país, uno de los primeros del mundo, es gobernado por hombres civiles, por hombres liberales, mientras la atrasada monarquía española rasga su Constitución y es regida por una tiranía como la Rusia de los zares.

Prosigamos hablando de la vileza actual de España, obra del régimen monárquico. Alfonso XIII acabó por no poder vivir tranquilamente a consecuencia de los males provocados por su mismo régimen; por un lado, el separatismo; por otro, la guerra social; por otro, la debilidad de los gobiernos, que mejor merecían el título de desgobiernos, debilidad que es también de origen monárquico; un resultado de las intrigas a que se muestra tan predispuesto el rey.

En tiempos de Alfonso XII y de la reina Regente sólo había dos partidos dinásticos: el liberal y el conservador, dirigidos por Cánovas y Sagasta. Este turno en el disfrute del gobierno resultaba una comedia ridícula, pero como los jefes sólo eran dos, inspiraban respeto a los reyes y les era fácil entenderse para imponer su voluntad a la familia real y a sus cortesanos. Alfonso XIII, en su deseo de ser monarca absoluto y quebrantar el régimen constitucional, se ha dedicado a fraccionar y subdividir los antiguos partidos gobernantes. Por medio de intrigas y enredos sublevó a los lugartenientes contra sus jefes, premió a los traidores, apoyó a los disidentes e hizo de cada uno el jefe de un nuevo grupo al que prometió el poder. De los dos antiguos partidos hizo surgir una docena, siguiendo la jesuítica máxima de "divide y vencerás".

Gracias a esta política de fraccionamiento, ningún partido gobernante tuvo, desde hace años, fuerza suficiente para mantenerse en el poder. Cada gabinete sólo pensó en defenderse de sus rivales, en sostenerse a toda costa, y para conseguirlo, el gran medio fue mostrarse obediente a las insinuaciones del rey.

Un país corrompido moralmente por la monarquía, agitado por el separatismo, mal gobernado por unos ministerios que sólo podían pensar en su propia existencia, marcha fatalmente a la ruina. La monarquía española ha sido víctima de su propia obra. Asustada por las luchas sociales, ha buscado remedio en una dictadura militar que podía favorecer al mismo tiempo sus instintos absolutistas. Pero es la misma monarquía la que creó la enfermedad nacional que ha pretendido curar luego por medio de la brutalidad militarista.

La influencia fatal y corruptora que los Borbones españoles ejercieron sobre toda la nación, la han hecho sentir igualmente sobre el ejército.
Durante el siglo XIX, el ejército español intervino frecuentemente en la vida política, unas veces en sentido liberal, otras en sentido reaccionario. Pero los militares mostraban en sus sublevaciones cierto idealismo liberal o retrógrado, y este idealismo pudo representar en ciertos momentos una esperanza para el país. Alfonso XIII, y antes de él su madre, mataron también este espíritu del antiguo ejército, convirtiendo a los militares en unos burgueses sindicados, que sólo se preocupan de las ganancias de su profesión.

Así surgieron las llamadas Juntas militares, en 1917. Estas Juntas fueron, sencillamente, unos soviets con uniforme, en los que sólo figuraban militares de subteniente a coronel. Tales soviets de casta, copia a estilo retrógrado de los de Rusia, fueron la manifestación de las aspiraciones de una categoría social que se había dado cuenta de su importancia y quería explotarla.

Ya hemos dicho cómo los reyes pensaron únicamente en halagar y formar el ejército a su semejanza, para estar seguros de su apoyo. El ejército, al tener conciencia de lo necesario que resultaba para la monarquía, empezó a exigirle por medio de sus Juntas aumentos de sueldo y absorbentes privilegios, acabando por formar dentro de la nación una casta aparte, con leyes especiales que lo han hecho intangible e indiscutible. En España se puede discutir todo, hasta la existencia de Dios, pero el que discute un acto de los militares va inmediatamente a la cárcel y se ve sometido a un consejo de guerra, aun cuando sea paisano.

Tal fue la soberbia de los directores del militarismo al tener plena conciencia de su importancia dentro de la monarquía, que las Juntas discutieron con el rey y le impusieron su voluntad. Pero Alfonso XIII, considerando el ejército como una creación de su familia, aceptó tales faltas de respeto como un mal pasajero, y creyó que gobernando con personajes militares sería más dueño del país que acompañado de hombres civiles.

Durante cuatro años se vino preparando el golpe de fuerza que ha suprimido el régimen constitucional y dado principio al régimen militar. El rey, con su característica imprudencia, no supo guardar el secreto. En 1922, a los postres de un banquete en Córdoba, Alfonso XIII dejó ir su lengua. Esto nada tiene de extraordinario, pues en Córdoba abunda el vino de Montilla, que hace olvidar toda discreción a los postres de un banquete. Inexperto orador que se echa a nado a través de sus discursos, habó con amargura de su papel de rey constitucional, dando a entender que el porvenir sería amo absoluto.
Las Juntas militares deseaban también gobernar a España. Según ellas, los fracasos del ejército en Marruecos se debían a los gobiernos constituidos por hombres civiles, a "los políticos" que eran para el rey y para los militares una especie de víctimas expiatorias. Todos los males del país debían atribuirse a tales políticos. El día en que el rey y media docena de generales gobernasen España a su capricho, empezaría una época de venturas y el ejército obtendría victorias cada veinticuatro horas.

Primeramente, los militares metidos a políticos pensaron dar la dictadura al general Aguilera. Este señor, que era entonces presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, resultó un personaje menos bufo y de costumbres más honestas que Primo de Rivera. Pero una tarde surgió inesperadamente en el Senado una discusión entre personajes civiles y militares. El general Aguilera dijo que el honor de un militar es superior al honor de un hombre civil y el señor Sánchez Guerra, antiguo presidente del Consejo de Ministros, político conservador y hombre de temperamento nervioso, le contestó dándole dos bofetadas como demostración de que un civil puede ser tan hombre como un militar.

Gran escándalo parlamentario, explicaciones, todo lo propio del caso, pero Aguilera, a pesar de que es un hombre de historia valerosa, tuvo que quedarse con las dos bofetadas y no las pudo devolver. Después de este incidente, ya no era lógico pensar en dicho general para que fuese el dictador. ¿Qué miedo puede infundir un guerrero que recibe dos manoplazos de un simple abogado?
Y fue entonces cuando el rey pensó en Primo de Rivera, general desprestigiado por su conducta particular, poco querido en el ejército por la rapidez de su carrera, pero que estaba ocupando la Capitanía general de Cataluña.

De todos los generales del ejército español, el menos indicado para representar una revolución moralizadora es Primo de Rivera.
No quiero valerme de la vida particular de mis enemigos; pero con Primo de Rivera resulta inútil este escrúpulo. El mismo, dándose cuenta de su situación, ha hablado varias veces, como si hiciese penitencia pública, de la existencia que llevaba hasta hace poco más de un año, o sea, antes de ser dictador. (Según dicen muchos españoles, continúa llevando en la actualidad la misma existencia, pero con un poco más de recato).

Durante más de treinta años, cuando los militares españoles querían mencionar un caso de favoritismo inaudito, de nepotismo, mencionaban a Miguelito Primo de Rivera. En la actualidad, las gentes siguen llamándole Miguelito, porque, aunque es teniente general y gobierna arbitrariamente a toda España, imponiendo sus voluntades al mismo rey, continúa siendo tan Miguelito como en la época en que era teniente. Su carácter no ha cambiado.
Fue sobrino del capitán general Primo de Rivera que traicionó al gobierno revolucionario en 1874, ayudando a restaurar la dinastía de los Borbones. Este señor, que no tuvo hijos, concentró toda su influencia y su cariño en Miguelito para hacer de él, en poco tiempo, un continuador de las glorias de la familia.

Pocas veces se ha visto una carrera tan rápida. Ascendió casi tan aprisa como los generales de la primera República francesa y de Napoleón. Este mozo no pudo hacer un gesto sin que resultase un acto heroico. Allí donde España tuvo una guerra, allí estuvo él y a las veinticuatro horas de llegar ya había hecho algo extraordinario, únicamente comparable con las hazañas del Cid.

Reconozco que debe de ser un apreciable subalterno, un oficial valiente como los posee a miles el ejército español. Lo malo para estos miles de oficiales es que ellos no han tenido un tío como el capitán general Primo de Rivera, y sus actos habituales de valor sólo merecen cuando más una pequeña nota en la hoja de servicios. En cambio, Miguelito no desnudó jamás el sable sin que obtuviese un grado o un nuevo título de heroísmo.

Durante el período de las guerras coloniales, su tío hizo de él una especie de viajante comisionista del heroísmo militar. Lo envió a la guerra de Cuba para que obtuviese varios grados y cuando ya no era decente pedir más para él, lo remitió a Filipinas para que hiciera nueva cosecha. En resumen, que poco después de los treinta años ya era general; el general más joven del ejército español.

Jamás mandó un ejército. Ha sido siempre un subalterno. La primera vez que actúa de general en jefe es ahora, como presidente del Directorio, asesorado por otros camaradas no menos cubiertos de entorchados, condecoraciones y fajas. Estos oropeles vistosos no los libran a todos ellos de la vergüenza de ser zarandeados y golpeados por Abd-el-Krim, que fue su maestro de árabe y su compañero de juergas cuando vivía en Melilla como empleado del Gobierno español.

En Primo de Rivera el individuo resulta tan interesante como el "héroe". Yo he hablado con él dos veces nada más, pero como no resulta un personaje de grandes complicaciones intelectuales, hay de sobra con eso para conocerle. Nació en Jerez, la tierra del vino generoso, y tiene la verbosidad del meridional. Esto no significa una censura. Su facundia podía resultar un instrumento útil al servicio de una verdadera inteligencia. Pero Miguelito es algo así como un primo hermano de Alfonso XIII: un hombre de carrera fácil que se lo encontró todo preparado por el hecho de nacer, y cree saberlo todo y haber venido al mundo para solucionar los más difíciles problemas, diciendo una serie de perogrulladas...

Con su palabrería, suficiente y segura, me recordó a muchos generales improvisados que he conocido en México y en algunas pequeñas repúblicas de la América del Sur. Sólo le falta escribir versos malos para ser un perfecto héroe como los otros. Pero a falta de ello, redacta manifiestos casi pornográficos en los que alude a los órganos masculinos, echa requiebros a las mujeres españolas y comete extravagancias que hacen de él un personaje de horribles consecuencias para sus compatriotas, pero ameno y pintoresco para los extranjeros.

Tiene la locuacidad disparada de un barbero a la antigua con faja de general, de un Fígaro que mientras afeita al parroquiano arregla con su interminable y segura facundia la suerte del país. Diré más adelante cuáles fueron los primeros actos de gobierno del moralizador Miguelito.

En realidad, resulta una ironía de la suerte haber escogido a este alegre soldado para defensor de los principios morales. Primo de Rivera es eternamente joven, con una juventud vulgarota y escandalosa, buena para una guarnición de provincias. Recuerdo lo que contaban de él en Valencia cuando era capitán general de dicha región. Una vez, la gente se indignó contra él porque en el palco de un teatrillo le sorprendieron con una corista, consumando casi en presencia del público lo que los demás sólo se atreven a hacer a puerta cerrada.

De sus tiempos juveniles guarda la afición a visitar por la noche ciertas viviendas que en Francia ostentan un gran número sobre su puerta.
Aún en la actualidad, siendo dueño absoluto de España, los trasnochadores de Madrid encuentran muchas veces su automóvil oficial detenido en las cercanías de las más reputadas casas de lenocinio. Estas casas quedan cerradas para sus habituales parroquianos cuando las visita por la noche Su Excelencia y sus amigos.

Además, Primo de Rivera es uno de los más famosos jugadores de España. No hay círculo de juego que no le haya tenido por cliente. Se ha jugado lo suyo y lo de otros, y cuando se apoderó del gobierno para moralizar a España, andaba, según dicen, muy falto de dinero.

El último Gobierno lo envió de Capitán General a Cataluña por un azar, porque no había disponible para dicho puesto otro general. Desde el primer momento explotó su situación, ofreciéndose como un héroe a las clases más conservadoras y retrógradas de Barcelona. Este hombre tiene la monomanía de los órganos sexuales y a cada momento los alude en su conversación o los menciona en sus documentos políticos. Atropellando a los distintos gobernadores civiles que pasaron por Barcelona, hizo intervenir su autoridad caprichosa en todos los conflictos sociales. Muchas veces los patronos quisieron transigir con los obreros en huelga, por considerar de poca importancia las diferencias que les separaban; pero él se opuso a todo arreglo.
-Déjenme a mí -decía- ya es hora que estos canallas se encuentren con un hombre de muchos... como yo. Voy a meterlos en un puño.

Desde la Capitanía General de Cataluña se entendió con el rey para un golpe militar que derribase al gobierno constitucional. El golpe no pudo ser más fácil. El gobierno presidido por el marqués de Alhucemas era un gobierno de gente débil que no opuso la menor resistencia. Además, el general Aizpuru, ministro de la Guerra en dicho gabinete, fue un hombre desleal y sin escrúpulos, un traidor que se entendía con sus compañeros sublevados y desde el Ministerio ayudó y facilitó su complot. Por esto el Directorio, una vez triunfante, lo premió nombrándole Alto Comisario en Marruecos.

Si Alfonso XIII hubiera querido cortar la sublevación militar de Cataluña, podía haberlo hecho dirigiendo un simple telegrama al coronel de la Guardia Civil de Barcelona. Con ir éste en busca del Capitán General, agarrarlo de una oreja y llevarlo a la cárcel, hubiese terminado la insurrección, sin ningún otro incidente.

La sublevación militar de Primo de Rivera, lo mismo en Barcelona que en Madrid y otras poblaciones, fue una sublevación puramente de oficiales. Estos hablaron y amenazaron en nombre del ejército, pero el ejército permaneció encerrado en los cuarteles. Los soviets de oficiales muestran cierto miedo a sacar los soldados a la calle. Temen lo que puedan hacer al verse en la vía pública bajo el mando de jefes insubordinados que han suprimido las libertades de su país. Bien podría ocurrir que en vez de tirar contra el pueblo, tirasen contra los que tuviesen más cerca.

Pero el hecho es que Primo de Rivera realizó sin ningún obstáculo y de acuerdo con el rey, la sublevación militar de Cataluña. Es más: la realizó en medio del ruidoso entusiasmo de ciertas clases sociales.
Esto lo reconozco y me lo explico perfectamente. Miguelito, brillante hablador, algo retorcido y desleal en sus promesas, mostró entusiasmo aun cuando las palabras de dicho entusiasmo fueron muy vagas. Pero esto bastó para que los catalanistas ricos admirasen en él al sostenedor de la autonomía de su región. Además, los industriales y capitalistas más agresivos, al verse amenazados en su lucha con los obreros, lo aclamaron como un heroico paladín de la sociedad presente.

Todos estos elementos, al marchar él a Madrid, le saludaron en Barcelona como si fuese la aurora de un día glorioso. La gente inconsciente que al verse en una mala posición desea un cambio, sin pararse a determinar la forma de dicho cambio, vitoreó igualmente al vencedor sin combate.
Ya he dicho como la monarquía en cincuenta años ha desorientado a los españoles, envenenando su juicio. Existe en España un rebaño considerable que acepta las ideas, siempre que sean simples y fáciles, aun cuando resulten absurdas. El trabajo de monarquía ha consistido en hacer creer al país que todo lo malo que ocurre es por culpa de los políticos y, si de vez en cuando, hay algo bueno, esto no es obra de dichos políticos, sino del rey. El pobre monarca es un dechado de bondad; el haría toda clase de cosas buenas en favor de su pueblo, pero no le dejan los pícaros políticos que viven en torno de él. Y los pobres políticos, que no han sido más que unos domésticos de la monarquía, se ven atribuir toda clase de vicios y crímenes.
El vulgo español educado por los reyes tiene un apelativo fácil que aplica a todos su gobernantes:
-¡Ladrones! ¡Todos ladrones!
Y Miguelito, barbero locuaz con faja de general, que tiene una mentalidad poco más o menos como la del vulgo, encontró fácilmente el programa revolucionario para entusiasmar a la masa imbécil.
"El rey es un gran hombre; casi tan grande y tan puro como yo. Todos los políticos que han gobernado hasta ahora son un atajo de ladrones. Yo los desenmascararé y los meteré en la cárcel."
Y después de esta solemne promesa, el hombre providencial regenerador de la monarquía, emprendió el camino de Madrid para purificar España.


EL FRACASO DEL DIRECTORIO

El primer acto de Primo de Rivera fue lanzar una manifiesto en el que incitaba a todos los españoles a que ejerciesen la delación, prometiéndoles una impunidad absoluta. Su ideal fue volver España al tiempo de las acusaciones sin prueba, de los autos de fe, ejerciendo de Gran Inquisidor. Todos podían llevarle delaciones con la certeza de que el guardaría un secreto absoluto sobre su origen. Afortunadamente para la honra de España, muy pocos respondieron a este manifiesto desmoralizador e infame.

Como había iniciado su revolución al grito de ¡Abajo los políticos ladrones!, necesitó probar que todos sus antecesores en el gobierno habían hecho escandalosos robos, pero hasta la fecha, después de trece meses de dictadura, todavía no ha podido probar nada.

El personaje civil, objeto de sus odios y persecuciones, fue el señor Alba. Este ministro de la monarquía, relativamente joven y de convicciones liberales, resultó una especie de "bestia negra" para Primo de Rivera y sus acólitos del Directorio. Se explica esto por el hecho de que durante sus períodos de gobernante, el señor Alba intentó establecer un impuesto sobre las utilidades de los aprovechadores de la guerra; decretó que la enseñanza católica no debía ser obligatoria en las escuelas, respetándose las creencias de los niños cuyas familias no profesasen la religión oficial, e impuso por primera vez el pago de tributos a las órdenes religiosas, igualándolas con las asociaciones civiles. Esto bastó para que las gentes de la derecha, sostenedoras del Directorio, le mirasen como un demagogo digno de sus ataques y calumnias.

Además, el rey odia a Alba porque siendo ministro se atrevió a discutir con él, cuando pretendía salirse de sus atribuciones de monarca constitucional. Por otra parte, dicho ministro osó realizar por cuenta propia el rescate de los prisioneros en el Riff, rescate que no hubiesen conseguido nunca los generales, y poco antes del golpe de estado hizo relevar a algunos de estos por ineptitud o desobediencia.

Los pretorianos del Directorio en el momento de su triunfo habrían asesinado al señor Alba, de permanecer éste en San Sebastián al lado del rey. No ignoraba Alfonso XIII tales propósitos y, sin embargo, no dio ningún aviso a su ministro. Este, afortunadamente para él, pasó la frontera y se refugió en Francia. Dejándose matar habría perdido no sólo la vida, sino también la honra, cayendo envuelto en las acusaciones de latrocinio que el verboso Primo de Rivera distribuye con su inagotable generosidad de charlatán. Nombró éste, nada menos, que a un ayudante suyo juez especial en el proceso formado por el Directorio al señor Alba. Todos los papeles particulares de dicho ministro, hasta los más íntimos, cayeron en poder de los militares vencedores y, sin embargo, no ha podido probársele hasta la fecha un solo hecho delictuoso. Primo de Rivera, creyendo en la torpeza de su ayudante, designó a un juez civil, un juez de carrera, hijo de un antiguo criado de su familia. El nombramiento no podía ser más parcial e interesado. Y sin embargo, este juez doméstico se ha visto obligado a absolver a Alba después de ocho meses de una rebusca arbitraria y de amenazar a los testigos para que dijesen cosas contrarias a la verdad.

Igual fracaso ha sufrido la tiranía militarista al buscar pruebas de sus afirmaciones calumniosas procesando a otros hombres políticos. Los terribles ladrones, cuya impunidad justificaba, según algunos, la sublevación de Primo de Rivera, no han aparecido por ninguna parte.

El Directorio hizo una revolución contra la inmoralidad y resultó, desde los primeros días de su triunfo, que la inmoralidad llegaba con él. Todos conocen uno de los primeros actos del dictador Primo de Rivera, eterno tertuliano de las casas de juego y de las casa de ventanas cerradas donde se expende el amor fácil.

La familia de un empresario de teatro de Madrid, reblandecido por los años y los excesos, denuncia a la justicia el secuestro en que se hallaba éste bajo el poder de cierta trotadora de aceras, apodada la Caoba, sin duda por el color de su piel. El juez, al enterarse de que la Caoba daba cocaína y otros estupefacientes a su viejo amigo, ordenó su procesamiento... Y es, al llegar a este punto, cuando el director encargado de hacer la felicidad de España, olvida sus importantes ocupaciones para concentrar todas sus facultades de guerrero y estadista en la solución de dicho caso. Sin duda, las amigas que le tutean por la noche en los burdeles de Madrid, solicitaron su auxilio.
-Miguelito, tú que eres tan bueno, debías socorrer a la pobre Caobita.
Y Miguelito escribió al juez para que diese por terminado el asunto no molestando más a la cortesana de bajo vuelo. El juez, en defensa de sus derechos y de la potestad civil, repuso que la justicia no recibe órdenes y él continuaría ajustándose a su deber, añadiendo que iba a hace figurar en el proceso la carta que le había enviado el dictador. Éste apeló entonces al Tribunal Supremo, jefe de la justicia española, para que castigase al juez. El presidente contestó que su subordinado había procedido con rectitud no atendiendo ninguna recomendación y que él aprobaba su conducta de juez íntegro. Entonces, Miguelito, por dar gusto a sus amigas matriculadas en el Gobierno Civil de Madrid, persiguió al juez y obligó al presidente del Tribunal Supremo a que pidiese su retiro. Todo por la Caobita. ¡Viva la moralidad!

Este dictador, que proclamó la delación un virtud pública, ejerce como dogma de gobierno la violación de la correspondencia y hace abrir las cartas, condenando a los ciudadanos por lo que dicen en ellas confidencialmente.
Mi amigo, el eminente escritor Miguel de Unamuno, una de las inteligencias más poderosas de la Europa contemporánea, y varón de austeras virtudes, fue sentenciado a la deportación en una isla de Canarias por haber escrito una carta a un amigo suyo de la Argentina manifestando sus impresiones sobre el Directorio, carta que dicho amigo publicó por su cuenta en un diario de Buenos Aires.

También el ex ministro conservador señor Osorio y Gallardo envió una carta al señor Maura, político de la extrema derecha, contándole un negocio sucio que acababa de realizar el Directorio. Primo de Rivera hizo abrir la carta y metió en la cárcel a Osorio y Gallardo.

Otras veces, basta un artículo en un periódico de carácter profesional, en el que no se ha fijado la previa censura, para que su autor se vea perseguido. El marqués de Cortina fue deportado a Canarias por un estudio financiero en el que hablaba de los errores económicos del Directorio.

Primo de Rivera, que se preocupa como un comediante de sus efectos escénicos y desfigura la verdad tranquilamente para conseguir un aplauso momentáneo, sabe que él y sus compañeros de generalato no pueden continuar en el poder si muestran una brutalidad descaradamente soldadesca. Por eso se ha preocupado de fundar un partido civil titulado Unión Patriótica, con el propósito de dejar aparentemente el poder en manos de estos comparsas vestidos de paisano, para continuar él gobernando, metido entre bastidores.

El dictador, como muchos de sus compañeros de gobierno y de mando militar, sirve para todo...¡para todo! ¡menos para su oficio que es hacer la guerra con éxito! Este hombre, que asesinó la Constitución de su país, con el pretexto de que así podrían dirigir los militares con más soltura las operaciones de guerra, ha pasado diez meses sin acordarse de la guerra ni del ejército que vivía casi olvidado en Marruecos, en una inactividad inexplicable, hasta que la ofensiva de los marroquíes vino a sorprenderle en peores condiciones que en 1921, o sea, cuando gobernaban los hombres civiles. Primo de Rivera se ocupaba mientras tanto en ir de provincia en provincia recibiendo ovaciones preparadas casi a viva fuerza por sus acólitos y organizando la llamada Unión Patriótica.

El lector sabe que todos los hombres políticos de España -incluso el señor Maura, al que es justo reconocer que siempre fue un recio sostenedor del poder civil-, se retiraron de la vida pública, dejando a Primo de Rivera que lo arreglase todo por sí mismo, ya que es el Mesías español y los demás unos ladrones.

Miguelito ha intentado copiar a Mussolini, pero torpemente, con un mimetismo de histrión, como él hace todas las cosas. Mussolini viene de abajo, tiene un partido detrás de él, se apoya en las masas populares que lo elevaron hasta el poder. El sobrino "heroico" del viejo Primo de Rivera ha empezado por asaltar el poder y luego intentar fundar, de arriba abajo, un partido político para dar cierta justificación a su escalo del gobierno, realizado con las agravantes de fractura y nocturnidad.

Como tiene unos cuatro mil militares colocados con triple sueldo al frente de los ayuntamientos y otros organismos, los cuales ejercen una especie de Terror, ha ido formando, gracias a esta red de pequeños procónsules, las primeras agrupaciones de la Unión Patriótica. A pesar de que ofrece carteras de ministro a todo el que quiera figurar en el futuro gabinete, no ha encontrado un personaje conocido que se preste a ser su comparsa, actuando en un falso ministerio civil que sería la segunda evolución de su dictadura.

La gran página de la vida política del dictador es el viaje a Italia con su protegido y prisionero: Alfonso XIII. El tirano con uniforme se fue a banquetear con Mussolini, tirano cursi de chaqué y polainas blancas, al que hay que reconocer, sin embargo, una gran superioridad sobre este militar verboso. Sin duda, el antiguo obrero italiano, que cultiva la anchura de su frente a lo Napoleón y únicamente permite que le encuentren cierto parecido con Julio César, a causa de su porte majestuoso, debió torcer el gesto cada vez que Miguelito lo trató como un compañero, titulándose el mismo el "Mussolini de España".

Alfonso XIII, por su parte, dio pruebas de discreción, oportunidad y espíritu moderno, leyendo ante el Papa su famoso discurso. Para descargo del monarca, debo hacer público que el tal discurso no es suyo. Se lo escribió el padre Torres, famoso jesuita residente en Madrid y la obra resulta digna de su verdadero autor. Hasta el Papa, según parece, se espantó de una intransigencia religiosa tan absurda, de un espíritu católico tan estrecho, burdo y retrógrado.

El rey de España habló en nombre de los españoles, todos los cuales son católicos según él, olvidando que hay españoles de creencias puramente civiles. A juzgar por el discurso de Alfonso XIII, únicamente se puede ser español y persona honrada siendo católico.

Además, con una discreción que no podía resultar más inoportuna, recordó que España se había batido siempre contra los musulmanes y añadió que seguiría batiéndose en África para implantar la cruz, imponiéndosela a los secuaces de Mahoma.

Los representantes de España en Marruecos, para conseguir la sumisión de los rifeños, vienen desde hace años afirmando que el gobierno español reconocerá la religión de los mahometanos y la respetará, como Inglaterra, Francia y otros países respetan en sus colonias las religiones de sus habitantes. Pero el biznieto del Fernando VII, en unos cuantos minutos, destruyó esta obra de propaganda, leyendo el discurso escrito por el padre Torres, según el cual España tiene la misión de imponer la cruz a los mahometanos.

Abd-el-Krim, que es una especie de español vestido de moro, y por haber pasado la mayor parte de su vida en Melilla al servicio de España, conoce perfectamente a muchos de sus generales y a Alfonso XIII, no desperdició una ocasión tan propicia para sus planes, e hizo traducir al árabe la pieza literaria del jesuita leída por el rey, repartiéndola en todas las tribus de Marruecos que la monarquía española considera bajo su protectorado.

Hay que saber lo que significa para los mahometanos el Papa y una promesa como la que hizo en el Vaticano Alfonso XIII. El tal discurso reanimó la causa de Abd-el-Krim, dando a éste más partidarios que si repartiese millones. La guerra tomó un carácter religioso gracias al discurso del rey, extendiéndose a la parte occidental, pacífica hasta entonces.

¡Pensar los muchos centenares de españoles que van muertos por esta discreta y oportuna pieza oratoria de Alfonso XIII y el padre Torres!
Si el discurso no fue acogido con una tempestad de aplausos, hay que reconocer que ha provocado una tempestad de balas.

Cuando en el viaje a Italia pasó Alfonso XIII por Valencia, pronunció otro discurso a los postres de un banquete. El rey de España y Primo de Rivera siempre se sienten oradores a los postres de los banquetes y se expresan con la prudencia del ebrio, si es que no cuentan de antemano con un discurso escrito por un jesuita, y les obligan a improvisar.

El rey afirmó que los políticos que habían gobernado con él eran ladrones en su inmensa mayoría y todos ellos ineptos en absoluto, añadiendo que si el Directorio no los hubiese arrojado del poder, habría acaba él solo por encargarse de hacerlo. Tan estúpido e inoportuno resultó el discurso que, no obstante ser obra del rey, los individuos del Directorio residentes en Madrid, que por no haber asistido al banquete tenían el cerebro más claro para juzgar las cosas, prohibieron a los diarios que lo publicasen.

Pero el discurso existió y es oportuno que no caiga en el olvido. Ahora, Alfonso XIII es prisionero del Directorio y recuerda con nostalgia sus dúctiles y obedientes ministerios de hombres civiles que le ponían a veces algunas trabas, pero acababan por cumplir sus voluntades. Le ha ido muy mal con los soldados del Directorio por ser gentes de su misma especie y mentalidad. Sueña con que el tiempo y los desastres le libren de estos crueles preceptores y en tal caso, buscará con su hipocresía sonriente el apoyo de sus antiguos ministros. No sé si éstos se acordarán entonces de este discurso alcohólico pronunciado en Valencia: "casi todos mis ministros fueron ladrones y todos ellos, en absoluto, ineptos e imbéciles."

El fracaso del Directorio no puede ser más absoluto en todos los órdenes de su actividad política y militar. Habló de numerosos ministros que iba a meter en la cárcel; por terribles inmoralidades que pensaba descubrir. Hasta ahora no ha metido en la cárcel más que a gentes honradas a quienes abrió las cartas como un ratero. No ha descubierto ninguna inmoralidad de políticos conocidos, y eso que apeló a los más innobles e inquisitoriales procedimientos contra Alba y otros personajes. Toda su moralización ha consistido en dejar cesantes a unos cuantos empleados que iban tarde a sus oficinas y en procesar a secretarios de pequeños ayuntamientos que cometieron irregularidades de poca monta o descuidos propios de una administración estacionaria. Algunos de estos empleados insignificantes, gentes tímidas, aterradas por el despotismo militar, se han suicidado. El pueblo español, convencido de la mentira moralizadora del Directorio, repite una frase cruel: 
-Nos prometió carne de ministro y sólo nos ha dado huesos de pobres empleados.

En cambio, se ha hecho patente la inmoralidad más repugnante y descarada en el seno del ejército. La actual guerra de Marruecos resulta un pretexto para el latrocinio. Jamás se conocieron en el ejército español tantos robos, y como en él existen muchos hombres honrados que callan por disciplina, puede decirse que el ejército en general sufre una vergüenza silenciosa por las rapiñas de una minoría que el Directorio no ha castigado nunca. Los militares que viven austeramente de su sueldo y cuyas familias no gastan un lujo de millonario, desean ver sentenciados a los compañeros indignos que se enriquecen con la guerra. Primo de Rivera no quiere este castigo, no le conviene, pues disgustaría con él a muchos allegados suyos que le apoyan.

El general Bazán, espíritu justiciero, fue comisionado para averiguar los robos cometidos en el ejército de Marruecos, y desde los primeros momentos de su honrada gestión empezaron a salir a la luz enormes rapiñas que representaban muchos millones de pesetas.

Pero Miguelito, por compañerismo o por lo que sea, echó tierra al asunto y hasta ahora nada se ha hecho que demuestre un deseo de moralización enérgica. El Directorio sólo ve ladrones allí donde hay hombres civiles; el que lleva uniforme no puede robar. Y los militares que verdaderamente no han robado, sufren por esta falta de justicia, pues sirve para que confundan a los buenos con los malos y aumente el escepticismo general.

Pero donde el fracaso del directorio resulta más extremado y tristemente grotesco es en lo referente a las operaciones de guerra. Jamás, en tiempos de los ministerios civiles, sufrieron las tropas españolas un fracaso tan enorme como el último ni se sublevó la parte occidental de Marruecos.

Uno de los motivos de la animadversión de los general ineptos contra el último gobierno constitucional fue que, según ellos, los ministerios de hombres civiles no les permitían, con sus restricciones, hacer una guerra victoriosa. Al señor Alba, que presentó con frecuencia objeciones a los disparatados planes de los generales, le odiaron como un traidor a la patria y desearon su muerte "porque estaba quitando al ejército días de gloria."

Triunfó el Directorio completamente; no tuvo ningún obstáculo; prodigó con el mayor derroche de dinero y hombres, y sin embargo, el fracaso no ha podido ser más ruidoso. Por lo pronto, estos generales metidos a gobernantes que debían haber hecho la guerra inmediatamente, permanecieron diez meses sin acordarse del ejército. Las tropas se mantuvieron todo ese tiempo en sus antiguas posiciones sin intentar ningún avance, lo mismo que estaban en tiempos del gobierno constitucional. Únicamente se han movido cuando Abd-el-Krim, que es el que dirige en realidad las operaciones, les atacó, derrotándoles.

Primo de Rivera, después de recibir el último golpe y verse obligado a una retirada, intenta justificar los porrazos que le han dado diciendo que él siempre fue partidario del repliegue de las tropas a las posiciones de la costa. Si es así, ¿por qué no realizó esa retirada desde el primer momento de su gobierno? ¿A qué sublime plan ha obedecido el permanecer diez meses haciendo viajes de triunfador por las provincias de España y dejando olvidado al ejército?

Este rayo de la guerra lo que hizo fue creer ilusoriamente que podría mantener las tropas en sus antiguas posiciones todo cuanto le diera la gana, esperando una ocasión propicia para conseguir algún avance que proporcionase falsa gloria a su Directorio. Pero no contó con que Abd-el-Krim, su antiguo compañero en Melilla, es más general que él. No pudo sospechar que éste corría de la zona oriental a la occidental, llevando la guerra a territorios hasta hace poco relativamente tranquilos.

Además, Primo de Rivera ha contribuido poderosamente a este desastre con uno de sus discursos. La oratoria de él y de Alfonso XIII no pueden ser más fatales para España. Estos dos aprendices de tribuno, moviendo sus lenguas, causan más daño a la nación que las armas de los enemigos.

Ya hemos dicho como el regio lector de la elucubración del jesuita Torres prestó un servicio sangriento a España. Miguelito, no menos discreto y prudente que Alfonso XIII, creyó necesario a los postres de un banquete en Málaga (¡siempre a la hora de las grandes copas!) comunicar a sus compañeros de mesa los planes militares en Marruecos, y anunció en un discurso, reproducido luego por los periódicos, que iba a abandonar gran parte de los territorios ocupados en África, limitándose a defender las antiguas plazas españolas.

Yo sé que el mariscal Leautey, gran especialista en asuntos marroquíes, se llevó las manos a la cabeza, escandalizado por la imprudencia estúpida de tal discurso.
-Esas cosas -dijo- se hacen si son necesarias, pero no se publican con anticipación.

Efectivamente, el discurso de Primo de Rivera anunciando la retirada, fue traducido al árabe por Abd-el-Krim para que circulase entre las tribus de occidente y produjo un efecto fulminante. Los moros amigos de España o simplemente neutrales, se apresuraron a sublevarse contra los españoles, atacándolos. Necesitaban tomar una actitud antes de que los dejasen solos nuestras tropas en retirada y quedasen ellos sometidos al vencedor Abd-el-Krim. Quisieron ser amigos de éste cuanto antes; hacer méritos para evitar su castigo... Y todos marcharon con belicosa emulación contra los soldados españoles, gracias a la imprudencia del hablador y petulante Miguelito.

El desastre en Marruecos occidental ha sido el mayor, durante las últimas semanas, que el desastre de Annual de 1921. El ejército, guiado por el Directorio, ha sufrido 17.000 bajas. En poder de Abd-el-Krim existen en este momento más de dos mil prisioneros. Han quedado abandonadas en manos de los marroquíes cantidades considerables de artillería y municiones. El caudillo rifeño se ha apoderado de parques enteros.

Además, muchos de los naturales de esta zona, sublevados previsoramente por el aviso que les dio el discurso de Primo de Rivera, estaban armados con fusiles que les habían entregado los mismo generales de España.

Abd-el-Krim sonríe ante las afirmaciones de ciertos bodoques amigos del Directorio, que dijeron en otro tiempo, por espíritu reaccionario, que era Francia la que daba a los rifeños armas para luchar, y ahora aseguran que es Inglaterra la que proporciona dicho material.
-¿Para qué necesito que me den armas las otras naciones de Europa? -contesta el jefe marroquí-. Me basta con las que me proporcionan los generales españoles en sus retiradas y sus derrotas.
Y así es; tal vez no llegue a emplearlas todas. Con tanta abundancia se las regalan Primo de Rivera y sus colegas en desastres.

Mientras el dictador hacía discursos de propaganda en Galicia, las tropas permanecieron olvidadas en sus posiciones, en una situación tal vez peor que la de 1921. Cinco mil marroquíes al mando de Abd-el-Krim corriéndose de oriente a occidente, han bastado para hacer sufrir este desastre, peor que el de Annual, a un ejército de diez mil hombres. Es verdad que este ejército tiene al frente a Napoleón Primo.

La derrota de la zona occidental ha abundado en episodios de heroísmo... pero, al fin, es una derrota. Muchas posiciones sólo se rindieron cuando lo ordenó por teléfono el presidente del Directorio. En una de ellas, un oficial encargado del mando, sabiendo lo que es caer prisionero de los marroquíes, remató con el revólver a los heridos y luego se mató él. Mas, antes de suicidarse, dejó escrita una breve carta en la que maldice a Primo de Rivera y lo envía a... donde se merece. La carta de este mártir del deber es el mejor comentario del fracaso militar del Directorio.

Ha fracasado igualmente en la cuestión social. No ha hecho nada para resolverla o aminorarla, ni podrá hacerlo. La gente que sólo ve las exterioridades y no se para a reflexionar, dirá que en este momento no hay atentados en Barcelona y otras ciudades. Efectivamente, no los hay porque el país se halla en estado de guerra. Tampoco los hubo cuando era gobernado por ministerios civiles y declaraban el estado de guerra. Pero dicho estado excepcional no puede prolongarse indefinidamente, así como tampoco se prolongan en el cuerpo humano las situaciones excepcionales creadas por anestésicos y soporíferos. Algún día será preciso volver a la normalidad y seguramente se reproducirán entonces los mismos atentados, pues el Directorio militar no ha suprimido sus causas, antes bien las ha exacerbado. Los atentados por cuestiones sociales sólo pueden remediarse sustituyendo completamente el régimen actual.

Como la situación perpetua de guerra en que ha sido colocada España por el Directorio y las arbitrariedades del despotismo militar fomentan la inseguridad y el miedo, las gentes viajan menos, cada uno permanece en su casa, los hoteles están vacíos y el comercio sufre la consecuente paralización. Gracias al Directorio, la peseta baja de valor todos los meses y el precio de las cosas sube de un modo alarmante. Las subsistencias resultan cada vez más caras. La vida del español pobre va siendo casi imposible bajo el gobierno de estos sostenedores del orden a estilo de cuartel y fomentadores del hambre que favorece la obediencia. Un año más de Directorio y se completará la catástrofe financiera y la bancarrota nacional.

Hay que decir, aunque sea brevemente, lo que ha hecho este gobierno moralizador en el orden económico. Podía haber realizado reformas con más facilidad que los ministerios civiles, por no tener que vencer obstáculos tradicionales. Pero no ha hecho otra cosa que consagrar los viejos abusos y suprimir las pocas reformas liberales que en el orden financiero habían hecho los ministerios civiles. Por ejemplo, ha exonerado a las sociedades religiosas de pagar contribución suprimiendo la ley que les obligaba a ello. Pero temiendo los comentarios, ha prohibido a la prensa que hable de esta medida retrógrada. Ha fingido economías que no existen, ha amortizado algunos empleos pequeños al mismo tiempo que ha creado grandes plazas para generales. El mismo Primo de Rivera se ha aumentado el sueldo, atribuyéndose 60.000 pesetas para gastos de representación, lo que no había osado hacer ningún presidente civil de los gobiernos anteriores. La deuda flotante ha aumentado en un año de Directorio cerca de MIL MILLONES de pesetas.

Durante el régimen constitucional, o sea, hasta hace un año, la peseta se cotizaba con veintiséis céntimos de pérdida, relativamente al tipo oro. Ahora, bajo el despotismo de los generales, pierde ya la peseta el cincuenta por ciento y su caída irá continuando mansamente.

Para conservar bien supeditado al país, prodiga el Directorio dietas y gratificaciones, como no lo hizo ningún gobierno. Existen actualmente cuatro mil militares con empleos civiles. Unos son delegados del gobierno. Otros ocupan puestos en la administración pública. Los delegados militares que figuran al frente de los distritos fiscalizan los municipios, hablan a gritos a los alcaldes como si fuesen reclutas, gobiernan los pueblos lo mismo que cuarteles y dan sus disposiciones conservando en la mano el latiguillo de montar. Estos delegados cobran su sueldo de oficial, una gratificación del gobierno y una remuneración votada por los ayuntamientos que viven aterrados bajo su arbitrariedad de pequeños procónsules. Total, tres pagas. Aparte de esto, los ayuntamientos tienen obligación de proporcionarles casa gratuitamente para ellos y sus familias.

Todos los comisarios del Terror militarista son protegidos de Primo de Rivera y el principal núcleo de sus admiradores y sostenedores. Cuando el dictador viaja por las provincias, estos delegados con espuelas llevan a los ayuntamientos, lo mismo que si fuesen rebaños, a tributar ovaciones a Primo de Rivera, proclamándolo el Salvador de España.

Como el presidente del Directorio es hombre sin escrúpulos, que vive alegremente con la mentira y busca éxitos escénicos lo mismo que un comediante, se vale de todas estas gentes aterradas para engañar a su vez al resto del país. Alcaldes y secretarios y ayuntamientos firman por miedo todo lo que les exigen los delegados militares, y de este modo el Directorio, con estadísticas falsificadas, pretende hacer creer que bajo su mando se han conseguido las mayores moralizaciones y aumentado de un modo nunca visto los ingresos públicos.

Miguelito en el fondo no es mala persona. Aprovecho la ocasión para declararlo. Hasta ahora no ha matado a nadie y lo creo incapaz de ordenar el asesinato de Matteotti. Es verdad que tampoco necesita preocuparse de estas iniciativas. Tiene dentro de casa quien se encargue de asesinar.

El y todos los generales del Directorio son simplemente unos figurones, cuyo mayor defecto consisten en creerse con una superioridad mental y una sabiduría guerrera que nunca tuvieron. Tal es la ridícula soberbia de estos pobres hombres que acusan a todo el que los censura de enemigos de la patria. ¡Como si ellos fuesen la patria!... Pero al lado de dichos arlequines funciona como ministro de la Policía un verdadero facineroso, el general Martínez Anido que todo el mundo conoce en España. Este individuo lleva sobre su conciencia (si es que la tiene), más de quinientos homicidios cometidos por medio de asesinos llamados "pistoleros" que matan a sus órdenes.

Todos los criminales encerrados actualmente en los presidios de españoles tienen una historia más corta que la de este hombre. Martínez Anido ni siquiera puede ofrecer la excusa de ser un terrible y desinteresado verdugo al servicio del orden, como los generales que dirigían la policía de los zares en tiempos del absolutismo ruso o como su difunto cómplice, el coronel Arlegui, alcohólico y demente. En él van unidos la voluptuosidad roja de la matanza y el amor al dinero.

Los que conocen su vida como gobernador de Barcelona calculan que se llevó de ella mucho más de un millón de pesetas. Al mismo tiempo que ordenaba diariamente asesinatos, se hacía pagar contribuciones cuantiosas por las casas de juego, las casas de prostitución y los espectáculos lascivos. Una parte de estos tributos deshonestos los destinaba a establecimientos benéficos, el resto se lo guardó siempre sin dar cuentas. El diputado Layret (un paralítico) se propuso hablar de esto en el Congreso, pero antes de que pudiera hacerlo fue asesinado en una calle de Barcelona.

Primo de Rivera y los otros generales del Directorio pueden darse el lujo de parecer bondadosos y falsamente tolerantes. Su camarada Martínez Anido se encarga de matar por ellos.

Uno de los asuntos más urgentes de España es atender a la enseñanza pública. En ninguna de las naciones de Europa se nota más la falta de escuelas. Todos los partidos, hasta los de más extrema derecha, convienen en que el país está falto de enseñanza elemental. Según ciertos cálculos, necesita cincuenta mil escuelas nuevas para poderse colocar al nivel de los grandes pueblos europeos. El Directorio no ha hecho nada en esta materia durante el período de su mando. Dirá, seguramente, como todos los gobiernos monárquicos, que no tiene dinero para la enseñanza pública. Pero el dinero, ¡ay!, se encuentra siempre en España para hacer guerras que sirvan de entretenimiento a un rey deportivo, deseoso de jugar a los soldados...

La guerra de Marruecos cuesta actualmente CINCO MILLONES DE PESETAS todos los días. Con la mitad de esa suma se podrían sostener las cincuenta mil escuelas modernas que hacen falta, cambiando totalmente la faz moral de la nación. La mayor parte de los males de España tienen como causa la falta de nuevas escuela y la mediocridad y defectos tradicionales de las que existen.

Otro de los fracasos del Directorio ha sido su actuación en Cataluña. Primo de Rivera inició su movimiento contra la legalidad constitucional apoyándose en la burguesía catalana y halagando a los catalanistas. Al usurpar el poder los trató luego con una brutalidad desleal, que indigna a todo espíritu honrado. Autorizó fiestas públicas organizadas por los catalanistas, para darse luego el gusto de arrojar la caballería sobre la muchedumbre, sableándola a su placer. Ha preparado emboscadas para golpear al pueblo catalán, creyendo aterrarlo de este modo. Tal conducta ha servido para excitar más el resquemor de los catalanes, agrandando el abismo entre ellos y el resto de la nación.

El Directorio ha fracasado en todas las cuestiones de interés nacional. No ha hecho nada nuevo ni positivo.

