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Himno de Riego
Himno de Riego
Serenos y alegres
valientes y osados
cantemos soldados
el himno a la lid.
De nuestros acentos
el orbe se admire
y en nosotros mire
los hijos del Cid.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.
El mundo vio nunca
más noble osadia,
ni vió nunca un día
más grande el valor,
que aquel que, inflamados,
nos vimos del fuego
excitar a Riego
de Patria el amor.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.
La trompa guerrera
sus ecos da al viento,
horror al sediento,
ya ruge el cañon
a Marte, sañudo,
la audacia provoca
y el ingenio invoca
de nuestra nación.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.
HIMNO DE RIEGO
(Letras populares)
Si los curas y frailes supieran
la paliza que les van a dar,
subirÍan al coro cantando:
"Libertad, libertad, libertad!"
Si los Reyes de España supieran
lo poco que van a durar,
a la calle saldrían gritando:
"¡Libertad, libertad, libertad!"
La Reina vol corona
que vingui a Barcelona
Corona li darem
i el coll li tallarem
Un hombre estaba cagando
y no tenía papel
pasó el Rey Alfonso XIII
y se limpio el culo con él.
Decreto de Adopción de la Bandera Tricolor (Decreto del 27 de abril de 1931)
Decreto de Adopción de la Bandera Tricolor
(Decreto del 27 de abril de 1931)
Adoptando como Bandera nacional para todos los fines oficiales de representación del Estado, dentro y fuera del territorio español, y en todos los servicios públicos, así civiles como militares, la bandera tricolor que se describe.
El alzamiento nacional contra la tiranía, victorioso desde el 14 de abril, ha enarbolado una enseña investida por el sentir del pueblo con la doble representación de una esperanza de libertad y de su triunfo irrevocable. Durante más de medio siglo la enseña tricolor ha designado la idea de la emancipación española mediante la República. En pocas horas, el pueblo libre, que al tomar las riendas de su propio gobierno proclamaba pacíficamente el nuevo régimen, izó por todo el territorio aquella bandera, manifestando con este acto simbólico su advenimiento al ejercicio de la soberanía.
Una era comienza en la vida española. Es justo, es necesario, que otros emblemas declaren y publiquen perpetuamente a nuestros ojos la renovación del Estado. El Gobierno provisional acoge la espontánea demostración de la voluntad popular, que ya no es deseo, sino hecho consumado, y la sanciona. En todos los edificios públicos ondea la bandera tricolor. La han saludado las fuerzas de mar y tierra de la República; ha recibido de ellas los honores pertenecientes al jirón de la Patria. Reconociéndola hoy el Gobierno, por modo oficial, como emblema de España, signo de la presencia del Estado y alegoría del Poder público, la bandera tricolor ya no denota la esperanza de un partido, sino el derecho instaurado para todos los ciudadanos, así como la República ha dejado de ser un programa, un propósito, una conjura contra el opresor, para convertirse en la institución jurídica fundamental de los españoles.
La República cobija a todos. También la bandera, que significa paz, colaboración de los ciudadanos bajo el imperio de justas leyes. Significa más aún: el hecho, nuevo en la Historia de España, de que la acción del Estado no tenga otro móvil que el interés del país, ni otra norma que el respeto a la conciencia, a la libertad y al trabajo. Hoy se pliega la bandera adoptada como nacional a mediados del siglo XIX. De ella se conservan los dos colores y se le añade un tercero, que la tradición admite por insignia de una región ilustre, nervio de la nacionalidad, con lo que el emblema de la República, así formado, resume más acertadamente la armonía de una gran España.
Fundado en tales consideraciones y de acuerdo con el Gobierno provisional,
Vengo en decretar lo siguiente:
1. Se adopta como bandera nacional para todos los fines oficiales de representación del Estado dentro y fuera del territorio español y en todos los servicios públicos, así civiles como militares, la bandera tricolor que se describe en el art. 2º de este Decreto.
2. Tanto las banderas y estandartes de los Cuerpos como las de servicios en fortalezas y edificios militares, serán de la misma forma y dimensiones que las usadas hasta ahora como reglamentarias. Unas y otras estarán formadas por tres bandas horizontales de igual ancho, siendo roja la superior, amarilla la central y morada oscura la inferior. En el centro de la banda amarilla figurará el escudo de España, adoptándose por tal el que figura en el reverso de las monedas de cinco pesetas acuñadas por el Gobierno provisional en 1869 y 1870.
En las banderas y estandartes de los Cuerpos se pondrá una inscripción que corresponderá a la unidad, Regimiento o Batallón a que pertenezca, el Arma o Cuerpo, el nombre, si lo tuviera, y el número. Esta inscripción, bordada en letras negras de las dimensiones usuales, irá colocada en forma circular alrededor del escudo y distará de él la cuarta parte del ancho de las bandas de la bandera, situándose en la parte superior y en forma que el punto medio del arco se halle en la prolongación del diámetro vertical del escudo. Las astas de las banderas serán de las mismas formas y dimensiones que las actuales, así como sus moharras y regatones, aunque sin otros emblemas o dibujos que los del Arma, Cuerpo o Instituto de la unidad que lo ostente, y el número de dicha unidad. En las banderas podrán ostentarse las corbatas ganadas por la unidad en acciones de guerra.
3. Las Autoridades regionales dispondrán que sucesivamente sean depositadas en los Museos respectivos las banderas y estandartes que hasta ahora ostentaban los Cuerpos armados del Ejército y los Institutos de la Guardia Civil y Carabineros. El transporte y entrega de dichos emblemas se hará con la corrección, seriedad y respeto que merecen, aunque sin formación de tropas, nombrándose por cada Cuerpo una Comisión que, ostentando su representación, realicen aquel acto, y formándose la Comisión receptora por el personal del Museo.
4. Las escarapelas, emblemas y demás insignias y atributos militares que hoy ostentan los colores nacionales o el escudo de España, se modificarán para lo sucesivo, ajustándolas a cuanto se determina en el artículo 2º.
5. Las banderas nacionales usadas en los buques de la Marina de guerra y edificios de la Armada, serán de la forma y dimensiones que se describen en el art. 2º. Las banderas de los buques mercantes serán iguales a las descritas anteriormente, pero sin escudo.Las banderas y estandartes de los Cuerpos de Infantería de Marina y Escuela Naval serán sustituidas por banderas análogas a las descritas para los Cuerpos del Ejército.Las astas, moharras y regatones se ajustarán asimismo a lo que se dispone para las de los Cuerpos del Ejército.
6. Las Autoridades departamentales y Escuadra dispondrán que sucesivamente sean depositadas en el Museo Naval las banderas de guerra regaladas a los buques y estandartes que hasta ahora ostentaban los Regimientos de Infantería de Marina y Escuela Naval. El transporte y entrega de estas enseñas se hará con la corrección, seriedad y respeto que merecen, aunque sin formación de tropa, nombrándose por cada Departamento o buque una Comisión receptora por el personal del Museo.
7. Las escarapelas, emblemas y demás insignias y atributos militares que hoy ostentan los colores nacionales o el escudo de España se modificarán para lo sucesivo, ajustándolas a cuanto se determina en el artículo 2º.
Gaceta de Madrid, 28 de abril de 1931
Se suprime la Academia General de Zaragoza. Su director, el general Franco, pronuncia el discurso de despedida
Se suprime la Academia General de Zaragoza. Su director, el general Franco, pronuncia el discurso de despedida
Franco, arengando a los cadetes el día del cierre de la Academia (1931)
«Caballeros cadetes: Quisiera celebrar este acto de despedida con la solemnidad de años anteriores, en que, a los acordes del himno nacional, sacásemos por última vez nuestra bandera y, como ayer, besaseis sus ricos tafetanes, recorriendo vuestros cuerpos el escalofrío de la emoción y nublándose vuestros ojos al conjuro de las glorias por ella encarnadas; pero la falta de bandera oficial limita nuestra fiesta a estos sentidos momentos en que, al haceros objeto de nuestra despedida, recibáis en lección de moral militar mis últimos consejos.
»Tres años lleva de vida la Academia General Militar y su esplendoroso sol se acerca ya al ocaso. Años que vivimos a vuestro lado, educándoos e instruyéndoos y pretendiendo forjar para España el más competente y virtuoso plantel de oficiales que nación alguna Iograra poseer.
»Intimas satisfacciones recogimos en nuestro espinoso camino cuando los más capacitados técnicos extranjeros prodigaron calurosos elogios a nuestra obra, estudiando y aplaudiendo nuestros sistemas y señalándolos como modelo entre las instituciones modernas de la enseñanza militar. Satisfacciones íntimas que a España ofrecemos, orgullosos de nuestra obra y convencidos de sus óptimos frutos.
»Estudiamos nuestro Ejército, sus vicios y virtudes, y corrigiendo aquéllos hemos acrecentado éstas al compás que marcábamos una verdadera evolución en procedimientos y sistemas. Así vimos sucumbir los libros de texto, rígidos y arcaicos, ante el empuje de un profesorado moderno consciente de su misión y reñido con tan bastardos intereses.
Las novatadas, antiguo vicio de Academias y cuarteles, se desconocieron ante vuestra comprensión y noble hidalguía.
Las enfermedades venéreas, que un día aprisionaron rebajando a nuestras juventudes, no hicieron su aparición en este Centro por la acción vigilante y la adecuada profilaxis.
»La instrucción física y los diarios ejercicios en el campo os prepararon militarmente, dando a vuestros cuerpos aspecto de atletas y desterrado de los cuadros militares al oficial sietemesino y enteco
»Los exámenes de ingreso, automáticos y anónimos, antes campo abonado de intrigas e influencias, no fueron bastardeados por la recomendación y el favor, y hoy podéis orgulleceros de vuestro progreso, sin que os sonrojen los viciosos y caducos procedimientos anteriores.
»Revolución profunda en la enseñanza militar, que había de llevar como forzado corolario la intriga y la pasión de quienes encontraban granjería en el mantenimiento de tan perniciosos sistemas.
»Nuestro decálogo del cadete recogió de nuestras sabias ordenanzas lo más puro y florido para ofrecéroslo como credo indispensable que prendiese vuestra vida, y en estos tiempos, en que la caballerosidad y la hidalguía sufren constantes eclipses, hemos procurado afianzar vuestra fe de caballeros, manteniendo entre vosotros una elevada espiritualidad.
»Por ello en estos momentos, cuando las reformas y nuevas orientaciones militares cierran las puertas de este Centro, hemos de elevarmos y sobreponernos, acallando el interno dolor por la desaparición de nuestra obra, pensando con altruismo: «Se deshace la máquina, pero la obra queda»; nuestra obra sois vosotros, los 720 oficiales que mañana vais a estar en contacto con el soldado, los que lo vais a cuidar y a dirigir, los que, constituyendo un gran núcleo del Ejército profesional, habéis de ser sin duda paladines de la lealtad, la caballerosidad, la disciplina, el cumplimiento del deber y el espíritu de sacrificio por la patria, cualidades todas inherentes al verdadero soldado, entre las que destaca con puesto principal la disciplina, esa excelsa virtud indispensable a la vida de los Ejércitos, y que estáis obligados a cuidar como la más preciada de vuestras prendas.