Nadie debe creer en sus palabras, sus manifiestos, sus datos y estadísticas, todo es obra de falsificación y de embuste voluntario. Primo de Rivera es un cínico alegre que habla de las cosas del gobierno como si sostuviese una conversación a altas horas de la noche con abundantes copas sobre la mesa.
Algunas veces, los empleados viejos de los ministerios le han hecho observaciones sobre la excesiva familiaridad con que maneja las cifras y los datos como si fuesen pelotas de jugar, queriendo hacer ver gracias a ellos cosas completamente falsas. Pero Miguelito les contesta con una risotada de compadre desenfadado. Lo importante para él es engañar al país por el momento, hacerle creer que vive en un paraíso, y seguir adelante sin saber a donde va. Fía en el tiempo y en el azar para salir del atolladero en que se ha metido. Pero no saldrá de él.

EL PELIGRO DEL MILITARISMO ESPAÑOL Y LA NECESIDAD DE SU MUERTE.

El Directorio representa un peligro para el mundo. Las naciones de régimen democrático, que son hoy las rectoras de la humanidad, deben fijar su atención en el actual gobierno de España, anacronismo absurdo y peligroso.

Las naciones de la América llamada latina sufren la influencia de este gobierno ilegal. Desde que existe el Directorio, algunos presidentes tiránicos de repúblicas sudamericanas ven una justificación de su conducta en este gobierno militarista de España, a la que llaman "la madre patria".

Alfonso XIII ha ido como un monarca de la Edad Media a leer ante el Papa un discurso en el que no reconoce otros españoles que los católicos, haciendo abstracción de los que viven aparte de tal creencia religiosa, como si los protestantes o los racionalistas no tuviesen derecho a vivir.

Gracias al gobierno del Directorio, el jesuitismo se está apoderando de España. Alfonso XIII durante su permanencia en Roma invitó al general de la Compañía de Jesús a que visitase lo que él llama "mi nación". Creo que por primera vez, desde los tiempos de San Ignacio de Loyola, el general de los jesuitas ha viajado oficialmente por España, y en el momento que escribo estas líneas aún está en ella, recibiendo toda clase de homenajes como una especie de "Rey Negro" que se considera en el fondo de su pensamiento, el verdadero rey de la nación. Alfonso XIII ha pronunciado un discurso más en la Universidad que los jesuitas tienen en Deusto. La Compañía de Jesús aprovecha esta racha de influencia que le proporciona el Directorio y pretende que Miguelito le conceda el privilegio de la enseñanza de la religión en las universidades, medio seguro de tenerlas bajo su influencia.

Ser protestante o tener otras ideas religiosas que las católicas es en España algo vergonzoso que hay que mantener oculto. Los templos no católicos sólo pueden existir en el interior de los edificios, sin tener signos exteriores sobre la calle, disimulándose como si fuesen lugares de perdición.

La persistencia del Directorio militar en el Gobierno y de Alfonso XIII en el trono de España representan un peligro para la paz del mundo. Alfonso XIII está a sueldo de la casa Krupp y de todas las casas alemanas que quieran darle una buena propina.

He dicho en otro capítulo que el rey de España es accionista de la Compañía de Navegación Transmediterránea. Tiene tres mil acciones liberadas que le regalaron a cambio de que apoyase con su influencia a la citada compañía. Esta es la que hace con sus vapores el servicio de tropas y el transporte para la guerra de Marruecos. De ello resulta que el rey tiene un interés financiero en que dure la guerra. Mientras más se prolongue, la Compañía Transmediterránea hará negocios mayores y él podrá cobrar mayores dividendos.

La Transmediterránea poseía unos astilleros importantes en el puerto de Valencia y los ha vendido recientemente a la casa alemana de Krupp. Los accionistas de dicha Compañía de navegación con motivo de tal venta se dividieron en dos grupos. Uno estaba compuesto de accionistas de ideas liberales, partidarios de los aliados. Dicho grupo se resistía a vender los astilleros a Krupp por ser una casa alemana, adivinando la finalidad que perseguía al querer realizar dicha compra. Pero el rey, con sus tres mil acciones, que están representadas por uno de los cortesanos, se decidió a favor de la venta, y esta fue acordada por enorme mayoría. Desde hace meses, los importantes astilleros de Valencia pertenecen a la casa Krupp.
Además, la misma casa Krupp acaba de comprar valiosas fundiciones de hierro en Barcelona y va a adquirir otros establecimientos en Tarragona para hacer instalaciones marítimas y grandes talleres. Todo bajo la protección y el apoyo oculto de Alfonso XIII.

No hay más que examinar un mapa de la costa mediterránea de España, Barcelona, Tarragona, Valencia, todo es ya de Krupp a estas horas, y se dice que el movimiento de expansión alemana va a continuar bajo el protectorado de Primo de Rivera y Alfonso XIII, instalándose nuevos establecimientos de Krupp en Málaga y también en Algeciras, junto a Gibraltar. Francia e Inglaterra dirán qué les parece esto.

Los establecimientos Zeppelín va a instalarse igualmente en Sevilla. Con el pretexto de intentar una comunicación aérea entre España y la América del Sur, creará Alemania en el corazón de la península un centro productor de máquinas volantes de guerra.

España, tiranizada en su vida íntima, se ve arrastrada exteriormente a desempeñar un papel desleal y odioso ante las naciones más afines a ella.
Hora es ya de que termine esta indigna y equívoca situación y eso sólo puede conseguirse echando abajo al causante de todos los males actuales, al que representa la institución corrupta que ha arrastrado a España a su triste situación actual.

Alfonso XIII debe desaparecer del suelo español. El y algunos generales del Directorio tienen tal conciencia de su fracaso que en estos momentos sólo piensan en hacer dinero para asegurar su porvenir. Nunca en la historia de España se vio tal avidez por saquear a la nación, favoreciendo negocios particulares. En sólo un año de gobierno militarista se han consumado negocios inauditos. Van dadas concesiones escandalosas a compañías de ferrocarriles. Se ha otorgado el monopolio de los teléfonos en toda España a una sociedad sin concurso ni subasta, gracias a enormes propinas repartidas previamente. Hasta se ha hecho un privilegio de la reventa de espectáculos (teatros, cinemas y corridas de toros), confiando dicho privilegio a un individuo por un millón de pesetas anuales que entrega ostensiblemente a la hacienda pública y algo más que reparte en secreto a los que le proporcionan tan bonito negocio.

El jugador Primo de Rivera ha suprimido el juego en los últimos tiempos y todos saben que esta prohibición es para preparar mejor el futuro negocio, para hacerlo más apetecible, dando el monopolio del juego en toda España a una empresa que entregue públicamente una cantidad para obras benéficas y pague en secreto otra suma mucho mayor a los que le proporcionen dicho privilegio. Ya se habla de individuos y empresas que se disputan este negocio. Unos mencionan al inevitable M. Marquet, otros a una casa francesa, otros a un multimillonario griego que tiene gran participación en Monte Carlo.

El rey y sus socios proceden como las gentes sin conciencia que al verse obligadas a abandonar una casa se llevan los clavos de las paredes. De todo quieren hacer dinero, aprovechando la situación presente, situación excepcional en la que no existe Parlamento que pueda fiscalizar los actos gubernamentales y la prensa está amordazada, publicando únicamente lo que le permite la censura.

Agentes que presumen de estar bien apoyados van proponiendo monopolios a banqueros de Francia, de Inglaterra, de los Estados Unidos, a cambio de gruesas comisiones. Yo he tenido el honor de estorbar algunos de estos negocios y aprovecho la ocasión para decir a los capitalistas de todos los países:
-No aceptéis negocios con la actual tiranía militar, ni con Alfonso XIII, el rey de las comisiones y las acciones liberadas. Cuando España recobre su vida legal y vuelva a vivir en pleno goce de sus derechos, someterá a una revisión todos los negocios de la época del Directorio y es casi seguro que se negará a reconocerlos, primeramente por haber sido realizados en una época ilegal y, en segundo término, porque la mayoría de ellos son un resultado del soborno.

La monarquía que ha envenenado la mentalidad nacional y reblandecido el carácter viril del español, cuenta con la indecisión y el miedo de las clases conservadoras.
-Si se va el rey, ¿qué pasará? -se preguntan millares de gentes simples.
Seguramente que no pasará nada tan terrible y absurdo como la presente guerra de Marruecos, y España, en cambio, se colocará en una postura de pueblo moderno, siendo mejor considerada por las grandes naciones civilizadas, que bien lo necesita...

Después de la última guerra han desaparecido de Europa dieciocho reyes y las naciones no han muerto por eso. Alfonso XIII será ahora.

Estas gentes asustadizas, de inteligencia vacilante y miedo pueril obran lo mismo que si al sentir arder sus vestidos interiores no se atreviesen a moverse, por miedo al cambio de postura. De continuar inmóviles acabarán por arder vivas, pero cuando intenten defenderse ya será tarde.

Gastamos en la guerra CINCO MILLONES DE PESETAS todos los días. ¿Puede esto prolongarse? España es pobre. La guerra europea hizo entrar en el país doce mil millones oro, lo que produjo un bienestar pasajero que hubiera podido prolongarse dedicando esta riqueza inesperada a las obras de la paz. Pero la mayor parte de tal riqueza la ha consumido una burguesía imbécil que se dejo timar por los alemanes comprándoles marcos, y el resto se disuelve en los derroches de una guerra infructuosa que nadie quiere.

Yo comprendo la guerra y la muerte por defender el territorio nacional; por mantener la integridad de la patria, pero ¿qué nos importa a nosotros Marruecos?... Podrá importarle a Alfonso XIII que desea jugar al Kaiser, empleando la juventud española como si fuese una caja de soldados de plomo. Le puede importar a la parte del ejército inconsciente o rapaz, que necesita una guerra para adquirir ascensos o hacer negocios, aunque perezca el país. Le puede interesar a los fanáticos que hablan aún de la cruz, de la media luna y quieren continuar la guerra contra los moros, como en la Edad Media.

Mas hay una parte del ejército que es honrada, verdaderamente patriota, y maldice en silencio esta guerra estúpida, inútil, sangrienta y de inciertos resultados; guerra que es del rey y no de la nación. Existen las madres y las esposas que lloran una lucha sin gloria en la que han perecido más de veinticinco mil hombres, o sea, la cuarta parte del ejército combatiente. Existimos todos los españoles que estamos pagando desde hace catorce años este capricho real del eterno adolescente.

-¿Qué pasará si se va el rey? -vuelve a repetir con tono de balido el rebaño de los simples y los miedosos.
Pasará que todos los españoles de buena voluntad nos juntaremos para crear de nueva una nación española que hace años dejó de existir. Todos podrán colaborar en esta obra santa: los que trabajan con sus manos, los que producen con su cerebro, los que llevan al cinto una espada honrada o empuñan un fusil y desean servir con sus armas a la nación, no a una dinastía, ni a una clase determinada; todos los españoles, en fin, que amen a España y deseen verla gobernada por ella misma.

Que hable por primera vez, después de medio siglo de silencio, la voluntad nacional. Que desaparezcan esos hambrientos de placeres y de riquezas que van de uniforme a todas horas, dicen vanidosamente a cada momento: "nosotros los soldados" y no sirven para ser soldados, pues harto lo han demostrado en una guerra que ellos mismo provocaron y cultivaron.

La monarquía de los Borbones fracasó completamente. El Directorio, que es su última obra, ha fracasado también, pero al morir se agarra al rey con los brazos succionantes del pulpo y lo retiene prisionero para arrastrarlo en su ruina.

Alfonso XIII vive en la actualidad cautivo de Primo de Rivera, su cómplice en el asesinato constitucional. El dictador conoce bien el carácter falso del rey, su deslealtad con los amigos, su afición a enredos y conspiraciones. Sabe que busca el auxilio de otros generales para hacerle caer y no oculta el concepto que le merece por tales manejos. Como respeto la vida interior de las familias, no me atrevo a repetir las palabras injuriosas y soeces con que Primo de Rivera designa muchas veces a su rey.

Alfonso XIII evita mostrarse en público. Pasa semanas enteras en sus posesiones reales y ni aun así consigue verse libre de la vigilancia recelosa de Primo de Rivera. Dos capitanes designados por el Directorio le siguen de lejos en sus paseos, le espían o permanecen de guardia en su antesala. La censura del Directorio abre todas las cartas dirigidas a Alfonso XIII. Primo de Rivera teme que se entienda con otro general cortesano, -como se entendió con él-, preparando un segundo golpe de estado contra el Directorio.

Según parece, entre los generales españoles afectos a la monarquía existen ya varios grupos que se miran con hostilidad. Gracias a Alfonso XIII, el generalato español es hoy un generalato al estilo de México. Sobre sus gorras con entorchados se ve el gigantesco sombrero a la mexicana de Pancho Villa. Pero hay que añadir en honor de los generales mexicanos que éstos, a lo menos, cuando se odian se hacen la guerra y se fusilan, tranquilamente. Los Obregones de España se tienen miedo unos a otros y únicamente se molestan con chismes, murmuraciones e ironías femeninas, como la de Primo de Rivera al echar de España a su rival Cavalcanti, enviándole a estudiar la organización de los... ejércitos balcánicos.

No es difícil reconstruir España de una forma moderna, tranquila y progresiva. Ante todo, que se vaya el rey. Haremos lo que acaba de hacer Grecia. Se constituirá un gobierno provisional compuesto de todos los elementos no contaminados por el régimen caído, y nación podrá expresar su pensamiento libremente al restablecerse la vida constitucional y recobrar todos los individuos el absoluto goce de sus derechos.

Durante dos o tres meses se hablará con libertad, se discutirá serenamente aleccionados por esa pesadilla que estamos sufriendo, y será organizado un plebiscito nacional en el que votarán todos los ciudadanos la forma definitiva del gobierno español. Si la inmensa mayoría del país se decide por la monarquía, así será, aunque, indudablemente, la tal monarquía tendría que ser con un rey más limpio y probo que el actual.

Digo esto como muestra de imparcialidad y de respeto a la opinión española; pero sé bien que la hipótesis de que la forma monárquica fuera triunfante en un plebiscito después de lo que está ocurriendo en el presente, es como hablar de la probable salida del sol a media noche. Alfonso XIII, el autor del desastre de Annual, del telegrama "Olé los hombres", se ha encargado de demostrar hasta a los más tardos de inteligencia, lo que cuesta a un pueblo tener por rey a un Borbón.

Si dicho plebiscito proclama la República, tendremos una república verdaderamente nacional en la que se podrán desenvolver todas las aspiraciones de los españoles, las cuales, aunque parezcan contradictorias, estarán guiadas por el común deseo del bien de la patria.
La República es la paz, es la escuela, es el respeto y la libertad de todas las opiniones, es el ejército verdaderamente nacional al servicio de la ley, sin aventuras y sin robos, con el militar conociendo bien su oficio; un ejército como los de Francia, de Suiza, de los Estados Unidos; ejércitos de república que han cumplido mejor sus deberes profesionales que el organizado corruptoramente por la monarquía española.

Dentro de la República, vivirán como adversarios corteses y tolerantes los españoles que hoy se hacen una guerra civil sin entrañas, justamente indignados por los atropellos y los crímenes de que han sido objeto. Las masas obreras, perseguidas brutalmente como bandas de animales feroces, se mostrarán iguales a las de otros países, defendiendo sus derechos pacífica y razonadamente dentro de un régimen de libertad, bajo una ley igual para todos. Las clases capitalistas no verán su dinero derrochado por la guerra ni tendrán que dar propinas corruptoras para emprender negocios de pública utilidad. El capital y el trabajo vivirán como en los grandes países civilizados. En ninguno de ellos se ha encontrado todavía la solución para sus antagonistas seculares, pero los conflictos económicos se van resolviendo en una forma culta y no por el asesinato, como lo ha venido haciendo la monarquía española. Los partidarios de la vida autonómica regional no tendrán que apelar a un separatismo que resultaría inútil y pernicioso para ellos mismos. Podrán vivir una existencia propia, como la viven los estados autónomos dentro de las república federales de Suiza y los Estados Unidos de América.

Mas para que resulte posible estas transformación nacional es preciso que primeramente desaparezca el rey. Mientras exista dentro de España debe considerarse grotesco todo intento de gobierno nacional y de plebiscito. Es un enredador, un intrigante, un biznieto de Fernando VII, que esparce en torno de su persona una acción corrosiva, semejante a la tinta que segregan ciertos moluscos...

Además, sería un bien para él y una tranquilidad para los nuevos gobernantes el verle lejos de España.

Alfonso XIII debe ser procesado al recobrar la nación su vida normal. Es de justicia. Veinticinco mil cadáveres de españoles, cuyos huesos blanquean sobre la tierra de Africa, lo exigen con la voz silenciosa del más allá.

Y los procesos de los reyes, cuando éstos no se alejan previamente, acaban a veces de un modo trágico.
De esto saben algo la Inglaterra de Cronwell y la Francia de la Convención.

Noviembre, 1924


V. Blasco Ibáñez

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Este folleto, que se conserva en la Hemeroteca Municipal de Madrid, fue editado por "Comité Central Pí y Margall Pro-República Española", domiciliado en el nº 110 de la calle Lerdo, en México D.F. Los emigrantes españoles que integraban la dirección de dicho Comité eran los siguientes:

Presidente, Lic. Manuel Jiménez.
Vicepresidente, Dr. F. Rodríguez Turiello.
Secretario general, Luis Alva.
Tesorero, C. Islas Allende.

Esa edición vio la luz el día ocho de Febrero de 1925, día de la Constitución Mexicana.

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Justificación de la política de Marruecos

Justificación de la política de Marruecos

Conviene deshacer errores y aclarar equívocos que la prensa extranjera viene haciendo correr respecto a tratos de paz del Gobierno español con Abd-el-Krim. Este moro sagaz ha solicitado no una vez, sino varias, la presencia de un funcionario español en Aydir para tratar de la pacificación de la zona de Protectorado español de Marruecos; pero como en la primera entrevista demostró una incomprensión total del problema y de la situación, el alto comisario se ha negado a que se celebren otras, pedidas insistentemente por Abd-el-Krim desde Aydir por conducto del comandante militar de Alhucemas.
España, que militarmente, en definitiva, aun a raíz de las adversidades y contratiempos del 21, ha demostrado tener poder para avanzar o replegarse en Marruecos cuantas veces ha querido y según le ha convenido, no ha de poner su amor propio ni su empeño en otro problema, que siempre podrá resolver en su aspecto militar. La misión es otra: es llevar a Marruecos la paz precisa para que puedan desenvolverse allí las actividades peculiares de la civilización moderna. Para alcanzar esto, España, como Francia e Inglaterra en casos semejantes, propone o acepta sin desdoro los medios de obtener la sumisión de las tribus indígenas, entendiendo que éstas han de cesar en la rebeldía y aceptar la esencia del régimen de Protectorado.
Pero Abd-el-Krim, desvanecido por lo que él llama sus triunfos militares, que no le han permitido, sin embargo, ocupar más objetivos que los que España ha abandonado voluntariamente, en la fecha y forma que ha querido, obedeciendo a un plan político y económico, no a impotencia de sus armas, se permitió en la primera entrevista darse aires de vencedor, pidiendo que se le entregaran cierto número de armas y material de guerra, lo que, conocido por el alto comisario, determinó la orden fulminante de que se retirara el negociador, haciéndole saber a Abd-el-Krim que España, en ese terreno, no podía ni oír sus pretensiones, y que el plan determinado por el Gobierno se ejecutaría con su acuerdo. A nuevos e insistentes requerimientos se negó toda comparecencia de funcionarios españoles para tratar de esto.
No solamente por decoro de un Ejército que, como todos y ante un problema militar difícil por el carácter de sus factores, ha tenido episodios parciales adversos, entre sin número de victorias, y que, en definitiva, ha realizado siempre sus objetivos, sino hasta por sentido común, España no puede tratar con ningún jefe rebelde de Marruecos, sino a base de la entrega de sus armas; porque si lo que se propone es pacificar su zona, no es comprensible que distribuya armas ni que se avenga a no recoger las que hoy poseen los rebeldes. Así está planteado el problema y así se realizará, Dios mediante.
Ya se han iniciado sumisiones y ya se ha impuesto esta condición, pues aunque una concesión en esto anticiparía la sensación de paz, ésta sería precaria y efímera, y el Directorio pone toda su voluntad en obtenerla duradera y definitiva.
No se sabe si habrá que ir o no a Alhucemas; pero si tal conviniera, se haría con seguridad de éxito, bastando para ello los elementos normales, pues cualquiera de los objetivos realizados ahora y antes bajo otros mandos no eran inferiores a éste en dificultades militares, y se han vencido. En personal y material, en técnica, en producción y organización tiene España potencialidad y espíritu para más arduas empresas.
Conviene también desvanecer las exageraciones que respecto a prisioneros se han hecho correr. El número de ellos no excede de 300 en Aydir y otros tantos en distintas cabilas de Yebala. En mayor número los tenemos nosotros del adversario. Ellos se rescatarán a su tiempo y por medios que no aumenten los recursos ni el prestigio del enemigo.
También se ha hablado de ríos de oro, de millones invertidos en facilitar el éxito de las operaciones militares. Esto es evidentemente exagerado. Esta guerra, como todas, impone gastos que tienen por objeto desmoralizar y corromper al adversario, introduciendo en él la desconfianza y la discordia, que no se han omitido en esta ocasión. Tales gastos se satisfacen con créditos del presupuesto llamados «Gastos políticos y reservados». A tal fin, el Directorio ha librado para la última campaña un millón de pesetas para las zonas de Melilla, Ceuta y Larache, y de él quedan aún disponibles más de 600.000. Y de tales gastos, no obstante su denominación, se lleva y se da cuenta al Gobierno, por lo menos ahora, aunque, naturalmente, no se contabilizan en la misma forma que los ordinarios.
El Directorio, siguiendo su norma de enterar al país de lo que no constituye peligrosa indiscreción para gobernar, cuanto más seguro está de la confianza que inspira, se cree más obligado a tenerle al corriente de lo que los ciudadanos pueden y deben saber.
Lo positivo y consolador es que España sepa que su Alto Mando militar, sus oficiales y sus tropas (y hay que mencionar en justicia sus modestas clases), están preparados y capacitados para la misión que tienen que desempeñar, y que su Ejército y su Marina, sin espíritu imperialista, sin jactancias ni provocaciones, conscientes de su deber profesional y ciudadano, sin espíritu de casta, con exaltado patriotismo y amantes de la paz como supremo bien de los pueblos, se compenetran con el español, de cuya estirpe y virtudes se enorgullecen, y con él y para él ofrecen, contentos, los mayores sacrificios.

CEBALLOS TERESÍ, J. G.: Economía, Finanzas, Cambios, La realidad económica de España en los treinta años del presente siglo, "El Financiero" , (s.a.), 8 vol., págs. 340-342

Primo de Rivera resume y analiza la labor del Gobierno. Separatismo, sindicalismo revolucionario, economía y Marruecos problemas fundamentales

Primo de Rivera resume y analiza la labor del Gobierno. Separatismo, sindicalismo revolucionario, economía y Marruecos problemas fundamentales

Al levantarse para hablar el general Primo de Rivera, el público puesto en pie le tributa una enorme ovación, oyéndose vivas entusiastas a España, al Rey y al salvador de la Patria.
«Hablar —dice— después de oradores de tanta elocuencia como los que habéis escuchado, es un mal. Yo no quiero contar, desde ahora lo digo, con aplausos para la forma de mi oración; quiero sacrificarlo todo a la exactitud y a la sinceridad. Además, estoy afónico, porque comencé a discursear en Algeciras, he tenido que acudir perentoriamente al despacho de los asuntos de Gobierno y tengo en la cabeza un tropel de ideas que han germinado en estas horas de Madrid, tan hermosas porque las hermosearon esos pueblos cuyo estado de ánimo compulsé en mis viajes y que ahora han dado tan gallarda muestra de entusiasmo y adhesión a la Monarquía y al Gobierno.
»Voy a cometer —añade— una extravagancia, y es la de dirigiros la palabra sentado, porque, repito, que no quiero ser orador, sino veraz, y he de ser lato en mi discurso.
»Comenzaré por presentar un balance de la actuación del Directorio en los dieciséis meses que lleva de Poder.
»Todos saben que el Directorio militar advino por cuatro razones
fundamentales.
»Fué la primera la de la existencia de un separatismo, agudizado enormemente en Cataluña y con brotes en otras regiones, por contagio de aquél. Así como los cuerpos enfermos recogen con facilidad el germen morboso, así también en diversas poblaciones de España germinó la mala semilla separatista.
»Fué la segunda de las razones la del sindicalismo revolucionario.
»La tercera, la de una grave situación económica, que ponía a la nación en trance de ruina, y la cuarta, el problema de Marruecos, vitalísimo
para el país.
»Declaro ingenuamente, y con la sinceridad que debo poner en mis palabras, que a ninguno de esos problemas le hemos encontrado aún la solución necesaria y completa.

El problema separatista
»En el problema separatista hay todavía audacias y arrogancias, pero aseguro que nuestras instrucciones a las autoridades serán concretas y que estamos dispuestos a exigir a los que laboren en contra de la Patria, si son libres, que abandonen inmediatamente su tierra, y si son funcionarios, que dejen en el instante los puestos que desempeñan. No se pueden admitir devaneos con la idea separatista ni debilidades en la aceptación del concepto purísimo de la Patria. Para ser funcionario español hay que ser español, y yo os aseguro que si alguno, ciñendo espada, manejando la pluma o vistiendo hábito, no lo fuera, en el acto será expulsado de su profesión. (Gran ovación.)

El sindicalismo revolucionario
»En el segundo punto, o sea en el del sindicalismo revolucionario, hemos progresado más merced al buen sentido de las masas sociales y al espíritu religioso, tan hondo en el corazón de los españoles, y por virtud del cual tantos problemas pueden ser resueltos. Ha terminado la época de virulencia en el problema, y tanto los patronos como los obreros han emprendido el buen camino, para llegar a la mayor producción, de un lado, y a que rindan todo el esfuerzo preciso las horas de trabajo, de otro. Defendiendo cada uno su interés, se podrá llegar a solución de concordia en los problemas del trabajo. Yo puedo decir que muchos patronos españoles y muchos técnicos, por espíritu de cultura, han realizado magníficas instalaciones de escuelas, casas de socorro, etc., en sus fábricas y talleres; y ahí tenemos la Fábrica de Armas de Oviedo, que pertenece al Estado, y que puede ser señalada como modelo, donde el obrero rinde su máximo esfuerzo.
»Pero, así como digo esto, digo también que para cuantos quieran salir de sus cauces legales tengo y tendré los mayores rigores. Lo digo aquí, en vísperas de un viaje a Barcelona, porque estoy convencido de que seré mejor recibido si así lo digo. Sólo la cobardía pudo pensar que, halagando y adulando a las masas rebeldes, se podía conseguir la pacificación. Las muchedumbres son sanas, y en su fondo rinden siempre acatamiento a la justicia y a la autoridad.

La economía nacional y el déficit
»Con respecto al tercer punto, que es el de la situación económica de España, hemos de confesar que no estamos satisfechos, aunque pusimos nuestra mejor voluntad en resolverlo. Al llegar al Poder, el déficit era de cerca de 1.000 millones. Nos propusimos extinguirlo poco a poco, y, desde luego, advertimos que nuestra potencia económica era superior a cuantos cálculos se habían hecho. Hemos reducido el déficit en unos 400 millones, y yo afirmo que en este ejercicio la cifra será inferior a la de O millones. Cuando se estabilice el problema de Marruecos, tan íntimamente ligado con la economía nacional, no será difícil que en tres o cua tro años se llegue a la absoluta nivelación de los presupuestos. Esto es de una importancia extraordinaria para España, no ya por el crédito que adquiriríamos en el extranjero, sino porque en el interior podríamos desarrollar la cultura, intensificar las obras públicas y, en suma, realizar una gran labor de resurgimiento.»
(Al llegar a este punto el presidente, que se siente muy fatigado, dice al publico que de ve, en cuando se tomará un descanso y al mismo tiempo proporcionará a sus oyentes una pequeña vacación.)

La cuestión de Marruecos
Cuando reanuda su discurso dice:
«El cuarto punto, del que quiero tratar, es el problema de Marruecos. Con ser este problema tan grave, con haber ofrecido un aspecto trágico a veces y haber coincidido con los momentos de peligro nacional, no es el punto en que yo hago más cargos a los viejos políticos.
He vivido ya mucho tiempo, y siempre seguí con interés vivísimo este
problema.
»Cuando Europa concibió la necesidad de salir del statu quo que se disfrutaba en Marruecos por creer que era peligrosa la anarquía que se desarrollaba en el Imperio; cuando las necesidades mundiales aconsejaron el cambio radical de orientación en la política marroquí, los españoles recogieron de buena fe la creencia de que existía un testamento de Isabel la Católica, algo vago, pero con la aureola y el prestigio que le reportaba el venir de aquella Reina egregia que supo alentar a Colón para conquistar un mundo. Era ya una razón suficiente, pero había otra por la cercanía de las grandes tradiciones militares españolas de España en Túnez y Oran. No se podía desentender España de Marruecos. Y no se desentendió, pero cayó en un error de buena fe. Repito que no hago cargos a los hombres políticos del antiguo régimen porque obraron con lealtad en los tratos y contratos con las demás naciones y así lo proclamo. Pero no midieron el estado de España ni la potencia de su esfuerzo ni lo que exigía un problema de tal naturaleza. Y tampoco pensaron en que Tánger estaba enclavada en nuestra zona.
»La zona de Tánger ha dado al problema mayor gravedad porque esa zona es donde puede producirse con más frecuencia choques y rozamientos. Sin embargo, yo declaro que las dos potencias que con nosotros comparten el régimen de esa ciudad siempre, y ahora que se ha combatido cerca de la zona y que por tanto ha podido llegar a ella algunos chispazos como bombas de aviones, balas de cañones, etc., reclamaron con una completa cortesía, con una nobleza y una cordialidad que yo, en nombre de mi patria agradezco en lo más profunda de mi corazón. Quiero señalar este hecho y lo subrayo porque deseo que todos los españoles aquí congregados al extenderse por el territorio de España vayan con la absoluta seguridad de que nuestra nación merece hoy de todos los pueblos las altas consideraciones que le corresponden por su historia y por su prestigio. (Gran ovación.)
»Cuando advinimos al poder encontramos las mayores extrañezas para nuestra acción en el orden internacional. ¿Cómo la desarrollaríamos? ¿Cómo hablaríamos en lenguaje diplomático? Pues hemos hablado con la mayor sinceridad y la mayor cortesía y no hemos sufrido confusión alguna, y es que España lleva un bagaje que no puede desconocerse y que no han desconocido ni Francia ni Inglaterra, naciones muy grandes y muy poderosas a las que dedico férvido y entusiasta elogio.
»Como resultado de estas dificultades en Tánger y de la sublevación general de las cabilas de Yebala y del Rif, sublevación que puede presentarse muchas veces porque la rebeldía está en la idiosincrasia del moro, el Gobierno decidió dar un paso en firme y lo dio merced a la bravura y el espíritu de sacrificio de ese ejército de África cuya labor no hay palabras para ponderar.»
Al llegar a esta parte de su discurso el presidente advierte que habla con claridad y sinceridad enormes.
«La censura dirá si todo esto se puede publicar, aunque advierto que cada vez es más tolerante y el censor la ejerce con discreción e inteligencia notorias.
»Hemos dado un gran paso para la solución del problema de Marruecos y no hemos de decir si lo realizado en la zona occidental se hará extensivo o no a otras partes de nuestro Protectorado. Los problemas del Gobierno tienen siempre un aspecto de circunstancialidad que debe ser respetado; pero abriguen todos la seguridad absoluta de que nuestro propósito es el de estabilizar el problema y hacerlo compatible con las posibilidades económicas de España.
»A1 llegar aquí pido un tributo para las familias de aquellos que perdieron su vida por la Patria en los campos africanos. Ellos consagraron su vida y su pensamiento a la Patria. Confíen todos en que, los que se fueron en estas circunstancias, tendrán sus nombres escritos con letras de oro en el libro de la historia. Consagremos una oración piadosa a los muertos y dediquémonos a fortalecer nuestros corazones. (Gran ovación que dura largo rato.)
»Estos eran y son los cuatro puntos fundamentales de la política española y repito que en dieciséis meses de actuación no hemos podido enderezar del todo lo torcido. Había además otros aspectos más inferiores, pero también de importancia, en que pusimos mano con intento de resolución. La máquina burocrática andaba mal, los empleados figuraban sólo en las nóminas, muchos asistían de vez en cuando: había desbarajuste, atraso administrativo, recomendaciones que hacían volar los expedientes y desidia que eternizan otros. Creo que hemos mejorado bastante ese aspecto de nuestra vida nacional, aunque no estoy seguro que lo hayamos logrado del todo.

»El pueblo español quiere que continuemos...
»Después de la sanción pública que ayer recibimos y que tanto conforta nuestros corazones —claro es que no nos ocupamos de los profesionales de la política metidos en escalafón y que se creían por derecho tradicional los únicos gobernantes—, declaro que lo hecho ante el Rey y su Gobierno en el día de ayer lo tomo como prueba plena de que el pueblo español quiere que continuemos... (La gran ovación que en este momento se produce impide escuchar las últimas frases del orador. Muchas voces gritan: "Sí, sí; hay que seguir diez años".)
»Quiero decir que la manifestación y los actos de ayer indican que nuestro pueblo quiere que perseveremos en el poder, no porque espere reformas trascendentales, sino porque desea ver consolidado el camino de purificación que emprendimos el 13 de septiembre. Afirmo que es nuestro propósito inquebrantable el de no claudicar ante los problemas que se presentan y que todas las dificultades y resistencias serán vencidas porque tenemos la conciencia de nuestra responsabilidad y de los respetos que se deben al Poder público. (Se repite la ovación.)
»Cuando en la noche del 13 de septiembre tomamos el acuerdo de lanzar un manifiesto para dirigir un llamamiento a la conciencia nacional, quisimos dar a entender que llegaríamos hasta el final. Han transcurrido dieciséis meses y después de efectuar un balance, aunque expresemos nuestro propio descontento por no haber hecho más, hemos de declarar que tenemos más fuerza que nunca y que se engañan los que creen que atravesamos un momento de flaqueza. No necesitamos de estridencias porque poseemos los tres elementos que hacen útil y fructífera la labor del gobernante: voluntad nacional diariamente manifestada; conciencia de nuestro deber y de que no hemos padecido error, y confianza del Rey. »En aquella histórica noche que fue la siguiente al trágico día de la algazara y el menosprecio a nuestra bandera ante el monumento del canciller Casanova; después de la indisciplina de Málaga, que recordamos con tristeza, y en medio de los tiros y refriegas a diario de Barcelona, el Rey, que ha sido siempre fiel cumplidor de todas las leyes, al ver que la bandera, concreción del deber, símbolo altísimo de la Patria, estaba salpicada de lodo, nos confió la misión de mantenerla enhiesta. Yo, que soy monárquico por familia, por tradición y por íntimas convicciones, digo que si después del 13 de septiembre hubiere visto despego y desvío en el pueblo, que vale tanto como el Rey, me hubiera apresurado a poner el Poder en manos del Monarca. Mas cuando veo que palpitan al unísono la Patria, el Rey y el Gobierno, sigo. (Ovación.)
»El año que viene, en la misma fecha de ayer, volveréis a Madrid, y nosotros os daremos cuenta de nuevo de nuestra actuación pública. (La ovación es indescriptible.)

El espíritu religioso de España
»Ya veis cómo me expreso muy a la ligera en esta conversación íntima que sostengo con el pueblo. ¡Y luego dicen que este Gobierno no es democrático, este Gobierno que se esfuerza en reunir el pueblo para darle cuenta de lo que hace! ¡Seguramente lo democrático era el reunirse con dietas en un determinado salón! (Aplausos estruendosos.)
»Se nos tacha con frecuencia de poseer un marcado matiz derechista y clerical. Nos acusan porque rendimos a la Iglesia y a sus representantes las consideraciones que se merecen. Ese sentimiento lo recogimos de nuestros hogares de nuestras madres, y lo llevamos en el corazón. Yo declaro que tenemos para las Congregaciones religiosas, sobre todo para las que se dedican a la enseñanza, el mayor respeto y las máximas consideraciones, porque saben inculcar a los niños el sentimiento del honor y de patriotismo. ¡Y aún hay quien repudia esa enseñanza para sus hijos por un afán rabioso de doctrinarismo! (Una voz: «¡Viva el general cristiano!» Otra: «¡Viva el Cerro de los Angeles!»)
»Pero nada de esto que digo quita un ápice al espíritu de tolerancia que poseemos. Nosotros respetamos todos los ideales, y jamás investigaremos el pensamiento. Sabemos que el pecador existe y existirá siempre, y lo remitimos a la sanción de su conciencia.

La vieja política
»Y ahora quiero tratar de lo que antes se llamaba «la política». Yo no tengo para los hombres que en ella formaban un concepto personal adverso. Me honraba con muchas amistades entre ellos, y reconozco en muchos talento y buena fe. Me honré con su amistad, que no sé si me habrán retirado, hasta que me consagré por entero a la gobernación del país, haciendo abstracción en absoluto de cuanto constituyó mi vida pasada. No tiene mérito, en realidad, este sacrificio. Mi mayor recompensa está en el cariño que recojo en toda la nación, y aseguro que mis compañeros de Directorio, tan callados y silenciosos, realizando un esfuerzo extraordinario, sin que trascienda al público, también comienzan a experimentar esta íntima satisfacción de que yo disfruto.
»No condeno a las personas que figuraban en el antiguo régimen. Tuvieron nobles afanes; me consta que muchos trabajaron con el ideal puesto en los altos sentimientos patrióticos; pero también sé que hubo entre ellos muchos que hicieron compatibles sus profesiones con el gobierno del país y que las hicieron compatibles en donde era más necesaria la imparcialidad y la justicia.
»Aquellas frases «este magistrado es de don Fulano y este es de don Mengano» han pasado ya para no volver.
»Y del parlamentarismo ¡qué hemos de decir! ¿Qué era ese parlamentarismo, en el que, después de unas elecciones con votos comprados, venían a las Cámaras infinitos grupos que se conglomeraban para gobernar y que vivían de la condescendencia de las oposiciones audaces? ¿Qué era ese Parlamento, donde esas oposiciones mandaban y donde se daba el caso de que hombres absolutamente incompatibles con ellas tuvieran un acta por el artículo 29? El 13 de septiembre pudimos contemplar el último resplandor del Parlamento, que Dios sabe cuándo volverá a alumbramos. Yo digo que solamente lo habrá cuando el pueblo lo pida y lo añore de verdad. Señalo el caso típico de ese parlamentarismo. Cuando se discutió la ley de tenencia de armas, su articulado se fue cercenando y modificando por momentos, hasta llegar casi a desarmar al Somatén. Es decir, que se consideraba pecaminoso que unos hombres dispuestos a servir a su Patria estuvieran armados, y, en cambio, se consideraba legítimo que quienes se hallaban fuera de la ley llevaran la pistola en el bolsillo del pantalón.
»Esos hombres políticos, los encasillados, los indiferentes que les servían, aquellos que tienen comprometido hoy su bienestar —no lo tendrían si hubiera sido legítimo— dicen que este Gobierno nació de una indisciplina, cuando desde el año 17 hasta el 21 existieron las Juntas de Defensa, hoy totalmente desaparecidas, y las consultaban incluso para confeccionar las leyes.
»No hay indisciplina en salvar a la Patria, y yo afirmo que vengo de mandar 125.000 hombres en Marruecos, y la mayor satisfacción de mi vida es la de saber que me respetan y que, además, me quieren. (Ovación.)
»La mayor saña de esos hombres se dirige a los que comprometieron una posición política y vinieron a colaborar con nosotros. Se les decía que el Directorio no duraría arriba de dos meses, y que cuando cayera serían perseguidos y aniquilados. Esos hombres pensaron solamente en el bien de la Patria, y su colaboración ha sido utilísima y agradecida por nosotros.
»Merced a esos hombres que nos ayudan hemos dictado el Estatuto municipal, y en breve daremos el Estatuto provincial para que las Diputaciones tengan vida independiente y próspera.
»Que nadie vea en mis palabras un llamamiento a los hombres del antiguo régimen. Mucho tiempo tuvieron abiertas las puertas y no quisieron pasar por ellas. La contumacia en la abstención les ha quitado todo derecho a acompañarnos en los momentos del triunfo. Siempre dije que las personalidades aisladas, sí; los organismos viejos y gastados, no.
»No hay agravio en que no me ocupe ni me preocupe de la política vieja. Bastante preocupación tengo con la política nueva, que es hoy la de toda España.

Esbozo de programa
»He de decir que nos proponemos abordar positivamente la modificación de la ley tributaria, para que cada cual pague lo que debe, evitándose la mediación de leguleyos. Se exigirán los tributos con arreglo a la ley, y ésta misma impondrá la sanción; pero el contribuyente no se verá saqueado y espoliado. Nadie vea en estas palabras —sería en mí un recurso indigno— una invitación a que no se pague. Todo el mundo pagará, pero con equidad y en justicia. (Muchos aplausos.)
»El Directorio se preocupará asimismo de la enseñanza. Ha sido en nosotros ésta una gran preocupación; pero ahora hemos de tratarla en su aspecto de difusión y hemos de conseguir que la enseñanza elemental sólo discurra por los moldes que convengan al Estado y a la soberanía nacional. Los extravagantes y los filósofos que hablan en nombre de la libertad, que dialoguen entre sí. La enseñanza elemental ha de ser religiosa y patriótica, ni más ni menos.
»Para ello hemos de volver al texto único en lo elemental, sancionado por altas autoridades, pero sin doctrinarismos de ninguna clase. Que todo esté al alcance de todas las fortunas y que el autor que escribió millares de páginas no subraye con el lápiz rojo para decir «lo que no se va a dar». (Gran ovación.)

Todos debemos cumplir con nuestro deber
»En un año, hasta que vuelva a rendiros cuentas, tendremos una labor ímproba, pero la desarrollaremos con voluntad y energía. Que no haya indolencia ni abandono, y para eso pido a todos que cumplan con su deber con la mayor eficacia. Yo advierto que si nosotros, por desconocer la
1925 máquina de la gobernación del Estado, fuimos tímidos en los comienzos, hoy, que sabemos todos los secretos, poseemos más energías que nunca y despreciamos todas las conspiraciones, lo mismo las de película que otras más substanciosas, porque somos más fuerte que todos juntos.
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Elogio de la mujer
Yo ignoraba que en esta reunión íbamos a hablar del Estatuto municipal. Pero ya que el acto es municipalista y de elogio para la labor de la vida local, digo que en ese Estatuto hay una nota altamente simpática, y es la intervención de la mujer, que fue separada siempre de todos los cargos, sin pensar que en ella está, no sólo el sentimiento, sino también la inteligencia. La mujer embellecerá los Municipios y será un estimulante para los hombres que en él se congregan. Servirá de ejemplo y de acicate.
»Cuando en los campos, en los caminos y en las aldeas he visto los ojos luminosos de las mujeres, he comprendido que la mujer fue el punto inicial de la gloriosa revolución española.»
(Una ovación clamorosa acoge las últimas palabras del general Primo de Rivera, quien se vio obligado a saludar repetidas veces desde el proscenio.)


(A B C, 25 de enero de 1925.)

Meses antes de morir don Antonio Maura recuerda al Rey la necesidad de crear un ambiente político para el «después» de la Dictadura

Meses antes de morir don Antonio Maura recuerda al Rey la necesidad de crear un ambiente político para el «después» de la Dictadura

«Señor:
^Permita Vuestra Majestad que someta a su consideración estos renglones. No acierto a cumplir de otro modo, en las presentes circunstancias, un deber cívico que me parece ineludible.
»Entre todos los cuidados que inquietan a los amantes de la Patria, aun siendo hoy tan extrema la ansiedad que el estado de nuestra zona marroquí suscita, descuella la perspectiva enigmática del día que seguirá a la dominación militar que en 13 de septiembre de 1923 se declaró y definió. Nadie la tiene sino por anormal y transitoria, ni puede sin zozobra pender en el curso ulterior de nuestro vivir político, cuando quiera y como quiera que ella tenga fin. La reflexión y la enseñanza de la Historia muestran juntas cuán azaroso resulta, en trances tales, el recobro de una estable normalidad.
»No es tal normalidad emplearse el Poder público en contemporizar con los abusos, flotando sobre los vicios mismos cuya extirpación le incumbe. Gobernar es hacer justicia y servir al bien común, sojuzgando al efecto todas las resistencias; y el vigor que para esto se necesita no puede provenir a la larga sino del apoyo que dé la colectividad nacional. Aun teniéndolo, ha de valerse el Gobierno de los institutos armados y los hallará quebrantados a causa de su actual injerencia gubernativa. Cabalmente ellos mismos necesitaban desde antes reformas muy intensas, como ocurre en casi toda nuestra máquina oficial. Tan sólo la adhesión resuelta y fervorosa del civismo podrá sustentar a quienes de veras se comporten como gobernantes, desde que inicien el cumplimiento de sus obligaciones.
No consiste el civismo en sólo desear el bien público, ni manifestar este deseo, sino en aportaciones individuales de positiva abnegación y de voluntad decidida. Si esta energía no brota de las entrañas de la nación, las ficticias apariencias de ella resultan no sólo ineficaces, sino contraproducentes. Hoy día la general devoción patriótica permanece dormida, aun estando patente que España la necesita para salvarse.
»Una de las causas complejas de este hecho es que los adeptos al orden social y político existente confían en la preponderancia grande y notoria que tienen en el cuerpo de la nación; pero no advierten que su pasividad deja vacío el ámbito de su propia acción política y favorece así el impulso revolucionario; el cual, de suyo endeble, ni aun sería capaz, luego de consumar el trastorno, para moderar los estragos. Si no han de ser éstos el despertador trágico del civismo, considero urgente desengañarlo y moverlo. Campañas de propaganda política no están ahora permitidas, ni a franquearlas se muestra propensa la autoridad militar. Cuando fueren hacederas no se debería omitirlas, sea cual sea la eficacia que las hayan dejado escarmientos cercanos. Mas el presente estado de cosas redobla la necesidad de que el Poder público promueva una saludable conmoción del espíritu colectivo, y creo que pudiera hacerlo planteando paladinamente la cuestión ineludible, que está torturando los ánimos previsores y patriotas.
»A falta de elecciones políticas, que fuesen libres, sinceras y limpias podría responder a la consulta la parte de pueblo español que de antemano posee órganos de expresión colectiva. No aludo a los partidos políticos, cuyos programas ya constan. Tampoco aludo a las Corporaciones administrativas de municipios y provincias, que son ahora, con generalidad nunca igualada, hechuras directas del arbitrio gubernativo. Aludo a las colectividades organizadas para algún fin social o profesional, extraño a las aspiraciones de mando; sean de índole cultural, profesional o económica, agrícolas, industriales, patronales u obreras. Sus delegados, contestando a un interrogatorio que se insertase en la Gaceta, y sin otra alguna atribución, declararían el sentir de esta zona popular, distinta de los partidos, acerca de la venidera normalidad de gobierno.
»No acierto a ver, en las presentes circunstancias, otro mejor estímulo para avivar la ciudadanía, ni otra más sincera comunicación entre ella y Vuestra Majestad; pero si el intento se logra en otra forma, será la más plausible. Lo que no parece lícito es aguardar en silencio y quietud el peligrosísimo trance venidero y no lejano.
»El móvil único del presente escrito se reduce al descargo de mi propia conciencia; nada pretendo, salvo que Vuestra Majestad sea indulgente si la lectura le importuna. Madrid, 11 de febrero de 1925.—A. Maura.


(MAURA: Bosquejo histórico de la Dictadura, págs. 106 a 107.)

Manifiesto de Jaime III

Manifiesto de Jaime III

(Paris, 6 de marzo de 1925)

Al pueblo español:

Mientras en España existió una aparente normalidad política, yo me limité en algunas ocasiones a dirigirme a mis partidarios, no ciertamente con el ánimo de exaltarles a una nueva guerra civil, que bien probado está como en todo momento prestamos el mayor apoyo a la defensa del orden, sino para marcarles ciertas orientaciones y defender mis derechos. Mas ahora, por primera vez en mi vida, me dirijo no sólo a mis leales, en quienes siempre tengo puestas mis esperanzas y cari~ ños, doblemente leales en estos momentos en que se han producido significativas defecciones, sino a todo el Pueblo español, creyendo cumplir un deber de conciencia y de patriotismo, salvando con ello la responsabilidad que yo pudiera contraer ante la historia, con un deliberado silencio en momentos tan críticos para España.

Desde sus comienzos he seguido con vivo interés los acontecimientos políticos que provocó el golpe de Estado de 1923. El Directorio militar se dio a sí mismo un plazo máximo de actuación, el preciso para encauzar la vida nacional, y yo aguardé con fundadas esperanzas que, cumplida esta misión transitoria, el país encontraría una fórmula de Gobierno permanente y salvadora. Expiró el plazo marcado y se hizo otro nuevo, y desde este momento, ya con menos fe en los designios de la Dictadura, comencé a analizar sus actos, y aún llegué a la fuente de su origen. Me convencí entonces de que un Gobierno que nacía con un pecado, el de desviar la conciencia nacional del proceso de responsabilidades de Marruecos, siquiera disimulase después este propósito enjuiciando al ex Alto Comisario, al que yo pienso que España debe gratitud y de cuyo proceso no he comprendido los resultados; un Gobierno que de un modo ligero cargaba todas las culpas de la vieja política sobre un hombre solo, de cuyas acusaciones aún esperamos las pruebas; un Gobierno que se entretenía en hacer más hondas las divisiones de orden político que había creado en los pueblos la arbitrariedad caciquil, y que mientras se empleaba su justicia en pequeñas minucias aldeanas y encarcelaba a modestos funcionarios, no tenía el valor de acometer el proceso de las fundamentales responsabilidades del viejo régimen, no podía tener ni la fuerza, ni la eficacia, ni ?el desinterés necesario para realizar un cambio de política útil para el país.

Así vimos que, al poco tiempo, los males todos del viejo régimen se agravaron, y que, por no remediarse, ni se remedió siquiera la política de nuestro Protectorado marroquí, no consiguiendo el Ejército las vindicaciones de honor a que tenía derecho, ni el pueblo las economías y la paz que le serán debidas, después de tantos años de estériles sacrificios.

Claro está que si el Directorio militar fracasaba en aquello que, por razones de oficio, debía estar mejor preparado, no era probable que acertase a resolver los problemas de orden político y social a los que, en buena doctrina, el Ejército no debe nunca acercarse si no es para servirle de seguridad y para mantener las garantías de pureza y eficacia.

Desde hace dieciocho meses, los que hemos seguido atenta y dolorosamente el desarrollo de los acontecimientos españoles, hemos visto que poco a poco la vida nacional iba quedando paralizada. Un problema nos interesaba especialmente, y en él fundábamos las mejores esperanzas en el nuevo Gobierno: el de las aspiraciones de orden regional, aspiraciones que yo siempre he defendido en su sentido más amplio por juzgarlas legítimas y porque en su solución creo que se halla la fórmula para constituir una fuerte nacionalidad. Tampoco este problema, a pesar de las terminantes promesas, fue resuelto, y aún podríamos decir que se ha agudizado en virtud de una lista de agravios y de medidas tan injustificadas como violentas para los sentimientos regionalistas españoles, y muy especialmente para los sentimientos de Cataluña. Pero junto a tales equivocaciones, he de señalar otros síntomas más graves. Aprovechándose de esta paralización de la máquina administrativa, una parte de las clases conservadoras del país, los hombres más obligados a moverse de un modo ejemplar, acometieron empresas de orden financiero en las que el Gobierno, con torpeza manifiesta y con daño para el Tesoro, entregaba importantes servicios públicos a la explotación privada, no guardando en los concursos, no ya los preceptos de la ley, si no ni siquiera las reglas más elementales del decoro. En su protección a tales empresas, que habían de crearse y funcionar sin que opinasen las Cortes y con toda la garantía de la Constitución en suspenso, el Gobierno llegó a defenderlas con la censura militar, para que las gentes no pudieran, por medio de la Prensa, conocer sus propósitos, discutir su utilidad; en una palabra, aquilatar en una crítica libre sus ventajas e inconvenientes.

En realidad, tales consecuencias no son sino derivaciones del régimen caído, y el tiempo ha demostrado que al derrumbarse éste, se derrumbó lo que era su expresión más íntima, la Constitución del Estado y la propia Monarquía, que, en vano, lucha por mantenerse sobre los estragos y las ruinas que ella misma, frívolamente, ha hecho más hondas e irremediables.

Convencido como estoy de que para la actual Monarquía española no hay salvación posible, y que es ya demasiado tarde para volver por su prestigio y para restablecer un régimen constitucional, que el mismo jefe del Estado ha abandonado, demostrando la escasa convicción que le mantuviera, yo no veo en estos momentos para España sino dos soluciones: una puramente hipotética, la instauración de una República democrática; para que esta solución tuviese realidad, seria necesaria una conciencia republicana en la mayoría de la opinión; una masa de hombres activos que secundasen el movimiento, y unos directores que le dieran forma y orientaciones políticas. Nada de esto, a mi juicio, existe. La otra solución no seria propiamente una solución, sino una disolución. El país tendría que perecer en la anarquía. Cualquiera de estos dos desenlaces llegaría de un modo inopinado y violento, sin que la voluntad nacional pudiera exteriorizar sus deseos, después de una libre meditación, y con cualquiera de ellos el pueblo español, que tiene ideales de paz, de trabajo y de justicia, sufriría, tras la dictadura militar, la consecuencia de otra dictadura, de seguro más violenta y peligrosa.

Estas consideraciones son principalmente las que me han impulsado a dirigirse al pueblo español, con el pensamiento más elevado de que soy capaz y el más puro sentimiento del deber, y haciendo en estos momentos críticos para la vida española una manifestación de existencia pública y una profesión de fe.

Creo que he dado pruebas repetidas de no haber tenido ambiciones de orden personal, ni de haberme movido por otros estímulos que los que me inspiraba mi amor a España. Si yo creyera que en el cumplimiento de los deberes pudiera caber sacrificio, yo diría que para mí el ser Rey de España constituiría el mayor sacrificio de mi vida; pero por esto mismo los impulsos de mi deber han de ser más fuertes e inflexibles, y mi deber me dicta en la hora presente que yo he de ofrecerme a mi país de un modo absoluto.

Si el pueblo español, en el momento de liquidarse el régimen caído, cree que yo puedo prestar un servicio a España preparando el paso a una situación política definitiva, yo, que he visto de cerca cómo se gobiernan los pueblos más fuertes y prósperos de Europa, ofrezco, con la ayuda de Dios, cumplir de un modo íntegro la voluntad de los españoles, que podría manifestarse en la forma más conveniente para la garantía de su verdad y eficacia, garantías que serían dentro de la tradición española. Pienso que en el momento de la definitiva liquidación del régimen puede ser mi concurso una solución de paz, que de tiempo a la reflexión serena sobre las nuevas normas políticas que han de regir al pueblo español en lo porvenir.

Y dirigiéndome al pueblo, claro es que me dirijo también al Ejército, pueblo también, y al que consagré también quizás los entusiasmos mayores de mi vida. Al Ejército español, cuyas virtudes militares admiro, le invito a una meditación sobre su responsabilidad en la consecuencia que la actual política puede tener para España. No conviene que el día que todo caiga en un inevitable desprestigio, el Ejército español perezca también en la caída, sin haber facilitado al país una solución salvadora. Yo, que serví en el Ejército de Rusia, en el que existían oficiales valientes, entusiastas y bien preparados, y soldados sufridos, fuertes y disciplinados, como los españoles, sé algo de lo que significa el derrumbamiento de una institución que debe ser suprema garantía de las libertades públicas y de las leyes. Medite, pues, el Ejército español el peligro inminente a que está expuesto.

Y con el Ejército, mediten las clases directoras del país, de las que no excluyo a aquellos elementos políticos que, aun habiendo actuado en el viejo régimen, mostraron en muchas ocasiones inteligencia y patriotismo. En suma, todos los hombres deseosos de encontrar la solución más favorable al interés nacional, piensen serenamente si algún día este ofrecimiento mío puede ser útil para España. Con esta declaración pública y con este llamamiento a todas las fuerzas del país, creo cumplir el deber más elevado de mi vida, respondiendo a las tradiciones que me están confiadas y también ajustando mi conducta al futuro juicio de la Historia.

JAIME

Fuente; Archivo Borbón Parma. Castillo de Bostz (Francia).

El único partido español dado de alta

El único partido español dado de alta


He de empezar, señores, expresando a todos mi más sincera gratitud por el entusiasmo con que han acudido a este acto en mi honor, que como tal lo estimo, y encargando a todos, un afectuosísimo saludo para aquellas corporaciones cuya representación ostentáis y que reunidas no hubieran tenido cabida en este local, ni acaso en otro cien veces mayor.
Bien hubiera querido para este acto poder dedicar a la preparación de mi discurso, más bien disertación, el tiempo suficiente para que fuera digno de vosotros y para que tuviera todo aquel contenido a que la ocasión invita y su importancia demanda. Pero los apremios de tiempo, sin haberme impedido trazar el índice de lo que me propongo decir, no me han permitido desenvolverlo con toda la tensión y calma; bien quisiera decir —si a ello alcanzaran mis facultades—, con toda la elocuencia necesaria para que fuera digna de la benévola atención con que me vais a escuchar.
Nos encontramos en un momento importantísimo, no sólo de la vida nacional, sino de un modo esencial de la organización de esta liga, concierto, institución o partido, bautizada Unión Patriótica, que nació tan espontáneamente en nuestros entendimientos y en nuestros corazones a raíz del advenimiento del Directorio, y que como tierra fértil y fecunda germinó más pronto y fructuosamente que en parte alguna en las llanuras de Castilla, y especialmente en la histórica ciudad de Medina, donde parece que el hálito vivificador de Isabel la Católica nos conmovía y nos daba ardores y sangre nueva con que consagrar a su programa todos los entusiasmos, todas las actividades que se deben a la patria por la Reina sin par engrandecida. (Grandes aplausos.)
Pero transcurridos dos años, apenas dos años, porque fue en noviembre del 13 el natalicio, y en mayo la consagración, aquel embrión gemelo de los somatenes, que aun siendo cosa distinta tienen tanto nexo y tanta relación con las Uniones Patrióticas, aquello ha dejado de ser embrionario para convertirse en algo robustamente confirmado. Acaso sea lo más importante de lo que hoy pueda decir —por lo que tiene de concreto y ejecutivo—, el que por mi parte, y haciendo uso de la autoridad que me habéis conferido como presidentes de las Uniones Patrióticas de toda España, las voy a dar completamente de alta para el desenvolvimiento de su vida, con toda la autonomía, con toda la libertad que se os puede conceder cuando la doctrina está tan firme y homogéneamente arraigada en los cerebros y cuando ya los organismos recibieron la protección que necesitaban en su niñez y sobre todo porque se desenvolvían entre hostilidades y prevenciones. (Aplausos.)
Ya hoy, que las hostilidades cedieron —no tenían más remedio que ceder— y vuestra fortaleza creció al compás que recogía los latidos del alma nacional, nada reclama esta protección. Ya sois —empleando la palabra más usual para la clasificación de estas organizaciones— el gran partido español; pudiera decir que sois el único partido español, porque fuera de vosotros, muy pocos que piensen en verdadero español y no estén apasionados por rencores dejan de estar a vuestro lado. (Grandes aplausos.)
He aquí un punto arduo del momento político que venimos examinando, del momento político que venimos viviendo. ¿Cuándo, como y en qué sentido advendrá la Unión Patriótica a la gobernación del país? Naturalmente, hago la salvedad de que en esto he de hallar y de proceder por silogismos, porque ese momento, esa designación, compete a la persona que ejerce el poder moderador: a S. M. el Rey; pero yo, por mi parte, y mientras merezca su confianza, el día que crea indicado este camino para el bien público en la vida política, no tendré absolutamente otro consejo que darle, en mi afán de perseverar en su servicio y en el servicio de España, sino que a la misión circunstancial, excepcional del Directorio, no cabe más sucesión que entregaros de lleno el poder, con toda libertad, con toda confianza, por lo que sois, por lo que representáis y por lo bien que lo habéis sabido ganar en la preparación ciudadana del país en estos dos años de predicaciones, de organización y de desinterés, en que ni por un momento ha sentido nadie el apremio ni la ambición de gobernar, que es precisamente la mejor situación psicológica de los ciudadanos para ejercer tan altas funciones, el momento de dedicar el alma pura y limpia, con toda su fortaleza, al ejercicio sagrado de gobernar. (Grandes aplausos.)
¿Cuándo llegará ese momento? (Una voz: Cuanto más tarde, mejor. Aplausos.)
Siento no poder estar conforme, en nombre de mis compañeros y en el mío, con el interruptor, y siento no estar conforme porque el Directorio, que desde el primer día ha deseado la ocasión de cesar en tan elevada misión, ha permanecido en su puesto por el cabal concepto que tiene del cumplimiento de su deber; por la fe en mí y el requerimiento constante mío, que he sabido sostener sus esperanzas en la culminación de una obra grande y llevar a sus conciencias y a sus entendimientos la necesidad, hoy ya comprobada por los hechos, de perseverar hasta que llegase el momento.
El Directorio, que ha estado siempre en franquía, sabe que haría grave daño a la fortaleza nacional, que tanto ha beneficiado, si esperara que el momento en que hubiera de salir lo marcaran la fatiga, el cansancio, la desavenencia o la frialdad popular.
Lo más grave que hicimos el día 13 de septiembre fue recabar del Ejército de mar y del de tierra una aquiescencia para gobernar en su nombre y representación; el mayor peligro que hemos corrido en estos dos años, y que Dios ha querido apartar de nuestro camino, ha sido el desgastarlo. (Aplausos). No quiero decir siquiera el desacreditarlo, porque entonces lo hubiéramos llevado a la historia como una situación efímera y agotada que se consumía en la hoguera implacable de la gobernación del país y se hubiera agotado esa gran reserva que ojalá no sea preciso movilizar nunca más, y no hubiera añadido el Ejército de mar y tierra, a todos los timbres que le dan sus recientes victorias, el enorme servicio que con su disciplina y ecuanimidad ha prestado al país, saliendo fortalecido de funciones tan difíciles y ajenas a las suyas peculiares. Por eso hemos de aconsejar al Rey, por bien de España y del Ejército, que llame a la gobernación a los organismos de Uniones Patrióticas antes de que ninguno de esos fenómenos se presente, tan pronto como esté expedito del todo ese camino glorioso que estamos abriendo en Marruecos, y por el cual espero que pronto llegaremos a una estabilidad del problema, que no requerirá la presencia en el poder de hombres especializados en el ejercicio de las armas. (Prolongados aplausos.)


Del discurso de Primo de Rivera ante las representaciones de la Unión Patriótica el 16 de octubre de 1925 en el Palacio del Hielo. «La Nación» (Madrid), 19 octubre 1925.)

DIRECTORIO CIVIL

Cambio de Gobierno

Cambio de Gobierno

El Presidente del Directorio a S. M.
«Señor: Desde el 16 de septiembre de 1923 gobierna el Directorio que V. M. se dignó aceptar a mi propuesta, tanto en su régimen y funcionamiento como en las personas que habían de integrarle. No corresponde a mí el elogio de su labor, que el país ha acompañado de constantes muestras de confianza y adhesión, ante la evidencia de los males que atajó de las reformas que hizo, del prestigio de que supo rodear a España y de que supo rodearse a sí mismo por la dignidad en el ejercicio de la augusta función de gobernar, pero desde que fue nombrado el Directorio ha sido su propio constante afán, que cien veces me expuso, y sólo aplazó por patriotismo ante mi insistente ruego, el cesar en sus funciones, lo que no debía de ser sin encauzar antes el problema de Marruecos.
Esto parece logrado, o por lo menos decidido el procedimiento para alcanzarlo, que no puede ser ya otro que el de acabar de abatir el concreto poder rebelde que contra España se alzó el año 21, desbaratando brusca e inopinadamente una obra que, aunque venciendo grandes dificultades, iba llevándose hasta entonces con acierto y método. Se inició pronto la reconstitución de la labor derrumbada, pero no se llegó a intentar la extinción del foco principal que el Directorio, seguro del aliento y poder del país y de la vitalidad de sus organismos armados, emprendió con la decisión y éxito que por visibles y recientes se hace necesario señalar. Tantos otros problemas ha abordado y resuelto el Directorio, que enunciarlos sólo haría excesivamente largo este escrito, pero próximo el momento de entrar de lleno en el planteo y resolución de algunos muy importantes, de carácter puramente civil o económico y aún en el de la reorganización de los cuerpos armados, que se ha diferido acaso por no tratarlo sólo desde un punto de vista profesional, parece el momento de satisfacer el deseo del Directorio permitiéndose cesar en sus funciones, no sin consignar en justicia el más vehemente elogio a su patriotismo, laboriosidad y acierto, y sustituyéndole por un gobierno de ministros, sin que ello signifique por el momento, y mientras no recaiga previo acuerdo de los nombrados, restauración absoluta ni inmediata de preceptos constitucionales que están en suspenso.
Tal ministerio, señor, si V. M. accede a su formación, ha de tener por preciso deber, en cuanto se refiere al mantenimiento del orden, al respeto a la autoridad, al afianzamiento del patriotismo y a la difusión de la cultura, continuar la obra del Directorio y en lo demás abordar con valor la nivelación de los presupuestos, a formar la ley tributaria y arreglar la propiedad, los arriendos y las aparcerías por normas equitativas de recíproca ventaja y de fecundo rendimiento.
Conoce V. M., Señor, el empeño que el Directorio y especialmente el consejero que a V. M. se dirige, han venido poniendo en la formación de una liga de ciudadanos que sin evitación posible ha llegado a constituir un gran partido político para que tuviera el Rey con que sustituir el día que parece llegado, a los que alternativamente venían antes del Directorio gobernando, enfermos de sus propios errores colectivos, de enfermedad que el Directorio no ha podido hacer intento de ocultar, sino por el contrario, ha necesitado poner de relieve para que el país la conociera en toda su gravedad.
Al partido a que vengo aludiendo, a la Unión Patriótica, que ha surgido tan sano y potente, parece, Señor debe encomendarse por V. M. en este momento la labor de gobernar, designando V. M. la persona que ha de proponerle un gobierno, ser su presidente y designar vicepresidente, ya que esta última función ha demostrado la experiencia de ser tan necesaria e importante.
No sólo para conocimiento de V. M., sino también del país, convendrá consignar, a guisa de un conciso programa de gobierno, la afirmación de que el que se forme ha de ser muy radical, muy radical no de la derecha ni de la izquierda, sino de procedimientos para extirpar lo que de añejo quede en la vida política y administrativa del país, y muy radical en la presentación a V. M. de leyes y medidas que transformen en diligente y eficaz la perezosa y deficiente máquina administrativa, muy radical también en la persecución y limpieza de cuanto sea hampa, descoco, vicio, abuso, flaqueza o insolencia.
Si el nuevo gobierno tiene la convicción de que claudicar o transigir con esto es tanto como humillar y dejar indefensos a los buenos ciudadanos ante las minorías audaces y podridas, excusado parece manifestar a V. M. que considero aún indispensable mantener totalmente por ahora en suspenso los preceptos de la Constitución de 30 de junio del 76, sin intento de modificarla ni de apartarnos de su espíritu, pero legislando por decreto en cada caso, en busca de seguir recuperando el tiempo y la eficacia que el pasado régimen, tan abundante en entorpecimientos, corruptelas y flaquezas, ha hecho perder en la obra de vigorización nacional.
En suma, Señor, para exponer mi pensamiento clara y sinceramente, lo que propongo a V. M. es la sustitución de una dictadura militar por otra civil y económica y de organización más adecuada, pero no menos vigorosa, y me permito proponerlo así, recogiendo el ansia popular, que sólo teme del cambio de forma de gobierno que se debiliten los resortes del mando, que han sido carácter del Directorio militar, cuya vida como genuina representación del Ejército y de la Marina, que tan patrióticamente han ofrecido el prestigio de sus nombres corporativos a esta arriesgada labor, no debe llevarse a momento del desgaste o de quebranto, ni tampoco debe sustraerse por más tiempo al país en su representación civil, que es la adecuada y tan manifiestamente está a nuestro lado, la participación y la responsabilidad en la obra de reconstituirlo y reeducarlo administrativa y políticamente.
Señor, creo haber cumplido una vez más mi deber, exponiendo mi parecer sincero y leal, que someto a la resolución de V. M.»
Carta del Rey
«2 de diciembre de 1925.—Mi querido general: He recibido tu escrito y con conciencia plena del momento político porque atraviesa España y convencido de la necesidad de proseguir en la labor de salvarla, en la que tanto ha adelantado el Directorio, te confiero por ésta para que formes y presidas un gobierno y designes, dentro de él, la persona que ha de ser su vicepresidente, y espero que en el plazo conveniente, que deseo sea breve, pueda el país contar con leyes que constituyan y fundamenten su normalidad y se pueda vivir atento a ellas en un régimen que haga innecesarios los períodos de excepción.
Hoy, como el 13 de septiembre de 1923, elevo mi pensamiento a Dios en el altar de la patria para que haga acertada mi resolución y dé al nuevo gobierno inspiración y suerte al frente de los destinos de España.
Tuyo afectísimo que te abraza, Alfonso, Rey.»
(«La Vanguardia» (Barcelona), 3 diciembre 1925)
Real Decreto
A propuesta del jefe de Gobierno, presidente del Directorio Militar, vengo a decretar lo siguiente:
1." Se suprimen los cargos de presidente, vocales y secretario del Directorio Militar.
2.° Se restablecen los cargos de presidente del Consejo de Ministros y Ministros de la Corona, que suprimió el art. 4.° del Real Decreto de 15 de septiembre de 1923, con la dotación, derechos y honores que estaban atribuidos a los mismos.
3.° A propuesta del presidente del Consejo de Ministros, y entre los miembros, se nombrará, por Real Decreto, un vicepresidente que sustituirá al presidente en los casos de ausencia y enfermedad.
4.° Los reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros tendrán la fuerza legal que determina el artículo 1.° del Real Decreto-Ley de 15 de septiembre de 1923.
Dado en Palacio a tres de diciembre de mil novecientos veinticinco,
Alfonso.
El Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.


(«Gaceta de Madrid», 4 diciembre 1925)

Manifiesto de la Unión Patriótica

Manifiesto de la Unión Patriótica


LA UNION PATRIÓTICA NO ES UN PARTIDO.—Importa, ante todo, consignar de manera terminante, que la Unión Patriótica no es un partido, y, en consecuencia, no se inclina a la derecha ni a la izquierda; no adopta un programa cerrado que excluya a los discrepantes, ni se encierra en el armazón hermético de aquella ordenación jerárquica propia de los partidos políticos, escalonada a través de distritos y provincias, desde la aldea hasta Madrid.
La Unión Patriótica aspira a ser, con el tiempo, generadora o propulsora de futuros partidos, cuando, más adelante, se dibujen dentro de ella las tendencias y los matices que, en su día, determinarán el nacimiento de nuevas agrupaciones políticas, nutridas con la savia que brota de los distintos sectores de opinión. Pero la formación venidera de estos partidos, a que lógicamente conducirá el proceso evolutivo de la gran obra de reconstrucción del Estado, será, cuando suene su hora, un fenómeno espontáneamente surgido en el seno de este gran movimiento nacional, por la variedad de ideologías, de intereses y de soluciones de gobierno.
Mientras ese día llega —y todavía no se vislumbra la luz de su amanecer en el horizonte—, la Unión Patriótica habrá forzosamente de ser, en política, campo neutral que llame a sí la colaboración y la asistencia de todos los hombres de buena voluntad, sin pedirles que renuncien a su ideario, sin preguntarles el sector de donde proceden, ni tratar de imponer a nadie una rígida disciplina.
Virtualmente quedan fuera de esta unión nacional los que todo lo fíen al desorden y a la violencia, como medios, y a la anarquía disolvente o al comunismo tiránico, como fin; así como los que, autoritarios o déspotas, quieran anular la voluntad popular, sustituyéndola por el capricho o el personalismo en el poder, estrangulante de energías y aspiraciones; pero, descartados todos los extremismos de acción, la honrada profesión de las convicciones es un título, lejos de constituir un obstáculo, para quienes lealmente vengan con ellas a la Unión Patriótica.
EL VIEJO SISTEMA POLÍTICO Y sus HOMBRES.—El hondo sentir popular, que encontró su expresión en la fecha memorable del 13 de septiembre de 1923, respondía a dos imperiosas exigencias del alma española: una, la afirmación enérgica de vivir, frente al peligro sindicalista y a la desaparición, más bien que al aflojamiento, de los resortes inherentes a la autoridad pública; otra, la general condenación del viciado mecanismo propio de los viejos partidos y su perniciosa actuación, que malograban los atisbos individuales y agostaban las iniciativas de mejora que esporádica e intermitentemente pudieron insinuarse, sin fuerza suficiente para florecer, en el ambiente de la antigua política.
Bien derruidos están los artificiosos edificios de los partidos que fueron. Sus muros agrietados denunciaban la inconsistencia de la fábrica, deshecha y desmoronada al soplo de aquel movimiento renovador, impregnado del aura popular, que evitó oportunamente el que España se hundiera en el caos de una sangrienta anarquía.
Al caer a tierra se desplomaron, como en toda ruina, los materiales útiles, revueltos con los dañosos y nocivos para la seguridad y para la higiene política, que deben quedar, y quedarán, definitivamente eliminados. Se trataba de una demolición total, en la que los propios cimientos se asentaban sobre base falsa y ninguna piedra podía quedar en pie. Pero al acometerse la obra reconstructiva del Estado español con los elementos nuevos, extraídos de la rica cantera social, antes olvidados, deben participar los elementos sanos arrastrados en el derrumbamiento, siempre que esta participación sea individual y desligada de los antiguos grupos y partidos, arcos de artificiosa armadura, definitivamente rotos y caídos a tierra.
EL IDEAL PATRIÓTICO.—La Unión Patriótica, ante todo, significa la noble aspiración de purificar la vida pública.
Es su lema avivar el amor inextinguible a la patria española y la adhesión a la Monarquía; laborar por la compenetración de la sociedad y el Estado; restaurar los valores morales y educativos; estimular el vigilante ejercicio de los deberes de ciudadanía en los comicios y en los actos todos de la vida; llevar a la conciencia social la perdida confianza en el poder público y robustecer el prestigio moral de la autoridad, que tanto necesita del acatamiento consciente de los súbditos, como de la plena consagración de quienes ostentan su investidura al servicio del bien colectivo, sin claudicaciones que lo dañen.
Debe darse a los ciudadanos la garantía de que detrás de cada mesa oficial (como decía con frase gráfica, en su discurso del teatro del Centro, el marqués de Estella) encontrará un funcionario dispuesto a servir austeramente su oficio. Mas ello exige el justo reverso de que el funcionario tenga la seguridad de ser mantenido en su puesto, sin arbitrarios traslados ni postergaciones, cuando cumpla con recto espíritu y despierta voluntad la misión que le fue confiada, cayendo, en cambio, sobre él la sanción inexorable de la ley cuando olvide sus deberes, sin que espere ver cubierta su falta con el amparo de un poderoso valedor.
Precisa extirpar las causas determinantes de la fe en la omnipotencia de la recomendación, sistema pernicioso y enervador, que desatiende el mérito para fijarse en el nombre del padrino, que opera una absurda selección al revés, rechazando las capacidades selectas, conscientes de su valía, refractarias a la ajena ayuda inconfesable, para quedarse con la mediocridad que todo lo fía en el favoritismo y la intriga. Renacerá así la fe en la virtualidad del propio esfuerzo, y huirá la desesperanza del ánimo de los mejores.
La propaganda patriótica ha de encaminarse especialmente a afianzar la autonomía del régimen local, que tan directo influjo ejercerá en la purificación de las costumbres políticas, y a despertar el interés y estimular la participación de todos en el gobierno del Municipio, célula primaria, de cuyo vigor depende en gran parte la salud del cuerpo nacional y la tonificación del alma ciudadana.
Llama con recios aldabonazos la atención de cuantos ciudadanos se preocupan de la cosa pública, el largo índice de problemas de carácter nacional, siempre vivos y actuales; la cultura, en todos sus signos de expresión; la instrucción, en sus diversos grados; las enseñanzas profesionales, técnicas y de aprendizaje artesano; las fórmulas sociales y económicas reguladoras de las relaciones entre el capital y el trabajo, de la previsión y del seguro; el fomento de los veneros de la riqueza pública, de la agricultura, ubre de nuestra nación, abandonada y aun castigada a veces por gobiernos anteriores; de la industria, a la que no se supo fortalecer y del comercio, cuyos medios de desarrollo no fueron acertadamente estudiados; la repoblación forestal; la ordenación racional de nuestra red ferroviaria, de nuestras carreteras, de nuestras líneas de navegación marítima y aérea; la eficiencia del Ejército, de la Marina y de la Aviación, brazos armados de la Patria; la nivelación financiera, para llegar a la cual es forzoso: ajustar el presupuesto de gastos a las verdaderas necesidades del país y prescindir de los dispendios inútiles; procurar que los servicios públicos sean reorganizados y simplificados de manera que, con el menor sacrificio posible, rindan la máxima utilidad administrativa y social; repartir equitativa, proporcional y sabiamente las cargas del Estado; imponer, en suma, una severa ordenación que restablezca el equilibrio indispensable en la hacienda española.
La Unión Patriótica representa la unión sagrada de todos los españoles que se apresten a afrontar el arreglo paulatino, pero interrumpido y ordenado, de todos aquellos grandes problemas que no son exclusivos de derechas ni izquierdas, cuyas soluciones deben ser tan genuinamente nacionales como lo es su propia naturaleza, y cuyo estudio e implantación serán tan incesantes, tan metódicos y tan enérgicos como lo necesita el resurgir de España, idea inmortal y meta lejana, que requiere andar largo y espinoso camino.
Mientras la Unión Patriótica consolida su organización y es lo suficientemente robusta para acometer tan ardua empresa, el Directorio Militar debe seguir, con la asistencia que le presta la opinión pública, la labor de descuaje de raíces y grama, cizaña mortal en toda clase de campos, ávida siempre de estorbar el arraigo y desarrollo de la semilla nueva, fecunda y vigorosa.
MARRUECOS.—Los nuevos métodos instaurados en nuestra zona de Protectorado marroquí, los únicos que en el momento actual aconsejan la realidad y la experiencia, responden a la necesidad absoluta de establecer la debida ecuación entre el esfuerzo civilizador de España en África y el normal desenvolvimiento de nuestra propia vida nacional, que no puede ni debe quedar indefinidamente subordinada, por la sangría suelta de hombres y de dinero, al proceso de la acción en Marruecos.
Con la mirada siempre puesta en salvaguardar la dignidad y el decoro de España; sin dejar incumplidos nuestros compromisos, aceptados por las circunstancias internacionales, pero que no nos señalan plazos ni modalidades de ejecución en los métodos del Protectorado; atendiendo al cuidado primordial de asegurar la ocupación de bases próximas a la costa, como medio de penetración política y de transitorias operaciones de castigo; cooperando eficazmente la Marina y la Aviación, con elementos adecuados; asegurada la retaguardia por la sumisión desarmada de los indígenas, y libre la iniciativa para la acción en nuestras manos, la fórmula a cuyo desarrollo asistimos y cuya práctica consolidación es de esperar que no se halle lejana, aunque no está exenta de dificultades que el error amontonó, permitirá la repatriación de buena parte de nuestro Ejército de África, al disminuir la extensión y, como consecuencia, la fuerza militar del territorio ocupado por nuestras tropas; y se reducirá notablemente el gasto de la acción protectora.
Es de esperar, en conclusión, que el problema de Marruecos venga a quedar encauzado, y la silueta de sus proporciones reducida al perfil breve con que debe expresarse gráficamente en el cuadro donde se refleje el panorama de los problemas nacionales.
La obra civilizadora de España en África, algunos de cuyos aspectos ignorados se pondrán de relieve en la proyectada Exposición Hispano-Africana de Granada, afianzará nuestro prestigio y permitirá que la política indígena y de penetración sea cada día más intensa y más eficaz.
Será norma de nuestra política general en África la colaboración con Francia, potencia asimismo protectora en Marruecos, y la inteligencia con la Gran Bretaña, naciones ambas que no cesan de darnos muestras singulares de su cordial amistad y de su espíritu de cooperación y de concordia.
POLÍTICA INTERNACIONAL.—Norma directriz de la política internacional de España debe ser la intensificación de sus relaciones en la vida exterior. Nunca fue política sabía ni prudente la del aislamiento, engendrador de recelos y de recíprocas incomprensiones. Pero en nuestros días, esa política es, además de suicida, impracticable. El intercambio espiritual y material afianza la interdependencia moral y económica entre los Estados y les hace experimentar, cada día más fuertemente, por cima de todos los exclusivismos nacionales, la sensación de su interdependencia política. El recuerdo meramente histórico e inactual de recíprocas seculares luchas, hijas de tiempos e ideas desaparecidos ya del mundo, no puede hacer perdurar odios estériles, incompatibles con la raíz cristiana y generosa del alma española y con el espíritu tolerante y culto de la vida moderna.
España es uno de los baluartes y reductos de la civilización occidental, y tiene preferentemente en Portugal, en la Gran Bretaña, en Francia y en Italia sus naturales amistades europeas, que deben ser sinceramente fortalecidas con mutuas concesiones y una leal y recíproca comprensión.
Ansiosa de una vida de paz, que sólo puede hallar su firme asiento en el imperio de la justicia, España mira en la Sociedad de Naciones el órgano de expresión de la conciencia de los pueblos para afianzar la paz del mundo: paz internacional, mediante los procedimientos de conciliación y la creación del Tribunal de Justicia Internacional en La Haya; paz social, mediante el instrumento poderoso de la Organización Internacional del Trabajo, que abre camino al progreso de la legislación obrera, paralelamente en todos los países.
La Sociedad de Naciones, como Asociación universal de Estados, borra el peligro del aislamiento continental en el Nuevo Mundo y cuenta entre sus miembros a la casi totalidad de las Repúblicas de Centro y Sudamérica. La raza española de ambos lados del Atlántico encuentra así en la Sociedad de Naciones un plano más de coincidencia y de afirmación de la solidaridad moral que une a la gran familia hispanoamericana.
LA RAZA.—Guiada del pensamiento de despertar la fe del ciudadano en el resurgir de España, la Unión Patriótica se propone estimular la vibración espiritual de aquellas fibras morales más sensibles al amor a la raza, descubridora, pobladora y civilizadora de mundos.
Al estéril sistema de los monólogos retóricos debe sustituir, en un plano de perfecta igualdad y de recíproca colaboración, el de los diálogos fecundos entre los hermanos de raza de uno y otro continente.
Lo que hasta ahora ha sido acción generosa, pero solitaria, de iniciativas privadas, debe pasar a ser acción pública y metódica del Estado. Los americanos y nosotros disponemos del vínculo del idioma, del común contenido de cultura y de los propios rasgos psicológicos raciales que marcan hoy, como ayer y como siempre, los trazos específicos de la gran familia hispanoamericana y el valor inmarcesible de su genio, fresco y remozado en las jóvenes y florecientes repúblicas, hijas emancipadas de España.
En período de organización la Exposición Hispanoamericana de Sevilla, y con espíritu previsor que no aguarda a la improvisación de la víspera, el Estado español, como encauzador de las energías sociales, y persistiendo en la política de que es signo el Colegio Mayor Hispanoamericano, debe procurar con ahínco que el gran suceso proyectado no sea un vistoso alarde más de pirotecnia cuya luminaria se apague con el resplandor de los últimos festejos en la bella ciudad del Guadalquivir. Ningún esfuerzo mejor enderezado, ningún dinero mejor invertido que el destinado por España a procurar, con ocasión de este acontecimiento, la conclusión de convenios positivos, que miren a la situación del emigrante, al intercambio cultural y económico, a la cooperación espiritual jurídica y mercantil entre aquellos pueblos pujantes y su antigua madre patria.
LA CONSTITUCIÓN Y EL SUFRAGIO.—No es lícito a la Unión Patriótica dejar sin fijar su criterio respecto a candentes controversias que se desarrollan alrededor de estos temas.
Respetamos por igual la opinión de los que mantienen la continuidad indefinida de la Constitución de 1876, como la de los que proponen su reforma y sugieren sistemas de tipo representativo, de tipo presidencial americano o de tipo parlamentario británico, con las notas específicas que requiere la singular estructura de España. Igual respeto merecería la opinión favorable a la adopción del nuevo tipo argentino, del tipo constitucional puro, del singular tipo uruguayo o de cualquiera otra concepción original que, sin olvidar la experiencia de ajenos países propusiera una fórmula política basada en la especial contextura del cuerpo social y político de España.
Su propia significación veda a la Unión Patriótica, como tal Unión Patriótica, inclinarse en pro de ninguno de los sistemas que sus mantenedores pugnan por hacer prevalecer. Proceder de otro modo sería perder su serena posición de neutralidad política.
El movimiento iniciado en 13 de septiembre de 1923 suspendió parcial y transitoriamente por los motivos excepcionales de todos conocidos, la aplicación práctica de la Constitución, si es que alguna vez la tuvo en el anterior régimen; pero no la derogó. Esta Constitución, fórmula, por otra parte, de transacción y pacificación en la época en que fue promulgada, que ha regido la vida pública de España durante cerca de cincuenta años, con deficiencias naturales en toda obra humana, pero a la que fuera injusto imputar todos los vicios políticos de quienes contumazmente la falsearon, no puede ser, no debe ser modificada por decreto; procede conservar intacto el tema, hasta que las Cortes, con el Rey, si lo juzgan oportuno, en su día resuelvan.
Criterio sustancialmente análogo mantiene la Unión Patriótica respecto al problema del sufragio. Igual consideración nos merecen todas las opiniones relativas a su extensión y a su modalidad. Pecaría de candorosa la Unión Patriótica si se cerrase la puerta para sostener en su día la necesidad de que la pureza de las primeras elecciones generales sea garantizada con la adopción de saludables medidas y reformas que eviten el nocivo retoño de las marchitas oligarquías; empeño, por otra parte, bien asequible, porque la fuerza aparente y engañosa de los antiguos partidos no residía en el apoyo de la masa ni en el calor del ideal: se cimentaba sólo en la fuerza personal, legítimamente ganada algunas veces, suplantada y falsificada las más, y no en la virtualidad de los principios. Basta, pues, con atacar el mal en su raíz.
Pero hay un principio de valor sustantivo, que sólo por un nuevo acuerdo soberano de las Cortes con el Rey podrá ser alterado, y es el de la universalidad del sufragio.
El caso tiene precedentes irrecusables en nuestra historia. Al ser restaurada la Monarquía y elevado al trono don Alfonso XII, aquel Gobierno, presidido por uno de nuestros más eminentes estadistas, legisló por decreto, como ahora hace el Directorio y como hizo siempre todo poder excepcional; y, sin embargo, para convocar nuevas Cortes respetó, por hallarse preestablecido en las leyes, el sufragio universal, en contra de su convicción política y a reserva de llevar seguidamente a las Cortes el proyecto de implantación del sufragio restringido, que aquel Gobierno patrocinaba.
El Parlamento comparte con el Rey la función legislativa, y su elección reviste, por tanto, un carácter esencialmente diverso al de las elecciones municipales y provinciales, en las que el problema de soberanía no entra en litigio.
ORGANIZACIÓN DE LA PROPAGANDA.—Por no ser un partido, por constituir su fin la afirmación de un ideal de mejora y resurgimiento, y la negación del sistema derrocado, la organización de la Unión Patriótica tiende lógicamente, por la fuerza incontrastable de la realidad misma, a buscar su centro de gravedad en una organización de propaganda.
Base inicial de la organización de esta propaganda han de ser los organismos actuales de la Unión Patriótica, que podrán ser naturalmente ampliados o reconstituidos en los casos y en la medida que lo requiera el área de difusión y amplitud de este movimiento de ciudadanía.
La variedad ideológica no excluye, antes al contrario, aconseja por ahora la unidad en la acción, si no se quiere desarticular el movimiento, y se busca infundirle carácter orgánico, persistencia vigorosa, difusión múltiple y esfuerzo coordinado. Tiempo y ocasión habrá de deslindar en sectores las ideologías y de matizar las agrupaciones políticas.
Mientras tanto, la afirmación eficaz de los principios básicos que nos son comunes y el aseguramiento del triunfo en la lucha exigen la creación de un organismo central de propaganda que mantenga contacto directo con las demás organizaciones surgidas ya o que en lo futuro surjan, que impulse la afirmación y divulgación de nuestra doctrina y, con una visión orgánica, estudie los problemas nacionales y sus remedios.
Nuestra política ha de desenvolverse en un plano de positivas realidades. Dentro de ella encaja el que puedan adherirse o asociarse colectivamente a la Unión Patriótica aquellos núcleos de carácter social que respondan a intereses permanentes y vitales de la nación. No se requiere el que desdibujen su fisonomía ni tuerzan su especial finalidad, porque su articulación con la Unión Patriótica ha de respetar la órbita propia de cada agrupación social. El enlace orgánico se buscará en la mutua condenación del desacreditado partidismo de clientela, con sus estrechos moldes, que ahogaban las iniciativas sociales espontáneas, en la coincidente afirmación del ideal patriótico y en la conjunta labor de reconstrucción nacional.
Fervientemente deseosa la Unión Patriótica de percibir todos los latidos de la opinión y de recoger el eco de todas las necesidades y aspiraciones locales, es lógico que, para este fin, el organismo central recabe la colaboración de elementos provinciales que vengan a formar parte de él y promueva en comarcas y pueblos la creación de oficinas informativas que le permitan mantener estrecho y permanente contacto con la vida local, y sean, al propio tiempo, vehículo de la propaganda, para hacerla irradiar hasta el más apartado rincón de España.
LA UNIÓN PATRIÓTICA Y EL NUEVO RÉGIMEN.—La Unión Patriótica proclama que España debe gratitud al Directorio Militar por la obra de acendrado patriotismo que ha realizado y realiza desde el poder. La simple enunciación sumaria de esta labor basta para enaltecerla: dignificar la autoridad pública; proteger la vida de los ciudadanos, antes indefensa; sanear la administración; depurar e independizar la justicia; intervenir con criterio conciliador, pero firme, en los problemas sociales, imponiendo el respeto al derecho de todos, atendiendo las peticiones razonables, dentro del orden, y manteniendo a raya la violencia; acometer la reforma local y provincial en un sentido de autonomía y de descentralización, dentro de la unidad de la patria; dar participación a la mujer en la vida local; crear escuelas y mejorar la enseñanza; reformar la ley de reclutamiento con una orientación democrática; encauzar la nivelación financiera; conducir acertadamente las relaciones internacionales, procurando el acercamiento y el acuerdo con las naciones más directamente amigas de España; reformar, con criterio moderno, los servicios de trabajo; poner mano en la ordenación ferroviaria y proyectar la red orgánica aérea nacional e internacional; iniciar la organización de nuestra economía nacional, con el concurso de los elementos productores de riqueza.
Rendido este tributo de justicia a quienes iniciaron una nueva era en la vida política española, de la que aspiramos a ser continuadores, la Unión Patriótica declara que no es una fuerza política personal del Directorio ni de nadie; su misión estriba en preparar, para cuando el Directorio deje el poder, un estadio de opinión que impida la vuelta a las ficciones e impurezas del régimen caído, y en constituir el crisol donde se moldeará el nuevo régimen político y el yunque de lucha en que se han de forjar los futuros instrumentos de gobierno que aseguren la afirmación del orden, la libertad de trabajo y la pacificación social, restauradas por el movimiento de 13 de septiembre, para hacer posible el tránsito a una normalidad constitucional saneada y estable.
No puede olvidar la Unión Patriótica, porque es postulado fundamental de su vida, como repetidamente se ha afirmado ante la opinión del país, que su obra es de patriotismo, de desinterés y aun de sacrificio, y que su aspiración fervorosa es infundir este espíritu en la gobernación del país.
Tan amplia es la base y tan noble el propósito, tan extendida ya la adhesión, que la Unión Patriótica puede cobijar a todos los españoles de las más diversas ideas políticas, sin otras excepciones que la de los extremistas de acción, señalada antes, y la de los contumaces partidarios del sistema que ellos mismos calificaron de malo y sólo por ciego amor propio pueden obstinarse vanamente en defender, después del 13 de septiembre, que, con aplauso de la opinión, abrió nuevo horizonte a la vida nacional. No hubiera podido acaecer aquel suceso histórico sin que causas profundas se hallaran justificadas hasta la saturación en el alma ciudadana; que no es España pueblo sin criterio y sin vigor, para dejarse sojuzgar por los destellos de la espada ni por los de la pluma, sin ver en ellos la luz de la razón y de la esperanza.