Disciplina...!, nunca bien definida y comprendida. ¡Disciplina...!, que no encierra mérito cuando la condición del mando nos es grata y llevadera. ¡Disciplina!, que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, cuando el corazón pugna por levantanrse en íntima rebeldía o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando. Esta es la disciplina que os inculcamos. Esta es la disciplina que practicamos. Este es el ejemplo que os ofrecemos.
»Elevar siempre los pensamientos hacia la patria y a ella sacrificarlo todo, que si cabe opción y libre albedrío al sencillo ciudadano, no la tienen quienes reciben en sagrado depósito las armas de la nación, y a su servicio han de sacrificar todos sus actos.
»Yo deseo que este compañerismo nacido en estos primeros tiempos de la vida militar pasados juntos perdure al correr de los años, y que vuestro amor a las armas de adopción tengan siempre por norte el bien de la patria y la consideración y mutuo afecto entre los componentes del Ejército. Que si en la guerra habéis de necesitaros, es indispensable que en la paz hayáis aprendido a comprenderos y estimaros.
»Compañerismo, que lleva en sí el socorro al camarada en desgracia, la alegría por su progreso, el aplauso al que destaca y la energía también con el descarriado o el perdido, pues vuestros generosos sentimientos han de tener como valladar el alto concepto del honor, que de este modo evitaréis que los que un día y otro delinquieron, abusando de la benevolencia, que es complicidad, de sus compañeros, mañana, encumbrados por un azar, puedan ser en el Ejército ejemplo pernicioso de inmoralidad e injusticia.
»Concepto del honor que no es exclusivo de un regimiento, Arma o Cuerpo; que es patrimonio del Ejército y se sujeta a las reglas tradicionales de la caballerosidad y la hidalguía, pecando gravemente quien cree velar por el buen nombre de su Cuerpo arrojando a otro lo que en el suyo no sirvió.
»Achaque éste que por lo frecuente no debo silenciar, ya que no nos queda el mañana para aconsejaros.
»No puedo deciros como antes que aquí dejáis vuestro solar, pues hoy desaparece, pero sí puedo aseguraros que, repartidos por España, lo dejáis en nuestros corazones, y que en vuestra acción futura ponemos nuestras esperanzas e ilusiones; que cuando al correr de los años blanqueen vuestras sienes y vuestra competencia profesional os haga maestros, habréis de apreciar lo grande y elevado de nuestra actuación, entonces vuestro recuerdo y sereno juicio ha de ser nuestra más preciada recompensa.
»Sintamos hoy, al despediros, la satisfacción del deber cumplido y unamos nuestros sentimientos y anhelos por la grandeza de la patria, gritando juntos: «¡Viva España!» - Vuestro general director Francisco Franco.»
(ARRARAS, J.:Historia de la Cruzada. Madrid, 1940. Tomo 3.: pág. 376.)
Programa de la Confederación Española de Derechas Autónomas
José María Gil-Roble, ministro de la guerra (1935)
Programa de la Confederación Española de Derechas Autónomas
I. RELIGIÓN
1.a La Confederación Española de Derechas Autónomas declara que en el orden político-religioso no puede ni quiere tener otro programa que el que representa la incorporación al suyo de toda la doctrina de la Iglesia católica sobre este punto. Las reivindicaciones de carácter religioso deben ocupar, y ocuparán siempre, el primer lugar de su programa, de su propaganda y de su acción. Como consecuencia de esto, la C.E.D.A. proclama que su finalidad principal y razón fundamental de su existencia es el laborar por el imperio de los principios del derecho público cristiano en la gobernación del Estado, de la región, de la provincia y del municipio, sin más límite que la posibilidad de cada momento político.
2.a C.E.D.A. formula su más enérgica protesta contra el laicismo del Estado y contra las leyes de excepción y de la persecución de que se ha hecho víctima a la Iglesia católica en España. Como consecuencia, hace público su propósito de utilizar con la máxima intensidad todos los derechos de la ciudadanía, para conseguir, en la medida de sus posibilidades:
A) La anulación de todas las leyes constitucionales y decretos dictados contra la Iglesia o contra los derechos de los católicos.
B) La derogación de todas aquellas leyes que, basadas en una facultad discrecional concedida por la Constitución a las Cortes, rebasan la esfera de los mandatos de aquella, y son atentatorias a los derechos de la Iglesia y de sus ministros y de sus fieles.
C) La revisión de la vigente Constitución, sobre los siguientes principios:
a) Igualdad efectiva de todos los españoles ante la ley, sean cuales fueran sus creencias, su profesión y su estado.
b) Reconocimiento del derecho que todo español tiene al cumplimiento de los deberes anejos a su creencia religiosa, cualquiera que sea la situación legal en que se halle.
c) Reconocimiento de la personalidad plena de la Iglesia católica como sociedad perfecta e independiente; de su libertad, para la realización de sus fines espirituales y de su derecho a adquirir, poder administrar y disponer de los bienes que necesita para el cumplimiento de los mismos.
d) Devolución a la Iglesia del pleno dominio de los bienes que se nacionalicen a consecuencia de la ley de Confesiones religiosas.
e) Reconocimiento del derecho de asociación para todos los fines lícitos de la vida humana y del derecho que todos los españoles deben de tener para el ejercicio de sus profesiones; y, como consecuencia, reconocimiento del derecho a la vida a las Ordenes y Congregaciones religiosas, y el ejercicio por estas de toda clase de actividades en un plano de igualdad jurídica con los demás ciudadanos y colectividades.
f) Respeto a las conciencias de todos los españoles y reconocimiento del derecho que los españoles católicos tienen a que sus restos reposen en tierra sagrada, y del que la Iglesia debe tener, como consecuencia, a mantener cementerios propios.
D) Régimen concordatorio entre la Iglesia y el Estado para la determinación
de la indemnización que este haya de abonar a aquella por la supresión del presupuesto de culto y clero, así como la determinación del Estatuto que haya de regular todas las cuestiones que afectan a la vez a ambas soberanías.
3.a La C.E.D.A., a pesar de lo expuesto en el apartado segundo, se atendrá siempre a las normas que en cada momento dicte para España la Jerarquía eclesiástica en el orden político-religioso.
II. RÉGIMEN POLÍTICO GENERAL
1.a Los derechos de la personalidad y de la libertad humana, reconocidos en la ley constitucional, deben mantenerse en la letra de las leyes y aplicarse a las relaciones del derecho público, dentro de los límites de la ley natural.
La Ley de Defensa de la República debe derogarse inmediatamente.
2.a El amparo de estos derechos debe confiarse, en todo caso, a los Tribunales de justicia, mediante el ejercicio de acciones pertinentes que habrán de otorgarse a todos los ciudadanos, frente a los abusos y extralimitaciones del poder de Gobierno o de la Administración del Estado.
3.a Se ha de organizar la representación nacional de modo que las Cortes reflejen el verdadero sentir del pueblo español, tanto en los estados de opinión política manifestados por los individuos, cuanto en la organización corporativa que responda al carácter orgánico de la sociedad.
4.a Robustecimiento del Poder ejecutivo, en la medida que sea necesario, para que desenvuelva eficazmente la función que le corresponde dentro de la organización fundamental del Estado. Fiscalización por las Cortes de los actos del Gobierno.
5.a La suprema función del derecho en el país estará a cargo de los Tribunales, en su múltiple misión de resolver los litigios entre particulares, exigir la responsabilidad a dirigentes y dirigidos, resolver en última instancia los conflictos del trabajo, amparar a los ciudadanos contra las extralimitaciones del Poder o de la Administración, y velar por la constitucionalidad de la ley de los actos y resoluciones del Gobierno.
La Administración de justicia será una jerarquía totalmente apartada de la política, garantizada en su libre desenvolvimiento, y sus miembros gozarán de inamovilidad.
III. REGIONALISMO
1.a La C.E.D.A. expone su criterio regionalista, opuesto a todo nacionalismo y favorable al desenvolvimiento de un espíritu propio de la región en la esfera de realidades patentes; pero proclama, al mismo tiempo, que el Estado ha de favorecer el desenvolvimiento de los intereses comunes, acentuándolos mediante una política que vele, en un ambiente de cordialidad nacional y de respeto a las manifestaciones sentimentales de las regiones, por el prevalecimiento del idioma castellano como instrumento de cultura general. Para ello, deberá utilizarse la instrucción pública y cuantos medios estimulantes procure una política que, en posesión de un ideal, sepa conciliar los fueros que deben de gozar las lenguas regionales con el imperio de la que es común a la nación.
2.a Implantado ya un Estatuto regional, y siendo, acaso, inevitable la implantación de otros que responden a criterios que no son los defendidos por la C.E.D.A., se impone una política de observación, más atenta a principios—que tienen un valor de inspiración permanente—que a doctrinas—que no son sino consecuencia de esos principios y que tienen en política un valor circunstancial—. En la propaganda convendrá sostener el concepto de que la región vive por su espíritu siendo cosa distinta de los partidos que se disputan el mando y de las instituciones políticas creadas a imagen y semejanza de las del Estado centralizado. Convendrá, asimismo, insistir en que la región posee una constitución interna mal expresada en el artefacto de Estatutos que no contienen la vida, sino fórmulas inertes y que pueden ser instrumento de opresión de las mismas características regionales.
3.a Canalizado en el Estatuto lo que divide la Región, no lo que une, resulta mucho más vital para la región, porque la considera en su unidad, el sistema de atribución de servicios, de reconocimiento de inmunidades y de participación en el producto de impuestos o de concierto de cupos contributivos.
4.a Facultad indeclinable de la soberanía es el mantenimiento del orden público en todo caso, debiendo desaparecer la distinción constitucional entre los conflictos de carácter suprarregional o extrarregional y los que se produzcan con carácter exclusivamente regional.
IV. MUNICIPALISMO
1.a El Municipio es una entidad de personas y bienes reconocida por la ley. En su virtud, se afirma: a) una amplia autonomía para el ejercicio de sus funciones; b) una política general en este sentido; c) la mayor independencia entre las funciones de la autoridad municipal como delegado del Poder central y las que le corresponden como jefe de la autoridad local; d) libertad de los Ayuntamientos para redactar cartas municipales en materia fiscal; e) facultad de mancomunarse libremente los Municipios limítrofes, aunque no pertenezcan a la misma provincia.