PEMÁN, José Ma: El hecho y la idea de la Unión Patriótica, Apéndice I, Madrid, 1929

Real Orden por la que el Gobierno nombra nueva Junta del Colegio de Abogados de Barcelona

Real Orden por la que el Gobierno nombra nueva Junta del Colegio de Abogados de Barcelona

.Ilmo. Sr.: Vista la Real Orden dirigida a este Ministerio, con fecha de hoy por la Presidencia del Consejo de Ministros, en el ejercicio de las facultades que le confiere el Real Decreto de 6 de febrero último,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Que la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, destituida a virtud de lo autorizado por el Real Decreto de 6 de febrero último, sea sustituida por otra constituida en la .siguiente forma: decano, don Joaquín Dualde y Gómez; diputado primero, don Alberto Bernis y Comas; diputado segundo, don Jaime Trabal y Martorel; diputado tercero, don Luis Gonzaga Vila y Bassols; diputado cuarto, don Rafael Vallet y Sabater; diputado quinto, don José María Brugada y Panijo; diputado sexto, don Jesús Calvo y Martínez; secretario, don Alvaro Camín de Ángulo; tesorero, don Jesús Sánchez Diezma; bibliotecario, don Salvador Ariza y Urbano, y contador, don Rosendo Menta y Figuerola, siendo para cada uno de los nombrados obligatorio el cargo que, respectivamente, se le asigna.
2.° Que los miembros de la nueva Junta tomen posesión y se incauten de cuanto pertenece al Colegio con relación al cargo de cada uno, inmediatamente, cesando, desde luego, en sus respectivos cargos los abogados que integran la Junta destituida.
3.° Que el presidente de la Audiencia de Barcelona cuide de que así se haga, adoptando cuantas medidas sean convenientes para ello en el caso de cualquier resistencia a lo mandado, efectuada activa o pasivamente y colectiva o individualmente, comunicando con urgencia a este Ministerio cualquier incidente que se produzca al cumplir lo dispuesto.
4.° Que por la nueva Junta se proceda en todo conforme a las leyes y reglamentos, y especialmente conforme a los Estatutos del Colegio, cuidando principalmente de que, sin dilación alguna, se proceda a la publicación de listas en idioma español a que obliga el artículo 49 de dichos Estatutos y de que el idioma español sea también el único empleado en toda la documentación y letreros interiores del Colegio.
De su Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5 de marzo de 1926.
Ponte
Señor director general de Justicia, Cultos y asuntos generales.


(«Gaceta de Madrid», 6 marzo 1926)

Real Orden sobre el Ateneo de Madrid

Real Orden sobre el Ateneo de Madrid

Excmo. Sr.: El Ateneo de Madrid, de gloriosa historia cultural, exclusivamente científica, literaria y artística, según reza el artículo 1.° de su Reglamento, que ha venido mereciendo decidida protección del poder público, está actuando al presente y no por primera vez al margen de su misión y sirviendo de foco de rebeldía y conspiraciones contra el orden público, no sin la protesta viva de gran número de sus socios y la silenciosa de los muchos que de él se han ausentado, enojados por esta desviación de su finalidad.
Sería tímido y negligente el poder público si no hiciera uso de sus facultades discrecionales para poner remedio a la irregularidad señalada, procurando al propio tiempo no malograr la realización de los fines culturales que a dicha sociedad corresponde llenar.
Al efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Que a partir de la publicación de esta Real Orden se considerará modificado el artículo 4.° en relación con el 31 del Reglamento porque se rige el Ateneo de Madrid, en el sentido de que la admisión de los socios corresponderá por entero a la Junta de Gobierno.
2.° Que queda suspendida la celebración de las Juntas generales y las facultades que a ellas corresponde reglamentariamente, salvo únicamente la que se convocará anualmente para los fines del caso segundo del artículo 46 del Reglamento.
3.° Que la Junta de Gobierno, como régimen transitorio, será nombrada de Real Orden, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto de 6 de febrero del corriente año, entre socios del Ateneo.
4.° Que se amplíen sin limitación las facultades de esta Junta, en cuanto concierna a impedir el apartamiento y desnaturalización de los fines para que fue fundado el Ateneo de Madrid.
5.° Que la nueva Junta de Gobierno someterá, en el más breve plazo posible, a la aprobación de la autoridad correspondiente, un Reglamento provisional llamado a regir mientras duren las actuales circunstancias, inspirándose la reforma en la más completa y eficaz utilización del Ateneo como centro de cultura.
6." Con arreglo a lo dispuesto anteriormente se designa a don José Soto Reguera como presidente, y a los señores don Gerardo Doval y Rodríguez Formoso, don José Gascón y Marín, don Alfonso Senra Bernárdez, don Daniel Ríu Periquoet, don Mariano Alonso Castrillo y Bayón, marqués de Casa-Jiménez; don Leopoldo García Duran, don José Fernández Cancela, don Fernando Gil Mariscal, don Francisco López de Goicoechea e Ichaurrandieta y doña Clara Campoamor y Rodríguez, para ocupar los cargos que marca el artículo 36 del Reglamento, según elección que se haga entre ellos mismos, cuya Junta de Gobierno, una vez constituida, dará cuenta de su toma de posesión al Gobierno Civil de Madrid. De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 24 de junio de 1926.
Primo de Rivera Señor ministro de la Gobernación.


(«Gaceta de Madrid», 25 junio 1926)

Fracaso de la "sanjuanada"

Fracaso de la "sanjuanada"

1926sanjuanada
Alcalá Zamora, Barriobero, Barcia se presentan al tribunal

Nota oficiosa.

Un corto número de personas, cegadas, sin duda, por pasiones, ambición o despecho, venían intentando desde hace unas semanas la organización de un complot fundándolo en que va transcurrido mucho tiempo sin gozar de las libertades ni del régimen constitucional puro. Añoran, por lo que se ve, los tiempos anteriores al 13 de septiembre, en que disfrutaban de eso y, además, del terrorismo, del separatismo, de la impiedad, del descrédito monetario, del desdén mundial, del desbarajuste en Marruecos y de la ruina y abandono de la producción agrícola o industrial. Allá ellos con su parecer. La inmensa mayoría española demuestra a diario querer la perseverancia del régimen y del Gobierno actual. Y quiere más: que se deje de consideraciones y debilidades y sea severo con los inconscientes o desalmados que pretenden perturbar la Patria en la hora augusta en que se reconstituye de tantos males como sufrió resignada.

La jefatura de Seguridad, que tan brillantes servicios viene prestando, ha hecho abortar la escandalera en proyecto, documentándose lo suficiente para conocer a las personas que tramaban este absurdo complot. Cree el Gobierno contar en su historia de indultos, amnistías y condonaciones de penas y multas, con títulos bastantes para ser enérgico una sola vez, y ha decidido serlo ésta. Esta, que las cosas han estado a punto de rebasar el límite de los desahogos retóricos, de las caricaturas intencionadas, de las hojillas clandestinas e injuriosas y de las conjuras platónicas y de los alborotos callejeros.

Esta vez la cosa, sin la hábil labor de la Jefatura de Seguridad, podía haber costado alguna sangre de incautos y hubiera trascendido al extranjero, con descrédito y pérdida de la fuerza y autoridad que el gobierno precisa para sacar adelante los problemas que afectan a la honra y prosperidad de la nación.

El mosaico de los conspiradores no puede ser más abigarrado y grotesco: un grupo de sindicalistas, otro de republicanos y de intelectuales anarquizantes, calificados por su constante acción demoledora, algunas personas que, por su edad, categoría y posición, nadie las creería capaces de marchar en tal compañía y la docena de militares descontentos y de carácter rebelde e indisciplinado, que son excepción de la clase, y siempre voluntarios agentes de enlace para esta clase de aventuras.

El Gobierno, desde el primer momento, se ha limitado a encomendar a las autoridades medidas y providencias concretas y personales, y ninguna de carácter general, pues tiene absoluta confianza en el pueblo y en el Ejército y organismos encargados de mantener el orden, por lo que hubiera sido de un alarmismo injustificado producir molestias innecesarias tales como cuarteladas, refuerzos de servicios y otras. Los conspiradores, naturalmente, no han encontrado eco en ningún sector social, y, a juzgar por el error en que han incurrido, no deben ser personas bastante inteligentes para apreciar las circunstancias nacionales y las razones poderosísimas, por las que un pueblo y un Ejército, por excepción que se puede dar una vez por siglo, dan su calor y apoyo a un cambio de régimen político, cosa bien distinta de un pronunciamiento vulgar a la antigua, movido por el despecho a la ambición, unidos a la insensatez.

ABC, 26 de junio de 1926.

Reales Ordenes imponiendo multas gubernativas

Reales Ordenes imponiendo multas gubernativas


Excmo. Sr.: Las facultades excepcionales y en lo gubernativo y disciplinario discrecionales del Gobierno, establecidas por el Real Decreto de 16 de mayo de 1926, tienen su natural aplicación en los momentos actuales en que la opinión pública, conmovida e indignada por la visión de trastornos nacionales, demanda pronto y ejemplar castigo no sólo para los que a promoverlos se disponían, sino para aquellos que con su constante murmuración llevan al ánimo público desfallecimientos y desconfianzas que tanto pueden entorpecer la reconstitución nacional y quebrantar el crédito y el concepto del país en el extranjero.
Las faltas y delitos de esta índole tienen, en todo tiempo, su sanción legal en los Códigos; pero, porque así lo demanda la conciencia pública han de tenerla anticipada y de carácter especial en circunstancias extraordinarias, por medio de sanciones gubernativas que acaso alcancen su máxima eficacia, produzcan su menor estrago y tengan su mejor aplicación cristalizándolas en la imposición de multas proporcionadas al daño causado y a la fortuna de los que han de pagarlas y que serán aplicables a las muchas atenciones benéficas que no están debidamente dotadas.
Por todo lo expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con su Consejo de Ministros, se ha servido disponer se cree una Junta encargada de la distribución para fines benéficos de las cantidades que en concepto de multas extrarreglamentadas se impongan a las personas que con su conducta hostil y sus predicaciones desmoralizadoras dañen al interés público, que no puede ser otro que el de descargar la actuación de los gobiernos de preocupaciones enojosas e innecesarias.
Esta Junta la constituirán, como presidente, el del Tribunal Supremo de la Hacienda pública o el que le siga en categoría, y, como vocales, un representante del cardenal primado, un magistrado de la Audiencia de Madrid, una señora de las que forman parte de la Junta Superior o de la provincial de Beneficencia, designadas por su presidente, y un funcionario de la Dirección General de Administración, que actuará de secretario con voz y voto.
Abrirá la Junta, a su nombre y en el Banco de España, una cuenta corriente en la que se hará el ingreso de las aludidas multas, y acordará la distribución de ellas entre establecimientos y centros de beneficencia y enseñanza gratuita que lo soliciten de la Junta y justifiquen, a juicio de ésta, cumplidamente la necesidad de tal ayuda.
La expresada Junta debe quedar constituida el día 8 del actual y reunirse, para el cumplimiento de sus fines, en el despacho de su presidente.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2 de julio de 1920.
Primo de Rivera
Real Orden
Excmo. Sr.: En aplicación de los preceptos de la Real Orden de hoy de esta Presidencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido imponer las multas que se detallan a las personas que se expresan en la adjunta relación, sin perjuicio de otras responsabilidades en que puedan haber incurrido por haberse comprobado por contrastados informes de Policía su intervención o concomitancia, más o menos acentuada, en la preparación de sucesos que pudieron determinar grave daño a la nación, y por promover frecuentemente, con sus augurios y palabras, inquietudes en el ánimo público y dificultades para el gobierno del país, faltas cuya apreciación y castigo es siempre discrecional en el poder cuando se ejerce con carácter excepcional por demandarlo así el bien público.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las expresadas multas sean exigidas por procedimiento de apremio judicial y que, mientras no estén satisfechas y se haga así público en la «Gaceta de Madrid», no se autorice a ninguno de los multados a disponer de sus cuentas corrientes, depósitos, bienes muebles e inmuebles ni ninguna operación que pudiera dificultar la exacción de las referidas multas.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2 de julio de 1926.
Primo de Rivera
Señor ministro de la Gobernación.
Relación que se cita:
Pías.
Excmo. Sr. D. Valeriano Weyler Nicoláu.................. ...... 100.000
Excmo. Sr. D. Francisco Aguilera y Egea........................ 200.000
Excmo. Sr. Conde de Romanones................................. 500.000
Excmo. Sr. D. Segundo García y García........................ 30.000
D. José Manteca y Rager.......................................... 100.000
D. Marcelino Domingo Sanjuán................................. 5.000
D. Eduardo Barriobero y Herranz.............................. 15.000
142
D. Mariano Benlliure y Tuero.................................... 2.500
D. Antonio Lezama................................................ 2.500
Excmo. Sr. D. Domingo Batet y Mestres........................ 15.000
D. José Bermúdez de Castro y Vilardebo........................ 2.000
D. Gregorio Marañón y Posadillo................................. 100.000
D. Amalio Quílez Berenguer....................................... 1.000
Madrid, 2 de julio de 1926.—Primo de Rivera.


(«Gaceta de Madrid», 3 julio 1926)

Radicales medidas contra el Arma de Artillería

Radicales medidas contra el Arma de Artillería


Señor: La indisciplina tenaz y notoriamente mantenida desde hace tres meses por los cuadros de Jefes y Oficiales de la escala activa del Arma de Artillería, ha culminado hoy en actos de insubordinación, registrados en Segovia, cuna del glorioso Cuerpo, de que, para peor ejemplo y más grave daño, han participado los alumnos de aquella Academia.
El Gobierno cree llegado el momento de imponer fuertes penas a los que, sordos a todo consejo y sanción, han conducido al estado de cosas que se hace preciso exponer a V. M., a cuyo fin somete a su Real aprobación el siguiente proyecto de Decreto.
Madrid, 5 de septiembre de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
Real Decreto
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se suspende de empleo, fuero, atribuciones, uso de uniforme y sueldo a todos los Jefes y Oficiales de la escala activa del Arma de Artillería con destino o residencia aunque sea eventual, en la Península, islas Baleares y Canarias, no aplicándose esta medida a los de las guarniciones de Marruecos porque es seguro que el concepto del cumplimiento de sus deberes en campaña les preserva de la comisión de faltas de la índole de las que se sancionan.
Artículo 2.° Quedan relevados de obediencia a los Jefes y Oficiales de la escala activa del Arma de Artillería, cualquiera que sea su jerarquía y les sea de aplicación el artículo anterior, todos los Jefes, Oficiales, clases y soldados de la propia Arma a quienes el citado artículo no afecte, y de las demás Armas y Cuerpos del Ejército, pudiendo detenerlos y entregarlos a las Autoridades legítimas cuando traten de imponer el fuero de que se les desposee por este Decreto.
Artículo 3.° Bajo el mando del personal de Oficiales de la escala de reserva de Artillería y el de clases de segunda categoría de la propia Arma se atenderá a la custodia de los estandartes, cuarteles, administración y cuidado de las tropas, suspendiéndose los actos de instrucción.
Artículo 4.° Los Capitanes generales podrán utilizar, donde no dispongan de bastante personal para los efectos del artículo anterior, el de otras Armas y Cuerpos, designando un Jefe, con preferencia de Estado Mayor o diplomado de la Escuela Superior de Guerra, para ponerse al frente de cada Cuerpo, Centro o Establecimiento del Arma.
Artículo 5.° El Museo de Artillería quedará clausurado y a cargo de un Capitán o subalterno de la escala de reserva de Artillería.
Artículo 6.° El Colegio de Huérfanos de Santa Bárbara y San Fernando seguirá administrado por su actual personal y ejerciendo cada uno sus funciones, pero con carácter provisionalmente civil los que pertenezcan a la escala activa del Arma de Artillería.
Artículo 7.° Las Fábricas, Talleres, Maestranzas, Parques y otros Establecimientos quedarán encomendados al personal obrero dentro de las debidas jerarquías, designándose por lo menos un Jefe u Oficial que se ponga al frente de ellos. Otro tanto se hará en lo relativo a Remontas y Depósitos de ganado. Los servicios médicos y veterinarios se seguirán prestando como actualmente.
Artículo 8.° La especialidad y autonomía de la Aviación exceptúa de las disposiciones de este Decreto a los que forman parte de dicho servicio.
Artículo 9.° La Academia de Artillería dará licencia a sus actuales Alféreces-alumnos y alumnos de todos los años, quedando los Profesores y personal perteneciente a la escala activa en la misma situación que los del resto del Arma y al frente del establecimiento para los fines de conservación, el personal de la escala de reserva y civil que en él tenga destino.
Artículo 10. Las cajas y libros de contabilidad serán recibidas y llevadas por el Oficial de la escala de reserva o clase más caracterizada de la oficina en que radiquen.
Artículo 11. Los Capitanes generales resolverán por sí, con la iniciativa y expedición que tiene acreditada e inherentes a sus altas funciones, todas las dudas y dificultades que se presenten en la aplicación de este Decreto, obrando con la mayor energía y rapidez en los casos de resistencia al cumplimiento de sus preceptos.
Dado en San Sebastián a cinco de septiembre de mil novecientos veintiséis.
Alfonso
El Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja


(«Gaceta de Madrid», 5 septiembre 1926)

Comunicado de Primo de Rivera al país

Comunicado de Primo de Rivera al país

Asamblea suprema nacional.

Fracasado el sistema parlamentario en su forma actual, comprobada últimamente su ineficacia en los dos países más afines al nuestro, y donde tiene mayor arraigo, habiéndose de buscar en uno las soluciones a un problema económico social fuera del Parlamento, cuyo acuerdo, que debía ser soberano, encuentra resistencias a ser obedecido, y habiéndose en el otro impuesto la necesidad de un Gobierno completamente heterogéneo, en que el significado político parlamentario de sus componentes ha de borrarse para que pueda llegarse a la solución del problema económico más agudo que país alguno conoció; nadie que no estuviera loco pensaría en restablecerlo en España, donde su sueño de tres años no ha entorpecido ninguna resolución de carácter internacional ni económico; por el contrario, las ha facilitado con el enmudecimiento de las voces audaces, egoístas o enredadoras, que eran su desafinada música.

Pero, sin embargo, no es prudente carecer de una Suprema Asamblea nacional temporal, pero permanente en su función, en que estén representados con debida ponderación todas las clases e intereses, incluso las que no significan más que la ciudadanía y el consumo, para someter a su estudio e informe, y en determinados casos a su iniciativa y aprobación, resoluciones de Gobierno y para que ante la eventualidad de la caída de éste, el Rey tenga en las figuras de más relieve de la Asamblea, en los hombres que representen en ella núcleos de opinión, elementos de consulta que le permitan pulsarla y orientarse en la designación de nuevos gobernantes. Anuncia el Gobierno el firme propósito de convocarla, anticipando a su debido tiempo su constitución, modo de elegirla y funciones que han de encomendársele.

No sería sincero el Gobierno si dejara de consignar el propósito de hacer por todos los medios que a la futura Asamblea vengan valores positivos, hombres independientes, a los que se les garantizará la mayor inmunidad en el ejercicio de su mandato; pero que no serán posibles las habilidades ni maniobras, ni las obstrucciones y pérdidas de tiempo, ni nada de cuanto fue lamentable característica del régimen pasado. A esta primera Asamblea ha de encomendársele labor muy profunda en lo político y en lo económico, sin que preocupaciones basadas en el cargo de ilegalidad de origen, que no tardarán en hacerse, coarten en nada los propósitos del Gobierno ni los ánimos y atribuciones de la Asamblea, para, conjuntamente, hacer una España nueva, tirando por la borda todo el fárrago y bagaje de una legislación a cuyo amparo se han podido cometer las mayores enormidades y han vivido todas las irresponsabilidades, entronizando una tiranía legal más falaz y cruel que ninguna de las que registra la Historia.

Concepción de un Estado de nueva estructura.

El Gobierno y la Unión Patriótica tienen la concepción de un Estado de nueva estructura, fuerte, real, práctica, democrática, libre de enrevesadas filosofías y humillantes imitaciones y quieren someterla al conocimiento y aprobación de una gran Asamblea que sea representación genuina del país, para con su colaboración dar comienzo a la obra revolucionaria que demanda la salud de España, el marchar del tiempo y el desgaste de todo lo actual.

En verdadera quiebra los sistemas políticos; por nadie desconocidos, discutidos, ni menos atropellados los derechos fundamentales e individuales, ninguno puede sobreponerse al de defensa del Estado, para conseguir lo cual cada nación seguirá sus inclinaciones y atenderá a sus necesidades en la elección del sistema con que ha de reorganizarse y gobernarse.

El momento es de eso: de reorganización y gobierno o de ludibrio y muerte. Y España, de personalidad tan robusta y bien acusada, ni quiere, ni debe, ni puede morir mientras en sus ciudadanos viva el alma de la raza.

Así, la "dictadura", al desprenderse, sin imposición de nadie, sino por visión patriótica del momento político, de parte de sus poderes, continúa su evolución hacia una normalidad, que no ha de ser, precisamente, el pasado, sino la que como más perfecta se ofrezca al país, sin que de antemano se prejuzgue ni se anule la ley constitucional, eje y espíritu de la vida pública, mientras legalmente no sea modificada.

ABC, 5 de septiembre de 1926.

Balance de tres años de Gobierno

Balance de tres años de Gobierno

1926firmas
Recogidas de firmas en respaldo a la política de Primo de Rivera (11 de septiembre de 1926)

«Españoles: Tres años hace que, por un apremiante llamamiento al espíritu público, desperté la conciencia nacional, aletargada en términos que muerta parecía, y obtuve la confianza del país, que recogida prontamente por el Rey (que Dios guarde), pusieron en mis manos las riendas de la gobernación de España, que al presente me siguen confiadas.
Parece, pues, adecuado el momento de rendir cuenta de mi gestión y de recabar para ella y su continuidad la doble confianza del pueblo y del Rey, que siempre deben marchar emparejadas. Ello requiere de mi parte una declaración sincera y franca, que en ocasiones será severa autocrítica, y una exposición de propósitos, ya relativamente fáciles de realizar, merced al saneamiento que en tres años se ha llevado a cabo en la cimentación del cuarteado edificio nacional.
En lo histórico seré sucinto. Problemas gravísimos que encontré mal planteados y objeto de enconos y pasiones eran: el de Marruecos; el terrorista, con sus exacerbadas derivaciones comunistas y sindicalistas, haciendo imposible la vida económica nacional; el separatismo, audaz y propagado, prendiendo en comarcas donde nunca fuera de temer mal tan odioso y grave. Otros problemas no tan apremiantes, pero de gran importancia: el de las responsabilidades, el económico, con la depreciación de moneda, el encarecimiento e inestabilidad de precios en la subsistencias, la escasez y carestía de viviendas, la perturbación del servicio ferroviario, el deplorable estado de las carreteras, la mala administración local y provincial y la incertidumbre y penuria de la agricultura nacional. Los apéndices que complementarán este manifiesto pondrán de relieve la mejora que en todos estos asuntos se ha logrado. En otros que el Directorio, cuya colaboración y esfuerzo no creo olviden nunca los españoles, y el Gobierno que presido han abordado, basta su enunciación para proclamar su alcance. Reducción del servicio militar a dos años; igualación de pensiones; desarrollo de escuelas; concesión de personalidad jurídica a las Universidades; creación de las Federaciones hidrológicas y otros muchos de verdadera aunque no tanta importancia.
Todo esto, que con ser algo es mucho menos de lo necesario, se ha logrado en el breve plazo de tres años, ejerciendo el Gobierno en forma de «dictadura», calificación exagerada, porque ella parece envolver el concepto de un poder personal y arbitrario, que, ni por un momento, ha existido por parte del Rey ni del Gobierno, pues éste ha contrastado siempre sus juicios con los órganos adecuados, ha acomodado sus resoluciones a las leyes del país, sin más excepción que la de suspenderlas o modificarlas en casos precisos, y a la sanción real se han sometido todos los decretos, como el Rey ha sometido a su Gobierno todas sus ideas e iniciativas.
Así, pues, no es que haya habido «dictadura», sino «gobierno», con las mínimas facultades que se precisan y se precisarán más cada día y en todas partes, como bien claro lo está demostrando la experiencia universal.
Se había ido demasiado lejos en la intervención de la opinión pública, tomando por tal la amañosamente presentada por la política; en la entronización del sistema de fingidas mayorías, y, sobre todo, en el falseamiento y expresión de estos principios, que, en régimen de pureza de valoración y contraste, tendrían innegable virtualidad.
UNA ASAMBLEA REPRESENTATIVA
Fracasado el sistema parlamentario en su forma actual, comprobada últimamente su ineficacia en los dos países más afines al nuestro, y donde tiene mayor arraigo, habiéndose de buscar en uno las soluciones a un problema económico social fuera del Parlamento, cuyo acuerdo, que debía ser soberano, encuentra resistencias a ser obedecido, y habiéndose en el otro impuesto la necesidad de un Gobierno completamente heterogéneo, en que el significado político parlamentario de sus componentes ha de borrarse para que pueda llegarse a la solución del problema económico más agudo que país alguno conoció; nadie que no estuviera loco pensaría en restablecerlo en España, donde su sueño de tres años no ha entorpecido ninguna resolución de carácter internacional ni económico; por el contrario, las ha facilitado con el enmudecimiento de las voces audaces, egoístas o enredadoras, que eran su desafinada música.
Pero, sin embargo, no es prudente carecer de una suprema asamblea nacional temporal, pero permanente en su función, en que estén representados con debida ponderación todas las clases e intereses, incluso las que no significan más que la ciudadanía y el consumo, para someter a su estudio e informe, y en determinados casos a su iniciativa y aprobación, resoluciones de Gobierno y para que ante la eventualidad de la caída de éste, el Rey tenga en las figuras de más relieve de la Asamblea, en los hombres que representen en ella núcleos de opinión, elementos dé consulta que le permitan pulsarla y orientarse en la designación de nuevos gobernantes. Anuncia el Gobierno el firme propósito de convocarla, anticipando a su debido tiempo su constitución, modo de elegirla y funciones que han de encomendársele.
No sería sincero el Gobierno si dejara de consignar el propósito de hacer por todos los medios que a la futura asamblea vengan valores positivos, hombres independientes, a los que se les garantizará la mayor inmunidad en el ejercicio de su mandato; pero que no serán posibles las habilidades ni maniobras, ni las obstrucciones y pérdidas de tiempo, ni nada de cuanto fue lamentable característica del régimen pasado. A esta primera asamblea ha de encomendársele labor muy profunda en lo político y en lo económico, sin que preocupaciones basadas en el cargo de ilegalidad de origen, que no tardarán en hacerse, coarten en nada los propósitos del Gobierno ni los ánimos y atribuciones de la asamblea para conjuntamente hacer una España nueva, tirando por la borda todo el fárrago y bagaje de una legislación a cuyo amparo se han podido cometer las mayores enormidades y han vivido todas las irresponsabilidades, entronizando una tiranía legal más falaz y cruel que ninguna de las que registra la historia.
LA DICTADURA CONTINUA SU EVOLUCIÓN
El Gobierno y la Unión Patriótica tienen la concepción de un Estado de nueva estructura, fuerte, real, práctica, democrática, libre de enrevesadas filosofías y humillantes imitaciones, y quieren someterla al conocimiento y aprobación de una gran asamblea que sea representación genuina del país, para con su colaboración dar comienzo a la obra revolucionaria que demanda la salud de España, el marchar del tiempo y el desgaste de todo lo actual.
En verdadera quiebra los sistemas políticos; por nadie desconocidos, discutidos, ni menos atropellados los derechos fundamentales e individuales, ninguno puede sobreponerse al de defensa del Estado, para conseguir lo cual cada nación seguirá sus inclinaciones y atenderá a sus necesidades en la elección del sistema con que ha de reorganizarse y gobernarse.
El momento es de eso: de reorganización y gobierno o de ludibrio y muerte. Y España, de personalidad tan robusta y bien acusada, ni quiere, ni debe, ni puede morir mientras en sus ciudadanos viva el alma de la raza.
Así, la «dictadura», al desprenderse sin imposición de nadie, sino por visión patriótica del momento político, de parte de sus poderes, continúa su evolución hacia una normalidad, que no ha de ser, precisamente, el pasado, sino la que como más perfecta se ofrezca al país, sin que de antemano se prejuzgue ni se anule la ley constitucional, eje y espíritu de la vida pública, mientras legalmente no sea modificada.
ESPÍRITU CRISTIANO Y DEMOCRÁTICO
Célula principal de la nación ha de ser el Municipio, y de él, la familia, con sus rancias virtudes y su moderno concepto ciudadano. Núcleo, la Provincia, y vértebra principal que dirija y riegue todo el sistema, el Estado.
Pero no un Estado absorbente, centralizador, burocrático y entorpecedor, sino que estimule, inspeccione y favorezca.
Es difícil concebir un Estado moderno sin una intensa intervención ciudadana, no sólo por razón de economía, sino de eficacia y de participación en la responsabilidad de la vida colectiva. El funcionarismo debe dejar de ser una tiranía directiva, para pasar a ser una técnica auxiliar.
Propónese el Gobierno en este sentido hacer una obra verdaderamente renovadora, organizando los tribunales de ciudadanos, ante los cuales puedan llevarse todas las querellas y todos los anhelos del alma popular; ante los que en juicios escritos u orales breves puedan llevarse en representación directa u otorgada los clamores del perseguido, que, avalados por la autoridad de los que los escuchen, se puedan clasificar, quedando el tribunal constituido en abogado y procurador, en nombre de la sociedad, en cuanto sea atendible y justo. El mayor baldón de un pueblo, el más peligroso germen de anarquía, es que algún ciudadano encuentre cerradas las puertas de la justicia o excesivamente abiertas, para escapar por ellas, conducido por la influencia, las de la iniquidad.
La composición social obliga al Estado a buscar la posible nivelación de las clases en el disfrute de la vida, pero sin populachería, doctrinarismo ni espíritu de desquite: con orden y razón y exigiendo a todos el rendimiento de su trabajo y el cumplimiento de sus deberes. Con espíritu cristiano y democrático, pero con disciplina.
Los conceptos de respeto a la ley (la ley la dicta quien debe y puede con arreglo a las circunstancias), a la autoridad, al derecho ajeno y a la propiedad, son fundamentales en la constitución y vida de los pueblos. El desarrollo de la cultura y de la riqueza facilitan más que nada la obra de los gobernantes.
He dicho que el Municipio es célula principal de la nación, y habrá que repetirlo al asomarse al aspecto económico de su vida.
No vale decir si están o no capacitados para ello. Si no lo estuvieran, bien fácil sería conseguirlo rápidamente, auxiliándolos el Estado con sus funcionarios.
Salvo las rentas públicas especiales, como aduanas, loterías, monopolios u otras semejantes, la exacción de los demás tributos debe encomendarse a los Municipios (auxiliados e intervenidos), haciéndoles participar de ellas. Los Municipios deben recaudar en nombre del Estado y para el Estado, aparte sus rentas propias, que deben ser las que tengan, por su radicación, carácter local.
SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA
El Estado ha de simplificar, no sólo su instrumento tributario, sino su funcionamiento. Las líneas generales de un sistema simple y eficaz han de fundarse en la declaración ciudadana, sincera y de buena fe, en la comprobación contradictoria municipal, en la inspección cuando esté justificada y en el rigor de la sanción cuando se pruebe el fraude o su intento.
La base impositiva debe ser normalmente el producto o provecho de las cosas, lo que impone la contabilidad en los negocios, que es de rigor exigir. Lo esencial es llegar a la mayor simplificación en los tributos directos; si es posible, al único. Es también importante derogar el sistema de investigaciones y multas con participación de los que las imponen. Aún podría aceptarse la idea de participar en los beneficios de gestión por Municipios o zonas tributarias, pero sin personalizar el premio. Los contribuyentes españoles han de acostumbrarse a la idea de que España, para responder a las obligaciones que ha impuesto la necesidad de reconstruirse y ponerse en condiciones de intensa producción, necesita (aun dando de baja el año próximo de 60 a 80 millones en Marruecos y el siguiente unos 120 a 140) un presupuesto de ingresos de 3.300 millones (para también atender formalmente a su Caja de Amortización, que en cien años debe recoger la mitad de la actual deuda pública), y que ellos pueden obtenerse sin aplastamiento de la riqueza nacional, si una verdadera moral ciudadana inspira la conducta tributaria de todos.
Sería imposible en un programa y desviaría la atención de lo esencial pretender incluir al detalle todo lo que constituye el ideario de un Gobierno que tiene acreditada su actividad mental, cualquiera que sea el juicio que merezca el acierto de ella. Consignados quedan tres principios fundamentales que han de inspirar y dar carácter definido a la labor en proyecto, que tendrá que abarcar a cuanto hemos dejado de hacer por falta material de tiempo, por exigencias y apremios de los asuntos inaplazables que diariamente ofrece la vida del país, desde el orden público y los conciertos comerciales a los asuntos más complejos de la vida internacional.
EL EJERCITO
Es, acaso, de cuanto nos está encomendado lo que menos hemos podido atender, lo que concierne a la organización militar del país. La actividad de la guerra de Marruecos hacía poco compatibles las atenciones devoradoras de aquel Ejército con una organización peninsular eficiente y normal. Pero nos prometemos abordarla en serio, proporcionando a los cuadros de mando en todas sus categorías, incluso a los de tropa, ocasión y medio de preparación teórica y de enseñanzas prácticas, manteniendo movilizadas, a modo de unidades escuelas, dotadas del mejor material, las indispensables a tal fin.
Aspiramos a la organización de un Ejército de tipo muy genuino español, con unidad de doctrina, de sólida disciplina y muy fraternal compañerismo y de gran espíritu militar y ciudadano. La colaboración ya iniciada de personal militar en la vida civil será ampliada, pues en esta época de reconstitución y resurgimiento, el país no puede desperdiciar el tesoro de cultura, honor y laboriosidad que representan tantos hombres educados en austeros principios de trabajo y patriotismo. En los Ejércitos del porvenir, aun en los más profesionales, en los largos períodos de paz, que han de ser el justo ideal de los pueblos, los cuadros serán colaboradores en la vida civil de las naciones.
MI FE EN DIOS
Esto es cuanto puedo y creo deber decir a los españoles de ambos sexos y de todas las ideas, profesiones y actividades, a los tres años de haber reclamado, con el apoyo del Ejército y la Marina, bien pronto fortalecido por el del pueblo, el Gobierno de mi país. No me remuerde la conciencia de haber perdido para su servicio un solo minuto utilizable; no me amarga la visión de haberlo humillado o comprometido para con el extranjero, ni la de haber agravado ninguno de los males que padecía. Para mí, estos tres años son un honor que me redime ante mi propia conciencia de flaquezas y pecados de una vida en ocasiones ociosa en un ambiente de vicio, del que también he hecho lo posible por purificar a España. No hablo de honradez, porque ella es elemental deber que muchos cumplieron antes y han cumplido a la par que yo. He predicado con el ejemplo el destierro de la influencia, no admitiendo ni haciendo recomendaciones, lo que ha enfriado a muchas amistades.
En todos los momentos solemnes de mi vida he puesto mi fe en Dios, y como tengo por tal éste en que me dirijo de nuevo al país dándole cuenta de tres años de su gobernación, en El vuelvo a poner mi confianza, y hágase lo que sea su voluntad para el bien de España. Miguel Primo de Rivera.
5 de septiembre de 1926.»
(Manifiesto de Primo de Rivera.
Cf. CEBALLOS TERESÍ, J. G.:Economía, Finanzas, Cambios, La Realidad económica..., Madrid, "El Financiero"., VI, págs. 427-432)

Manifiesto. A nuestros compañeros del Ejército y al País

Manifiesto. A nuestros compañeros del Ejército y al País

La llamada «cuestión de los Artilleros», que ocupa tanto la atención general y en particular la del Ejército, no es conocida a fondo por la gran masa del país, puesto que tratándose de un conflicto entre nosotros y un Poder público, absolutista o dictatorial, éste no ha permitido que se oiga otra voz, otro relato, ni otros argumentos que los que ha tenido por conveniente aportar, sin permitirnos a nosotros la menor defensa. Pero como ya en anteriores manifiestos (forzosamente anónimos como lo es el presente), hemos tratado de dar las explicaciones que la oportunidad nos aconsejaba, habremos de limitarnos hoy, ante el nuevo momento crítico porque atraviesa el pleito, a sintetizar brevísimamente su génesis y desarrollo. Nosotros, como los Ingenieros y Sanidad Militar, veníamos comprometiéndonos bajo palabra de honor, empeñada al terminar la carrera, a renunciar los ascensos que por elección pudieran otorgársenos, y así lo hemos cumplido todos desde hace muchísimos años, durante los cuales ningún Gobierno ha estimado justo ni conveniente desposeernos de la facultad de tal renuncia.
Ese compromiso no se adquiría ni mantuvo por capricho nuestro, implicando por el contrarío un enorme sacrificio personal y colectivo: personal porque perjudicaba a cuantos eran agraciados por la concesión extraordinaria del empleo superior; y colectivo, porque como consecuencia de quedar reducido el modo de ascender al único sistema de «antigüedad sin defectos», lo que suponía dicho sea de paso, la eliminación de los ineptos física, moral e intelectualmente, que no sólo la superioridad, sino nosotros mismos como es sabido, realizábamos sin cesar, no podíamos contar con Generales de las más elevadas graduaciones, y sabido es lo que significa para cualquier colectividad militar o civil carecer de representación propia en las alturas. La finalidad que mediante el indicado compromiso tratábamos de alcanzar, y plenamente habíamos conseguido, era vivir durante toda nuestra carrera una vida de máxima elevación moral. Nos explicaremos.
Todo el mundo sabe, y el propio Dictador lo ha reconocido en reciente documento oficial, que la aplicación práctica del sistema de elección en los ascensos militares, venía siendo inveteradamente en España algo tan vicioso y corrompido que no obstante tratarse nada menos que de una soberana disposición, no tuvo él inconveniente en aplicarle el calificativo de FRANCACHELA. Pues a eso íbamos, a evitar la francachela, es decir, a vivir con seriedad, con mutuo respeto y afecto, sin andar a codazos unos con otros para llegar primero el de más puños, o sea el de mejores padrinos; a confiarlo todo al sereno juicio de los superiores y de los compañeros; a combatir en la guerra con entusiasmo que reza nuestra limpia historia, pero no a inventar inútiles combates ni a prolongar innecesariamente ciertas campañas para medrar a costa de la sangre de los soldados que la Patria nos confiaba: a controlarnos sin cesar unos a otros, en paz y en guerra, como se controlan los caballeros, esto es, no tolerando entre nosotros al indigno por cualquier causa pero deseando vivamente que ninguno llegue a serlo, corrigiéndonos recíprocamente con celo a la vez que con dulzura, sintiéndonos, en fin, todos hermanos. Así, llenos de satisfacción interior, como recomiendan las Ordenanzas, íbamos viviendo nuestra vida, ni envidiosos ni envidiados, cuando apareció un hombre en la palestra nacional decidido a hacer la felicidad de todos y cada uno de los españoles. Con nosotros los artilleros para nada se contó, pero, por lo que más adelante se dirá, tampoco opusimos resistencia alguna al nuevo Mesías, que afirmaba le habíamos secundado todos los militares y a todos, sin distinción, colmaba de elogios por aquel entonces.
En tal situación pasaron cerca de tres años, y un buen día nos encontramos con que se nos hablaba en estos o parecido términos: «Hasta que YO he venido a gobernar, todo eso de los ascensos por elección ha sido una francachela, pero como YO no cometeré injusticia alguna ¡mi historia lo atestigua! queda prohibido renunciar los ascensos por elección. Y conste que esto tendrá, además, efecto retroactivo a partir de tal fecha, anterior a mi subida al poder y que, entonces, por cierto, se hallaba en manos tan indignas que tuve que arrancárselo a la fuerza». No creemos que nadie pueda dudar de que tal actitud es incomprensiblemente provocadora, y más todavía si se tiene en cuenta que quien así habla es uno de los más caracterizados beneficiarios del régimen de francachela. Ante la indignación que su detestada conducta nos produjo, el Dictador parlamentó con nosotros, y, bajo su palabra de honor, se comprometió a rectificar razonablemente sus primeras disposiciones, en las condiciones que entonces pactamos y en el plazo de algunos meses que él mismo señaló. A poco y antes de expirar ese plazo faltó cínicamente a su palabra, con lo que originó nuestra justificadísima protesta del 5 de septiembre, que fue ahogada del modo que todos saben. Es hora de hablar claro.

¿Por qué perdimos la jornada del 5 de septiembre? Por excesivamente cándidos, por excesivamente caballerosos, por excesivamente monárquicos. Nosotros sólo pretendimos hacer un gesto pacífico que entendíamos bastaba y ésta fue la razón de no pedir auxilio a nadie para hacer ver a S. M. el Rey, quien hasta ese día todos adorábamos, que el lealísimo Cuerpo de Artillería estaba siendo vejado y atropellado contra toda razón y justicia por su valido.

No dudamos que el Rey habría de resolver en nuestro favor; y esta fue nuestra lamentable equivocación. Porque si antes hubiéramos sabido lo que entonces vimos con meridiana claridad (y sin verlo no lo creyéramos), que el Rey y su valido eran y siguen siendo hoy una misma persona con dos disfraces distintos, es indudable que el día 5 de septiembre hubiera dado frutos muy diversos, entre otras razones, porque entonces no hubiéramos dejado de pedir ayuda a nuestros compañeros del Ejército, ni ellos, seguramente, se hubieran negado a apoyar nuestras demandas a los Poderes Públicos, demandas que eran tan justas y tan modestas como que se reducían: 1.2 a no dar efecto retroactivo a la prohibición de renunciar al ascenso por elección, y 2.º a rodear este último de garantías reales y efectivas de justicia.

Evidentemente, a juzgar por los resultados, cometimos errores de gran bulto, al apreciar, como queda dicho, personas y cosas. Pero en todo caso sentimos tranquila nuestra conciencia porque no hemos tratado de ofender a nadie, y menos que nadie a un Pueblo, a una Patria, a unos compañeros de Armas a quienes queremos como hermanos y con los que en paz y en guerra siempre hemos fraternalmente convivido. Por lo cual, protestamos indignados contra la labor de desunión que desde hace años viene practicándose sin tregua desde arriba, bajo el odioso lema 407 «DIVIDE Y VENCERÁS», labor que ni siquiera se tiene el pudor de velar, como lo demuestra, sin ir más lejos, la insensata nota oficiosa de hoy, en que se vuelcan frases tan venenosas como la que pinta la ética de la «gloriosa Artillería» basada en un espíritu de particularismo y privilegio que contagió por algún tiempo a los demás cuerpos militares; o como aquella en que se nos advierte que «si los servicios de los Artilleros han sido muy estimables, no llevan en nada a la zaga los que a la Patria han prestado siempre las demás Armas y Cuerpos», o como, en fin, la más cruel, si cabe, de todas, en la que se nos acusa de venir viviendo durante medio siglo inspirados por «un apasionado espíritu corporativo y de privilegio que nos divorciaba del resto del Ejército y del País sensato». Al fallo de nuestros compañeros de Armas y del País entero, entregamos el proceder de quien goza el "privilegio" indiscutible de una intención, un tono y un léxico verdaderamente singulares.

Debemos por fin hacer ante el País una última declaración, confesando noble y humildemente otro error nuestro, el más grande quizá de cuantos una colectividad puede cometer con daño grave para consigo misma y para con su Patria. Cuando en 1923 se preparaba el golpe de Estado de 13 de septiembre, organizándolo en la sombra con el solo concurso de poquísimas personas, para nada se contó con el Pueblo ni con el Ejército. Pero nosotros, los artilleros, tan alejados de la política y tan inexpertos en ella como nuestros compañeros de las otras Armas, Cuerpos e Institutos, también creímos de buena fe lo que se nos dijo, o sea, que ese «pronunciamiento» no se premeditó ni realizó con designios inconfesables, sino que fue inspirado únicamente por el anhelo de salvar a la Patria. Así parecía garantizarlo, en efecto, la promesa solemne hecha al País de no detentar su soberanía sino durante algunas semanas, o cuando más algunos meses, los precisos decían para que el mismo pueblo designara a los hombres que debieran encargarse de su normal gobernación. De prórroga en prórroga fue aplazándose el cumplimiento de tan solemne promesa, mientras se trabajaba febrilmente por consolidar de un modo definitivo la usurpación del Poder, valiéndose de toda clase de medios y habilidades y señaladamente provocando por doquier homenajes tan desproporcionados y aún tan bufos e inverosímiles, que todas las personas reflexivas e imparciales empezaron bien pronto a adquirir la presunción, primero, y después la certeza de que entre las diversas finalidades clandestinas que engendraron el golpe de Estado, figuraba, sin duda, la de satisfacer viejas, arraigadas e inextinguibles ambiciones personales. Y así llegó un día en que con este mismo propósito, se requirió oficiosa pero concretamente al Arma de Artillería que, consciente de su dignidad, se negó a servir de pedestal de falsas grandezas. Si en aquel momento hubiéramos tenido la suficiente perspicacia para adivinar los rencores que engendraría nuestra negativa, claro es que el deber y el honor nos hubiesen impedido dar distintas respuestas, pero sí, al menos, hubiéramos tomado ciertas precauciones. Mas nuestra inexperiencia y excesiva buena fe tampoco nos permitiera darnos cuenta de la realidad. Ha sido preciso que después y desde arriba se nos provoque, se nos ofenda, se nos difame, se nos excite, se nos castigue y se nos humille, para que al fin nos percatemos de que hay algo que está por encima del entusiasmo y aún del honor profesional y es el espíritu de ciudadanía. Si nosotros, sin dejar de ser tan amantes de nuestra profesión y tan devotos de nuestra querida Patria como felizmente lo somos, hubiéramos dedicado algunas vigilias a cultivar seriamente el espíritu de ciudadanía, hubiésemos comprendido que nuestra colectividad, como todas, y nuestras individualidades, como todas, sólo pueden encontrar garantizados y amparados sus legítimos derechos y aspiraciones dentro de un régimen político liberal, constitucional y parlamentario, hallándose en cambio aquellos derechos a merced de las generalidades o bajas pasiones de cualquier ambicioso afortunado, cuando el régimen político que impera es absolutista, no existiendo representación adecuada de la legítima soberanía colectiva del Pueblo, que no se niega a escuchar a nadie y ante la cual aún en el supuesto de que falle alguna vez contra justicia , es más honroso y obligado inclinarse que ante cualquier soberanía individual, sobre todo si ésta es desleal y perjura, es decir, ¡legítima y usurpadora. Por desgracia o quien sabe si por fortuna los artilleros hemos aprendido en cabeza propia esta lección rudimentaria, pero fundamental, de ciudadanía; y al propio tiempo todo el país ha podido apreciar también cómo paga Alguien a quienes individual y colectivamente le han servido siempre con fe y entusiasmo y han sido hasta el fin tan leales como el que más a sus Antepasados, a su Casa, a su Jerarquía, y aún a su propia persona. En estos momentos sufrimos las amargas consecuencias de nuestra pasada ceguera ciudadana; pero abiertos ya nuestros ojos a la luz de la verdad, no llegamos a sentirnos abatidos por el dolor, hallándonos, por el contrario, dispuestos a seguir fielmente las enseñanzas que la observación y la experiencia nos sugieran, mediante una reflexión serena y profunda, pero gritando siempre desde hoy en adelante:

¡Viva España! ¡Viva la libertad! ¡Abajo el absolutismo! ¡Viva la unión del pueblo y del Ejército! ¡Viva la soberanía Nacional!