2.a La autonomía municipal no se siente contrariada, sino favorecida por la existencia de un Poder ejecutivo fuerte, que no dependa de las ambiciones numéricas de los partidos. El escollo de la autonomía está precisamente en considerar el Municipio como centro de intereses electorales que conducen a la dominación. Por eso el problema de la autonomía debe ser considerado en relación con el régimen general político.
3.a Distinción entre grandes y pequeños Municipios, o entre Municipios urbanos y rurales, aplicando a los menores el régimen de concejo abierto y haciendo posible a las grandes ciudades el régimen llamado de gobierno por comisión o por gerencia.
4.a Reconocimiento de las entidades locales menores.
5.a En principio, no es deseable la municipalización de servicios en cuanto entrañe un monopolio. La autoridad de los Ayuntamientos debe suplir, completar y fomentar las iniciativas particulares y fiscalizar los servicios de interés general que desenvuelvan las empresas.
6.a Sustitución de los recursos gubernativos contra las decisiones de los Ayuntamientos por recursos ante los Tribunales ordinarios o Tribunales económicos independientes, según la naturaleza del derecho lesionado.
7.a Referéndum en los Ayuntamientos de las Corporaciones locales.
8.a La C.E.D.A., sin negar la vitalidad de las actuales organizaciones provinciales, propugna la posibilidad de constituir organismos regionales con límites distintos de las actuales provincias.
V. URBANISMO
La C.E.D.A. reconoce la importancia que el urbanismo tiene en una política orgánica nacional, y en su consecuencia solicita:
1.a Que se publique una ley nacional de urbanización, por la que se obligue a los Municipios o Mancomunidades municipales a la redacción de sus planes comarcales y locales de urbanización.
2.a Que preceda a esta ley el estudio conjunto del reparto económico de las ciudades en la nación, estableciéndose el cuadro de ciudades protegidas; y
3.a Que se cree el Consejo Nacional de Urbanismo y, en su día, la Dirección general correspondiente con delegaciones provinciales.
VI. FAMILIA
1.a Defensa de la institución familiar contra todo intento de disolución y corrupción:
Mediante la lucha contra la pública inmoralidad ambiente.
Formando el espíritu cristiano de los esposos, que anima y vivifica el amor conyugal.
Combatiendo todas aquellas leyes que, como la del Matrimonio civil y la del Divorcio, vienen a atacar la esencia, unidad e indisolubilidad del matrimonio.
2.a Respeto a la familia legítima y oposición a todo intento de equiparación por el legislador de la transmisión legítima e ilegítima de la vida.
3.a Establecimiento gradual y con exquisita prudencia de aquellas medidas que tiendan a establecer la igualdad jurídica entre los sexos, sin destruir la armonía y la autoridad en la familia.
4.a Defensa de la estabilidad del hogar mediante la institución del patrimonio familiar, inalienable e inembargable.
5.a Defensa especial del hogar obrero:
Mediante la implantación del salario familiar y la intensificación de los seguros sociales.
Impidiendo abusos en el trabajo de mujeres y niños.
Fomentando las pequeñas industrias del hogar.
Fomentando la construcción de casas baratas e higiénicas, huertos obreros, etcétera.
6.a Defensa de la fecundidad del hogar:
Combatiendo las doctrinas de neomaltusianismo y pidiendo la represión de su propaganda.
Educando las gentes mediante la difusión de la cultura adecuada (sobre todo a los jóvenes que se disponen a contraer matrimonio), avivando el sentimiento religioso e iluminando las conciencias, a fin de que el hombre y la mujer conozcan sus deberes y estén dispuestos a cumplirlos.
Estableciendo subsidios familiares y excepciones parciales y progresivas en proporción al número de hijos—siendo estos más de dos—que sostenga el contribuyente y en relación con los bienes de este.
Con una eficaz protección de la maternidad y de la infancia.
7.a Defensa de los derechos de la familia y de la autoridad familiar:
Frente a las corrientes de disolución y de anarquía que invaden el hogar.
Frente a las pretensiones del estatismo.
8.° Interdicción de la patria potestad, cuando esta sea mal ejercida.
9.° Política escolar basada en los principios que se consignan en otras conclusiones de esta Asamblea.
VII ENSEÑANZA
1.a Se proclama el perfecto derecho de la familia a la educación de sus hijos y el supremo magisterio de la Iglesia, por razón de su divina misión y maternidad sobrenatural.
2.a Como consecuencia del inviolable derecho de los padres a escoger los maestros de sus hijos, se afirma el reconocimiento legal de la libertad de enseñanza en todos los grados, con perfecta validez de estudios, dentro de normas generales que no impliquen el monopolio de la enseñanza oficial.
3.a Se ha de respetar el derecho de los individuos y personas morales a fundar y sostener establecimientos de enseñanza de todo género.
4.a Los niños y jóvenes católicos deben educarse en escuelas católicas. Cuando no exista más que una escuela, a la que tengan que asistir lo mismo los católicos que los que no lo sean, se dará la instrucción religiosa a los primeros por el maestro titular, y si este no pudiese por razón de sus creencias contrarias, la dará, allí mismo, el sacerdote designado por la autoridad eclesiástica correspondiente.
5.a La autoridad eclesiástica, para velar por la pureza de la instrucción religiosa católica dada en las escuelas, podrá penetrar en ellas para ejercer su función.
6.a Como principio fundamental se afirma el reparto proporcional del presupuesto de la instrucción primaria, el cual habrá de realizarse tan pronto como las circunstancias lo permitan, y sin perjuicio de los derechos de los maestros oficiales en su escalafón.