Un grupo de Jefes y Oficiales de Artillería que creen interpretar fielmente el sentir de todos.

24 de noviembre de 1926.

Servicio Histórico Militar. Archivo de la Guerra de Liberación, Legajo 73, Carpeta 8, pp. 185 al90.

Primo de Rivera, ministro de Estado

Primo de Rivera, ministro de Estado


En atención a las especiales circunstancias que concurren en don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella, Presidente de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrarle Ministro de Estado.
Dado en Palacio a veinte de febrero de mil novecientos veintisiete.
Alfonso
El Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
(«Gaceta de Madrid», 21 febrero 1927)

Creación de la Academia General Militar de Zaragoza

Creación de la Academia General Militar de Zaragoza

1928academiazaragoza
Inauguración del curso en la Academia General Militar de Zaragoza (5 de octubre de 1928)

A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La enseñanza profesional y técnica especial de los oficiales del Ejército se reorganiza, ajustándose a las siguientes bases:
Base primera. Se crea en Zaragoza, ubicándola en el campo de maniobras de Alfonso XIII, la Academia General Militar, en la que ingresarán por oposición los paisanos, clases de tropa y oficialidad y clases de complemento que, reuniendo las condiciones generales que más adelante se señalan y las particulares que para cada convocatoria se determinen deseen ser oficiales de las escalas activas de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros o Intendencia.
(«Diario Oficial del Ministerio de la Guerra», 22 de febrero de 1927)

Real Decreto-Ley creando la Asamblea Nacional

Real Decreto-Ley creando la Asamblea Nacional


Señor: Para V. M., que sigue con solícita y constante atención las palpitaciones del vivir nacional y a quien el Gobierno procura tener informado de sus ideas y propósitos casi desde el momento mismo de concebirlos, no constituye novedad completa el proyecto de Decreto-ley que el Consejo de Ministros somete por mi conducto a la aprobación real. A los pocos meses de gobernar el Directorio ya surgió en su seno la idea de convocar una gran Asamblea, de dar vida a un órgano de información, controversia y asesoramiento de carácter general que colaborara con el Gobierno en la ardua obra que sobre él pesaba. Acaso fue razón para el diferimiento de esta idea que el tamaño de las dificultades que ofrecía entonces encauzar la vida nacional, herencia recibida en plena quiebra, aconsejaba la mayor, la casi exclusiva actuación del poder ejecutivo.
Las circunstancias han cambiado. La gobernación del país no presenta hoy más problemas que los normales en cualquier otro, y éstos se desenvuelven en un ambiente de depurada ciudadanía, confianza de opinión y disciplina social que permite escrutar el porvenir con optimismo. Más que la obra de saneamiento, en gran parte realizada, es ahora precisa la de reconstituir y metodizar la vida nacional, para mejor recoger los frutos que deben esperarse de sus propias iniciativas ciudadanas.
La consideración de este estado de cosas, ya contrastada al vencer el año tercero de actuación de la Dictadura, decidió al Gobierno a buscar refuerzo y confirmación a su pensamiento con la celebración de un plebiscito que reveló un estado de opinión mucho más fuerte, definido y ardoroso que todo lo imaginado antes de la decisión de contrastarlo. No ignora el Gobierno en qué grado y con qué recursos se intentó hacer el vacío alrededor de ese suceso de alto valor histórico; pero sabe con certeza que muy cerca de ocho millones de españoles, de ellos buena parte ausentes del país, pertenecientes a grandes sectores sociales que vivían la mansa rebeldía de la inhibición, se movilizaron con entusiasmo a los fines del llamamiento que les requirió, en el que era básico, primordial, el de convocar una gran Asamblea nacional de carácter general en la forma que el Gobierno, que con el plebiscito recibió amplísimo voto de confianza popular, estimara oportuno proponer a V. M., que con su aprobación, si el proyecto la merece, es quien en definitiva ha de dar vida al propósito que sólo el patriotismo inspira, pues otros sentimientos menos elevados nos llevarían a la convocatoria de unas Cortes al uso antiguo, que sin esfuerzo, o empleando los deplorables recursos electorales que han formado su tradición, nos darían una enorme y dócil mayoría, dispuesta a votar cuanto quisiéramos, si lo que quisiéramos fuera la ficción de un voto de indemnidad y aun de gracias para una labor de que nos enorgullecemos, que el pueblo ha recompensado tantas veces con sus aclamaciones y que V. M. se ha dignado dar día por día su real aprobación. Pero este camino, que desde luego desechamos, sería propicio a la provocación de inconvenientes agitaciones, al resurgimiento de ambiciones y al revivir, aunque ya con vida precaria, del funesto caciquismo. Cualquier arbitrio que no fuera éste, que por lo visto ni por abominable y fracasado ha perdido para los rutinarios su valor legal, dejaría siempre insatisfechos a los que nacieron y vivieron en una atmósfera política de efectos tan estupefacientes que, aletargando la condición natural de honorabilidad e inteligencia de los hombres, los esclavizó sumisos al uso de las drogas que los producían.
No es, Señor, este momento de fundada esperanza en la salvación nacional el de transigir con los enfermos ni el de legislar para los casos morbosos, aunque la privación del tóxico exacerbe en ellos la enfermedad, fenómeno terapéutico que no ofrece gran novedad; es el de preocuparse de los sanos, y aun de los convalecientes, y dar en pro de ellos brava, decidida, pero reflexivamente, como lo pide y merece un pueblo como España, un paso en el camino que ha de conducirle a poder dirigir sus propios destinos por medios y procedimientos menos absurdos y fracasados que de los que ha venido disponiendo hasta ahora y pusieron en peligro la propia esencia de su vida. La gobernación de un pueblo es acción y es realidad que no pueden sujetarse a doctrinarismos.
Pues bien, Señor, la Asamblea Nacional que se proyecta es ese paso y la iniciación de ese camino. No ha de ser el Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías; pero por encargo del Gobierno y aun por iniciativas propias, colaborará en su obra con carácter e independencia garantizadas por su origen, por su composición y por sus fueros, y, mientras interviene la actualidad, preparará amplia labor que someter en su día a la aprobación del órgano que la suceda, que por fuerza ha de tener carácter legislativo: la primera función vivida y palpitante; la segunda, académica y sosegada. Además, por delegación gubernativa, inspeccionará actuaciones, servicios y funciones con elevada autoridad y carácter efectivo y enjuiciará gestiones y, con prudente restricción, podrá recabar del Gobierno el conocimiento de sus propósitos, actos y orientaciones.
Tres grandes núcleos se propone a V. M. que integren la Asamblea. El uno de representantes del Estado, las Provincias y los Municipios, que son las tres grandes ruedas integrantes de la vida nacional, cuyos respectivos intereses pueden alguna vez ser antagónicos y sus movimientos divergentes y precisa engranarlas y hacerlas consecuentes en su esfuerzo. El otro, de representación de actividades, clases y valores, que por mencionados en el texto del proyecto de Decreto-ley que a V. M. se somete, parece innecesario fundamentar la razón de su señalamiento. Y el tercero, designado por las Uniones Patrióticas y como representación de la gran masa apolítica ciudadana que respondió al llamamiento del Directorio en momentos de incertidumbre e inquietud y luego al del Gobierno, aportando una labor de desinterés y ejemplaridad a veces tratada de combatir con el ridículo y aun en otras con persecuciones, sobre la cual, tanto como sobre el mismo Gobierno, recayó el esplendente voto popular del plebiscito. Sería notoria injusticia y cobarde claudicación ante la crítica negativa, que no habrá de faltar en ningún caso, ni para ninguna solución, prescindir de los que con su ejemplo y con su predicación tanto han contribuido al saneamiento y dignificación social, dejando de recoger su voz y privándose de su colaboración en la más importante misión que la dictadura ha realizado: la de despertar, educar y movilizar la ciudadanía, a lo que las Uniones Patrióticas vienen contribuyendo tan eficazmente.
En suma, Señor, esta Asamblea Nacional, de intereses generales, en que se podrá contrastar por la controversia el ajuste o la pugna de unos con otros, sustituirá a las muchas Asambleas parciales que vienen celebrándose, y en todo caso constituirá un organismo vivo integrado por escogidos ciudadanos, aptos para hacer oír su voz y su consejo en difíciles momentos nacionales, que todo Gobierno debe tener previstos. Tales misiones requieren rodearla de la mayor autoridad y prestigio, y a tal fin se incluyen en el articulado del Real decreto-ley que a la aprobación de V. M. se somete, normas y preceptos que se los garanticen.
San Sebastián, 12 de septiembre de 1927.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
Real Decreto-Ley
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El segundo lunes del próximo octubre se reunirá en Madrid, en el Palacio del Congreso de los Diputados, una Asamblea deliberadora, que en razón a la variedad de representaciones que han de integrarla y diversidad de los asuntos que han de encomendársele, tendrán carácter general, y se denominará Asamblea Nacional, la que dirigida y encauzada por el Gobierno, pero dotada de prerrogativas y facultades propias, deberá preparar y presentar escalonadamente al Gobierno, en un plazo de tres años y con carácter de anteproyectos, una legislación general y completa, que a su hora ha de someterse a un sincero contraste de opinión pública, y en la parte que proceda a la real sanción.
El plazo de tres años se entenderá expirado el último sábado del mes de julio de 1930. Esto no obstante Su Majestad el Rey, a propuesta de su Gobierno y en caso excepcionalísimo, podrá ampliarlo o reducirlo.
Artículo 2.° A más de la primordial función encomendada a la Asamblea Nacional por el artículo anterior, ésta podrá fiscalizar la actuación del Gobierno, ateniéndose a las normas y límites que señala el artículo 4.°, enjuiciar la política general desde 1 de julio de 1909 y estudiar propuestas y proyectos de viviente actualidad, bien por encargo del Gobierno, bien por iniciativa propia, debidamente reglamentada.
Artículo 3.° Entre las iniciativas más adecuadas a tomar por los asambleístas, ha de figurar la de proponer las economías que puedan introducirse en los gastos públicos, sin perjuicio de los servicios. Para formalizar estas iniciativas bastaría que cualquier asambleísta se dirija por escrito a la sección correspondiente, que le dará audiencia, y si toma la propuesta en consideración, haciéndola suya, la elevará por conducto de la Mesa del Gobierno, que por sí o delegando en un funcionario asambleísta, quedará obligado a esclarecer ante la sección lo pertinente al caso. En este orden de ideas, los asambleístas se considerarán obligados a hacer llegar al Gobierno, por conducto de la Mesa presidencial, cuantas deficiencias, errores o irregularidades acusa la administración pública.
Artículo 4.° Cuando algún asambleísta entienda que puede ser conveniente al interés público que el Gobierno, ante las secciones o ante el pleno, haga aclaraciones o dé explicaciones, lo hará así presente por escrito a la presidencia, concretando la materia y punto sobre que las requiere, quedando obligado el Gobierno, en el plazo de ocho días, a aceptar o rechazar la interpelación, recogiéndola y contestándola en el primer caso el Ministro a que corresponde el asunto.
Artículo 5.° Cuando el Gobierno considere conveniente realizar inspecciones de conjunto sobre determinados servicios u organismos del Estado, provinciales o municipales, suscribirá del Presidente de la Asamblea la designación de comisiones compuestas de un mínimo de tres asambleístas y un máximo de nueve, que con plenos poderes y las mayores facilidades realizará la inspección, dando cuenta a la presidencia de la Asamblea y ésta al Gobierno, cuando parezca llegado el momento de intervenir judicial o administrativamente, cuya función se ejercerá por los órganos adecuados.
Artículo 6.° La Asamblea Nacional funcionará todos los años desde el segundo lunes de octubre al último sábado de julio del año siguiente, sin más interrupción que la de los días de fiesta religiosa o nacional y las de veinte días, a partir del 20 de diciembre; diez a partir del domingo de Quincuagésima y otros diez a partir del de Ramos.
Artículo 7.° La asamblea trabajará normalmente en secciones y comisiones y sólo la última semana de cada mes celebrará cuatro sesiones plenarias como máximo, de duración normal de seis horas cada una, que serán publicadas y con asistencia de prensa, para la censura de cuyas galeradas se establecerá una oficina en el mismo edificio de la Asamblea.
El Presidente de ésta estará facultado para suspender accidentalmente el carácter público de las sesiones, bien por iniciativa propia, bien por indicación del Gobierno.
Para estas sesiones plenarias se habilitarán tribunas para el cuerpo diplomático y otras para el público, pero la entrada a éstas será siempre mediante papeleta.
La entrada y permanencia en el salón de sesiones plenarias estará rigurosamente reservada al Gobierno y a los asambleístas y los servicios de información de prensa obtendrán las mayores facilidades, pero exigirán siempre la concesión de pases especiales para realizarlos dentro del edificio en que la Asamblea se instala
Artículo 8.º La Asamblea se dividirá, para la mejor organización de sus trabajos, en 18 secciones, integradas por 11 asambleístas cada una, designados por la presidencia, que queda facultada para agregar a ellas, en casos especiales, mayor número, elegido entre los que no pertenezcan a sección determinada.
Las secciones tendrán a su cargo los siguientes asuntos:
Primera.—Proyectos de leyes constituyentes.
Segunda.—Propuesta y dictamen de Tratados, Acuerdos y Concordatos con otros países o potestades.
Tercera.—Defensa nacional.
Cuarta.—Política arancelaria.
Quinta.—Codificación civil, penal y mercantil.
Sexta.—Leyes de carácter político.
Séptima.—Régimen de la propiedad y su uso.
Octava.—Sistema tributario.
Novena.—Producción y comercio.
Décima.—Educación e instrucción.
Undécima.—Examen y clasificación de créditos reconocidos pendientes de pago cuyo origen sea anterior al 13 de septiembre de 1923.
Duodécima.—Presupuestos ordinarios y extraordinarios.
Decimotercera.—Planes generales de obras públicas.
Decimocuarta.—Acción social, Sanidad y Beneficencia.
Decimoquinta.—Reorganización administrativa y legislación de Contabilidad del Estado.
Decimosexta.—Comunicaciones y transportes terrestres, marítimos y aéreos.
Decimoséptima.—Mercedes extraordinarias.
Decimoctava.—Responsabilidades políticas.
Artículo 9.º El régimen funcional de la Asamblea será el siguiente: Una vez constituida, se organizará en Secciones, a las que la presidencia, de acuerdo con el Gobierno, encomendará el estudio y dictamen o propuesta de asuntos que entren en su especialidad, respecto a la cual también podrán formular proposiciones de propia iniciativa.
Las secciones eligirán su Presidente y Secretario y se dividirán en ponencias de tres asambleístas cada una, cuyos dictámenes se estudiarán y discutirán en pleno de sección, considerándose como dictamen de la sección el que ésta apruebe en votación nominal por mayoría. Será elevado a la presidencia de la Asamblea, que lo informará y pasará al Gobierno, quien resolverá sobre la toma en consideración y su pase al Pleno, y el presidente de la Asamblea, de acuerdo con aquél, señalará el momento de ponerlo a discusión.
Esta no podrá exceder de tres horas sobre un mismo asunto, descontada la intervención del Gobierno y de la mesa en los plenos de sección, ni en los de Asamblea, limitándose los discursos en pro o en contra a veinte minutos, y a diez la única rectificación; pudiendo sólo el presidente o los miembros del Gobierno emplear treinta y quince minutos, respectivamente.
Consumidos los turnos reglamentarios en las discusiones plenarias, la presidencia, de acuerdo con el Gobierno, resolverá si ha de recaer votación, y, en caso afirmativo, por qué procedimiento.
Respecto a la labor doctrinal de las secciones que no haya de pasar a discusión inmediata, el Gobierno podrá intervenir su orientación y desenvolvimiento, sin perjuicio de que se consignen las opiniones y votos particulares.
La discusión en las secciones será siempre oral, y en el pleno de Asamblea, a elección, oral o escrita.
Artículo 10. Las cuatro sesiones plenarias mensuales de la Asamblea durarán seis horas cada una, destinándose la primera a las interpelaciones, si las hubiere aceptadas y figurasen en el orden del día. Sólo en caso excepcional podrá la presidencia prorrogar la sesión por una hora más.
Artículo 11. Tendrá la Asamblea un Presidente, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios, nombrado el primero por el Gobierno, así como dos de los Vicepresidentes y de los Secretarios; dejando los otros a elección de la Asamblea, bien entendido que todos han de pertenecer a ella con arreglo a las normas de su composición. Los Vicepresidentes y Secretarios nombrados por el Gobierno tendrán el orden y la denominación de primero y tercero, y los de segundo y cuarto los elegidos por la Asamblea.
Artículo 12. El Presidente de la Asamblea Nacional tendrá tratamiento de Excelencia, servicio de coche, con cargo a los fondos de material de la Asamblea, y 25.000 pesetas de gastos de representación. El Presidente de la Asamblea, o quien haga sus veces, dirigirá las discusiones, interpretará el Reglamento y hará el orden del día de acuerdo con el Gobierno, ejerciendo la máxima autoridad en cuanto al régimen interior y servicio de la Asamblea.
Artículo 13. Los Vicepresidentes tendrán como gastos de representación 10.000 pesetas y 5.000 los Secretarios, siendo estas subvenciones, excepto la del Presidente, compatibles con las dietas de asistencia que puedan corresponderles.
También, que exclusivamente para comisiones o delegaciones oficiales de los Vicepresidentes y Secretarios, habrá otro coche disponible, con cargo a los mismos fondos.
Artículo 14. La mesa tendrá a su cargo el gobierno, régimen y administración de fondos de la Asamblea, correspondiendo al Presidente, quien para cada servicio podrá delegar en el miembro de la mesa que tenga a bien, la dirección y la ejecución de todos los acuerdos relativos a los mismos.
Artículo 15. El número de miembros que han de componer la Asamblea ha de ser en todo momento mayor de trescientos veinticinco y menor de trescientos setenta y cinco. A ella podrán pertenecer, indistintamente, varones y hembras, solteras, viudas o casadas, éstas debidamente autorizadas por sus maridos, y siempre que ellos mismos no pertenezcan a la Asamblea. Los miembros de la Asamblea deberán ser todos españoles y mayores de veinticinco años y no haber sufrido condena, y tendrán tratamiento de Señoría.
Su designación se hará nominalmente y de Real orden de la Presidencia, acordada en Consejo de Ministros antes del 6 de octubre próximo, ateniéndose a las normas que señalan los artículos siguientes. Sólo en el caso de que el número de asambleístas llegase a ser menor de trescientos veinticinco, estará obligado el Gobierno a hacer nuevas designaciones, dentro de los límites marcados y conforme a lo preceptuado en este Real decreto-ley.
El Reglamento señalará los casos de incompatibilidad con el cargo de asambleísta.
Artículo 16. La composición de la Asamblea se sujetará a las siguientes normas:
Primera.—Un representante municipal y otro provincial por cada una de las provincias españolas.
Segunda.—Un representante por cada organización provincial de Unión Patriótica.
Tercera.—Los representantes del Estado a quienes se confiera carácter de asambleístas.
Cuarta.—Representación por derecho propio, a virtud de las categorías que se ostenten o cargos que se ejerzan; y
Quinta.—Representaciones de la cultura, la producción, el trabajo, el comercio y demás actividades de la vida nacional.
Artículo 17. La representación municipal de cada provincia ha de recaer en un Alcalde o Concejal, y su elección se realizará directamente el día 2 de octubre próximo, por medio de papeleta escrita y firmada entre los representantes que los Ayuntamientos, a modo de únicos compromisarios, hubieren designado el 25 de septiembre anterior. La elección tendrá lugar en la capital de la provincia, sin que exija la presencia de los votantes, y será dirigida y escrutada por una mesa, presidida por el Gobernador civil o quien haga sus veces, dos Concejales del Ayuntamiento de la capital que no sean compromisarios y dos de fuera de la capital que sí lo sean.
La representación de las Diputaciones provinciales la ostentará el que, perteneciendo a ella, sea designado por la mayoría en elección ordinaria, que tendrá lugar en todas las Diputaciones el domingo 2 de octubre.
La representación de las Uniones Patrióticas corresponderá a los que sean Presidentes provinciales el 2 de octubre.
El cese en los cargos de Concejal o Diputado provincial no hará perder la condición de asambleísta salvo que sea la razón de condena. Por el contrario, el dejar de ser Presidente provincial de Unión Patriótica lleva consigo la sustitución en el cargo de asambleísta; pero podrá seguir perteneciendo a la Asamblea, si así lo desea, cuando el nombramiento del sustituto no hiciere rebasar el número máximo de asambleístas que señala el artículo 15 de la presente disposición.
Artículo 18. La representación del Estado corresponderá a los Directores generales y representantes de Consejos, Patronatos u otros organismos que tengan categoría similar y el Gobierno designe, y no será renunciable por los titulares de estos cargos, mientras los desempeñen, siéndoles de aplicación la regla establecida para los Presidentes de Uniones Patrióticas en el artículo anterior.
Los Ministros de la Corona no pertenecerán a la Asamblea, pero podrán intervenir en la labor de ella, tanto en las secciones y comisiones como en la plenaria, teniendo puesto especial, exclusivo y reservado en éstas.
Artículo 19. Corresponde la representación por derecho propio a los Capitanes generales del Ejército y Armada y Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.
Presidentes del Consejo de Estado y Tribunales Supremos de Justicia, de Guerra y Marina y de Hacienda pública; de la Diputación de la Grandeza.
Señores Arzobispos.
Fiscal del Tribunal Supremo y del Tribunal de la Rota.
Gobernadores del Banco de España e Hipotecario y del Banco de Crédito Local.
Presidentes de los Consejos de Trabajo, Instrucción pública, Superior de Fomento, Superior Bancario y Ferroviario y además quienes ejerzan en Madrid y Barcelona los cargos de Capitán general, Gobernador civil, Obispo, Presidente de la Diputación, Alcalde, Presidente de la Comisión organizadora de Somatenes y Rector de la Universidad.
Y también el Presidente y Secretario general del Comité Nacional de la Unión Patriótica; Presidentes y Vocales de la Comisión permanente de la general de Codificación y Consejeros permanentes del Consejo de Estado.
Artículo 20. La representación de actividades a que se refiere la regla quinta del artículo 16, será designada libremente por el Gobierno, en cuanto se refiere a las personas, pero ateniéndose a que tengan ponderada representación en la Asamblea las Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Políticas, de Medicina y de Jurisprudencia; la Enseñanza en sus distintos grados; la Agricultura, la Industria y el Comercio, en su triple matiz patronal, técnico y obrero; la Prensa y, en general, todo cuanto pueda representar manifestación o pugna de importantes intereses ciudadanos, aunque no se mencionen expresamente en este artículo.
Artículo 21. Los designados asambleístas gozarán de completa libertad para la exposición de opiniones pertinentes a los asuntos en que intervengan en los actos reglamentarios de la Asamblea, sin otra limitación que la que impongan, tanto en los plenos como en las secciones, la autoridad de los respectivos Presidentes en aplicación de los Reglamentos. No gozarán de ninguna otra garantía ni privilegio, pero en todo caso su detención en cualquier lugar o por cualquier motivo obligará a dar inmediato conocimiento del caso al Presidente de la Asamblea, quien podrá recabar el de las actuaciones gubernativas o judiciales que se deriven de la detención.
La pérdida de condición de asambleísta sólo podrá ser a petición propia o mediante acuerdo de la Asamblea, en el que han de tomar parte más de la mitad de sus miembros y de ellos votar la separación más de las tres cuartas partes. Otras medidas de disciplina y orden se consignarán en el Reglamento.
Artículo 22. Los asambleístas que residan fuera de Madrid tendrán pase de libre circulación de primera clase en los ferrocarriles, entre el punto de su habitual residencia y Madrid, y devengarán en concepto de dietas de asistencia a los plenos 50 pesetas por cada uno y 25 por las asistencias a secciones o comisiones de que formen parte. Los asambleístas que residan en Madrid percibirán una dieta de 25 pesetas por su asistencia, tanto a los plenos como a las secciones o comisiones; atendiéndose a estos gastos con los créditos consignados en la sección segunda del vigente presupuesto de gastos «Obligaciones generales del Estado».
Artículo 23. Al Gobierno corresponde dictar por Real orden el Reglamento por que ha de regirse la Asamblea Nacional, aplicando e interpretando el espíritu y letra de este Real decreto-ley, así como aclarar todas las dudas y dictar todas las disposiciones que fueren necesarias para la implantación y cumplimiento de cuanto en él se dispone, incluso lo referente al ceremonial con que ha de hacerse la apertura de la Asamblea.
Dado en San Sebastián a doce de septiembre de mil novecientos veintisiete.
Alfonso.
El Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja


(«Gaceta de Madrid», 14 septiembre 1927)

Discurso del Presidente de la Asamblea Nacional, señor Yanguas Messia.

Discurso del Presidente de la Asamblea Nacional, señor Yanguas Messia.

«Señor: Asistimos al momento inicial de una interesante etapa en la evolución política felizmente iniciada el 13 de septiembre de 1923. Vuestra presencia augusta en este sesión de apertura significa la reiteración del interés vivísimo con que Vuestra Majestad se digna honrar el comienzo de toda importante actividad colectiva española, acrecentado por el notorio relieve de esta Asamblea en la vida de la nación.
No es, ni jamás se pensó en que esta Asamblea fuera, un sustitutivo de los órganos parlamentarios. La Constitución de la Monarquía está —repetidas veces lo ha declarado así el Sr. Marqués de Estella— suspendida en algunos de sus preceptos, pero no derogada. La misión de esta Asamblea, distinta de la de un parlamento, pero de la más alta conveniencia nacional, en los momentos actuales ha de ser, como en el Real decreto se define, de doble naturaleza: fiscalizadora y preparatoria de proyectos fundamentales que habrán de ser en su día objeto de examen y resolución de un órgano legislativo que tenga por raíz el sufragio, rodeado de las máximas garantías de independencia y pureza.
El poder ejecutivo continúa en la plenitud de sus facultades excepcionales, como el bien público todavía aconseja, pero desea avanzar en el camino de mantener un contacto, cada día más concreto y definido, con la opinión pública. Siempre requirió el Gobierno presidido por el General Primo de Rivera la colaboración ciudadana, sin excluir la de aquellos sectores que no comulgaran en su ideario, procurando lograrla, primero, de una manera general y difusa; más tarde, mediante órganos consultivos parciales; ahora, ensanchando el círculo de los elementos asesores y nacionalizando la elevada función que se le atribuye: la composición de esta Asamblea Nacional, responde a una concepción orgánica en la que claramente se advierte el propósito del Gobierno de que concurran la representación del Estado, la del elemento individual y la del elemento corporativo público y social.
Nos disponemos a continuar por el camino de regeneración patriótica trazado el histórico 13 de septiembre. La condenación del sistema hasta aquella fecha imperante, que puso en trance gravísimo la vida del Estado y de la sociedad española, no envuelve la negación de un tributo de justicia a muchos de los hombres, no pocos de ellos eminentes, que rigieron a España en los años últimos del antiguo régimen. Bien al contrario, mientras más encumbrados pongamos los valores personales de aquellos hombres que intentaron vanamente reaccionar contra las imperfecciones orgánicas y los vicios funcionales del mecanismo político, por fortuna extinguido; mientras más exaltemos su amor a la patria, su recta intención y su anhelo y su esfuerzo por curarla de los males que minaban la esencia misma de su vida, tanto más hemos de afirmarnos en la convicción honrada de que esos intentos esporádicos resultaban siempre baldíos, porque el virus dañino para el cuerpo y para el alma de la patria estaba en la raíz misma del sistema, execrado por todos los españoles de buena voluntad.
El gesto viril del General Primo de Rivera salvó a España de la anarquía, estableciendo un Gobierno, cuyos sazonados frutos pueden apreciarse hoy, después de cuatro años fecundos para la nación.
La paz interior que este Gobierno trajo al afirmar prácticamente el principio de autoridad, aseguró el orden, extirpó los crímenes sociales y garantizó la libertad de trabajo, permitiendo lograr la reconstitución interna que ha hecho posible la rehabilitación del crédito público, cuyo signo visible es el valor actual de la peseta, la pacificación en Marruecos y el acrecentamiento de la personalidad internacional de España. Tal es la limpia ejecutoria de la obra del nuevo régimen.
La figura central del General Primo de Rivera merecerá seguramente ante la historia una valoración superior a la muy alta otorgada ya por la casi unánime corriente de opinión que le asiste y que le apoya, con entusiasmo en su gran obra nacional, no sólo por lo que hizo, sino por lo que evitó, librando a España de los horrores de la disolución social y política, cuyos aldabonazos sentíanse ya amenazadores, en vísperas del 13 de septiembre de 1923.
El problema político y constitucional de España tiene facetas propias que lo distinguen de una manera específica de problemas análogos, vivos en otros países, pero laten al propio tiempo en su fondo notas genéricas y universales, comunes a muchos pueblos. La máquina parlamentaria, aunque alcanzara una perfección que nunca se conoció en España en la pureza de elección y en la eficacia del funcionamiento, requiere una adaptación a las necesidades actuales, y a ello se va, aunque por caminos y con gradaciones distintas en todos los países.
Tres aspectos capitales pueden señalarse al reflexionar sobre este gran problema de nuestros días: en el sistema de sufragio, el elemento social y corporativo reivindica hoy una participación, casi por entero reservada antes al elemento individual, que conducía a un exagerado atomismo, contrario a la realidad. Frente a ese individualismo de una época que ya pasó, precisa buscar un sistema justo y ponderado.
Otro de los aspectos que incitan a la meditación y a la enmienda es el relativo al modo de funcionar el Parlamento. La vida de los Estados es hoy demasiado compleja para que sean admisibles largos dispendios de tiempo en discusiones no siempre enjundiosas ni ceñidas, que paralizan, en vez de estimular la marcha de los asuntos públicos. Es imprescindible poner a compás el ritmo del órgano legislativo con el ritmo de la vida nacional.
El tercero de los aspectos interesantes que la serena observación de la política mundial nos ofrece es el referente a las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo, no se gobierna hoy con la palabra, sino con la acción. La intervención del Parlamento debiera siempre constituir en un régimen normal la fiscalización y el freno para los actos del poder ejecutivo; y su deliberación y su voto habrán de ser indispensables en toda norma legislativa, pero reservando a los Gobiernos, con la responsabilidad, la independencia de acción y la agilidad de movimiento requeridas por la complejidad de los problemas modernos.
Abordar y dar cima al estudio y solución de estas cuestiones fundamentales sería no ya sólo resolver el más importante problema político de España, sino señalar nuevas y luminosas rutas a otros pueblos que, como el nuestro, buscan una estructura constitucional adecuada a las exigencias de nuestro tiempo.
Ni en la mente del Gobierno germinó, ni la Asamblea puede alentar nunca el propósito de cercenar, ni menos anular, las altas facultades del poder legislativo. Se quiere, por el contrario, convertirlo en un reflejo más exacto del cuerpo nacional, de dar mayor eficiencia a su actuación, de hacerlo compatible con un régimen de Gobiernos. Si esta Asamblea, a la vez que cumple las demás funciones que le han sido encomendadas, acierta en el estudio de tan arduo problema, y si su ponencia facilita más tarde la labor del órgano legislativo y deliberante que en su día venga a sellar la consolidación normal del nuevo régimen, habréis prestado un altísimo servicio a la patria y al civilización.
Habéis respondido, Sres. Asambleístas, a un imperativo patriótico al acudir a esta Asamblea, señaladamente vosotras, señoras; vuestra exclusión, sobre ser injusta, hacía la obra legislativa incompleta y fragmentaria.
La justicia distributiva me obliga también a destacar la colaboración de aquellos elementos que no comparten en su totalidad el ideario del Gobierno, o que militan en campos distintos del suyo y, sin embargo, han respondido ciudadanamente al requerimiento de venir, sin abjurar de sus convicciones, a trabajar en esta obra común, salvadora para los altos destinos eternos de la patria. Habéis preferido, y España os debe por ello gratitud, acudir a realizar una obra positiva, fecunda y armoniosa, antes que recogeros en una cómoda inhibición, doblemente injustificada en quienes deseen sinceramente que se busque y se encuentre el sistema de normalidad política que haga innecesario el ejercicio de la dictadura.
La España de siempre cuenta, por fortuna, para lograr asiento estable a sus instituciones fundamentales con la Monarquía, como clave esencial y básica en toda organización del Estado español. La España de hoy cuenta, además, con la personalidad de nuestro Rey, espíritu ampliamente abierto, moderno y comprensivo. Vuestro reinado marcará una era de resurgimiento patrio, en lo que Vuestra Majestad, el primero y el más eficiente de los artífices, sabe poner en todo momento su inteligencia y su corazón al servicio del bien supremo de España.
Ardua es la labor que acometemos hoy. Dios y la Patria nos darán el aliento para proseguirla; pero nos exigirán estrecha cuenta si desfallecemos en el cumplimiento de nuestro deber.
España confía en nuestra obra, y el mundo entero nos observa con una expectación que jamás habían despertado los asuntos de nuestro país. No los atrae tan sólo el interés que las informaciones relativas a España merecen hoy a los demás pueblos; los incita, además, a seguir con atención máxima la marcha de nuestros trabajos la universalidad de la crisis política, para la que nos disponemos a buscar remedio.
No quiero terminar mis palabras sin tributar un sentido homenaje de admiración al recuerdo de aquellos varones preclaros cuyos nombres decoran los muros de esta sala. El método de trabajo de esta Asamblea no se acomodará bien a que en los monumentos oratorios de quienes fueron gloria de la tribuna española busquéis motivos para vuestra inspiración. El período de germinación a que hemos de consagrarnos es siempre oculto y silencioso. Pero sí podréis buscar en su recuerdo la llama que avive vuestro amor a España y a la libertad.
Adoptó en los comienzos del año actual un Ayuntamiento el acuerdo de rotular con el nombre del General Primo de Rivera a una calle del pueblo que antes se llamaba de la Libertad.
Al responder el marqués de Estella al alcalde que le comunicó el acuerdo, escribió de su puño y letra estas palabras: «Mucho siento que haya desaparecido de la rotulación de calles de esa villa el nombre de La Libertad, postulado seductor de los pueblos, que ha encendido el alma ciudadana tantas veces y que, cuando no es rebeldía ni revolución, expresa el santo derecho de los seres humanos a no ser esclavos. Claro es que cuando se toma por esclavitud el trabajo y por principio social la represalia de clases, la libertad no es buena; pero es que dejó de ser libertad para ser rencor y tiranía ¿No habría medio de que se conservase el nombre deslumbrador de libertad?»
El Presidente Wilson definió la libertad política con sobria y certera frase: «La libertad política es el derecho que tienen los gobernados a que su Gobierno se ajuste a sus propias necesidades». («Constitutional government of the United States», páginas 4 a 7.)
Y las necesidades de España de ahora que vosotros venís a servir son bien distintas de las del siglo XIX. (Grandes aplausos.)
(Asamblea Nacional, «Diario de Sesiones», núm. 1; 10 octubre 1927.)

Derechos de las minorías

Derechos de las minorías

. Hoy, en el Palacio del Senado, el Comité de los Tres ha sometido al Consejo de la Sociedad de Naciones, constituido en Comité del mismo, la ponencia sobre la cuestión de las minorías. Es el último trámite premonitorio para que el Consejo de la Sociedad de Naciones trate de este asunto en su reunión oficial, señalada para el 10 de este mes.
Al iniciar sus tareas en Madrid la S. del N. vamos a procurar al lector una impresión sobria de lo que son las minorías, sus derechos y el Comité de los Tres.
A consecuencia de la Gran Guerra, unos estados quedaron despedazados; otros, víctimas de trucidamientos anteriores, se restauraron; otros fueron creados de nueva planta, y otros, en fin, se engrandecieron. En todas estas operaciones resultó: al lado de una mayoría con identidad racial, lingüística y religiosa, unas minorías de raza, lengua y religión distintas.
La tendencia natural de las mayorías dominantes habría sido la absorción, sin condiciones, de las minorías; la imposición a éstas por aquéllas de su lengua y religión, persiguiendo la desaparición de las diferencias étnicas. Pero las grandes potencias, que promovieron aquella transformación y creación de estados, no abandonaron a su suerte a las minorías que habían sido transportadas de unos estados políticos a otros, sino que tomaron a su cargo la garantía de que sus derechos serían respetados. El órgano amparador de estos derechos es la Sociedad de Naciones, y si la resolución de este organismo es impugnada por los estados interesados, se la somete, según cláusula incluida en todos los tratados de minorías, al Tribunal de Justicia Internacional.
Mediante esta derivación, problemas que podrían suponer influjo político del Consejo de la S. de N., con menoscabo de la soberanía de los estados interesados, adquieren la categoría de cuestiones jurídicas.
Contienen los tratados de minorías estipulaciones respecto a la forma en que se adquiere la nacionalidad en el nuevo Estado a que aquéllas se ven adscritas, y en este orden se consigna el derecho de opción; fíjase un plazo de dos años para que las personas de más de dieciocho pertenecientes a minorías puedan optar por otra nacionalidad que la que les fue asignada en virtud de los tratados que crearon o modificaron estados.
Quienes ejerzan este derecho habrán de abandonar, en un plazo de doce meses, el territorio del Estado a cuya nacionalidad renuncian; pero pueden conservar los bienes inmuebles que en el mismo tengan y llevarse los bienes muebles, sin que se les ponga traba alguna.
Se consagra en los tratados de minorías su igualdad civil y política con las mayorías y el derecho a ocupar los cargos públicos, al desempeño de profesiones y al ejercicio de industrias, sin que obste para ello la diferencia de raza, lengua o religión.
Se ampara el uso por las minorías de una lengua cualquiera en las relaciones privadas o comerciales, en materia de religión, en la Prensa y en toda clase de publicaciones, en las reuniones públicas, ante los tribunales y en las escuelas cuando una proporción considerable de escolares pertenezcan a las minorías; esto último, sin perjuicio de que se les obligue al estudio del idioma oficial.
Y, finalmente, con carácter general, se establece también que las minorías pueden dedicarse a fines de educación, religiosos y de beneficencia, con derecho a participar en los auxilios del Estado o de las corporaciones.
Otros derechos particulares, algunos que llegan a reconocer a las minorías la máxima autonomía compatible con la soberanía del Estado, se consagran en diversas estipulaciones.
Estos derechos pueden ser desconocidos de hecho o verse en peligro de que se desconozcan por un Estado, con daño, de las minorías. Cuando esto ocurre interviene la S. de N. Pero esta intervención tiene una hermenéutica, un procedimiento, al cual no se ha llegado de una vez, sino por sucesivas experiencias, que han permitido ir eliminando las causas de rozamiento entre la minoría que reclama y el Estado sometido a reclamación.
Ante una infracción o peligro de infracción de las obligaciones para con una minoría, ésta formula su petición de garantía a la Secretaría general de la S. de N., y la sección correspondiente de ésta informa si ha lugar o no a tomarla en consideración, acerca de la cual resuelve en definitiva el presidente del Consejo. En caso afirmativo se pone en conocimiento de los miembros del Consejo, y se comunica al Gobierno interesado para que formule las observaciones que estime pertinentes, las cuales, con la petición de la minoría, les son comunicadas a todos los miembros de la Sociedad de Naciones.
A petición se creó el Comité de minorías. Este Comité lo forman, con el presidente del Consejo, dos miembros del mismo por aquél designados. Por el número de miembros que lo integran, se le llama desde su creación el Comité de los Tres; por su misión concreta de hacer el estudio de una sola petición de minorías, se colige que hay tantos comités de los tres constituidos cuantas sean las peticiones de minorías en tramitación.
El Comité de los Tres, encargado de dar dictamen, tiene otra función conciliadora. Se pone al habla con el Gobierno del país requerido al cumplimiento de lo estipulado, y procura sugerirle la adopción de aquellas medidas que resten toda base a la demanda de las minorías, por dejarla atendida «ipso facto». Y sólo cuando no ha sido posible la conciliación, el Comité dictamina, previas reuniones secretas, y el asunto pasa al Consejo de la S. de N. Entonces, éste resuelve con arreglo a las atribuciones que le han conferido los tratados, y, si se produce una diferencia entre los estados interesados y el Consejo, pasa el asunto al Tribunal de Justicia Internacional, cuyo fallo es inapelable.
Con todo, lo tocante a procedimiento para que el Consejo conozca las peticiones de las minorías puede ser sometido al Consejo de la S. de N. si lo piden los estados interesados. Y éste es el caso actual. El Comité de los Tres trae al Consejo de la S. de N. un dictamen sobre el procedimiento que ha de seguirse en la tramitación de demandas de las minorías sobre cumplimiento de los tratados.
Aparecen en la cuestión cuyo dictamen quedó perfeccionado en la reunión de esta mañana, como partes preferentemente interesadas, Alemania y Polonia. Afecta, ciertamente, a todas las minorías; pero son las alemanas y polacas de la Alta Silesia las que han determinado más intervenciones del Consejo de la S. de N. desde que se puso en vigor la Convención germanopolaca.
En 1921, la Asociación Alemana para la Defensa de los Derechos de las Minorías Alemanas en Polonia requirió la intervención de la S. de N. porque varios millares de familias de colonos de origen alemán habían sido obligados por el Gobierno polaco a que abandonasen sus propiedades antes del 1 de diciembre, y aun hubo de intervenir el Consejo en otra cuestión planteada por aquella Asociación referente a la adquisición de la nacionalidad polaca por las minorías alemanas.
El 26 de mayo de 1925, la Unión de Polacos de Alemania dirigió una petición al Consejo sobre pago de indemnizaciones en la Alta Silesia por el Gobierno alemán, a consecuencia de los daños causados por disturbios ocurridos, ocupación del territorio y actos de violencia.
En la sesión del Consejo del 17 de marzo de 1926 se vio una reclamación contra resolución de las autoridades administrativas alemanas formulada por M. Carl Michalik.
En febrero de 1927, la «Deutscher Volksbund» acudió al Consejo acerca de la anulación de las inscripciones de numerosos niños en las escuelas primarias alemanas de minorías en la Silesia polaca.
Estas y otras reclamaciones fueron laboriosas. El Consejo hubo de extremar su tacto para llegar al acuerdo entre los contradictores, sin que éstos sintieran en entredicho sus derechos de soberanía. Pero la misma naturaleza de las cuestiones enunciadas y su importancia bastan para justificar el interés que Alemania y Polonia tienen en que se establezca un procedimiento en la tramitación de las peticiones de las minorías a la Sociedad de Naciones que salvaguarde los prestigios de pueblos que quieren y tienen derecho a gozar de plena soberanía.
Acerca de esta hermenéutica ha dictaminado el Comité de los Tres. El dictamen es conocido ya por el Consejo reunido en Comité, en sesión secreta, durante la mañana de hoy.
Si no surge ninguna reserva con motivo de la ausencia del delegado inglés, saldrá el acuerdo definitivo del Consejo de la S. de N., que se reunirá el día 10.

Colaboración o revolución

Colaboración o revolución

Hablemos lealmente, como quien hace en alta voz un examen de conciencia. Dejemos aparte lo doctrinal para discurrir libremente sobre los hechos consumados que tenemos delante y para buscar, como finalidad de este trabajo, soluciones a una situación llena de dificultades y preñada de conflictos.
Hecho fundamental
He aquí el hecho primero y fundamental: En un país donde «lo tradicional es la libertad y lo moderno el absolutismo», que ha luchado cien años para llegar a tener una Constitución, existe desde hace más de cinco una Dictadura. Se anunció como provisional, disolvió las organizaciones con que había gobernado la Monarquía, declaró guerra a muerte a la política y a los partidos, y en el largo quinquenio de su existencia no ha construido nada para sustituir aquellas organizaciones y para que pueda funcionar en España un régimen de Gobierno responsable.
No hay opinión al lado del Gobierno
No existe un estado de opinión que sirva de guía, de orientación siquiera, al gobernante. La opinión difusa y medrosa que se propaga individualmente no es favorable a la Monarquía ni a la Dictadura. Esto podrá ser discutible, pero se discutiría en vano, no habiendo, como no hay, libertad de prensa ni de tribuna.
Suponer que las manifestaciones ostentosas de los particularmente agradecidos, o de los asustados, o de los explotadores del favor recibido o esperado tienen valor de opinión, sería equivocarse. Y si hay quien cree otra cosa le invitamos a que una su acción a la nuestra para conseguir del Gobierno que se convoque a las urnas al cuerpo electoral. No lo hará: al lado del Gobierno no hay opinión.
La monarquía no tiene partidos
Cuando, puestos de acuerdo, el Rey y el general Primo de Rivera proclamaron la Dictadura, disolvieron las Cortes y proscribieron la Constitución, los partidos políticos que habían servido a la Monarquía con más interés, lealtad y adhesión que al país, se deshicieron como la sal en el agua. No quedan partidos políticos.
No hay Ejército en España
El ejército venía de antiguo quebrantado en sus fundamentos. La injusticia y el favoritismo fomentados con el propósito de lograr un Ejército de agradecidos incondicionalmente monárquico, produjeron la falta de «interior satisfacción» y fueron sus consecuencias el asalto a las redacciones de periódicos, la formación de las «Juntas de Defensa», la intervención clandestina del Monarca en las operaciones de Marruecos, provocando la catástrofe de Annual. Y, durante la Dictadura, la demolición moral de la disciplina se ha consumado planteando inoportunamente problemas de orden interno, meramente adjetivos, que necesitaban, sin duda, solución, pero que pudo ser aplazada, porque el tratar de imponerla a destiempo ha producido desde la Gaceta los estragos de una literatura oficial sin precedentes, infiriendo daño irreparable al valor de las jerarquías, a la disciplina y a la institución.
No, no hay Ejército en España.
¿De quién la culpa?
Y todo lo que sea imputable, para los efectos de la responsabilidad, a este período de gobierno ¿ha podido hacerlo el Dictador contra la voluntad del Rey...? ¿Ha podido hacerlo el Rey contra la voluntad de su Presidente del Consejo de Ministros? Entonces, ¿quién es el Jefe del Estado?
Más de cinco años de gobierno, sin intervención del país, sin fiscalización parlamentaria, sin crítica de la prensa, sin tribuna popular, sin libertad para enjuiciar ni aun en la vida privada, sin trabas ni obstáculos de ninguna clase, ¿no ha bastado para preparar la vuelta a un régimen de gobierno legal o legalizado?
¿Es que no hay opinión, ni partidos, ni Ejército, ni libertad, ni Constitución porque no quiere el Rey o porque no quiere el Dictador? Ni la Monarquía ni la Dictadura pueden contar con el pueblo. ¿Es que cuentan con el Ejército para mantenerse en el poder contra la voluntad del pueblo?
El Soviet en puerta
Ni la Monarquía, ni la Dictadura, ni los liberales ni los conservadores, ni los republicanos ni los carlistas; ni la clase media ni la clase obrera, nadie puede asegurar hoy que cuenta con el Ejército.
Cuando desde la Gaceta oficial, bajo la firma del Rey y el refrendo de su Gobierno le dice el poder ejecutivo al soldado: «NO OBEDECERÁS A TUS JEFES»; cuando el mandato se repite solemnemente mediante lectura pública de la blasfemia por las clases subalternas ante la tropa formada, ¿puede decirse que ese montón de hombres forma un Ejército?
Si el Soviet no ha nacido está a punto de nacer.
Pruebas del fracaso de la Dictadura
Sin ninguna violencia puede creerse que la Dictadura, al retener el poder en sus manos, se ha inspirado en móviles honrados. Hombres que no llegaron sino muy tarde, y con harta sorpresa suya, a la acción gubernativa enjuiciaron las cosas con el criterio del vulgo y, sometidos además a la influencia de los prejuicios de la clase, se sacudieron la túnica de responsabilidades que habían compartido y las imputaron en conjunto a todos, y a todo el mundo menos a quien personal y representativamente correspondía y corresponde la mayor parte. Se equivocaron y, al improvisarse gobernantes y estadistas, creyeron de su deber mantener aquella equivocación.
Admitamos ahora que la Dictadura ha necesitado cinco años y medio para desarraigar la política desastrosa y la administración corrompida; que ha demolido la fortaleza del mal y ha limpiado de escombros el solar de la patria. ¿Quién va a construir el edificio del nuevo Estado, la Dictadura?
La prueba más evidente de la impotencia de la Dictadura para construir es su continuación sin transformarse.
En efecto, si encontró un país desorganizado, la prueba de que no ha podido reorganizarlo es que después de cinco años de gobierno absoluto aún prolonga la Dictadura. Si encontró una política envilecida y unos partidos corrompidos, la prueba de que no ha podido purificarla ni sustituirlos es que después de cinco años de gobierno absoluto aún se prolonga la Dictadura. Si encontró un pueblo indisciplinado y anarquizado, la prueba de que no ha podido regenerarlo es que después de cinco años de gobierno absoluto aún se prolonga la Dictadura, y no le devuelve la libertad, ni le llama a los comicios.
Cuanto más dure la Dictadura más se desacreditan gobernantes y gobernados: éstos por no reaccionar buscando su libertad y su ciudadanía; aquellos porque no habiendo conseguido su propósito se mantienen en el poder contra la voluntad del país, convirtiendo la Dictadura en tiranía y dejando entender que gobiernan por satisfacer un apetito sensual.
Resumen
Resulta de este examen somero que la Dictadura ha fracasado. Ha fracasado en el propósito de reorganizar el Estado y no ha tenido mejor éxito actuando en funciones de guardia civil, porque las notas oficiales del Presidente del Consejo, no quieren decir nada o dicen que el orden no existe sino en apariencia y que la tranquilidad pública no pasa de ser una aspiración.
Porque si de la «noche de S. Juan» del año 1926 retoñó más vigoroso en enero del 29, es que el orden no se ha restablecido; si las medidas adoptadas contra los estudiantes, centros escolares y profesores están justificadas, es que la tranquilidad no existe; si ha sido disuelta el arma de Artillería, y suprimida su Academia, y licenciado, buen número de Generales, jefes y oficiales, es que en el Ejército hay una parte importante, por lo menos todo un Instituto, que no está conforme con la Dictadura; y si con frecuencia publica notas, artículos y sueltos discutiendo opiniones de la prensa extranjera, es que fuera de España hay un estado de opinión contrario a la Dictadura.
Mejor es reconocer valientemente esta indiscutible realidad que entretenerse en regateos sobre su importancia o negarla. Se comprende el valor que hace frente a una realidad adversa, la combate y procura superarla pero negarla ante pruebas tan evidentes no sería valor.
Y en tales condiciones, ¿es un régimen de Dictadura el que conviene a España?
Dictadura y Democracia
Dictadura es poder sin intervención en manos de un hombre solo; democracia es el poder en manos del pueblo. Una dictadura es gobierno transitorio, el de la democracia es permanente y duradero. Una dictadura es fuerza, el azar o el genio, para el bien o para el mal, sin freno ni ley de sí misma, que acaba un día u otro sin la certeza de la continuidad de la obra; una democracia es régimen de colaboración, de discusión, de responsabilidad, sujeto a las leyes preestablecidas, en el que los hombres, se subordinan a los ideales no los ideales a los hombres, en el que cambian y se sustituyen pero continúa la obra de generación sin que el cambio o la sustitución altere esencialmente la evolución progresiva.
En circunstancias extraordinarias a mí no me espantaría la dictadura de un hombre, militar o civil, pero con alma de ciudadano, voluntad de gobernante e inteligencia de estadista capaz de abarcar el problema que tenga que resolver, pero incapaz de retener el poder en sus manos ni un día más después de haberlo resuelto, ni una hora más después de haber fracasado, ni un minuto luego de advertir que no le asisten las fuerzas espirituales de la nación.
Precisamente lo que ha estado pidiendo España durante un siglo —frente a Napoleón y Fernando VII, frente a la minoridad de Isabel II, cuando la revolución de septiembre, el 11 de febrero de 1873, en diciembre de 1875, a la muerte de Alfonso XII, a la mayor edad de Alfonso XIII, al salir de la afrentosa guerra con los Estados Unidos, el día del Barranco del Lobo, el trágico día de Annual— lo que ha pedido España hasta por boca de los autores cómicos ha sido UN HOMBRE. ¡Aquí hace falta un hombre! Un hombre, un corazón, una inteligencia, una voluntad, capaz de todas las iniciativas, de todas las energías, de todos los sacrificios; y de imponerlos en nombre de la patria y de la raza. En tres siglos no lo tuvo en el trono; en cien años no lo encontró al frente del gobierno: en seis lustros lo ha esperado y no ha surgido del pueblo.
Y cuando fracasaron los monarcas, y fracasaron los regímenes y fracasaron las pálidas esperanzas apenas nacidas el día 13 de septiembre de 1923 y está fracasando España en todas partes, ¿puede pedirse que se prolongue una dictadura que también ha fracasado por falta de «El Hombre»?
¿A dónde nos lleva y qué hace en el poder sin opinión, sin partidos y sin Ejército?
Dificultades que ofrece un cambio
Hacer una España nueva debe ser obra de colaboración de todos los españoles, colaboración activa o pasiva: activa de los mejor preparados, pasiva de todos los demás. No lo puede ser de una dictadura fracasada. Probablemente esto lo cree el general Primo de Rivera tanto como yo, pero para el General la dificultad consiste en el modo de hacer.
En efecto, el Rey, encubridor y cómplice del golpe de Estado, no puede pedirle la dimisión al Dictador, porque éste gobierna por la fuerza de su voluntad, no por la voluntad del Rey. Pero si se la pidiera y la obtuviera, ¿cuál sería la situación del Rey? ¿Seguir con el régimen de Dictadura cambiando de hombres? El Rey no tiene hombres para eso. ¿Volver desde la dictadura al régimen legal en que nació y que abandonó el 13 de septiembre de 1923? El Rey ya no tiene partidos para eso.
La Monarquía no tiene ni partidos ni hombres: se los ha comido la Dictadura.
Y sin embargo, estoy seguro, absolutamente seguro, de que el Rey, el Dictador y yo pensamos lo mismo: esto no puede seguir así.
Se oye decir por ahí que el día menos pensado el Presidente presentará su dimisión al Rey. No hará tal. La dignidad que los cargos llevan aparejada, el sentimiento de la responsabilidad y una grandeza de alma que no es incompatible con defectos de la persona y de la raza le impedirían presentar la dimisión. Hacerlo parecería una fuga que significaría tanto como «ahí queda eso.»
Y lo que quedaría sería el país entero, sin Ejército, sin organizaciones políticas, sin hombres de autoridad, entregados a todas las indisciplinas. Ya se decía al desvanecerse las sombras de la Edad Media que los pueblos muerden más fieramente cuando recobran la libertad que cuando la han conservado. Nuestro reciente pasado está lleno de vergüenzas, catástrofes, guerras absurdas, sacrificios estériles que han preñado de rencores el alma popular. Provocar en tales circunstancias una interinidad sin gobierno, sería asumir responsabilidades que los mismos teorizantes de la anarquía se negarían a aceptar. La Dictadura no puede terminar por una súbita dimisión del dictador.
Fórmula inaceptable
Pero preparar el tránsito por una reforma constitucional hecha a espaldas, en fraude y sin el concurso de la soberanía nacional, para convocar después unas Cortes con arreglo a un sistema electoral sacado de su cabeza por la Dictadura, y designar arbitrariamente un número par o impar de asambleístas, o de somatenistas o de patriotas de la Unión para formar un Gobierno, eso no sería resolver el problema sino agravarlo perpetuando la Dictadura mejor o peor disfrazada. Agravarlo en el orden personal, porque las cualidades, las condiciones y la suerte de un dictador no se transmiten por herencia ni por endoso; y en el orden político porque con semejante transferencia dejaría motivos de justificación a todos los desórdenes y a todas las rebeldías.
Disfrazar la legalidad, con el concurso de una Asamblea ilegal, la continuación de la Dictadura no es resolver el problema. Y ahora, precisamente ahora, es la oportunidad de resolverlo total y definitivamente.
Fórmula aceptable
Teóricamente la Monarquía restaurada en Sagunto carece de origen legal, puesto que nació de una sublevación lo mismo que la presente Dictadura. Pero si pretenden legalizarse, y creen de buena fe que la mayoría del país está con ellos, el deber del Rey y del Presidente es convocar Cortes Constituyentes.
De tal manera ni el Monarca tendría que pedirle la dimisión al Presidente, ni el Presidente tendría que dimitir. Las Cortes Constituyentes les relevarían de ese compromiso, al uno y al otro.
Más todavía
Estamos de acuerdo en que no se debe volver a gobernar con la Constitución de 1876, ni con los antiguos partidos aunque resucitaran, que sí resucitarían.
Lo estamos también en que hacen falta nuevos programas, nuevas leyes y nuevos hombres, evitando a todo trance que resurjan aquellas oligarquías, hereditarias para mayor oprobio, que enfeudaban pueblos, distritos, y aun provincias enteras.
Y también lo estamos en que hay que darle al Estado estructura moderna o, por lo menos, reformar la que le sirve de sustentación.
¿Puede hacer esto el Rey? Se ha demostrado que no, y aunque quisiera no sabría.
¿Puede hacerlo la Dictadura? Tampoco y si lo intentase su labor carecería de eficacia legal.
Digámoslo de una vez y con toda claridad: de la situación presente no se puede salir más que por la revolución o por la colaboración.
Conspiración, revolución y rebeldía
Una cosa es la revolución y otra la conspiración. Por la conspiración puede provocarse una revolución, aún sin el deseo ni la conformidad de la mayoría del país, y en cualquier momento, pero la revolución sin conspiración no elije la hora: estalla inesperada y súbita.
Si la revolución no tiene ambiente y justificación, los conspiradores no lograrán provocarla cuando intereses nacionales, permanentes o circunstanciales, se opongan. Entonces todo Gobierno está en su derecho persiguiendo a los conspiradores para impedir la revolución. Pero invocar nada menos que el patriotismo para esas persecuciones, es confesar oficialmente que más hondo que el patriotismo y que los intereses materiales se siente en el alma nacional el ansia revolucionaria, sentimiento que no nace caprichosamente, sino por una necesidad vital y por un amor infinito a la libertad; sentimiento que cuando no puede satisfacerse con justicia busca su satisfacción en rebeldías permanentes que acaban por disolver los pueblos mejor constituidos o por envilecerlos que es peor.
Se puede perseguir a los conspiradores, pero no hay modo de perseguir, encarcelar, ni sacrificar en el suplicio el espíritu revolucionario que surge y estalla como un volcán en el alma colectiva.
Este espíritu es el que prevalece actualmente en el pueblo; un espíritu generoso de renovación y restauración que espera la oportunidad para pronunciarse, y que, si no se pronuncia, degenerará en permanente, infecunda rebeldía.
Oración
Necesito oponer a mis sentimientos de toda la vida los dictados de la razón para pensar serenamente y discurrir sin violencia.
Pienso en mi patria atormentada por cien años de motines y pronunciamientos sin haber logrado todavía realizar la revolución espiritual que necesita la raza; pienso en mi pueblo, tantas veces salvador único de la patria y que todavía no tiene patria, salvador de la libertad y que no tiene libertad; tan pródigo de sacrificios, tan noble en sus pasiones, tan resignado en sus adversidades, tan perezoso en sus reacciones, escribiendo en la historia las únicas páginas de humana grandeza que han ofrecido a la civilización los pueblos conquistadores. Pienso en las energías malgastadas, en los intentos frustrados, en la juventud sin ilusiones y en la vejez sin esperanzas. Pienso que es necesario, para remover todas las ruinas que acumuló sobre nosotros el tiempo y ponernos de par con la marcha del progreso universal, hacer en cinco años lo que otros pueblos han hecho en cincuenta. Pienso que amontonar sobre los escombros de nuestra historia los que podría producir la violencia de una revolución de esclavos, que somos nosotros, sería emplear en destruir acaso ciegamente, tiempo, heroísmo y genio que nos han de hacer mucha falta para edificar.
Pero pienso que no hay otro camino: o revolución o colaboración.
Hacia una solución
Intentar darle la batalla a la revolución no sería tan sensato y tan eficaz como anticiparse a colaborar con la revolución. ¿Por qué no? Eso sería desarmarla de sus violencias y utilizar su espíritu en una obra ampliamente nacional; eso sería «hacer la revolución desde arriba» como se ha dicho de tantas maneras.
Pero eso necesita ambiente, plan y procedimiento. El ambiente se formaría con la sola enunciación del propósito.
Plan: pasar de la Dictadura a la legalidad, mediante la formación de un GOBIERNO NACIONAL en el que estuviesen representados todos los sectores de opinión definida que quisieran colaborar en la obra; gobernar para garantizar la libertad de todos, conservar el orden y preparar las convocatoria de unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal; reservar a esas Cortes toda materia legislativa, salvo las modificaciones que requiere la de dicho sufragio para garantizarlo contra coacciones y corrupciones; ningún prejuicio sobre forma de gobierno, pero todas las fuerzas representadas en el constituido juramentadas para someterse a los acuerdos de las Constituyentes, con el mismo acatamiento que tienen para la ley los pueblos de más elevada ciudadanía y que no exije ni significa claudicación.
Procedimiento. Esta colaboración pediría una reciprocidad: la garantía de una máxima independencia del poder ejecutivo respecto al poder moderador y una completa inhibición de éste en los negocios de Estado, desde la convocatoria de las Cortes hasta su clausura.
¿En qué había de consistir esa garantía? En la ausencia del Rey. Ni más ni menos. España necesita sentirse libre de toda coacción para disponer soberana de sus destinos.
Consecuencias
Arduo problema. No debe negarse que la prueba sería peligrosa para todos, para los que creen consustancial patria y república y para los que creen consustancial patria y monarquía. Sobre todo para ésta, seamos francos, pero sin olvidar el temperamento impresionable y sentimental de nuestro pueblo. Un noble rasgo del Rey inclinándose respetuoso ante la voluntad del país, devolviéndole su libertad, despidiéndose para visitar, embajador de la patria, las naciones americanas de lengua española mientras aquí la soberanía nacional, en plena emancipación, resolvería sus problemas, dispuesto a volver como ciudadano si como Rey no podía, acaso hiciera olvidar muchas cosas y tal vez pesaría sobre el corazón de muchos legisladores.
Un mensaje de la Corona anunciando este tránsito de la Dictadura a la libertad calmaría las ansias revolucionarias del pueblo. La libertad de la prensa y de la tribuna le devolverían, con la esperanza, la calma y la disciplina. No sin fundamento se ha escrito que nada contribuye tanto a la paz y al orden como la posibilidad de que las opiniones que exaltan a los pueblos tengan vías legales de manifestación.
De la Asamblea constituyente saldrían definidos los programas nuevos, según las necesidades espirituales y materiales del país y según el estado de conciencia de las clases directoras.
Los nuevos partidos que se formarían para la propaganda y ejecución de los programas no serían las antiguas mesnadas de adhesión incondicional o de «disciplina militar», sino agrupaciones de ciudadanos que en el seno de una democracia liberal contrastan sus ideas, establecen normas de conducta, evolucionan, rectifican y se unen según sus afinidades para la realización de fines permanentes o fines circunstanciales que respondan a las necesidades del país en cada momento; porque pensar que se podría vivir sin partidos es cosa tan absurda y vacía de sentido, como creer que gobernar no es hacer política.
Podría suceder, es muy posible que suceda, que la Asamblea Constituyente resuelva el problema de la forma de gobierno pronunciándose por la república.
Y bien, ¿podría terminar la Monarquía española de manera más legal, más pacífica, más honrada? ¿Podría nacer más legítimamente, ni con más fuerza moral, ni con más gloria y autoridad una nueva forma de gobierno en España?
República o Monarquía, lo que haya de regir los futuros destinos de la patria, es necesario que nazca en paz, con los prestigios máximos, con una fuerza moral capaz de imponer por su sola virtud el respeto a la ley, la subordinación al principio de autoridad y la conservación del orden público.
La verdad en su punto
Hay que restaurar la disciplina social para tener ciudadanos y la disciplina militar para tener Ejército. Es preciso que cada cual ocupe su puesto y que gobiernen la capacidad y la ciencia no la casualidad y la fortuna.
Se están presentando aquí y fuera de aquí, como éxitos de un régimen cuya superior calidad consiste en que gobierna sin libertad y sin responsabilidad, el aumento de la riqueza nacional, como si eso pudiera conseguirse por obra de milagro y no fuese la consecuencia obligada de una preparación anterior, seamos justos, y del enorme progreso de la ciencia y de la técnica, estimulado por la necesidad y el patriotismo durante el período de la guerra, que ha continuado en progresión creciente durante la paz, refluyendo sobre nosotros por la solidaridad universal; pero nadie dice que también hubo tiranías y dictaduras antes y después de la guerra donde no se han podido registrar tales prosperidades.
No es el bien particular, sino el común, el que engrandece a los pueblos. La historia y la experiencia atestiguan que sólo cuando hay libertad aumentan el poder y la riqueza de las naciones. Mucho interesa que se enriquezcan los españoles, no unos cuantos españoles, pero interesa más que se enriquezca España.
Hay que decidirse
No hablan por mi pluma la fantasía ni el partidismo: hablan el patriotismo y la experiencia.
Lo que haya en mis expresiones explícito u oculto, que pueda parecer hostilidad a personas representativas, no es odio, que no lo he sentido nunca, y menos ahora, al final de mi vida. Me anima el deseo de acertar y el propósito de trazar para mis amigos normas de conducta, adecuadas al momento presente.
O revolución o colaboración: es un dilema que a todos se nos impone. Yo no puedo temer ya los excesos de una violencia revolucionaria, pero ni los deseo ni los provoco; y me parecería demencia preferirlos mientras haya soluciones. Yo estaré con aquella que no me pida claudicaciones y mientras, sin cometerla, pueda servirla.
Pero si no se presenta ninguna solución que le devuelva a mi país la libertad de elegir entre República y Monarquía, yo tampoco la tendré para optar entre revolución y colaboración.
Acaso no pueda estar ya nunca personalmente donde la juventud española luche virilmente por la entera libertad del pueblo, pero donde quiera que se trabaje ahora o luego, por el triunfo de la República, allí estaré yo.
Alejandro Lerroux
(Folleto, A. H. M. B.)

Reacciones después de la sublevación de Valencia

Reacciones después de la sublevación de Valencia


A la Asamblea Nacional:
Los que suscriben, representantes de las distintas actividades del trabajo nacional, ajenos a toda política, al protestar de los pasados sucesos que tanto perjudican al prestigio nacional y tanto daño causan al interés público, se sienten obligados a expresar, con el mayor fervor, ante la Asamblea, al propio tiempo que su adhesión al Rey, el deseo de que perdure la paz moral y material de que se disfruta actualmente, tan necesaria para el bien de España y a la que tanto y tan eficazmente viene contribuyendo con su acertada gestión y dirección el actual Gobierno.
Palacio de la Asamblea Nacional, 31 de enero de 1929.—El Marqués de la Frontera.—Eduardo Murello.—José María Ibarra.—Enrique de Nárdiz.—Pedro Palacios.—José Juan Dómine.—José Huesca.—José Soto Reguera.—Miguel Llano.—Alfonso Sala.—Marcelino de Ruana.—Luis Bermejo.—El Marqués de Rogalejo.
(Asamblea Nacional, «Diario de Sesiones», 1928-1929, núm. 39 31 de enero 1929.)
EL SEÑOR PRESIDENTE: Los señores que han suscrito esta proposición me han manifestado que no la defendían por considerarlo innecesario. Yo, por mi parte, creo que lo que la Asamblea seguramente desea, después de haber oído esta proposición, es recoger y hacer suyo el eco de la conciencia popular española (Aplausos), para hacer la afirmación serena de adhesión a la Monarquía, de confianza en el Gobierno y de fe inquebrantable en el presente y en el porvenir (Grandes aplausos).
El señor Presidente del Consejo de Ministros tiene la palabra:
Si los aplausos con que la Asamblea subrayó ayer mi entrada en este salón engendraron la gratitud del Gobierno y la mía personal, la moción que acaba de ser leída y que la Cámara ha acogido con aclamación tan perfectamente interpretada por su digno Presidente, ha de acrecer en el Gobierno aquella gratitud y afirmar la confianza en sí mismo, fortalecida por la que la Asamblea deposita en él.
Realmente es consolador que, al final del tercer día del brevísimo período en que en el primer mes de 1929 se ha reunido la Asamblea para llevar adelante el desarrollo de su misión y de su labor, después de una discusión tan interesante de orden social como la que acabamos de oír, culmine el día de hoy con esta afirmación de patriotismo y ciudadanía por la representación y la expresión de toda España, y con esta acogida tan fervorosa.
Es para nosotros un motivo de fortalecimiento, como estoy seguro que ha de serlo de orgullo para los firmantes de esa proposición y para todos aquellos que la han dado la fuerza de sus aplausos; porque es un acto de ciudadanía deslindar bien los campos y presentarse ya de frente contra aquellos que, solapadamente y en las tinieblas, están perturbando la vida majestuosa de España, entenebreciendo de recelos la vida del pueblo, tan digno de vivir con tranquilidad y confianza (Aplausos) y, al mismo tiempo envenenando algo que nos es importantísimo: el espíritu de las instituciones militares, en las cuales ha de cimentarse la sociedad española (Aplausos). Es hora de proceder como hombres ciudadanos. Hemos de enorgullecemos de nuestra labor, y si alguna redención ha de tener, en su día, aquella política vieja es, precisamente, la de los hombres que, esquivando y despreciando todos los recelos y todas las críticas, han venido a compartir con nosotros la labor que España requería en estos días y en estos momentos históricos (Aplausos).
Yo pido a todos que, al separarse hoy por breve tiempo (breve tiempo que no será para ninguno un descanso ni una vacación, porque cada uno seguirá atento al cumplimiento de sus deberes), lo hagamos aún más orgullosos, más dignos de nosotros mismos que cuando nos congregamos, porque hemos dado al mundo un ejemplo, ya que no es en este hemiciclo, ni en las aldeas, ni en los pueblos, ni en las capitales españolas, es en el mundo entero donde se ha observado cómo la gloriosa España ha sabido salir en pocos días de una grave crisis con su serenidad y, sobre todo con la asistencia confiada de todos los españoles. (Muy bien. Aplausos).
Separémonos, pues, con la llama del cumplimiento de nuestros deberes aún más encendida en nuestros corazones; con la imagen de la matrona España aún más presente en la visión de nuestros ojos; con nuestras almas destilando las más dulces y sanas virtudes que el hombre puede poner al servicio del ideal, para rendir a España, para rendir al Rey, por lo que representa, y para rendirnos a nosotros mismos —porque somos los administradores de esos valores morales que decía el señor Presidente que se nos han confirmado y hemos de manejar dignamente— todos los testimonios de una conducta inquebrantable y de un afecto sin límites. (Grandes y prolongados aplausos. Vivas a España, al Rey y al Gobierno).
(Asamblea Nacional, «Diario de Sesiones», 1928-1929, núm. 39. 31 enero 1929.)

Se conceden al Gobierno facultades extraordinarias

Se conceden al Gobierno facultades extraordinarias

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SEÑOR: El Consejo de Ministros ha deliberado ante los graves acaecimientos de estos días a cuyo término feliz parece haberse llegado, pero que serían de fácil reproducción por la impunidad y excesivas garantías que rodean a los ciudadanos, cualesquiera que sean sus manifiestas opiniones y modo de proceder con relación al poder público; y como éste no lo ejerce un partido político, sino una Dictadura nacional que cree estar asistida del derecho de precaverse de ataques que la debiliten y distraigan de su misión, señaladamente cuando parten de los que ocupan puestos de carácter oficial u oficiosos, cuya morbosidad resulta multiplicada en razón a la posición que ostentan, propone a V. M. la concesión de facultades extraordinarias reservadas al Consejo de Ministros para la remoción y sustitución del personal en todos los centros oficiales o que funcionen con autorización oficial. Asimismo cree necesario el Gobierno contar en toda la prensa nacional con un espacio razonable para la difusión de sus advertencias y enseñanzas.
De otra parte, entiende conveniente dar carácter oficioso a la fuerte organización apolítica ciudadana cuya colaboración ha requerido y logrado en medida y calidad bien satisfactorias, encomendándola funciones complementarias de vigilancia e información sobre las de propaganda y cultura que ya viene desarrollando. Y también emplear de un modo más activo la prestigiosa institución del Somatén Nacional.
Todas estas medidas constituirían una nueva garantía de orden, paz y libertad de los buenos ciudadanos, que han sentido inquietada su existencia por la acción descocada de una minoría que con su audacia tiene sobresaltado el ánimo de los que quieren vivir tranquilos y contribuirán a descartar el peligro de que sus maniobras y propagandas induzcan a faltar al cumplimiento de sus deberes, a los que se dejan impresionar por esta clase de campañas, determinando la necesidad de que los Tribunales o el Gobierno impongan severos castigos, que éste quisiera evitar.
Los millones de mujeres y hombres que al Gobierno asisten con su fe y su opinión no son seres indocumentados, cretinos o viles aduladores, sino honrados y conscientes ciudadanos, con derecho a protección en su vida tranquila contra los que por pasión o porque aún no se han podido purificar de las lacras de la vieja política, que costó al país tantos quebrantos, movidos de ambición o de codicia, desplazados de posiciones que ño merecieron conservar, u ofuscados por doctrinarismos puros —éstos muy escasos—, constituyen un frente de poca extensión y número, pero con la unidad y divisa de subvertir a toda costa el orden de cosas existente. Menor sería la importancia de este núcleo, si entre él y los que fervorosamente ansian la paz y el progreso del país no existiera otro neutro, como inconsciente y fatalista, el que, acaso, más compromete en el resultado de estas pugnas, que jamás se ha sentido impulsado por el deber ciudadano y que cree cómodo y digno vivir con regodeo y mirar con buena cara a unos y a otros, jugando con dos barajas, sin considerar que las conductas ambiguas y falaces merecen el menosprecio general.
Por todo lo expuesto, se somete a la aprobación de V. M. las medidas articuladas en este proyecto de Decreto-ley, lo que no significa apartamiento ni diferimientos del firme propósito de preparar, con la colaboración de la Asamblea Nacional, toda la legislación precisa para que, conocida y aprobada en su día por S. M., sea sometida al referéndum popular y constituya, una vez debidamente promulgada, la cimentación de una España grande, que sin renunciar al derecho de plasmar en sus leyes fundamentales la tradición, lo característico y lo original, responda a los principios generales admitidos por los pueblos más cultos y adelantados, y sea interpretación fiel de los que, como garantía del individuo y la familia, señalamiento de sus deberes, inflexibilidad de la justicia y soberanía de la Nación, viven hoy arraigados de modo inconmovible en la conciencia universal.
Por las razones expuestas, y con el carácter temporal, aunque de duración ilimitada que el bien público aconseje, el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con éste, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto-ley.
Madrid, 3 de febrero de 1929.
Señor: A. L. R. P. de V. M. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.
Real Decreto-Ley
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros y de acuerdo con éste,
Vengo a decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El Consejo de Ministros podrá trasladar del lugar donde ejerzan sus destinos, declarar en situación de separados temporalmente del servicio público sin haber o con medio haber, según los casos, o eliminar definitivamente de los escalafones de las carreras del Estado, Provincia o Municipio a aquellos funcionarios que perteneciendo a ellas se compruebe gubernativamente que exteriorizan su enemiga al Régimen gobernante o de cualquier modo quebranten sus prestigios o entorpezcan su actuación.
Asimismo podrá separar de toda clase de organismos, entidades o asociaciones, que para su existencia requieran autorización gubernativa, a las personas que formen parte de sus Juntas de gobierno, administrativas o directivas, designando las que en régimen de interinidad hayan de sustituirlas.
De las sanciones que, con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, acuerde el Consejo de Ministros, sólo podrá recurrirse en súplica razonada ante el mismo Consejo en un plazo de ocho días, a partir de la notificación al interesado o de su publicación en la Gaceta.
Artículo 2.° A partir de la promulgación de este Decreto-ley, la autorización oficial para publicaciones de periódicos diarios o revistas de cualquier clase se entenderá condicionada a la obligación de publicar en lugar adecuado y gratuitamente las notas oficiosas que a juicio del Gobierno sea conveniente hacer llegar a conocimiento de todos los ciudadanos, siempre que la extensión de éstas no excedan, compuestas con el tipo corriente de cada periódico, de un espacio superior a la dieciseisava parte de su total extensión imprimible.
La nueva condición que se impone a los periódicos, no altera la absoluta soberanía económica y la libertad técnica de cada uno para utilizar el resto de su espacio disponible en la misma forma que lo vienen haciendo actualmente, ni presupone que diariamente haya de hacer el Gobierno uso del derecho que se reserva. Las notas oficiosas de publicación obligatoria han de ser autorizadas precisamente por el Presidente del Consejo, por un Ministro de S. M. o por el Presidente de la Asamblea Nacional.
Artículo 3.° La Agrupación Ciudadana Unión Patriótica, conservando su actual carácter y estructura, tendrá carácter oficioso y su organización se extenderá a crear Centros de investigación e información ciudadana, colaboradores de las Autoridades en cuanto pueda afectar al mantenimiento del orden público.
Artículo 4.° El Somatén Nacional acentuará la prestación de sus servicios dentro de la peculiaridad de su misión.
Artículo 5.° La Presidencia del Consejo y los demás Ministerios, respectivamente, dictarán las disposiciones complementarias para el desarrollo y cumplimiento de los preceptos de este Real Decreto-Ley.
Artículo 6.° Quedan en suspenso o derogadas, según los casos, las disposiciones que se opongan al cumplimiento de este Real Decreto.
Dado en Palacio a tres de febrero de 1929.
Alfonso.
El Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.


(«Gaceta de Madrid», 4 febrero 1929)

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La Libertad de enseñanza (1 mayo 1929)

Manifestaciones de Stresemann sobre el problema de las minorías

Manifestaciones de Stresemann sobre el problema de las minorías


En el rápido de Francia llegó esta mañana a las nueve el señor Stresemann, que permanecerá en San Sebastián hasta mañana por la mañana. Lo acompañan su esposa, el secretario de la presidencia, señor Punder; el jefe del Negociado de Prensa del Ministerio, señor Zechlin; dos secretarios, tres altos empleados, un criado y una cocinera, pues el señor Stresemann está a régimen a consecuencia de la enfermedad que sufrió últimamente.
En la estación fueron recibidos los viajeros por el cónsul alemán en San Sebastián, señor Rehman, representaciones del Gobierno español y el duque de Zaragoza. En el hotel Cristina descansó dos horas el señor Stresemann, y a las once y cuarto salió a pesar a pie por la ciudad, en tanto que su esposa recorría la población en «auto».
Stresemann se muestra admirado de San Sebastián, ciudad que visita por primera vez, y de la que ha dicho que tan bellísima ciudad es una excelente tarjeta de visita para el forastero. Añadió que conoce también la ejemplar administración de estas provincias.
Respecto a la reunión en Madrid, estima que no es prudente que el ministro alemán haga declaraciones previas, por ser Alemania uno de los países más interesados en el problema de las minorías. Si otras delegaciones han hecho ya manifestaciones en Madrid es porque no les afecta el asunto tan directamente.
Al indicarle que, sin embargo, el Sr. Zalewski ha hecho ya declaraciones a pesar de interesar el problema esencialmente a Polonia, se nos ha contestado que de todos modos la representación alemana no hará declaración alguna por tratarse de asunto que no sólo interesa a Alemania, sino a otros países de Europa, e incluso a España, cuyo punto de vista ignora Stresemann en lo que respecta a Cataluña y Vasconia.
De todos modos, el informe que presenta la Comisión de los Tres será rechazado por la delegación alemana, que lo considera nocivo para sus intereses por la parte que le afecta, especialmente en Polonia. El criterio alemán es que el problema no debe resolverse de modo circunstancial atendiendo una queja que se formule en un momento dado, sino que debe constituirse una especie de Tribunal permanente que resuelva cuantos problemas encierra el asunto en sus variadas manifestaciones, el más importante de los cuales es el que afecta a la enseñanza primaria.
Tiene grandes deseos Stresemann de visitar Barcelona y Sevilla, especialmente Sevilla; pero ignora si tendrá tiempo de hacerlo cuando termine la reunión de la Sociedad de Naciones.
Stresemann conferenció esta mañana telefónicamente con la cancillería alemana de Madrid.


(«La Voz» (Madrid), 6 junio 1929)

La cuestión de las minorías ante la Sociedad de Naciones

La cuestión de las minorías ante la Sociedad de Naciones


Hacíamos ayer una exposición sumaria, en vista de los documentos de la Sociedad de Naciones, de cómo ésta entendía el problema de las minorías nacionales y procuraba resolverlo. Lo consideramos necesario para situar imparcialmente la cuestión, como obligado antecedente de los comentarios que sucesivamente había de sugerirnos el asunto a medida que lo fuese tratando el Congreso reunido estos días en España. La S. de N., por los pactos internacionales, convenios y declaraciones subsiguientes a la guerra europea, se atrajo la salvaguardia de las minorías. Desde entonces ha ejercido una función informativa y conciliadora, y alguna vez ha provocado resoluciones jurídicas del Tribunal Permanente Internacional de La Haya. En su misión ha extremado el tacto para dejar siempre a salvo la soberanía de los Estados y sobreentendida la lealtad para éstos de las minorías que les fueron sometidas. Pero si hemos de rendir el debido tributo a la verdad, tenemos que declarar que las minorías tuteladas por la Sociedad de Naciones no han sido, generalmente, respetadas en sus derechos.
Son muchas las peticiones formuladas por minorías nacionales que han tenido que tramitar el Consejo de la S. de N.; las estudió el Comité de minorías, las informó el Consejo, se puso éste al habla con los Estados interesados, y, salvo contadas veces, fue escasa o nula la eficacia de la intervención de la S. de N. Los niños de minorías nacionales que carecían de escuelas en que se les administrase la enseñanza en su peculiar idioma continuaron sin escuelas. Los propietarios expugnados violentamente sin su propiedad se quedaron, o hubieron de atenerse a indemnizaciones sin importancia. A los colonos que arrojó de sus fincas una ley agraria, que casualmente hería de preferencia a las minorías nacionales, nadie los reintegró en sus fondos; cuando más, percibieron compensaciones mezquinas. Los gobiernos, expresión de las mayorías nacionales, han perseguido a la continua, espiritual y económicamente, a aquellas agrupaciones humanas que por la deliberación diplomática subsiguiente al conflicto bélico internacional resultaron, de la noche, a la mañana, transferidas a Estados distintos del suyo.
Esto ha sido consecuencia de la timidez de la Sociedad de Naciones. No ya por respeto a la soberanía de los estados, sino por huir ante el Estado fetiche la tramitación de las peticiones que formularon las minorías fue siempre premiosa. Además, prevaleció la norma de que los peticionarios no pudieran conocer las observaciones hechas por el Gobierno presunto desconocedor de los derechos de aquéllas, ni siquiera la marcha del proceso seguido por su reclamación. Ya en la sexta sesión de la Asamblea de la Liga de Naciones (14 de septiembre de 1925), el representante de Hungría, conde de Apponyi, reaccionaba contra aquel sistema diciendo que debía establecerse uno contradictorio, en el curso del cual los representantes de los peticionarios pudieran ser oídos constantemente. Pero se creyó entonces todavía que semejante procedimiento pondría en peligro la finalidad moral de los tratados de minorías. Y porque se ha seguido pensando lo mismo, los delegados de Alemania y el Canadá, señores Stresemann y Dandurand, pidieron recientemente, entre otras cosas, que se diera intervención a las minorías peticionarias en la gestión de sus asuntos. Y este es uno de los aspectos que abarca el dictamen del Comité de los Tres.
Y todavía se considera peligroso que se tenga por parte en la información ante el Comité de minorías de la Sociedad de Naciones a la minoría reclamante. El tiempo pasa en vano y las experiencias son baldías. Según el extracto conocido del informe de Los Tres, nada hay que tocar en el procedimiento que sigue la Sociedad de Naciones para conocer las peticiones de las minorías. Aun siendo la misión de aquélla solamente informativa y conciliadora, de prevalecer el dictamen resultará la información, en cada caso de minoría, unilateral, parcial a favor de los estados y en contra de las minorías. La conciliación, para las últimas, tendrá, por lo general, la significación de una esperanza perdida.
Se pedía la formación de un Comité permanente de minorías que vigile y controle el cumplimiento de las estipulaciones referentes a las minorías nacionales, y se rechaza, porque esto supondría volver a dar carácter político a una función que se ha querido reducir a la condición de informativa, y, a lo sumo, de jurídica. Pero se olvida que el segundo párrafo de la declaración contenida en los tratados de minorías reconoce a todos y cada uno de los miembros del Consejo de la Sociedad de Naciones el derecho de vigilancia y control de las obligaciones adquiridas por los gobiernos de pueblos con minorías. Y al designar un Comité permanente no se crearía, por tanto, ningún derecho, sino que se establecería un deber, verdadera salvaguardia de las minorías nacionales. Pero se aspira al «statu quo», y en este punto, como en los demás, el dictamen de los Tres se pronuncia por la denegación fácil.
No obstante, hay que resolver el problema de las minorías mediante fórmulas eficaces. Son muchos los millones de seres humanos que padecen de indefensión. Unos, a pesar de los tratados que deberían favorecerles; otros, sin que de ellos se acuerde nadie. Así va consumiéndoles el dolor a esas colectividades humanas de cuyo destino decidió la hora del triunfo en la guerra europea, sin que ni siquiera les amparase una cláusula en los tratados de paz.
A estos últimos se referían los señores Stresemann y Dandurand cuando en el sexto de los puntos de su propuesta hablaban de los compromisos de orden moral adquiridos por la Asamblea de Naciones. En efecto: en 1922, en la VI Comisión de la Asamblea, el delegado de Letonia habló ya de establecer un derecho de minorías sobre igual base para todos los estados, incluso los que no tienen tratado de minorías ante la Sociedad de Naciones. Y la Asamblea se limitó a votar esta declaración: «La Asamblea expresa su esperanza de que los estados que no están ligados con la Sociedad de Naciones por ninguna obligación legal en lo que atañe a las minorías, observarán, sin embargo, en lo que afecta a sus minorías de raza, de religión o de lengua, al menos el mismo grado de justicia y tolerancia que se exige por los tratados y según la acción permanente del Consejo.» Pues bien: ese voto está incumplido. Hay minorías en pueblos con puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones perseguidas implacablemente. ¡Qué ancha perspectiva ofrece esta realidad a la malicia!
Declaremos que la lectura del extracto del dictamen del Comité de los Tres ha producido gran depresión en nuestro espíritu liberal. Pero los acaecimientos pueden ofrecernos una halagadora rectificación, y en ella basamos nuestra esperanza. El Comité del Consejo puede rectificar. Acaso llegue todavía a tiempo un refuerzo —el delegado laborista inglés— para los partidarios de que se resuelva el asunto de las minorías garantizándoles el respeto para su lengua, sus tradiciones y su religión. O, cuando menos, confiemos en que antes de resolver siguiendo la línea de menor resistencia, que es dejar las cosas como están, se aplace el acuerdo hasta que haya sido madura y liberalmente estudiado el problema.


(«La Voz» (Madrid), 6 junio 1929)

Una nota oficiosa, una rectificación y una aclaración

Una nota oficiosa, una rectificación y una aclaración


En la Oficina de Información y Censura dieron esta madrugada la siguiente nota:
«En «La Voz» de anoche, y sin duda por lamentable inadvertencia de la censura, ha podido publicarse una declaración atribuida al señor Stresemann en San Sebastián, en la cual el ministro de Asuntos Exteriores aparece envolviendo o involucrando en el problema de minorías pendiente de deliberación en el Consejo de la Sociedad de Naciones, reunido en Madrid, a las provincias españolas de Cataluña y Vascongadas.
Estamos tan seguros del talento y discreción del Sr. Stresemann, que nos atrevemos a afirmar que no ha podido confundir el problema del régimen aplicable a las minorías afectadas a nuevas soberanías, como consecuencia de los Tratados que pusieron fin a la gran guerra, con el caso de España, donde en absoluto no existe tal problema por ser firme, arraigada e inconmovible la unidad nacional desde hace cuatro siglos, aunque el origen de ella haya sido la fusión de pueblos, reinos o naciones que en su día fueron más o menos transitoriamente independientes.»


(«La Voz» (Madrid), 8 junio 1929)

Declaración de los catalanes

Declaración de los catalanes


El incidente suscitado por el general Primo de Rivera a consecuencia de las alusiones del doctor Stresemann a la opinión que el Gobierno español sostiene sobre los problemas de Cataluña y él País Vasco, exige de los catalanes una declaración clara sobre el estado de Cataluña y sobre su voluntad de obtener el pleno reconocimiento y las garantías de la personalidad catalana.
El tono excesivamente vivo y exagerado de la nota del Gobierno español no es más que una prueba oficial más de que Cataluña es el punto neurálgico de España. Demuestra además que, a pesar de todas las contradicciones del Gobierno actual y de su diplomacia, la cuestión catalana sigue siendo para él una preocupación constante.
Siete siglos de independencia, dos siglos de libertad, interrumpidos por dos guerras de separación, dentro de un conjunto de estados que tenían el mismo soberano; finalmente, dos siglos de sujeción, como consecuencia de una conquista militar. He aquí el resumen de las relaciones políticas entre España y Cataluña. El problema de Cataluña —creado internacionalmente por el tratado de Utrecht— subsistirá, pues, mientras no se reconozcan y garanticen los derechos de los catalanes.
La política de asimilación aplicada a Cataluña en diferentes épocas e intensificada por la Dictadura desde hace casi seis años, ha fracasado siempre.
En estos últimos años, además de la supresión general del sufragio y de las garantías de los derechos individuales del ciudadano, se ha prohibido, amenazando con fuertes sanciones, la exhibición de la bandera catalana; la Mancomunidad (Consejo Administrativo de Cataluña) ha sido disuelta; se ha limitado el uso de la lengua catalana, incluso en los actos religiosos, y se ha prohibido en la enseñanza pública y privada en todos sus grados; se han suspendido periódicos, se han clausurado asociaciones y otras han sido intervenidas por el Gobierno; los patriotas han sido perseguidos, y otros han sido juzgados y condenados irregularmente por consejos de guerra; pero el Pueblo Catalán ha sufrido todos estos atentados sin que disminuyan ninguna de sus características nacionales.
Ante estas persecuciones y ante la negación obstinada por parte del Gobierno español, no sólo de los derechos de Cataluña, sino también de su personalidad, los catalanes se ven obligados a declarar:
Que la cuestión catalana subsiste, considerablemente agravada. Que los catalanes reclaman la garantía de los derechos civiles generales, suprimidos por la Dictadura.
Que Cataluña necesita el reconocimiento de sus derechos con amplias garantías que permitan el libe desenvolvimiento de su personalidad en todas sus manifestaciones.
Que mientras no esté reglamentada, la cuestión catalana será para España causa inevitable de agitación y de inquietud, al mismo tiempo que un foco eventual de conflictos que, dada la situación geográfica de Cataluña, podrían tener una importancia internacional.
Consciente de su derecho y decidido, como lo ha demostrado abundantes veces, de obtener su reconocimiento por las vías legales, Cataluña presentó en 1924 una petición a la S. de N. Los catalanes conocen perfectamente las limitaciones actuales del derecho de las minorías; pero creen que los principios-jurídicos y políticos que constituyen la base de este derecho no tendrán eficacia real hasta que no sean, en un término más o menos largo, establecidos por la S. de N. con un carácter general que obligue a todos sus miembros.Sería trágicamente decepcionante para todos cuantos tienen fe en la misión de paz y de justicia de la S. de N., que su protección a los catalanes fuese siempre rehusada y que, contrariando sus deseos, Cataluña no encontrase para la defensa de sus derechos más que los caminos aconsejados por la desesperanza.
Barcelona, 13 de junio de 1929.


(Cf. PERUCHO, Artur: Catalunya sota la Dictadura, páginas 245-247.)