7.a Creación de becas suficientes para que las personas muy inteligentes y capaces puedan seguir los estudios, hasta los más elevados, aunque carezcan de recursos.
8.a Abolición de la coeducación en todos los establecimientos de enseñanza, según la legislación vigente en cuanto a la primaria, y mediante la modificación de las disposiciones en vigor en cuanto a los demás grados.
9.a Establecimiento de clases de adultos en todas las escuelas nacionales, sin que en ningún caso puedan ser mixtas.
10. Todos los centros de enseñanza gratuita legalizados estarán exentos de contribuciones y arbitrios, y se procurará multiplicar los centros de enseñanza profesional (industrial y agrícola), ya de nueva creación, ya por transformación de los Institutos locales de segunda enseñanza, en donde la experiencia haya demostrado que no son necesarios, y siempre dejando a salvo los derechos de los actuales profesores.
11. Reforma radical del actual sistema de exámenes en la segunda enseñanza, reduciéndolos y dándoles un carácter predominantemente práctico.
12. Restablecimiento de la enseñanza libre en las Escuelas Normales.
13. Conveniencia de que los católicos establezcan residencias para normalistas en donde no las haya.
14. En los Institutos y Escuelas Normales será obligatoria la enseñanza de la religión para alumnos católicos.
15. La enseñanza superior universitaria, salvo los primordiales derechos de la Iglesia en la educación en general, es una función que incumbe directamente a la sociedad y subsidiariamente al Estado.
16. En este grado de enseñanza deben quedar bien delimitadas la función investigadora y difusora de la cultura y la enseñanza profesional, orientada esta en forma práctica y eficaz.
17. A las actuales Universidades del Estado debe reconocérseles autonomía pedagógica en cuanto a planes de estudio, métodos y pruebas de suficiencia.
18. Debe completarse el estricto carácter de centros instructivos que ahora tienen las Universidades con el de centros formativos de educación integral, religiosa, moral y física.
19. Todas las Universidades, tanto oficiales como libres, podrán expedir títulos no profesionales, mediante las pruebas que cada una establezca. Los títulos profesionales solo podrán obtenerse mediante un examen de Estado, igual para todos los alumnos, tanto de los centros oficiales como de los libres.
La función de juez en este Tribunal examinador será incompatible con la función docente.
VIII. PROGRAMA FEMENINO
Cultura femenina
1.a Las Asociaciones Femeninas cuidarán preferentemente en sus centros de la educación cívica de la mujer y de su formación moral, intelectual y física, por medio de clases, conferencias, proyecciones cinematográficas, círculos de estudios, becas y pensiones, bibliotecas, juegos y deportes, etc., etc.
2.ª Las Secciones Femeninas, utilizando sus organizaciones electorales, allí donde existieran o creándolas donde no las haya, establecerán paulatinamente, y por distritos y barrios, pequeños centros de cultura popular, divididos en dos grados, donde separadamente, a niños y niñas de seis a doce años en el primer caso, de doce a veinte en el segundo y este para hembras solo, se den clases, respectivamente, de Doctrina cristiana explicada y de encíclicas y textos evangélicos.
3.a En lo que se refiere a enseñanza pública, habrá de favorecerse la difusión de las escuelas de adultas y de educación popular, así como de enseñanza del hogar e industrias rurales.
4.a Se declaran contrarias a la coeducación en los términos de las conclusiones sobre enseñanza. Fundación de una Universidad católica femenina, y si esto no fuera posible, una casa-hogar para las jóvenes estudiantes.
Derechos civiles de la mujer
1.a Las desigualdades de las leyes en materia civil y económica entre los dos sexos deben gradualmente desaparecer, sin perjuicio de la autoridad marital y de la jerarquía familiar.
2.a Se mantiene la igualdad de los sexos en el ejercicio de los derechos ciudadanos, avalando este criterio en la práctica con el reconocimiento de idéntico valor al voto de los afiliados y afiliadas en la elección de sus organismos directivos.
El problema del obrero femenino
1.a En principio se aspira a la permanencia de la mujer obrera en el hogar, mediante el establecimiento del salario familiar y el fomento de las industrias domésticas.
2.a Se ha de velar para que se cumplan severamente las leyes que protegen el trabajo de las mujeres y niños en espectáculos públicos, fábricas, etc., etc.; y se procurará una más justa retribución del trabajo femenino, recabando el derecho de la mujer a su independencia económica con el libre ejercicio de aquellas profesiones que sean compatibles con su sexo.
3.a Se fomentarán las escuelas de aprendizaje, escuelas maternales, colonias veraniegas, obras de vacaciones, casas higiénicas y baratas, cooperativas de consumo, sindicatos profesionales y todo cuanto pueda mejorar las condiciones de vida de las obreras.
4.a En las Asociaciones Femeninas se atenderá con preferencia a la cultura religiosa, intelectual y profesional de las clases proletarias, y a la formación de propagandistas obreras que puedan difundir entre sus compañeras este programa.
Organización y enlace con entidades afines
1.a Las Asociaciones Femeninas conservarán su autonomía e independencia en todo lo que se refiere a organización interna, labor de cultura y de propaganda y obras de asistencia social, y se sujetarán con disciplina en todo lo relativo a la actuación política y de conjunto.
2.a Como medio de enlace entre las asociaciones masculinas y femeninas, y salvo especiales circunstancias de lugar y tiempo, se elegirá un Comité ejecutivo, compuesto de la presidenta y otra vocal de la Junta de señoras y el presidente y dos vocales de la Junta de caballeros. Este Comité decidirá en los asuntos generales y los que surjan. Para la necesaria colaboración, estas cinco personas tendrán voz y voto en ambas juntas.