Constitución partidista

Constitución partidista


No nos asombra que «El Debate» oponga serios reparos al anteproyecto de Constitución. No hemos escrito tal cosa. Por mucha que sea la parcialidad política del colega, el resto de juicio objetivo que todavía conserva, forzosamente había de conmoverse ante los absurdos de la reforma propuesta. «El Debate» no comprende, al parecer, el apoyo que recibimos con sus opiniones acerca del anteproyecto. Ahora podemos decir: ni siquiera a «El Debate» le parece bien. El hace el papel de colmo. Examinando y rechazando la reforma desde su especial punto de vista, tan opuesto al nuestro, nos sirve de confirmación para afirmar que no hay por donde coger el anteproyecto, míresele por donde se le mire. Lo que nos asombra es que formando el Consejo del Reino gente de la particular predilección y respeto de «El Debate» (obispos, arzobispos, aristócratas, generales), el colega vea en tal institución un posible foco de bajas intrigas, un posible juguete de voluntades poderosas. Presunciones tales quedan para nosotros, los demagogos, que no reconocemos —según nos dicen algunas veces— categorías sociales, ni respetamos las jerarquías de la Iglesia, del Ejército, de la sociedad.
Tampoco es cierto que hablásemos del excesivo predominio de esas categorías sociales en las Cortes. Nos referíamos, más bien, al Consejo del Reino, donde nadie puede sentarse —sea por derecho propio, sea por nombramiento real, sea por elección— que no pertenezca a una de esas categorías. En las Cortes del anteproyecto forman con otras representaciones. Pero en el Consejo del Reino no hay más que altos funcionarios de la Justicia, de la Administración, altos dignatarios de la Iglesia, aristócratas cuyo único título es el de poseer cien mil pesetas de renta, generales, almirantes, junto con algunos académicos y catedráticos. Y como ese Consejo del Reino tiene las facultades extraordinarias sobre el Poder ejecutivo, el judicial, el legislativo y aun cerca del moderador, que «El Debate» ha criticado acertadamente, resulta que el Estado español estaría regido de hecho por toda esa aristocracia del clero, de la milicia, de los funcionarios. Y ni siquiera su alta posición sería, según «El Debate», garantía de imparcialidad e independencia; tan encumbrados personajes podrían ser —según textos del colega— juguetes del Poder real o de los gobiernos de una camarilla.
Recordemos nuevamente algunas de las funciones del Consejo del Reino:
Conocer de los recursos por inconstitucionalidad o ilegalidad de las leyes, reglamentos y disposiciones generales. Juzgar a los ministros, a los magistrados del Supremo. Resolver sobre la validez de la elección de los diputados. Rechazar leyes votadas por el Parlamento. Autorizar la promulgación de decretos-leyes que las Cortes no han querido o no han podido aprobar.
En primer lugar habría que considerar si el cargo de obispo o de general o de grande de España, con cien mil pesetas de renta, da capacidad para entender de tan varias y hondas cuestiones. En segundo lugar, tendríamos que examinar si es conveniente para la autoridad y crédito, por ejemplo, de un arzobispo, entender en la validez de un acta del diputado.
Apuntados estos reparos queda el fundamental. Una Constitución es la norma para la convivencia política de toda una nación. Según nuestra opinión, según la opinión general, la Constitución proyectada no permite que «se desarrollen y actúen libremente —escogemos palabras de «A B C»— en una legalidad común todas las fuerzas políticas». Bastaría señalar que son los altos dignatarios de la Iglesia, del Ejército, los grandes aristócratas, los altos funcionarios quienes asesoran al Rey en el nombramiento del jefe de Gobierno. ¿Le aconsejarán de buen grado el nombramiento de un político no ya socialista, sino simplemente liberal? Sin presumir, como «El Debate», que el Consejo del Reino se convierta en una camarilla, podemos contestar que no. Un eclesiástico se negará siempre —y si no renegaría de sus ideas— a admitir y aconsejar una política liberal. Un aristócrata se negará siempre —y si no renegaría de sus cien mil pesetas de renta— a admitir y aconsejar un Gobierno laborista, aun el que hoy rige los destinos de la monarquía inglesa. Y como no bastaría que una cierta política triunfase electoralmente, por la sencilla razón de que al Gobierno no le afectan para nada las aprobaciones o desaprobaciones de la Cámara, ni sus votos de confianza o desconfianza, el Consejo del Reino puede aconsejar al Rey el nombramiento de cualquier presidente del Consejo.
Pero aun suponiendo que el Poder moderador nombre su primer ministro de conformidad con la opinión pública, aún le quedan al Consejo del Reino facultades bastantes para hacer imposible la vida de un Gobierno. Puede rechazar las leyes votadas en Cortes, exigiendo un nuevo examen. Puede también derogarlas radicalmente —y derogar asimismo las disposiciones del Poder ejecutivo, declarando su inconstitucionalidad o ilegalidad. Para ello se prestaría muy bien la Constitución si se aprobase el anteproyecto en su forma actual. Todos los comentaristas coinciden en que se han introducido en el anteproyecto materiales que son propios de legislación especial y no de una Constitución, que debe reducirse a un molde, una forma, que permita los más varios contenidos. El anteproyecto convierte en principio constitucional lo que en realidad es materia de ley. Incluso está en la Constitución —y lo subrayamos para confirmar nuestro aserto— la autorización para crear monopolios. De esta manera queda determinado de antemano no sólo la estructura política de la nación, sino el espíritu de buena parte de la legislación futura. En ciertos aspectos, la Constitución proyectada obliga a que las leyes, sobre muchas y diversas materias, caminen en cierta dirección. Tantos son los principios constitucionales inmutables, que una política progresiva y reformadora tropezaría de frente con ellos, o al menos los rozaría. Entonces el recurso de inconstitucionalidad daría más de una ocasión al Consejo del Reino para anular la obra de unas Cortes y de un Gobierno.
La prolijidad del anteproyecto no es un vano afán de teóricos, como algunos han dicho inocentemente. Es el resultado de llevar ya una política a la misma Constitución. Es el procedimiento empleado para que no sea posible el desarrollo de todas las políticas y de todas las fuerzas políticas. Tal como están definidos los principios constitucionales, constituido el Consejo del Reino, organismo interventor de toda la vida política, y anulada la soberanía nacional, sería posible que únicamente ciertos partidos disfruten del Poder, que únicamente se dicten ciertas leyes, ya predeterminadas en el anteproyecto. La nueva Constitución no sería una Constitución nacional, sino una Constitución partidista.


(«El Sol» (Madrid), 19 julio 1929)

Real Decreto-Ley ampliando la Asamblea Nacional

Real Decreto-Ley ampliando la Asamblea Nacional


SEÑOR: Al entrar en el tercer año de su vida la Asamblea Nacional, creada por Real Decreto de 12 de septiembre de 1927, iniciará el período más importante y difícil de su obra, que nadie con razón podrá motejar de infecunda si examina cuidadosamente y con imparcialidad la labor desarrollada por las Secciones y el Pleno.
Al año o legislatura por vivir corresponde el examen y discusión del proyecto de Constitución nacional, cuya redacción encomendó el Gobierno a la sección primera de la Asamblea, para en día, y mediante la toma en consideración por el Gobierno, someterlo a discusión plenaria. Tal momento se aproxima, y aunque el Gobierno ha comprobado día por día la independencia de juicio y el volumen de capacidad de la Asamblea, deseoso del mayor acierto al acometer la reforma constitucional, y queriendo extender los asesoramientos y requerirlos hasta origen que se presume marcadamente hostil, propone a V. E. ampliar la Asamblea con cuarenta y nueve miembros de libre elección por los Centros y Asociaciones cuya competencia técnica o actividad política o representativa sea más notoria.
Parece oportuno el momento de que el Gobierno fundamente ante V. M. los motivos que le impulsan a proponer un cambio de Constitución y el procedimiento elegido y previsto para su estudio, discusión e implantación.
La Constitución de 1876, con más de medio siglo de vigencia, ha demostrado ser insuficiente para jalonar el camino de los deberes y derechos de los ciudadanos, sorteando el riesgo de confusiones que han conducido al país con excesiva frecuencia a vivir horas inquietantes como resultado de continuas crisis y de la impotencia del Estado y de su gerente, el Gobierno. Nació precisamente la Dictadura para reincorporar al Gobierno sus notas sustanciales de autoridad y poder, que por un proceso de lentitud inexplicable había perdido. Es preciso que el régimen que lo sustituya logré mantener efectivo ese poder y esa autoridad, sin que la vida del Estado derivara por cauces anárquicos; y es pensamiento fuertemente sentido por el Gobierno que presido, que su heredero pueda hacer efectiva ostentación de tales atributos. Si así no fuese, la Dictadura sería un interesante accidente de nuestra historia política, mas no una obra de fecunda repercusión sobre el porvenir. Es, por tanto, preciso que queden firmemente asentados los sillares de la nueva y más esencial organización política del Estado; y el Gobierno sabe perfectamente que en el bueno y práctico ordenamiento político de los pueblos juega un gran número de causas: la disciplina colectiva, el patriotismo, la existencia de una opinión pública, el sentido político, los estadistas, las leyes...
Se ha entregado a la pública discusión el proyecto que cuidadosamente ha elaborado la sección primera de la Asamblea. No es obra del Gobierno, ni el Gobierno se ha pronunciado aún definitivamente sobre él. En estos momentos importantes para la construcción de futura vida jurídica del país, la Dictadura, por encima de todas las opiniones parciales, cree servir al país y al Rey, situándose en el justo medio donde se cruzan las tendencias más encontradas y opuestas; y el Gobierno, como supremo gestor del interés nacional, estima que en el epílogo de la obra de la Dictadura pueden y deben de colaborar todos aquellos que por sus conocimientos sean capaces de aportar ideas y experiencias que avaloren la obra que se ha de realizar.
SEÑOR: El Gobierno de V. M. propone la ampliación de la Asamblea con un número de puestos corporativos y otro de puestos por derecho propio. Llama a los primeros en razón a que la futura estructuración jurídica de España ha de diferenciarse sustancialmente —sea la que quiera la fórmula que se adopte— de las anteriores leyes fundamentales del Estado en el otorgamiento de una mayor participación a las Corporaciones en la vida parlamentaria de España y en el ensanchamiento del concepto de Corporaciones, reputando tales a entidades que, hasta ahora, no habían intervenido directamente en la elaboración de las leyes.
Llama, además, a su seno a los ex-Presidentes del Consejo de Ministros, de las Cámaras y del Consejo de Estado, Son los directores de la política anterior al 13 de septiembre de 1923. La Dictadura, que ha fustigado su obra de Gobierno, los llama, sin embargo, por creer firmemente que esta invitación no es una claudicación ni para el régimen gobernante ni para los políticos del derrocado. Es la compresión perfecta del momento, consecuencia del emplazamiento de este Gobierno por encima de todo lo que sean visiones unilaterales, que le determina a reunir a hombres del pasado y del presente para que mediten y trabajen unidos sobre la ordenación jurídica que ha de regir el porvenir político de su Patria; hombres del régimen antiguo, verdaderas capacidades muchos de ellos, que, sin embargo, y a fuer de leales consigo mismos, han de reconocerse como testigos vivos que fueron, las primeras víctimas de un sistema dentro del cual naufragaron los Gobiernos como depositarios del Poder y la Autoridad.
Al traer a V. M. la propuesta de ampliación de la Asamblea Nacional, el Gobierno de mi presidencia hace explícita declaración de que su ánimo no cobija, en cuanto a las ideas cardinales del problema constitucional, nada que no sea firmemente respetuoso para con los derechos naturales respecto de la parte dogmática, y para la soberanía popular en lo pertinente a la aprobación de la ley fundamental que con la de V. M. ha de llevarse a cabo; por ello el procedimiento elegido y que a su tiempo será propuesto a V. M. es el más sincero y el más democrático: el plebiscito, que parece ideado para casos como el presente, en que se quieren recoger uno por uno todos los votos del pueblo. Cuando en éste la revolución interrumpe su vida política —lo que no puede acaecer más que cuando ella se ha hecho execrable al juicio general— tras un período dictatorial encaminado a regenerarla, ejercido con rigor proporcionado a las resistencias opuestas que en los seis años transcurridos han sido mínimas —pues el país no ha cesado de aclamar la Dictadura, dándola con ello máximas fuerzas y autoridad— se hace preciso cimentar, anclar, la nueva vida política sobre la base más sólida y más amplia, que es la propia voluntad popular, origen de la soberanía nacional, desechando y repudiando todo enlace y articulación con el sistema derrocado, que si hubiera sido bueno, regular siquiera, no le habría faltado tan en absoluto el amparo y el calor del pueblo, y que por malo e infeccioso no es posible conservar ni en parte, sin correr el riesgo de que transmita sus lacras al nuevo sistema, que debe nacer puro y sin mácula.
El Gobierno entiende que procediendo como propone a V. M. sirve al país y a la Corona y abre una puerta por donde dignamente puedan entrar a hacerse oír del pueblo y del Gobierno aquellos que se dicen amordazados, aunque la realidad es que en España se goza, y así lo dicen muchos extraños contra contado número de los propios, un régimen de tolerancia y libertad que quisieran para sí pueblos que presumen de monopolizar las escuelas democráticas.
Tales son las consideraciones y motivos fundamentales que el Presidente que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha creído en el caso de exponer a V. M. al someter a su Regia sanción el siguiente proyecto de Decreto-ley.
Madrid, 26 de julio de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
Real Decreto-Ley
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La Asamblea Nacional creada por Real decreto-ley de 12 de septiembre de 1927 se entiende ampliada en el número de cuarenta y nueve puestos.
El total de dicho número se dividirá en dos clases: Asambleístas por derecho propio, en número de ocho, y Asambleístas por representación, en número de cuarenta y uno.
Artículo 2.° Se considerarán Asambleístas por derecho propio a partir de la publicación de este decreto-ley los ex-Presidentes del Consejo de Ministros, de las Cámaras y del Consejo de Estado.
Artículo 3.° Las entidades con derecho a obtener la representación en los puestos de esta clase que se crean en este decreto-ley son las siguientes, con expresión de los representantes que a cada una corresponden:
a) La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tres.
b) La Real Academia de la Lengua, uno.
c) La Real Academia de la Historia, uno.
d) La Real Academia de Bellas Artes, uno.
e) La Real Academia de Ciencias, uno.
f) La Real Academia de Medicina, uno.
g) Las Universidades, once, uno por cada Universidad.
h) Los Colegios de Doctores de Madrid y Barcelona, dos, uno por Colegio.
i) La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, tres.
j) Los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona, seis, tres por Colegio.
k) La Unión General de Trabajadores, cinco.
1) Los Sindicatos Obreros Libres, dos.
m) Los Sindicatos Obreros Católicos, dos.
n) La Asociación pro-Sociedad de Naciones, uno.
c) La Asociación de Derecho Internacional, uno.
Artículo 4.° Las entidades relacionadas en el precedente artículo designarán libremente sus representantes conforme a sus normas estatutarias, poniéndolo en conocimiento de la Asamblea Nacional, que comunicará el resultado de las elecciones a la Presidencia del Consejo de Ministros antes del 15 de septiembre próximo.
Artículo 5.º La Presidencia del Consejo de Ministros, con conocimiento de las representaciones a que se refiere el artículo 3.°, procederá de Real orden a la designación nominal de estos Asambleístas creados conforme al presente decreto-ley, la cual Real orden bastará a los interesados para acreditar su calidad después de comprobada la personalidad de los mismos.
Artículo 6.° No será causa de incapacidad para los Asambleístas a que este decreto-ley se refiere el haber sufrido condena cuando fuere por delitos políticos.
Artículo 7.° Los Asambleístas objeto de esta Soberana disposición gozarán de los derechos, facultades y preeminencias que establecen el Real decreto-ley de 12 de septiembre de 1927 y el Reglamento de la Asamblea Nacional de 7 de diciembre de 1928.
Artículo adicional. El Real decreto-ley de 12 de septiembre de 1927 y el Reglamento definitivo de la Asamblea Nacional de 7 de diciembre de 1928, se entenderán modificados en cuanto fuere menester para la absoluta vigencia de lo preceptuado en los artículos anteriores.
Dado en Palacio a veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve.
Alfonso
El Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja


(«Gaceta de Madrid», 30 julio 1929) 

R. D. derogando el artículo 53 de la Ley Universitaria

R. D. derogando el artículo 53 de la Ley Universitaria

1929universidad
Protestas estudiantiles contra la suspensión de Para el cielo y los altares de Jacinto Benavente (17 marzo 1929)

.Señor: Según previene el Real decreto-ley de 19 de mayo de 1928, que reformó los estudios universitarios, corresponde al Ministerio de Instrucción pública la aprobación de cuanto las distintas Facultades propongan respecto a la forma de efectuarse los exámenes y pruebas de curso, previo informe del Consejo de Instrucción pública, que no tardará en evacuarlo.
Parece propicio el momento para prescindir en dicha Soberana disposición de un artículo, inspirado en una enmienda presentada al proyecto en la Asamblea Nacional que establece un modesto ensayo de protección a la enseñanza privada de grado universitario.
No reglamentada aún en nuestra Patria la referida enseñanza, es conveniente esperar hasta el día en que se estime oportuno proceder a su total ordenación, cual hicieron ya otros países, para resolver lo que entonces convenga respecto al citado precepto.
Por tales motivos, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de proponer a la aprobación y firma de V. M. el adjunto proyecto de Decreto. . Madrid, 21 de septiembre de 1929.
Señor:
A L.R.P. de V.M., Eduardo Callejo de la Cuesta
Real Decreto
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propuesta del de Instrucción pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar quede derogado el artículo 53 del Real decreto-ley de 19 de mayo de 1928.
Dado en Palacio a veintiuno de septiembre de mil novecientos veintinueve.
Alfonso
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Eduardo Callejo de la Cuesta


(«Gaceta de Madrid», 24 septiembre 1929)

Los partidos políticos se reorganizan

Los partidos políticos se reorganizan

Señores asambleístas, ciudadanos, amigos y queridos correligionarios: Espero que no se haya atrofiado en mí, a pesar de tan prolongado silencio y forzada incomunicación, la facultad de conversar con vosotros públicamente como en mejores días. Sin embargo, quiero preveniros contra la eventual y probable presentación de la afonía que en los últimos tiempos solía atajarme en el comienzo de mis discursos, manifestaciones de una dolencia a la que ha podido sobreponerse mi voluntad en cuanto han entrado en vibración las energías de mi garganta y he domesticado mi artitrismo. Con voz más allá o con más modesta voz, yo procuraré y conseguiré restablecer nuestra comunicación.

El Partido Radical en pie
El Partido Republicano Radical Español, del cual vosotros, en Barcelona, sois autorizada y gloriosa representación, está otra vez en pie. No se había tumbado en el banco de la resignación ni había desertado de su deber, pero las circunstancias no le habían permitido actuar libremente, legalmente, en la vida pública al servicio del pueblo y de sus ideales. Lo intentó inútilmente en varias ocasiones. El poder dictatorial se lo impidió reiteradamente.
Lo que nadie ha podido impedir es que la conciencia individual y colectiva hayan pensado y creído que ningún régimen nace predestinado a la eternidad, que el ejercicio del poder gasta prestigios y consume hombres, que las dictaduras cesan cuando los pueblos reclaman los derechos de la mayor edad y que no es absurdo suponer que pueden advenir circunstancias y presentarse problemas cuya solución reclame el concurso activo de todos los ciudadanos.
El problema presente, que debe desvelar a todos los españoles, no es un problema de partido ni de clases: es un problema intensamente nacional .
No lo resolverá un hombre, ni varios hombres constituidos en oligarquía, ni muchos hombres formando un partido con un programa doctrinal. O lo resuelve el país entero en un impulso de participación nacional o se resolverá por la catástrofe.
Y es deber de las colectividades políticas todavía existentes, porque tienen un ideal que no ha gobernado y una responsabilidad que radica en su programa y en su disciplina, prepararse para ese impulso nacional, vigorizando, por la renovación de sus órganos, su personalidad y haciendo acto de presencia.
Por eso y para eso digo que el Partido Republicano Radical está otra vez en pie.

Las grandes preocupaciones
No os preocupan solamente, harto lo sé, los problemas locales, ni solamente los nacionales con ser tan hondos. Nuestro partido ha tenido siempre viva y despierta su sensibilidad para los problemas internacionales. Por eso fue enemigo de la política de aislamiento y de neutralidad.
Ningún pueblo puede hoy actuar considerándose sin obligaciones ni interdependencias con los demás pueblos. Propéndese a hacer de toda la Humanidad una sola familia. El ideal remoto de la paz universal ha salido de la órbita de las utopías y se aproxima lentamente, por etapas, a la realidad. Manifestaciones de los hombres ilustres que lo impulsan al frente de sus pueblos, hacen creer, no soñar como antes, que estamos en el buen camino. Se tardará, se tropezará, se descarrilará; tal vez se ensangriente de nuevo la tierra como en la espantosa contienda que comenzó en 1914, pero se llegará a una inteligencia, a un ensayo de unión aduanera primero, a una federación internacional de intereses económicos después, por fin a la unión de los Estados de Europa.
No son éstos, vaticinios de soñadores que militan en las extremas izquierdas, sino conceptos bien razonados de inteligencias superiores que ya se han empezado a traducir en actos por las naciones que hicieron la guerra mundial.
La democracia española no puede sustraerse a estas generosas preocupaciones, pero para estar en condiciones de concurrir con España a la obra de los pueblos, de un modo que no sea meramente platónico, es necesario que entre los pueblos no haya obstáculos irreductibles, que sus Gobiernos se inspiren en los pueblos y que éstos actúen en función de opinión pública, que tiene sus organismos adecuados.
Preparar estos organismos es sentir hondamente las inquietudes de una previsión patriótica.

Funciones de la Asamblea
Y por eso escamo aquí. Yo no soy partidario de estimular las actividades de las masas excitando su vanidad.
Ninguna región debe arrogarse dirección o hegemonía sobre sus hermanas e iguales, pero es evidente que unas tienen para los problemas políticos mayor sensibilidad o mejor disposición que otras. Y este es el caso de Cataluña. Su situación geográfica, la iniciativa de sus hombres, el desenvolvimiento industrial han planteado aquí problemas de todas clases que han despertado el espíritu público y han producido las luchas políticas y económicas más apasionadas, pero a la vez más aleccionadoras. De esas luchas han resultado organizadas las fuerzas políticas que mejor responden a las aspiraciones locales y han definido mejor sus programas. Pero la forzada inercia de seis años ha producido la anquilosis de los organismos que a la hora presente viven de aquellos elementos primarios en que llegaron a sumarse los intereses políticos, económicos y sociales: para el partido Radical, sus Centros de gloriosa historia, baluartes de su firmeza y su heroísmo.
Hoy se juntan para una obra de reorganización renovadora. Llaman a sus amigos de siempre y se ponen de pie, en actitud interrogadora, para tratar de saber, por el camino de los hechos, si es posible que los pueblos vivan indefinidamente en la esclavitud del silencio sin poder declarar públicamente su pensamiento, por si ha llegado la hora de optar entre sumergirse, como los primitivos cristianos, en las catacumbas, para morir abrazados a la cruz de los ideales, o esperarlo todo del mesianismo, de la catástrofe, del hombre providencial que, aquí como allí, estará amenazado siempre por el atentado que... (La imponente ovación que estalla en la sala ahoga las últimas palabras del orador.)
Queremos, al reanudar nuestras actividades públicas, ponernos en las condiciones orgánicas que aseguren la eficacia de nuestra vida democrática, en presencia del problema nacional que está planteado. Para eso se reúne esta Asamblea, convocada por la representación de los Centros Radicales, células de nuestro partido local que han sobrevivido a todos los desastres internos y externos, demostrando así la permanente razón de existencia del PARTIDO REPUBLICANO RADICAL.
Sobre la base de una ponencia que se ha publicado, habréis de elaborar vuestra constitución municipal nueva, dentro del programa del partido, cuya revisión corresponde a una Asamblea Nacional, que habrá de celebrarse en su día.
Soberanos sois para adoptar resoluciones en la órbita de vuestra competencia. No haréis poco si, levantando el corazón sobre realidades subalternas y elevando el pensamiento a las que merecéis vivir, halláis la luz que nos oriente a todos en las confusiones y oscuridades presentes para encontrar las soluciones que respondan mejor a los ideales de amor a la República, a España y a Barcelona.

Cordialidad y tolerancia
Poned aparte y olvidad, si es posible, las querellas personales que surgen inevitablemente en el seno de las organizaciones y que, cuando se hacen irreductibles, siembran la discordia, producen la impotencia y acusan la decadencia de los partidos.
Culpas y culpables hay en nuestra colectividad, como en todas. Purgados están. No es poca penitencia este ostracismo de seis años, este silencio, estos sacrificios que se han impuesto los Centros del partido para hacerse superiores a todas las contrariedades.
Cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los ausentes que tienen aquí el pensamiento y el corazón, tendremos que reconocer culpas y errores propios, pero el partido, la colectividad que ha mantenido esos Centros, que ha preparado las grandezas que hoy vive Barcelona, y que ha mantenido en Cataluña el amor a España y en España el amor a Cataluña, el partido puede ostentarse inmaculado, sereno, con su séquito de héroes y de mártires, de escuelas y cooperativas, de triunfos y de derrotas, pisando siempre el camino áspero del deber y el sacrificio, ceñida la frente de los laureles de la gloria.
En esos estandartes que decoran como antaño este local vive el símbolo de nuestros ideales y la espiritualidad de nuestras gestas. Pero vive, también, con el título simbólico de tantas sociedades nuestras, la aspiración latente a una efectiva fraternidad democrática, porque sin cordialidad y tolerancia no hubiéramos podido ser fuertes.
Pues esa cordialidad y esa tolerancia, que forman aureola material sobre la cabeza encanecida de tantos amigos aquí presentes, ha de campear en las discusiones de esta Asamblea.
En vosotros y en mí mismo veo huellas de los sacrificios pasados, pero también el propósito firme de perseverar, por encima de las circunstancias, hasta que llegada la hora del triunfo, asumáis en Barcelona la misión excelsa que habéis de desempeñar; y sobre esto habré de deciros algunas palabras.

Hacia la unidad de acción
Con más o menos celeridad caminamos hacia la unidad para la acción y elemento principal en ella ha de ser la democracia republicana
organizada.
A veces se producen incidentes que, aun teniendo en sí mismos escasa importancia, paralizan y detienen ese movimiento entre los republicanos. Lejos de mi pensamiento todo propósito de acusación en estas circunstancias; más lejos aún de mi corazón todo sentimiento de discordia con nuestros correligionarios y afines. Los que no piensan o no proceden como nosotros se equivocan o aciertan, pero no tenemos derecho ni motivo para creer o decir que actúan de mala fe. Adoptan la postura que creen más eficaz para el logro de sus
aspiraciones.
Sin embargo, si me excediera formulando acusaciones, no sería sincero si ocultase que esos errores de táctica han producido en casos de campañas guerreras grandes catástrofes. Lo que no es un delito, ni una falta, puede ser, sin embargo, en casos como el nuestro, una causa de graves responsabilidades.
La unidad de acción ante el que he llamado por antonomasia problema nacional, y como su condición indispensable la alianza o una forma de inteligencia entre todos los republicanos, que les subordine o discipline al propósito de hacer triunfar la forma de gobierno de la Democracia pura, es tan necesaria que sin ella trabajaremos en estéril como dicen los mineros o estaremos haciendo una comedia para conservar personalidad, banderías y jefaturas personales. Todo, menos trabajar por la República y por la patria.
El partido Republicano Radical no abate su bandera, ni renuncia a su programa, pero está siempre dispuesto a todo sacrificio que posibilite o acelere esa «unidad para la acción».

Nuestro programa
No pretendemos autoridad ni hegemonía sobre las otras fracciones de la Democracia española, ni nos oponemos a la existencia u organización de otros partidos que puedan nacer a disciplinar la gran masa de ciudadanos republicanos que no pertenecen a ninguna organización, pero tenemos bien definida nuestra personalidad, bien establecida nuestra posición y nos parece empeño pueril el de que se nos clasifique según las conveniencias ajenas. No creemos que para ser o parecer más radicales que el Partido Radical, sea necesario desplazarnos de nuestro puesto y cambiarnos el rótulo.
No somos de la derecha, pero tampoco somos un partido de clase social. Aspiramos a que se establezca un nivel común y desaparezcan las diferenciaciones de clase, pero para conseguirlo no preconizamos la lucha entre ellas, ni pretendemos la dictadura de la que está hoy sometida, ni nos avenimos a que continúe el privilegio de las dominadoras.
Ni desconocemos ni negamos el hecho fatal y por eso nos inclinamos ante la realidad y no somos enemigos de la doctrina socialista, pero no podemos confundirnos con partidos de clase. Reconocer la realidad no es admitirla como una necesidad substancial. Nosotros vamos también hacia la justicia social como van los que forman parte de una sociedad imperfecta donde la propiedad individual, el capitalismo y la burguesía, han sido instrumentos de la evolución progresiva y aún tienen que terminar su misión.
Es nuestro programa de siempre. Queremos la República como instrumento de progreso civil, de justicia social, de emancipación económica, de igualdad moral. Queremos la revolución política para hacer en una legalidad republicana la transformación económica y social por las etapas de una evolución jurídica, que marchará al mismo compás que la ascensión cultural del pueblo. Y si queréis un ejemplo de esta posibilidad, que parece una utopía, ahí está Francia, república burguesa progresiva, donde gobernará una mayoría socialista antes de veinte años y donde prevalecerá antes de cien un régimen de justicia social que será el socialismo futuro sin privilegio ni dictadura de clase.
De nuestro programa, viejo de veinticinco años, no hemos borrado punto ni coma. Habrá que renovarlo, indudablemente, porque ha ocurrido en el mundo un terremoto moral y trágico, que ha dado a los años el valor de quinquenios, pero mientras lo hace un nuevo Congreso de la Democracia Republicana, nosotros, limpio el corazón de rencores y el pensamiento de prejuicios, abriremos los brazos o los tenderemos imploradores, por la derecha y por la izquierda, a todos los que quieran o nos quieran para realizar esa unidad de acción qué es nuestro «programa mínimo».

El problema de Cataluña
Tenéis el derecho y el deber de preocuparos cada día que amanece de vuestro problema local, que no es cosa baladí ni para tratada como un problema secundario. Mientras sea una realidad espiritual la existencia de varias Españas dentro del solar peninsular, no podrá ser una realidad política verdadera la existencia de una España madre, si la madre no reconoce la personalidad de sus hijas, con todos los necesarios atributos.
El partido Republicano Radical aspira a que España sea una sola nación compuesta de Estados diferentes, súmanos en el Estado federal, y así, una España que será política, moral e históricamente más fuerte, más unida, más identificada en todos sus componentes que la España de ayer y la de hoy.
El consentimiento forma las grandes unidades políticas; la convivencia fraternal las consolida; el amor las suelda; la historia las hace espiritualmente indestructibles.
Nosotros vamos, hemos ido, e iremos en busca de ese consentimiento, y lo hemos procurado siendo defensores de la patria madre en Cataluña, y defendiendo a la patria hija en España entera.
Y, en verdad, nos ha bastado en todas partes presentarnos como la representación catalana del partido Radical, para que Cataluña fuese ensalzada; porque nosotros, en Cataluña, honrábamos a España.

Los problemas de Barcelona
Como vecinos de Barcelona estáis en presencia de problemas importantísimos que deben, igualmente, ser motivo de nuestra preferente preocupación.
La gran urbe se ha vestido de gala, pero como no iba a bodas se olvidó de bañarse.
Aquí, como en todas partes, el problema de la vivienda económica sin resolver, deja en condiciones de higiene menos que problemática a una inmensa mayoría de familias obreras. El problema del agua potable y de otros usos domésticos continúa amenazando a la vez con los olores desagradables del subsuelo y el peligro periódico de epidemias graves. El problema de la cultura popular, mal atendido por el Estado, no está subsanado ni en las deficiencias escolares, ni en las de la preparación profesional por la munificencia particular, que apenas ofrece Mecenas barceloneses dignos de la consideración que se tributa actualmente a proceres del Norte como el Marqués de Valdecilla.
Pero hay otros problemas de pesadumbre más sensible e inmediata. Estáis viviendo días de abundante regocijo. La Exposición os brinda el espectáculo maravilloso de sus teatrales magnificencias y el de sus grandezas positivas. Sobre los cimientos de preparaciones que hicieron prudente y progresivamente administraciones municipales anteriores, más calumniadas que conocidas, se levantan esas grandezas de ocasión, mientras ruedan, para venir a contemplarlas, sobre la afirmación permanente de carreteras que adoquinaron otros Ayuntamientos antes de que existiera la «Sociedad Nacional de Firmes Especiales», el automóvil del turista, la camioneta del industrial, la ligera tartana del labrador y el carro del «pa-yés» que, con anterioridad a la administración de los radicales y los regionalistas, se atascaban cada cien metros antes de llegar al Fielato de consumos, desaparecido ayer y en potencia de remanecer mañana.
Y más allá de toda esa gloria húmeda iluminada, se va haciendo camino un futuro de riqueza esplendorosa, que habrán de gozar, tal vez, los hijos de nuestros hijos: el puerto franco.
Pero toda esa grandeza presente y futura representa un esfuerzo económico, un gasto de millones tan crecido, que excede con mucho de la capacidad de los recursos normales de Barcelona.
¡Ah! Yo no soy de los que se asustan del gasto, pero roe sobrecogen de temor las consecuencias del derroche.
Las consecuencias morales beneficiosas de una Exposición bien administrada necesitan el espacio y el sacrificio de una generación para convertirse en beneficios materiales. Las de un Puerto Franco están sujetas a contingencias muy aleatorias y, de todos modos, se han de esperar a muy largo plazo.
Lo que no puede esperar indefinidamente es el pago de las deudas; y del pago depende el crédito del Ayuntamiento y el de Barcelona.
Yo admiro el esfuerzo y la capacidad que representa la obra realizada y la iniciada, su belleza y sus esperanzas animadoras, pero admiraré muchísimo más al hombre, a los hombres, a los Ayuntamientos, a las capacidades hacendistas y financieras que acometan y realicen la magna empresa de pagar el coste de esas grandezas, salvar al Ayuntamiento de la bancarrota, conservar el crédito municipal e impedir que la vida cara y los arbitrios insoportables cierren las fábricas, hagan quebrar los comercios, dejen vacío el puerto y despueblen a Barcelona.
Pues bien, amigos míos, los liquidadores de todas esas alegrías vais a ser vosotros. Hoy os regocijáis; mañana os desesperaréis, vosotros y vuestros hijos, si no os preparáis para las responsabilidades que os aguardan.
También aquí quiero deciros que este problema de política local, de un mañana muy inmediato, no será un problema de partido sino un problema de ciudadanía, porque los que se encarguen de la administración municipal han de tener voluntad de mártires, capacidad de técnicos y austeridad de santos; y entera, detrás, la opinión pública.
Será necesario pagar y para ello alumbrar nuevas fuentes de ingreso, reforzar las conocidas, repartir equitativamente las cargas sin prejuicio de clase, administrar con abnegación y cerrar los oídos a
los clamores de los intereses creados, justa y legítimamente puestos a contribución.

Cultura y capacidad
¿Está preparado para colaborar en esa obra el partido republicano local?
Si no lo está es necesario que lo esté rápidamente, es decir, poniendo en el empeño toda la voluntad.
Las elecciones municipales del porvenir no pueden ser consideradas como las del pasado. En el orden político serán la preparación de la Democracia Republicana para una elección de Cortes Constituyentes; en el orden económico serán la ruina o la salvación de Barcelona.
O yo sucumbiré en el empeño o los futuros candidatos radicales para unas elecciones municipales de Barcelona han de ser hombres de una consistencia moral y de una capacidad intelectual dignas de todas las magistraturas y de todas las responsabilidades.
Vosotros, obreros y trabajadores humildes, que habéis tenido comprensión y capacidad para crear escuelas que sostenéis, cooperativas que alcanzan prosperidad sorprendente, centros sociales que administráis y que se han hecho propietarios de inmuebles de alto valor, sois la primera materia con que podrán formarse esas capacidades que necesita el partido, al lado de otras a quienes la vida o la suerte proporcionó los privilegios de una preparación académica o universitaria.
Para eso debéis preocuparos desde ahora en la creación de un organismo que asuma funciones de Academia, de Escuela o de Centro Educativo, y que sirva para exaltar la ciudadanía, para estimularos a la meditación sobre los problemas políticos, sociales y económicos, para orientaros en los de la administración municipal, para que podáis ejercer con justeza de críticos cuando seáis público o de concejales con criterio propio e independiente, que reciban opiniones y consejos de los empleados técnicos, pero no órdenes más o menos disimuladas.
Debéis hacerlo y podéis hacerlo. Sostenéis numerosas entidades. Si todas se ponen de acuerdo por una federación que sin mengua de la independencia de cada cual coordine los intereses de todos, os será fácil crear ese organismo educador. Vuestros salones serán sus aulas, para lecciones y conferencias; vuestras escuelas y cooperativas serán sus laboratorios de experimentación.
Preparaos para tener derecho a la intervención y a la crítica de tal modo que siendo numerosos los preparados y capacitados para las funciones de concejal, el conocimiento de sus responsabilidades haga difícil el encontrar voluntarios para la candidatura y parezca el pretenderla sospechoso o absurdo.
De esa manera podréis salvar el crédito del Ayuntamiento y a Barcelona de la ruina y a su proletariado de la miseria, convirtiendo el desastre que hoy se agazapa tras de las flores y las luces y las esperanzas, en experiencia fecunda, en aviso de previsoras advertencias y en sacrificio redentor, repartido equitativamente.

Insistiendo en un terna
Pero perdonadme que insista en la exposición de un criterio que me parece de excepcional importancia: no os encerréis en un aislamiento de coto cerrado, no convirtáis la democracia radical de Barcelona en un partido de clase.
La vida de relación es una necesidad imperiosa de nuestro tiempo y sustraerse a ella es condenarse a la anemia y a la impotencia.
El partido Radical de Barcelona fue boicoteado por la Solidaridad de funesta memoria. Después dentro del partido, sobrevinieron otros aislamientos y en vez del juicio o el enjuiciamiento proporcionaron la murmuración y la difamación. Cuando el enemigo no tuvo ya más calumnias que propalar contra el partido, el partido se dedicó a calumniarse a sí mismo.
Ese es el resultado del aislamiento contra el que hay que reaccionar.
Recordad como ejemplo lo que a mi me ha sucedido. Mientras nosotros acogíamos, al principio de nuestra formación, a todo el que llegaba y le ofrecíamos nuestra cordialidad, nuestra tribuna o nuestros votos, los Centros locales de cultura, donde yo quise convivir, o me rechazaron o me recibieron con hostilidad a mi y a vosotros. La falta de tolerancia y flexibilidad en unos y otros convirtió a los afines en adversarios y a los adversarios en enemigos. Abiertas las hostilidades nos hemos combatido implacablemente los hombres de las izquierdas para regocijo de las derechas y provecho de los oportunistas que, de una o de otra manera, han estado siempre con el Gobierno o en el Gobierno.
¿Y ha de continuar este estado de cosas indefinidamente? No puede ser. El problema actual y urgente de España, de Cataluña y de Barcelona —dejadme que insista en este tema— no lo podrá resolver un solo partido, ni una sola clase social, ni menos el poder absoluto de un hombre o de una institución, aunque estuviesen representados por la más alta y sana capacidad. Problema nacional requiere para su solución el concurso ciudadano de todos o de la mayor parte. No se trata ya de gobierno la Nación: la soberanía nacional para España, la región para Cataluña, la ciudad para Barcelona.
Esto requiere de parte de todos una reconstitución de la personalidad; una reacción sobre si mismo de cada uno para pedirle al corazón cordialidad y comprensión al entendimiento; discernimiento en los organismos directores para fraguar la acción común sin abdicaciones de nadie, y energía y perseverancia para realizarla.
Comencemos, pues, en lo local por capacitarnos orgánicamente para tan alta misión. Cataluña es eminentemente liberal y democrática; Barcelona tiene el alma republicana; cuando no podamos conseguir concertarnos para tan altos fines como los expuestos, con toda la ciudadanía catalana, procuraremos que sea posible en todo momento, desde hoy en adelante, inteligenciarse eficazmente con todos los elementos que tienen de común con nosotros las principales aspiraciones circunstanciales o definitivas.

La Alianza Republicana
Por nuestra parte hemos procurado avanzar todo lo posible en ese camino y a este propósito os diré algunas palabras respecto a los orígenes y a la existencia de «Alianza Republicana».
Alrededor de una institución que se titulaba Escuela Nueva se habían agrupado para sostenerla elementos de todas las filiaciones, tendencias y matices de la izquierda. Aquí nació, por asociación más íntima, una organización que se tituló «Acción Republicana» a la que pertenecen ciudadanos que ejercen profesiones liberales, catedráticos, médicos, escritores, abogados, ingenieros, etc., y algunos industriales de alta categoría, casi en su totalidad ajenos a toda disciplina de partido anterior ni presente.
A fines del año 1925, por conducto de nuestro buen amigo y correligionario don Antonio Marsá, que pertenecía a los dos citados organismos, fui invitado a conferenciar, como jefe del Partido Radical, con otros elementos de izquierda para tratar de llegar a una inteligencia que constituyese a todos en una fuerza eficaz.
Después de varias, fáciles y cordiales gestiones quedó acordada la inteligencia con el nombre que se conoce. No fue posible obtener la conformidad del partido socialista. Constituyeron, pues, la Alianza: el grupo sin organización nacional «Acción Republicana» que tiene representantes en casi todas las poblaciones donde hay Universidad, Facultad o Instituto; el Partido federal; el partido radical; el señor Domingo, como representante de una tendencia del republicanismo catalán sin organización existente, y el señor Castrovido, como representante de la prensa republicana, fuerza espiritual que era justo tener en cuenta y en la mayor consideración.
Se acordó celebrar un primer acto con motivo del 11 de febrero de 1926 y todos recordáis el éxito que tuvo y que se recogió en una publicación en forma de libro que circuló profusamente.
Al poco tiempo había entre los ocho representantes la más perfecta compenetración y la Alianza entró en funciones que, dadas las circunstancias, no podían ser públicas. ¿Debo deciros ahora sus aciertos, sus errores y el empleo de sus actividades? No, no me pidáis que os diga públicamente lo que no puede decirse delante de un delegado de la autoridad.
Lo que no debo callar es que, después de la Unión Republicana pactada en 1903, no ha existido organización más numerosa e importante que «Alianza Republicana»; y que desde 1886, cuando la sublevación de Villacampa, nunca tuvieron nuestros ideales tantas posibilidades como las que forjó la Alianza. ¿Os he dicho bastante? (Voces: ¡Sí, sí)!
Pues añadiré un detalle: de los ocho representantes que componían la Junta Nacional de «Alianza Republicana», en los tres años transcurridos tres estuvieron dos veces en la cárcel, dos una vez, dos emigrados y todos perseguidos o procesados.

Errores propios y ajenos
Sin embargo, para seguir siendo fiel a la verdad, no puedo pasar en silencio la confesión de un error cometido y la explicación de lamentables escisiones.
La vida política es un transformador de energías, donde hasta los odios pueden convertirse en amor y los amores en odio. El castigo de los que gobiernan sin derecho es que no pueden enfrentarse con el pueblo, ni mirar frente a frente a los ciudadanos, porque no saben si el vengador se esconde en la muchedumbre o si detrás de la frente de los ciudadanos que les miran con ojos serenos vive el pensamiento homicida. La tiranía confunde siempre al idealista revolucionario con... (El público prorrumpe en otra ovación unánime y clamorosa que impide oír el final del párrafo.)
Nosotros hemos trabajado en las catacumbas con demasiada exclusividad. Obligados a ser revolucionarios por la falta de libertad, por esa misma falta no hemos podido ponernos en contacto más íntimo con la opinión y con el pueblo. Se ignoraba por estos, ansiosos de ver y sentir pruebas de actividad, que nos consumíamos en ella. Nunca con menos medios se ha llegado a mejores ni a mayores resultados, pero la organización de «Alianza Republicana», en lo que tiene de extreno, se resentía de la aparente inercia, de la forzosa incomunicación.
En los principios del año corriente una ráfaga de actividad más intensa nos dispersó por cárceles y destierros, y, cuando pudimos reanudar la vida normal, los hombres adictos a la Alianza habían sufrido una crisis moral. De ellas salieron fortalecidos unos, otros debilitados por la duda.
La falta de la esperada compensación a los sacrificios realizados se reputó fracaso por algunos, que carecen de experiencia política, y por otros que hacen demasiada filosofía política; y con arrogancias egocentristas dieron en proclamar por su cuenta y riesgo el fracaso y la disolución de la Alianza.
Lo proclamaron hombres de buena fe y altos prestigios científicos o literarios, tres bien contados, y un experto político que aun sin representación colectiva había sido por su pluma y por su palabra uno de los puntales de la Alianza y en muchas ocasiones el intérprete de su pensamiento. Les vimos ausentarse con honda pesadumbre aun considerando que sólo se llevaban su prestigio personal. En la Alianza quedaban sus elementos iniciales, las fuerzas ponderadas, el grupo intelectual de «Acción Republicana», el Partido Radical, el Partido Federal y agrupaciones autónomas provinciales. Después se retrajo, pero sin interrupción de nuestras cordiales relaciones, el Partido Federal, que sigue teniendo en la Alianza, buen número de sus organismos provinciales.
¿Se puede asegurar con razón que la Alianza ha muerto? Por grande que sea la importancia personal, y yo no la discuto, de los elementos que se han apartado de ella, la «Alianza Republicana» vive, tan recia y vigorosa como antes, fortalecida por el prestigio de su conducta seria y leal y por la renovación y aumento de las adhesiones que recibe.
¿Gana algo la causa de los ideales libertadores con el empeño intentado de que la Alianza se disuelva?
¿Se opone ella a que los republicanos que no militen en su disciplina se organicen y trabajen por el ideal común sin nosotros o con nosotros?
El grupo de «Acción Republicana», el partido Radical y las organizaciones autónomas que constituyen la Alianza, espera ser el núcleo en que, por fin, se agrupen por la derecha y por la izquierda cuantos aspiran que España se libere y se redima por la República.
Nosotros, aquí como en Madrid, al celebrar estas Asambleas de reorganización no nos proponemos otra cosa que vigorizar los elementos que bajo la disciplina y la dirección de «Alianza Republicana» han de cumplir en paz o en guerra una altísima misión patriótica.
La Alianza en Cataluña y en Barcelona
Vosotros sabéis de sobra que, disperso y desorganizado en la actualidad, aunque con voces elocuentes y personalidades sin obligaciones disciplinarias, existe en Cataluña y en Barcelona un liberalismo catalán o un catalanismo liberal que aspira a resolver el problema local por mediación de la República.
Pues a pesar de nuestras reiteradas declaraciones públicas, en la tribuna libre y en la parlamentaria, los hombres representativos de esa tendencia nos acusan de enemigos de Cataluña. Padecen una intoxicación intelectual, que en algunos ha degenerado en odio a España, por lo menos en odio verbal.
Confunden el Estado con la Nación y, con un simplicismo absurdo, para combatir el Estado, que también es nuestro enemigo, combaten y odian a España.
Nosotros no somos más ni menos enemigos del catalanismo liberal, que lo somos, o lo hemos sido mejor dicho, de otros partidos liberales o republicanos. Del catalanismo separatista que se funda no en el amor a Cataluña, sino en el odio a España, de ese si somos, queremos ser y seguiremos siendo enemigos, pero como ese es enemigo de un fantasma o de una superstición.
Del catalanismo liberal que busca, como nosotros, en la República la máxima libertad moral para Cataluña, y la unidad superior federal de España, ¿cómo hemos de ser enemigos?
Seremos adversarios en problemas sociales o económicos y hasta en las formas de estructurar el Estado federal, por más o por menos liberales, por más o menos radicales, por más o menos laicos, pero eso allá lo discutiremos en las Cortes Constituyentes. Ahora lo que nos importa y nos une a unos y a otros, aunque la incomprensión recíproca nos mantenga alejados, es la necesidad de hacer posibles esas Cortes Constituyentes.
Nosotros no queremos confundirnos con nadie; identificarnos, con todo el que aspire a la República parlamentaria, proceda de donde proceda, porque si seis años de Dictadura no son el martirio que redime o el Jordán que lava, le anda muy cerca.
Lo que colmaría las medidas de nuestro deseo es que unos y otros, separada o juntamente, se organizasen y constituyesen con nosotros la Alianza local o se pusiesen en condiciones de llegar a una forma orgánica de inteligencia con todos sus afines.
Porque una vez más he de insistir en que el problema de Barcelona, de Cataluña, de España entera no es hoy un problema de partido o de clase, sino un problema nacional, de vida o muerte.