3.a Para coordinar sus esfuerzos y estrechar los lazos de solidaridad femenina, las Asociaciones Femeninas proponen que se cree una Confederación de Asociaciones Femeninas de Derechas dentro de la Confederación Española de Derechas Autónomas, que, respetando mutuamente la independencia y autonomía de estas entidades, las una firmemente para trabajar en la defensa de lo que es esencial a la tradición católica de las españolas: la Religión, la Patria y la Familia.
IX. CUESTIONES SOCIALES
1.a Se rechaza el principio marxista de la lucha de clases.
2.a Se admite la intervención del Estado en materia económica-social para dirigir, vigilar, estimular y castigar, según los casos y las necesidades lo exijan, en pro del bien común.
3.a Es lícita la existencia de una economía dirigida, pero a través de la organización corporativa de la economía misma.
4.a Se aspira a una más justa distribución de la riqueza de manera que el mayor número posible llegue, de algún modo, a ser propietario.
5.a Derecho al trabajo, igual para el hombre que para la mujer.
6.a Libertad absoluta del obrero para el ejercicio de su trabajo.
7.a Se considera incluidos, a los efectos de las reivindicaciones sociales, en el concepto de trabajadores, tanto a los manuales como a los intelectuales.
8.a La organización debe comprender los Sindicatos propiamente dichos, la corporación o profesión organizada, la organización interprofesional y la organización cristiana de las clases. La sindicación será libre, pero la corporación obligatoria.
9.a Jurisdicción especial para regular los contratos de trabajo y resolver los conflictos sociales dentro de la corporación. Los Jurados serán elegidos, con representación proporcional, por las clases interesadas y de su seno, y estarán presididos por un individuo de la Magistratura social, a la que se garantizará una completa independencia.
10. Salario mínimo justo. Sobre salario familiar por medio de Cajas de compensación.
11. Evolución del contrato de trabajo, en cuanto sea posible, hacia el contrato de sociedad, de suerte que los obreros vengan a participar en los beneficios, en el dominio y en la gestión de las empresas.
12. Seguro obligatorio integral, al que debe contribuir el Estado, los patronos y los obreros.
13. Jornada regulada en cada trabajo por los elementos competentes, dejando a salvo siempre las obligaciones religiosas y políticas.
14. Debe tenderse a que la mujer casada no se vea precisada a trabajar, y, en tanto esto se realice, a que sea protegida en el trabajo.
15. Formación profesional de los trabajadores a cargo de las corporaciones o sindicatos, y subsidiariamente, del Estado.
16. La inspección del trabajo estará a cargo de autoridades sociales y no de autoridades gubernativas.
17. Españolización, que no estatificación, y menos socialización, de las empresas e industrias de interés nacional, en el sentido de que su capital, su dirección técnica y sus trabajadores sean españoles o hispanoamericanos.
18. La política de mejora de salarios y en general de mejora de situación económica, del trabajador, debe de hacerse siempre mirando a la posición relativa de España dentro de la economía internacional.
X. POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA
1.a La C. E. D. A. condena enérgicamente:
a) La política de inspiración socialista practicada por los partidos gobernantes desde abril de 1931 y las claudicaciones de la autoridad ante movimientos sociales revolucionarios o prerrevolucionarios, causa fundamental de la depresión económica de la Nación.
b) La pasividad del Gobierno frente a nuestra situación comercial ante buen número de países extranjeros, que nos compran mucho menos de lo que nos venden.
c) La obra presupuestaria para 1933, que, como la de 1932, infringe la Constitución, infla temerariamente los gastos que no son inmediatamente reproductivos, y practica una emisión de la Deuda de Tesorería que desvirtúa y quiebra por completo el concepto de la deuda flotante.
2.a La política fiscal nacional se inspirará en las siguientes normas:
a) Reorganización de las alícuotas y tipos de los impuestos analíticos sobre el producto, con el fin de que todas las rentas se graven con arreglo a la justicia tributaria; es decir, que sean gravadas según el criterio técnico de su regularidad, duración y seguridad.
b) Ampliación paulatina y regular del impuesto complementario global y progresivo sobre la renta, establecido en forma tal, que no inflija un doble gravamen al ahorro.
c) Rectificación del objeto de la imposición y rebaja paralela de los tipos de todos los impuestos.
d) Política tributaria dirigida al aumento de los impuestos directos y a una desgravación paralela y correspondiente de los impuestos que recaen sobre el consumo, y que hacen del conjunto del sistema tributario español un sistema de tributación progresiva a la inversa, en el que las menores rentas resultan más gravadas, relativamente, que las mayores.
3.a Se impone una revisión de los tratados comerciales concertados con el extranjero y de los métodos puestos hasta ahora en juego en este terreno, para pactarlos con las otras naciones.
4.a Procede iniciar una política de obras hidráulicas, con arreglo a planes económicos de conjunto, que justifiquen la cuantía de las inversiones que en ellas se hacen.
5.a Debe continuarse la obra de organización económico-administrativa de las redes ferroviarias planeada por el Estatuto de 1924.
6.a La política de reconstitución económica del país incumbe, en parte, al Estado, y, en una parte muy importante, al capital privado español. El Estado debe facilitar la iniciativa de los particulares en este sentido.