La República, solución de paz
Y ese problema no tiene ni puede tener solución fuera de la República.
La República es una solución de paz interior y exterior. No hay otra. Y para que la República no sea transitoria y estéril hay que enfocarla como una solución nacional, de todos y para todos los españoles, hasta para los que no la quieran. Sólo así será duradera y progresiva: un dique para el desastre, un freno para el militarismo, una lección para el clericalismo, un cauce para la transformación social, una garantía para el derecho y para la libertad de todos.
¿Matices? ¿Modulaciones? Esos los impondrá la realidad a su hora, el día no lejano en que discutamos en las Cortes Constituyentes nuestra ley fundamental. Si tenemos conciencia de la enorme responsabilidad que va a caer sobre los llamados a gobernar, la alegría infinita que sentirán los elegidos, ocultará aquella vocación de sacrificio con que los cristianos primitivos desafiaban el martirio.
Habrá llegado entonces la hora de los caracteres, de las voluntades, de la austeridad que se preconiza al destiempo de las adversidades; la austeridad que ayuna y da de comer al hambriento, que cae rendida sobre el pupitre y defiende la jornada legal, que sufre las inclemencias de la calumnia y administra serenamente la justicia a amigos y en enemigos, la austeridad virtud, amable de tolerancia con el prójimo, no la austeridad puñal, que hiere arteramente el honor de los amigos.

En la brecha hasta la muerte
Creo que estoy respirando por la herida, pero a pesar de mis cicatrices y de la antigüedad de mi partida de nacimiento no renuncio a mis actividades políticas ni descargo sobre nadie el peso de mis responsabilidades.
Vosotros tenéis el deber de ayudarme. Os reunís para renovar vuestra organización y discutir vuestra constitución municipal. Hacedlo con entera libertad, con amplio espíritu democrático. Yo he venido para dar ejemplo de subordinación y disciplina. Si se tratase de acción revolucionaria iría delante de todos, como cumple a mi deber. En esta acción civil que inauguramos, yo soy un asambleísta más y vengo a contemplar como hacéis uso de vuestra soberanía.
Conservo la ilusión y la esperanza de que aun podré conduciros a la victoria. ¡Y si seréis ilusos también vosotros, que aún estáis aquí! Estad, pues, como un partido no como una muchedumbre.
Y al comenzar vuestras tareas no penséis en las pirámides desde donde nadie os contempla, sino en la patria y en el pueblo que, para rodearos de amor y de prestigio, quiere discutáis con pasión, pero sin escándalo y que resolváis con justicia, pero sin prejuicios.

Reviste de presente
Ya no tenemos aquellos maestros insignes que prepararon a nuestra generación para la democracia, Pi Margall, Castelar, Salmerón y tantos otros cumplieron su misión y pasaron entre laureles a la Historia. Nos dejaron huérfanos de su consejo, de su grandeza mental y moral, pero no abandonados, porque es nuestro el patrimonio espiritual que elaboraron y la democracia ha entrado en su mayor edad. En ella abundan menos los valores de altísima calidad, pero se han multiplicado los valores medios y el estado llano ha ascendido en la escala de la conciencia y de la responsabilidad.
Terminad vuestra labor y levantaos sin jactancia, pero con dignidad, frente a la sociedad barcelonesa. Vosotros sois el pueblo, la masa, con una experiencia, que también es una cultura, de 30 años de luchas ardientes por ideales nobles. Decidla que abandonados o perseguidos no podréis ser, acaso, sino un elemento perturbador o un instrumento de destrucción, pero comprendidos y concertadas y ponderada vuestra fuerza con las fuerzas afines, Barcelona podrá hacer frente victoriosa al porvenir de angustias económicas y peligros sociales, que son la consecuencia fatal de la ausencia de libertad, eclipsada por los poderes personales e irresponsables.

Ultimas palabras
Hubo un tiempo que en España entera se os aplaudía viéndoos luchar heroicamente frente a un levantamiento regional patricida. Ahora os corresponde pedir a la patria que os ayude a conquistar la República para Cataluña y para España, porque la República es la libertad, la paz y la unidad peninsular futura.
Pero primero hay que merecerla. Colocad a la altura que merece el prestigio del Partido Radical. Pensad que sois una garantía para el porvenir.
Señores, salud y República.
(Discurso de Alejandro Lerroux en la Asamblea del Partido Republicano Radical, Barcelona octubre, 1929, Folleto, A.H.M.B.).

El miedo a la libertad. Se quiere que subsista todo lo viejo

El miedo a la libertad. Se quiere que subsista todo lo viejo

. Los rumores lanzados profusamente acerca de la vuelta a la normalidad, esa normalidad por la cual nos quieren hacer creer que suspiran afanosamente los viejos políticos del régimen, han sido recibidos no sin cierta alarma por los elementos citados, a quienes sobresalta sobre todo la posibilidad de que se introduzca cualquier reforma, por mínima que sea, en la Constitución de 1876.
Es natural, y se explica perfectamente, que los herederos políticos de Cánovas y Sagasta, los artífices de la Restauración, es decir, todos los políticos titulados liberales y conservadores, divididos en grupos y taifas que no alteran ni poco ni mucho su pura esencia conservadora, sientan por la Constitución de 1876 un respeto tan fervoroso que raya más bien en la adoración.
Toda la historia política contemporánea de España, de la que fueron árbitros Cánovas y Sagasta, se desenvolvió plácidamente para los intereses que defendían dichos personajes y burlando las más caras aspiraciones del pueblo escudándose precisamente en una Constitución sabiamente elaborada para que las plantas del caciquismo rural se desarrollaran tan frondosa y espléndidamente que vinieran a hacer de nuestro país como un inmenso bosque en el que difícilmente se lograba abrir paso los rayos de la libertad para iluminar al pueblo en su ruta hacia la conquista de un régimen de verdadero liberalismo y justicia social.
Desde el advenimiento de la dictadura fuimos nosotros y continuamos siéndolo adversarios tan irreductibles como leales, a fuer de hombres que rendimos en todo momento culto a los ideales de la democracia. Siempre estuvimos enfrente de cuanto la dictadura representa.
Sentado esto, que es norma invariable en nosotros, nos hemos cuidado bien de proclamar a voz en grito nuestra condenación más severa de la vieja política del régimen y de sus procedimientos de corrupción que anhelamos ver totalmente extirpados de nuestras costumbres políticas.
En el otro campo, en el de todos los viejos políticos, del régimen, clasificados arbitrariamente en liberales o conservadores, para mejor repartirse el usufructo del Poder y embobar al pueblo en muchos casos con la apariencia de un seudorradicalismo que solía vestirse el ropaje de lo anticlerical, muy a gusto de los magnates eclesiásticos, que conocían bien los secretos de la tramoya, fue recibida la dictadura con ostensible disgusto por cuanto representaba un alejamiento prolongado del Poder y la contingencia desagradable de que se desnutrieran los cuadros de los llamados partidos en los que las adhesiones estaban en razón directa con las mercedes que más o menos honestamente pudieran otorgarse desde los departamentos ministeriales. Lo del amor a la Constitución y a los derechos individuales de los ciudadanos era una cantata más o menos bien ensayada y lograda con el gesto o la actitud, pero en la que los divos no ponían entusiasmo espiritual y verdadera convicción ideológica. Así han ido transcurriendo los años sin que nosotros hayamos tenido que rectificar ni una tilde de los juicios que escribimos acerca de la dictadura en los primeros días de su instauración y sin que los políticos titulados constitucionalistas hayan suavizado en lo externo el gesto de hosquedad que compusieron al ser desplazados del Poder y de sus aledaños a partir del golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923.
Lo verdaderamente interesante ha surgido en cuanto la dictadura anunció que estaba dispuesta a modificar la Constitución de 1876 y a establecer la Cámara única, suprimiendo la secular institución del Senado.
Es «La Época» la vieja cortesana, vestida todavía con los figurines de los tiempos isabelinos, la que lanza los gritos más agudos contra todo cuanto suponga amenaza de cambiar en algo el viejo tinglado de la antigua farsa política. ¡Por Dios, que no se toque a la Constitución del 76! Cabe, sí, promulgar nuevas leyes de Orden Público, de Prensa, de Asociaciones y Electoral, las cuales —dice— «habrán constituido el aparato ortopédico indispensable para no malograr el tránsito de la Dictadura a la Constitución y hacer posible la convivencia social».
Pero esas nuevas leyes habrán de ser —dice «La Época»— «garantía y freno, usando el ciudadano de sus derechos, pero no abusando de ellos». Así es como entiende el vocero conservador que no habrá le malograrse el tránsito de la dictadura a la Constitución, para que realmente lo que suceda a la dictadura no sea un régimen de franca libertad ciudadana, sino el viejo emplasto de la Constitución del 76, con aquellas reformas de las leyes en sentido progresivo que hagan más tranquilo y placentero el disfrute del Poder a los viejos políticos del régimen —Romanones, Alhucemas, Bergamín, Alcalá Zamora, Bugallal—, que forman ahora la unión sagrada para defender la integridad de la Constitución del 76 y todo el artificio electoral de los pequeños distritos, en los que como lapas estaban incrustados los caciques y sus criados para formar lo que sonora y sarcásticamente se llamaba la representación nacional, la soberanía popular, encarnada en los pintorescos diputados y senadores, elegidos por las artes apicaradas del caciquismo o por medio del sabio encasillado de Gobernación.
Los que se mesaban los cabellos con histriónico gesto de desesperación y protesta ante la prolongada permanencia de la dictadura son ahora los que hablan de ir «poco a poco» hacia el restablecimiento de las garantías y los que afirman muy serios «que en seis meses no pueden celebrarse, sin graves convulsiones, tres elecciones sinceras». Son «el ilustre yerno», marqués de Alhucemas, y sus aliados, que anhelan volver presurosamente a gobernar, a «sacrificarse» por la felicidad del pueblo, como si aquí no hubiera pasado nada y la historia de España pudieran continuarla los que siempre se burlaron de las ansias justicieras del pueblo y de sus nobles anhelos de intervención directa en los negocios de la gobernación del país.
¿Dónde irá a desembocar la dictadura? He ahí la angustiosa interrogante que se formulan a si mismos los que quieren que subsista todo lo viejo de la clásica política de la Restauración. Si nosotros mantenemos inflexible nuestra actitud de adversarios frente a la dictadura, no es preciso insistir cuán enérgicamente nos oponemos a las maniobras de los fracasados e ineptos viejos políticos, cuya desaprensión es tanta como el cinismo de que hacen gala estos días al exteriorizar sus ambiciones de jefe de bando o pandilla política.
El pueblo los confunde a todos en una misma oleada de desprecio, y nosotros haremos cuanto nos sea dable para que la santa indignación de los escarnecidos se manifieste en toda su grandeza y destruya las manipulaciones de los que quieren perpetuar en España un régimen de caciquismo baldón del pueblo que sea capaz de soportarle y por fortuna desconocido en los países verdaderamente progresivos del mundo.


(«El Socialista» (Madrid), 20 diciembre 1929)

El Gobierno y los estudiantes

El Gobierno y los estudiantes

1929sbert
El líder estudiantil Sbert a su llegada a Barcelona


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO RESPONDE A UNA EXPOSICIÓN
ESCOLAR
Se nos facilita la siguiente nota:
«Escrito dirigido por la representación de la Junta de gobierno de la Federación Universitaria Escolar de Madrid al señor presidente del Consejo de ministros:
Excmo. Sr.:
La Junta de gobierno de la Federación Universitaria Escolar de Madrid, en el primer día del curso actual y después en el último lectivo del próximo pasado diciembre, se dirigió al excelentísimo señor rector de la Central, exponiéndole sus cordiales deseos de colaborar al mantenimiento de la normalidad académica. En ambos escritos estimaba imprescindible para lograrla el levantamiento de las sanciones arbitrarias que pesan sobre nuestro camarada Antonio María Sbert, así como la reintegración a sus cátedras de las cinco profesores que por su fina sensibilidad universitaria hubieron de abandonarla al ver denostada de modo oficial su función.
Baldíamente hemos esperado solución justa a nuestra demanda. El excelentísimo señor rector, en la entrevista que al reanudarse el curso en el presente mes tuvimos con él, nos manifestó que el resultado de las gestiones realizadas era nulo. En cambio, los estudiantes, que sólo a título de tales nos agrupamos, si venimos recibiendo muestras de la atención gubernamental, aunque de signo negativo. Constantemente se obstaculizan la constitución y el funcionamiento de nuestras entidades aconfesionales, llegándose en algunos casos, por los que se hallan investidos de autoridad, a extremos de manifiesta coacción. En tanto, se favorece por e] Gobierno que V. E. preside, moral y económicamente, a los estudiantes que en flagrante minoría se agrupan bajo rótulo confesional, de notoria impertinencia en el recinto académico.
Excelentísimo señor: Por todo lo antedicho, los universitarios y escolares de Madrid, que esta Junta de gobierno representa, llevados de su sensibilidad universitaria, jurídica y ciudadana, no pueden menos de manifestar su profundo disgusto por el proceder del Gobierno que V. E. preside.
Ha expresado repetidamente esta Junta tal disgusto, infundiendo en su expresión esperanzas de concordia. La sinceridad de éstas le llevó en los primeros días del pasado mes de diciembre a usar de su autoridad moral para calmar la excitación del ánimo escolar, consiguiéndolo así.
Ante el fracaso de sus anteriores esperanzas y la inutilidad de su esfuerzo, esta Junta de gobierno, honradamente, no puede siquiera ensayar el ademán conteniendo la excitación que en estos días transe el sosiego de los claustros académicos.
Y obra así, sintiéndonos los que la componemos, más que nunca, hermanados con los estudiantes españoles, y más democrática y responsablemente que nunca miembros y cabezas visibles de los estudiantes madrileños, cuya representación ostentamos.
Deseamos sea guardada la vida de V. E. Madrid, 21 de enero de 1930. Firmado.»
«No sé bien si tiene precedentes ni siquiera si será bueno el que ahora establece esta Presidencia dando contestación cumplida y cortés al escrito a ella dirigido con fecha de ayer por la representación de la Junta de gobierno de la Federación Universitaria Escolar de Madrid, ratificado por la Cámara Federal; pero como la Dictadura tiene su fisonomía y sus normas, en ocasiones superando a las más democráticas, paso a contestarlo.
El excelentísimo señor rector de la Universidad Central ha sido fiel transmisor a ustedes del acuerdo del Gobierno contrario a modificar la excepcional situación gubernativa determinada para el señor Sbert y también a actuar respecto a la reintegración a sus cátedras de profesores que las abandonaron voluntariamente. Respecto a ambos puntos el señor rector se ha producido por escrito y de palabra con la máxima insistencia, compatible con los respetos debidos, siendo doloroso para el Gobierno separarse del dictamen de tan alta y prestigiosa autoridad universitaria.
Las razones de tal proceder son obvias, y paso a exponerlas concisamente. Los catedráticos de referencia, como ya queda dicho, abandonaron sus cátedras voluntariamente y sin presión gubernamental alguna. Sólo a petición personal de los interesados, y si las leyes y estatutos administrativos lo permiten, podrá considerarse el caso de reintegración que ustedes solicitan. En cuanto al señor Sbert, la ofuscación de ustedes es más notoria, ya que serenamente sería difícil incluirle como estudiante efectivo en ninguna carrera ni disciplina, pues tránsfugaa de unas a otras y sin aplicación para ninguna, en todas se ha ocupado y preocupado sólo de ganar predicamento de carácter más político que escolar, sobre el ánimo de sus mucho más jóvenes camaradas para mantenerlo excitado y propicio a los fieles que él persigue. De mí puedo asegurar que jamás nadie con igual desenfado, inoportunidad, insistencia e incorrección, me abordó en la vía pública para plantear una serie de cuestiones de notoria impertinencia por la ocasión, la forma y el lugar.
Han de reconocer los firmantes del escrito que si todo lo acaecido con relación a los puntos que contesto hubiera sido siempre anormal y por cualquier Gobierno sancionable, tratándose del que ejerce la Dictadura lo es mucho más, y a pesar de ello nadie podrá negar la templanza en que se inspira, sin más límite que el impuesto por su propia dignidad, la resolución firme de mantener el orden y el respeto a las jerarquías huyendo de toda claudicación de autoridad.
Contestados quedan cordialmente los dos puntos concretos del escrito de ustedes, y ahora sólo he de añadir palabras de patriotismo y consejo, con la esperanza de que sean escuchadas y atendidas por los jóvenes estudiantes, lozano plantel de futuros ciudadanos, llamados a intervenir y desenvolver la vida nacional en sus variadísimas actividades.
Recuerden el daño que produjeron los pasados alborotos estudiantiles, inducidos por elementos extraños o por los propios, sordos al interés nacional, retrayendo a los extranjeros en la visita a las grandes Exposiciones y dando lugar a una campaña mundial de alarmas e inquietudes de cuyas consecuencias no se ha librado el país aún. Yo no puedo admitir que a nombre de los estudiantes, que en suma son la juventud española, se produzcan daños y zozobras en la sociedad, tan necesitada de paz y tan aviesamente examinada desde fuera por intereses contrarios al nacional.
Contra ello, si desgraciadamente surgiera de nuevo el caso vulnerando la autoridad académica, antes que la intervención de la fuerza pública, y más eficazmente, espero que han de actuar los propios estudiantes que sientan y piensen de otro modo y que estén decididos a luchar por su criterio, por lo menos con igual energía y virilidad con que trata de imponérseles el contrario. Mejor que nada, la paz, la comprensión y el patriotismo por parte de todos.
Que Dios los inspire y guarde sus vidas.—Primo de Rivera.
22 de enero de 1930.»
(De inserción obligatoria.)


(«El Sol» (Madrid), 23 enero 1930)

El presidente se somete al refrendo de la opinión militar a través de sus altos jefes

El presidente se somete al refrendo de la opinión militar a través de sus altos jefes


De madrugada recibimos la siguiente nota:
«Cuando al final de la jornada de ayer, tras diez horas de incesante trabajo, ajeno por completo a chismorreos y menudencias, he recibido a los informadores de Prensa, me ha sido dado a conocer la intensidad con que se han cotizado en los mentideros.
Es enojoso salir al paso de tanta miseria; pero no hay otro remedio para tranquilizar a los cuitados, ya que no sirva la rectificación para acallar a los inventores, acogedores y propaladores de especies alarmistas.
En primer término, y por el buen nombre de las víctimas del doloroso accidente, he de afirmar con el testimonio de toda la ciudad de Segovia, que el que produjo la muerte del teniente don José Estaun y la grave herida del capitán don José Gándara ha sido absolutamente casual, y más lamentable por tratarse de dos oficiales brillantísimos, unidos por fuertes lazos de amistad.
También, por el buen nombre de meritísimos generales, he de dar un solemne mentís a las actitudes que se atribuyen a algunos, contrarias no solamente a la realidad y al concepto que siempre han tenido y demostrado del cumplimiento del deber, sino a todo buen sentido.
Ellos no tienen en inquietar el ánimo público el interés que los especuladores y políticos profesionales; ni del alboroto deducen el placer que la gente moza e irresponsable. Pero, en fin, en esto el jefe del Gobierno se somete voluntario a una prueba sensacional y decisiva.
Como la Dictadura advino por la proclamación de los militares, a mi parecer interpretando sanos anhelos del pueblo, que no tardó en demostrarle su entusiasta adhesión, con la que más acrecida aún cree sentir contando hoy, ya que esto último no es fácil de comprobar con rapidez y exactitud numéricamente, y lo otro sí, a la primera se somete y autoriza, e invita a los diez capitanes generales, jefe superior de las fuerzas de Marruecos, tres capitanes generales de departamentos marítimos y directores de Guardia Civil, carabineros e inválidos, a que tras una breve, discreta y reservada exploración, que no debe descender de los primeros jefes de unidades y servicios, le comuniquen por escrito, y si así lo prefieren se reúnan en Madrid bajo la presidencia del más caracterizado, para tomar acuerdo, y se le manifieste si sigue mereciendo la confianza y buen concepto del Ejército y Marina. Si le falta, a los cinco minutos de saberlo, los poderes del jefe de la Dictadura y del Gobierno serán devueltos a Su Majestad el Rey, ya que de éste los recibió haciéndose intérprete de la voluntad de aquéllos.
Los alborotos estudiantiles, pocas veces tan fuera de tiempo y tan faltos de motivo; el constante intento de alarma financiera, contra la cual la realidad mantiene la buena cotización de los valores y con una ligera mejoría en los cambios; los anuncios de promover alborotos, no dejarán de ser reprimidos en justa proporción a las actitudes que los determinen, sea cualquiera el lugar y la ocasión que se elija; ni intrigas altas ni bajas alteran un punto la serenidad del Gobierno, preocupado siempre por problemas de más enjundia y trascendencia, y en materia de represión no quiere ni excederse ni quedarse corto, pues no es cosa de pretender curar en un día y brutalmente el mal de herencia de indisciplina en ciertos sectores, pocos en número y modestos en calidad, ni tampoco favorecidos con un régimen de impunidad.
En suma: el jefe del Gobierno tiene la seguridad absoluta de haber cumplido y estar cumpliendo todos sus deberes sin violencias y sin flaqueza, y de no haber escatimado un minuto ni un sacrificio al servicio de la patria, y que el Directorio militar primero y el Gobierno civil después, le han ayudado con la máxima eficacia y lealtad; pero si la más alta representación del Ejército y la Marina, a los que no ha pretendido halagar ni les hace promesas que por halago se interpreten, declarando estar siempre más dispuesto a exigir de ellos sacrificios que a proporcionarles ventajas, creyendo interpretar el sentir colectivo, sin recurrir a actos plebiscitarios que repugnan a la estructura y disciplina de los cuerpos militares y que serían mal precedente y funesta ejemplaridad, y que la sensibilidad de los Mandos expertos hacen innecesario comunicar al jefe del Gobierno un juicio contrario, y para estimarlo así computará en mucho más los votos adversos que los favorables, con su conciencia tranquila y muy satisfecho de haber cumplido bien todos sus deberes porque así lo ha querido Dios para que España en los últimos setenta y seis meses fuera lo que siempre debió ser. Y ahora sólo pido a mis compañeros de armas y jerarquía que tengan esta nota por directamente dirigida a ellos, y que sin pérdida de minuto, pues ya comprenderán lo delicado de la situación, que este paso, cuya gravedad no desconozco, crea al régimen que presido, decidan y comuniquen su actitud. El Ejército y la Marina, en primer término, me erigieron dictador, unos con su adhesión, otros con su consentimiento tácito; el Ejército y la Marina son los primeros llamados a manifestar en conciencia si debo seguir siéndolo o debo resignar mis poderes.»
(De inserción obligatoria.)


(«El Sol» (Madrid), 26 de enero de 1930)

La iniciativa de las consultas es exclusivamente del general Primo de Rivera, advierte éste

 

La iniciativa de las consultas es exclusivamente del general Primo de Rivera, advierte éste

Ni es acuerdo de Gobierno ni la conoció el Rey

-La nota oficiosa -le dijo el repórter- aparecida en la Prensa de esta mañana ha producido gran emoción, más porque la gente no sabe si es acuerdo de Gobierno o iniciativa de su Presidente.

-Ni es acuerdo de Gobierno, que ni siquiera ha conocido la nota hasta leerla en la Prensa, ni menos, naturalmente, S.M. el Rey, ni tampoco iniciativa del presidente del Consejo, sino del general Primo de Rivera, que cree conveniente, aunque no indispensable en opinión de muchos, recabar la ratificación de confianza del Ejército y la Marina ante la existecia innegable de hechos que pudieran presentarla en duda y como resultado de la intensa campaña de insidias que viene haciéndose. Así, pues, soy sólo yo el que, aparte la confianza con que me honra Su Majestad, necesita saber si sigo teniendo abierto el amplio crédito de ella que los institutos armados me abrieron el 13 de septiembre del 23, porque si estoy equivocado en este punto, si secuestro o suplanto una confianza que no existe, no debo seguir gobernando.

Lo que se necesita para gobernar en régimen de Dictadura

-¿No teme usted que se interprete como una intromisión de los Cuerpos armados en la política?

-De ninguna manera: ni intromisión, ni siquiera intervención, puesto que no se trata de juzgar la política, sino la persona. En régimen normal, basta a ésta con la confianza de la opinión y la de la Corona para gobernar; en régimen de dictadura se necesita contar, ratificar claramente la de los organismos en cuyo nombre fue instaurado el Régimen, si se pretende poner en duda, sin que el caso tenga que repetirse más que cuando se repita la anormalidad o suspensión de la vida política.

No se trata, pues, de someter un Gobierno civil al control del Ejército y la Armada, sino de saber el jefe de una Dictadura de origen militar, que, entre otras modificaciones esenciales hechas en ella, le ha dado carácter civil y ha tenido, en seis años largos, que tocar tantos extremos y sufrir tan rudos ataques clandestinos, si su prestigio y la confianza precisa ha flotado por encima de todo eso, sobreponiéndose al desgaste personal.

Además, yo creo que habrá coincidencia entre las tres confianzas precisas: pueblo, Corona y elementos armados.

(La Nación, 27 de enero de 1930.)

Declaración oficial de la crisis (El Sol, Madrid, 29 enero 1930)

Declaración oficial de la crisis (El Sol, Madrid, 29 enero 1930)

Marina, hoy tan ponderados y tan firmes en la disciplina, infiriéndoles la ofensa de dudar de ellos por la acción de unos anónimos, unas hojas clandestinas y unos rumores, es inexplicable y me lo reprocho y sanciono.
Mucho he de agradecer, en primer término, a mis compañeros de Gobierno, la delicadeza con que se han hecho solidarios de mi acto, que no conocieron hasta ser público, y mucho también a las altas autoridades por mí requeridas, que en sus contestaciones, que, en realidad, por la forma del requerimiento, podían haber excusado, han puesto palabras de la mayor consideración, benévolos juicios y conceptos de firme lealtad y preocupado patriotismo para el país, el Rey y el Gobierno. Esto me proporciona la inmensa satisfacción de contrastar en las instituciones militares un grado de capacidad, serenidad y unidad de doctrina de que la Patria puede esperar mucho bien.
Pero todo lo anteriormente expuesto tiene de mi parte una consecuencia inevitable e inaplazable, que es mi retirada del Gobierno y mi apartamiento, por el tiempo preciso, de todo trabajo y función. Mas la dificultad no está en mi sustitución personal, que muchos podrán suplir ventajosamente, sino en la orientación política a seguir en beneficio del país. Nunca como en este momento, que me desintereso de todo subjetivismo, creo que podré hablar con igual sinceridad.
Desgraciadamente, los seis años de Dictadura, no cruel, pero sí muy celosa en el mantenimiento de la disciplina social y en la persecución del hampa y gérmenes de perturbación y morbosidad, no han logrado la total extirpación de esos males.
En algunos sectores, y dejo aparte los militares, porque antes he consignado mi juicio sobre ellos, se ha notado enorme mejora. Aludo al obrero, que ha superado a todos en comprensión y que no ha provocado casi dificultades, adhiriéndose siempre a soluciones razonables. No tengo por qué referirme a las teorías socialistas, que ya he dicho muchas veces que no comparto, sino a la organización social, capacidad profesional, progresión cultural y rendimiento del trabajo. Pero sin ser socialista se puede realizar una gran labor de paz social y progreso económico, poniendo interés los Gobiernos en los problemas que afectan a los obreros, y éstos, cordialidad y comprensión libres de excesivo espíritu de clase y sin olvidar que los factores economía y perfección en el producto son la base de la posibilidad comercial de ellos y, por tanto, el manantial que ha de surtir el bienestar de todos y la prosperidad económica nacional.
Por lo apuntado y otras muchas razones de peso, que harían interminable esta mi última nota oficiosa, creo, con e! pensamiento puesto en Dios y en España, que por muchos años debe seguir gobernando la Dictadura o cosa muy parecida, ejercida en forma de Consejo de ministros de laboración colectiva; pero con responsabilidad exclusiva del dictador ante el país y el Rey. Creo también indispensable la existencia de un órgano deliberante en buena parte de origen electivo, que estimule y fiscalice la labor gubernamental, cooperando con sus iniciativas a hacerla eficaz.
Entiendo que la dirección de la Dictadura puede encomendarse igualmente a un hombre civil o militar; pero requiere completa compenetración y asistencia de ambos sectores, y que por su proceder justo, claro y comunicativo, gane arraigo y simpatía en el pueblo.
Desaparecido el obstáculo de mi persona, que, aun sin ser ese mi deseo, no he podido evitar suscitación de agravios y molestias y sufrir desgaste, deben todos los políticos, viejos y nuevos, y los que nunca lo fueron, que sean monárquicos, o que, aun sin serlo, quieran servir al país sin otro afán que engrandecer la Patria y presentarla ante el mundo fuerte por la homogeneidad del ideal y la unión patriótica y ciudadana de una gran mayoría, apoyar al Gobierno, prestándole la asistencia que merezca, más por sus intenciones y buena voluntad que por el acierto mismo, que éste es siempre aleatorio y opinable.
¡Paz, españoles! Cordialidad de clases, cultura y trabajo, y adelante, adelante por el camino emprendido hace seis años, hasta que nuevas generaciones, formadas en las escuelas y colegios de primera enseñanza, en los Institutos y en las Universidades, que son los verdaderos cimientos del edificio social, permitan dar al país una estructura más ciudadana y liberal, porque hasta ahora, es preciso confesarlo, la verdadera libertad, la que garantiza la propiedad y la vida, el pudor y la tranquilidad, necesita ir acompañada de guardias civiles, de parejas de ese noble Instituto, a que tanto debe España y que tanto la enaltece.
¡Paz, trabajo y cultura, que son la verdadera libertad, que para estimarnos cada día más vienen contrastando y apreciando nuestros hermanos españoles en América y los que, allí nacidos, sienten aún el calor de las entrañas de la madre Patria!
En muchos años de Gobierno de dictadura justiciera, liberal, culta, humana, considerada fuera, y con consideración y respeto ella para el sentir de la conciencia universal, está la salvación y el engrandecimiento de España; vengan a servirla los hombres de toga y los hombres de ciencia, por muy radicales que sean, que sólo así, por la posibilidad de sus radicalismos, trabajarán asentando con firmeza inconmovible un sentido fuerte, recio y culto de la ciudadanía, capaz de digerir sin daño las drogas políticas más fuertes, si es ese el sino de la Humanidad. No teman los hombres civiles al contacto de los militares; éstos, salvo las características profesionales que reservan para su ejercicio, son de valor civil inapreciable, incluso las más modestas clases; únanse con ellos en fraternidad ciudadana, y a servir todos juntos a la Patria grande e imperecedera, lo mismo bajo un Gobierno dictatorial que de régimen común, que, cualquiera que el parecer personal sea, no exculpa a nadie del deber de adaptación al momento nacional y de obediencia al Poder público.
Y vayan en esta mi última nota oficiosa unas palabras de sinceridad y fervor para cuantos en puesto oficial o en acción ciudadana me ayudaron, ayudando a España, muy principalmente a la Unión Patriótica, que estoy seguro sabrá responder a su carácter y credo, siendo firme apoyo de todo Gobierno digno de serlo y sostén de la Monarquía; y a los Somatenes, que en su doctrina y su lema encontrarán siempre las normas de su actuación; y a las mujeres españolas, que tan relevante participación vienen alcanzando en la vida nacional. Los hombres del Directorio, como los del Gobierno, han sido esclavos del cumplimiento de sus deberes, movidos siempre por afanes de acierto y estímulos de justicia que el país ha de reconocer y proclamar.
Sean mis últimas palabras nueva expresión de mis sentimientos para el Ejército y Marina, de modo especial para los que, a mis órdenes y a las del general Sanjurjo, pusieron fin al trágico problema marroquí, y para los que ahora, a las órdenes del general Jordana, cimentan la paz y propulsan el progreso, y para los que antes, en días angustiosos, mantuvieron, con derroche de sacrificios y egoísmos, las yermas tierras fertilizadas a fuerza de sangre.
No puedo saber qué suerte o actuación reserva el porvenir a la Asamblea Nacional; pero es de justicia tributar un elogio a la labor importante que ha realizado, y más aún al carácter y condición que ha revelado; labriosos, asiduos, y puntuales en la asistencia a Secciones y Plenos; independientes, documentados, sobrios de palabra, corteses, elocuentes y hombres de corte gubernamental todos sus miembros merecen de la Patria y merecen de la Dictadura el reconocimiento de sus servicios, y de mí, la expresión de eterna gratitud.
Antes de escribir esta nota he sometido al Consejo de Ministros de hoy la resolución de resignar en manos de Su Majestad el Rey los poderes que al Gobierno que he presidido tenía conferidos. Ha sido aceptada con las frases del mayor elogio, que acrecen mis sentimientos de gratitud para con el Soberano, y escribo mi «última nota oficiosa», estas notas de que guardaré siempre buen recuerdo, pues aunque una de ellas haya sido la causa sugerente de mi dimisión, puede que para bien de la Patria y aun mío, a ellas debo la constante comunicación con el pueblo español, que por ellas, tanto o más que por la Gaceta, me ha conocido y fortalecido la estimación suya, de que me envanezco. Pero yo no puedo olvidar que la Prensa ha sido el vehículo, unas veces voluntario, otras obligatorio, que ha llevado mis palabras a través del país, y aun fuera de fronteras. Prensa cuya actuación ha vigilado más que ningún otro elemento, porque sé bien, por afición periodística, que ella hace y deshace hombres y reputaciones y da color, cuándo justo, cuándo caprichoso, a las ideas, deslumbrando, unas veces con el sofisma, otras con el argumento, a los que carecen de medios propios de pensar. En ella residen la ciencia del bien y del mal, y, si no se interpretaran como solicitud de benevolencia, le dedicaría palabras más efusivas en esta ocasión.
Y, ahora, a descansar un poco, lo indispensable para reponer la salud y equilibrar los medios: ¡dos mil trescientos veintiséis días seguidos de inquietud, de responsabilidad y de trabajo! Y luego, si Dios quiere, a volver a servir a España, donde sea y como sea, hasta morir.»


(«La Nación» (Madrid), 29 enero 1930)

R. D. admitiendo la dimisión del general Primo de Rivera

R. D. admitiendo la dimisión del general Primo de Rivera

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Presidente de Mi Consejo de Ministros me ha presentado don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella, quedando altamente satisfecho de sus relevantes servicios y del acierto, celo y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio, a treinta de enero de mil novecientos treinta.
Alfonso. El Ministro de Justicia y Culto, Galo Ponte Escartín.


(«Gaceta de Madrid», 31 de enero de 1930)

Real Decreto nombrando a don Dámaso Berenguer presidente del Consejo de Ministros

Real Decreto nombrando a don Dámaso Berenguer presidente del Consejo de Ministros


Primo de Rivera entrega el poder al general Berenguer

1930primoderivera


En atención a las especiales circunstancias que concurren en don Dámaso Berenguer Fuste, conde de Xauen, Teniente General del Ejército, vengo en nombrarle Presidente de Mi Consejo de Ministros y Ministro del Ejército.
Dado en Palacio, a treinta de enero de mil novecientos treinta.
Alfonso. El Ministro de Justicia y Culto, Galo Ponte Escartín


(«Gaceta de Madrid», 31 de enero de 1930)

Se intensifica la acción revolucionaria. El presidente del Consejo advierte a los capitanes generales de las regiones españolas (1930)

Se intensifica la acción revolucionaria. El presidente del Consejo advierte a los capitanes generales de las regiones españolas (1930)


Mi querido general y amigo: Como resultado de investigaciones realizadas por la Dirección General de Seguridad, aparecen datos suficientes para tener el convencimiento de que los elementos directores del republicanismo están organizando un movimiento revolucionario, que si bien no ha de estallar inmediatamente -pues aún les falta mucha preparación-, no es aventurado asegurar que han de procurar producirlo antes de la fecha acordada para la celebración de las elecciones. 
Los elementos republicanos trataran de lanzarse a la aventura creyendo contar con ciertas cooperaciones; unas, efectivas; problemáticas, otras, y aunque no tengan gran fe en el éxito de la empresa, se proponen, por lo menos, producir la perturbacisn consiguiente. Desde la segunda quincena de septiembre en adelante hay que estar prevenidos contra cualquier chispazo de esta naturaleza. 
La base de elementos con que creen contar los republicanos es la masa obrera que forma la Confederación Nacional de Trabajadores, la C.N.T., contando también con la colaboración de parte de los estudiantes universitarios, de los que algunos elementos les son propicios, y su intervención adecuada a crear dificultades que por la represión violenta a que dieran lugar pueden producir ambiente favorable a sus intenciones. 
Cuentan también los republicanos con la colaboración probable de algunos oficiales y jefes del ejército, especialmente de Artillería, que mantienen con ellos relaciones desde los últimos tiempos de la Dictadura, y cuya identificación no es difícil. Nada se sabe de que estos elementos puedan ser secundados por las clases de segunda categoría, y menos por los de primera. 
De Marina, se ha comprobado existe inteligencia entre algunos oficiales, casi exclusivamente de cuerpos auxiliares y los revolucionarios, especialmente en el Departamento de El Ferrol y Escuadra en aguas del Cantábrico, y aparecen también algunos indicios de que esos oficiales han hecho gestiones acerca de las clases y de la marinería, pero ni se pueden apreciar su alcance ni sus resultados. 
La Dirección General de Seguridad sigue con la mayor atención y cuidado la evolución de todos estos manejos para hacerlos abortar al primer intento, intensificando la investigación de la policía y excitando el celo de los gobernadores civiles para agudizar su observación personal, acudiendo a todos los resortes con que cuentan para evitar toda sorpresa y estar en condiciones de hacer abortar el menor intento de revuelta. De todo lo que esta investigación señale que tenga relación con el Ejercito o con las fuerzas a su órdenes se le dará cuenta, para que pueda obrar en consecuencia, así como de la situación general, si los acontecimientos o la información señalaran algo de interés.
Por mi parte, le encarezco la necesidad de que preste señalada atención a estos extremos, procurando en todo momento estar al corriente de la actitud de las guarniciones, sancionando con el mayor rigor cualquier participación de sus subordinados en manifestaciones y actos políticos de cualquier naturaleza, pues el Ejercito ha de mantenerse apartado de todos ellos, y procediendo sin vacilación contra los elementos aislados que, olvidando su deber, mantengan relaciones u operen a la propaganda de los enemigos del régimen o se produzcan públicamente en forma simpatizante con ellos.
Los momentos que se avecinan, en que el país ha de entrar en el pleno disfrute de sus libertades ciudadanas, después del largo período de suspensión, son de gran delicadeza y propicios al apasionamiento, por lo que exigen la mayor serenidad y sensatez por parte de todos y, en el ejercito, la estricta sujeción a los deberes reglamentarios.
En la seguridad de que en sus altas dotes ha de hacerse cargo del espíritu de este escrito, sobre el que le recomiendo la mayor discreción y obrar en consecuencia, le saluda...-Damaso Berenguer Fusti.


(DAMASO BERENGUER: De la Dictadura a la República, pags, 229 y 230. Madrid, 1946.)

El Fusilamiento de Galán y Fernández

El Fusilamiento de Galán y Fernández

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Capitán Fermín Galán Rodríguez y Capitán Ángel García Hernández

Declaran a continuación los demás procesados, ninguno de los cuales niega su participación en los hechos. Concluidas las declaraciones, el fiscal y el defensor elevan a definitivas sus conclusiones. El fiscal habla brevemente solicitando penas gravísimas para los inculpados. El defensor, por su parte, también es parco en palabras, abogando en favor de sus defendidos. Finalizados los informes, el presidente del Consejo anuncia que el juicio ha terminado y que los componentes del tribunal se retiran a deliberar. Son entonces las diez y cuarto de la mañana y el Consejo de guerra sumarísimo no ha durado más que cuarenta y cinco minutos.
Un rato más tarde vuelve a constituirse el Consejo para dar conocimiento de las sentencias dictadas. Pausadamente se da lectura a las mismas. En ellas se condena a ser pasados por las armas a los capitanes del regimiento de Galicia don Fermín Galán y don Ángel García Hernández y se condena a reclusión perpetua al capitán de Artillería en situación de disponible don Luis Salinas García, a los tenientes don Manuel Muñiz Izquierdo y don Miguel Fernández Gómez y al alférez don Enrique Gisbert Blay. Los procesados escuchan la condena con serenidad y entereza.
Inmediatamente, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Código militar, la sentencia es sometida a la sanción del capitán general de Aragón, don Jorge Fernández Heredia, que la aprueba en todas sus partes. Sin pérdida de tiempo, comienzan los preparativos para su ejecución. Aunque en Huesca —de donde incluso antes de celebrarse el Consejo han sido enviadas a Madrid numerosas peticiones de clemencia— esperan algunos que la ejecución se aplace veinticuatro horas por ser domingo el 14 de diciembre, se dispone su cumplimiento sin mayores demoras. Cuando los condenados son invitados por el presidente del Consejo a firmar la notificación de sus condenas, el diario católico de Huesca, Montearagón, asegura que Fermín Galán lo hizo sin inmutarse, afirmando serenamente:
—Esta es la firma que con más gusto estampo, porque, convencido de que la República es el régimen que más conviene a España, espero que mi sacrificio no será estéril.
A la una y media de la tarde forma en el patio del cuartel de Pedro I una compañía con bandera y son designados los dos piquetes encargados de dar muerte a los sentenciados: cada uno de dichos piquetes está compuesto por ocho soldados, un cabo y un sargento. Los dos condenados a muerte permanecen recluidos en la habitación del capitán del cuartel conversando serenamente con su defensor y con los capellanes de Artillería de Valladolid, que no se apartan un momento de ellos. En un instante en que uno de los capellanes se aproxima a Galán para incitarle a cumplir los preceptos religiosos, el capitán le contesta tranquilo y firme:
—Si viene usted a hablarme como amigo, venga un abrazo y cien más; pero si es como sacerdote, pierde el tiempo conmigo. Yo no puedo variar la idea de toda mi vida en un momento, y por lo tanto, nada tiene que hacer usted conmigo.
La compañía con bandera y uno de los piquetes de ejecución toman los camiones a los pocos minutos para dirigirse a los polvorines del camino viejo de Fornillos, donde ha de cumplirse la sentencia. A las tres menos cuarto de la tarde, parte del cuartel un nuevo camión en el que viajan los dos condenados con su defensor, los capellanes, y los integrantes del segundo pelotón de fusilamiento. Una vez fuera de la población, en la carretera, el capitán Galán saca el paquete de cigarrillos, enciende uno y reparte el resto entre los soldados encargados de fusilarle. El camión se avería a un kilómetro escaso del
lugar de la ejecución y los condenados y quienes les custodian tienen que hacer el resto del camino andando. Al llegar al polvorín, donde ya están formadas las fuerzas, uno de los capellanes insiste en su propósito de confesar a Galán, que le rechaza:
—Suplico a todos que no me molesten con esas cosas. Sólo pido que me entierren en el cementerio civil.
García Hernández, por su parte, se confiesa y los dos condenados marchan al lugar destinado. Allí, tras despedirse de su defensor, se dan un fuerte abrazo y se vuelven para dar cara a los dos piquetes ya formados. Unos redactores de El Imparcial, de Madrid, testigos presenciales de la dramática escena, la cuentan en la siguiente forma:
"De espaldas a la tapia que circunda el polvorín se situaron Galán y García Hernández mirando al piquete que debía disparar contra ellos. El capitán Galán rechazó la venda, renunciando a taparse los ojos, y García Hernández, imitando a su compañero, hizo lo propio.
Entre los condenados a muerte y los soldados que habrían de cumplir la sentencia había un espacio de veinte metros.
Galán, erguido, con la mano derecha sobre el corazón, esperaba el momento fatal con gran aplomo. García Hernández también se entregaba sereno a la fatalidad.
El momento supremo del tránsito de la vida a la muerte se acercaba. Comenzaron a evolucionar los piquetes:
—¡En revista!
—¡Cuatro pasos al frente!
— ¡Carguen! —¡Apunten!
Era el propio Galán quien daba órdenes, rasgo que, después de tantos otros de singular presencia de ánimo, demostraba bien claramente lo recio de su temple.
Y sonó la voz ejecutiva final:
— ¡Fuego! ¡Y viva la República!
En aquel momento, los oficiales bajaron sus sables y sonó una descarga.
Los dos infortunados militares cayeron desplomados para no levantarse más.
A Galán le había atravesado una bala la mano que tenía sobre el corazón y falleció instantáneamente.
García Hernández tardó unos segundos en morir.
Eran las tres y diez minutos.
Las tropas que habían presenciado los fusilamientos desfilaron después ante los cadáveres.
Estos fueron reconocidos por un médico y después colocados, envueltos en unas mantas grises, sobre las camillas de un coche de Sanidad Militar, que los condujo al depósito del cementerio. A las tres y media salieron del polvorín los restos mortales de los dos capitanes. El público que se hallaba situado en los alrededores se descubrió reverente al paso de los cadáveres".

CRÓNICA EN EL IMPARCIAL, Diciembre 1930 (J. Quílez y R. Torres Endrina) 

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