7.a C. E. D. A. afirma que la política de reconstrucción económica española, para que sea propiamente tal, ha de hacer de la política agraria y ganadera el eje de todo el sistema económico nacional.
XI. POLÍTICA AGRARIA
1.a Para que la política agraria responda al sentido integral que debe tener, ha de comprender lo referente a enseñanza profesional, distribución justa y económica del suelo en propiedad, regulación del crédito agrícola y política comercial y colonizadora, auxiliado todo ello por la ordenación técnica de una política social de armonía entre los elementos que intervienen en la producción agrícola.
2.a Es necesaria una política económica que atienda debidamente al fomento de la producción y que realice aquellas obras públicas que son necesarias para aumentar nuestra riqueza forestal, ordene su explotación y la coordine con las actividades agrícolas y ganaderas, y con el aprovechamiento de nuestra riqueza hidráulica, con un régimen análogo al que tuvieron al crearse las Confederaciones sindicales hidrográficas, propugnando a la vez por la implantación de una legislación especial de aguas para las regiones que, como Canarias, así lo exijan, en razón de sus especiales condiciones hidrológicas.
3.a Es necesaria e inaplazable una política de crédito agrícola que lo haga rápido, barato y adaptado a las necesidades especiales de la explotación agrícola, a través de todas las combinaciones que puedan realizarse, mediante las siguientes instituciones de crédito: Cambiales agrarias a largo plazo y de barata negociación, warrant, y demás instituciones de garantía prendaria, con desplazamiento o sin él, y la territorial hipotecaria, previas las pertinentes reformas en nuestra legislación hipotecaria y catastral.
Deben concederse préstamos a un tipo de interés mitad del corriente para las obras de transformación progresiva de las fincas y para la implantación de nuevos regadíos, indemnizando el Estado, por aquella rebaja de interés, a los establecimientos de crédito que concedan tales préstamos.
4.a Al lado de la acción social cooperativa y similar promotora del intercambio agrícola es necesaria una política comercial que en materia de comunicaciones, transportes, aduanas y tratados comerciales, procure a nuestra producción agrícola un mercado remunerador con relación al coste de producción, en condiciones que armonicen los intereses de las diversas producciones agrícolas entre sí y los de la producción agrícola en general, con los intereses de la producción en las restantes ramas de nuestra economía. Los tratados de comercio han de estar basados en la justicia, influidos ponderadamente por todas las ramas de la producción española en proporción a su respectiva importancia, y concertados por una Comisión especial, en la que tengan los intereses agrícolas una representación proporcionada a su influencia en la balanza comercial, para que así deje de haber clases arancelariamente dominantes y arancelariamente preteridas.
5.a La C. E. D. A. estima de funestas consecuencias antieconómicas, antijurídicas y antisociales la actual ley de bases de Reforma Agraria. La reforma justa habrá de ajustarse a los principios siguientes:
a) Creación gradual de pequeños propietarios y patrimonios familiares, mediante la parcelación de las fincas del Estado, región y provincias, y de las tierras voluntariamente ofrecidas por los Municipios y propietarios o expropiadas a estos, siempre que, a juicio de los técnicos, reúnan las condiciones requeridas para mejorar la distribución de la tierra, sin perjuicio de la producción y del bien común.
b) Expropiar aquellas tierras que por su forma de explotación no estén atemperadas, a juicio de los técnicos a las exigencias del bien común, si después de haber tenido un plazo prudencial para hacerlo, sus propietarios no las hubiesen puesto en condiciones de cumplir los deberes sociales de la propiedad rústica.
c) Afincar campesinos en las referidas tierras, entregándoselas mediante venta a plazos o contratos de censo reservativo redimibles.
d) Pagar por las tierras expropiadas su justo valor, mediante tasación pericial contradictoria.
e) Órgano necesario y eficaz para llevar a la práctica estos principios será un Instituto de Reforma Agraria, autónomo, económicamente fuerte y técnicamente preparado, cuya autonomía e independencia estén garantizadas frente a las imposiciones de la política partidista.
Hasta tanto que se logre sustituir la actual ley de Bases por los principios enunciados, habrá de reformarse, principalmente, en los puntos siguientes: Reducción a sus justos límites del efecto retroactivo y reorganización del Instituto; limitación de las fincas expropiables; implantación de más justas normas de valorización y pago de las expropiaciones; supresión de las comunidades de campesinos; abolición de las ocupaciones temporales y asentamientos; sustitución de estas aplicaciones de las tierras expropiadas por arriendo justo y por patrimonios familiares concedidos en propiedad, mediante la venta a plazos o a censo redimible, y promulgación, en fin, de leyes complementarias, conforme al contenido de estas bases, sobre enseñanza profesional, crédito agrícola, colonización rural, arrendamientos rústicos y bienes comunales.
6.a El arrendamiento de las tierras responderá a las siguientes bases:
En los contratos de arrendamiento de fincas rústicas cultivadas en alternativa se señalará un plazo mínimo de seis años.
El arrendador y arrendatario deberán anunciar su propósito de cesación contractual con antelación de un año agrícola, con relación a la fecha de la terminación del contrato.
La renta será libremente pactada por las partes, dentro de los tipos corrientes para la comarca señalados por el Tribunal de arrendamientos, ante el cual cabrá también la revisión cuando el contrato contenga alguna cláusula gravemente lesiva para cualquiera de las partes.
Cuando el arrendamiento de las fincas hayan sufrido una variación considerable por causas de carácter excepcional, no imputables a ninguna de las partes, cualquiera de ellas podrá pedir ante los Tribunales de arrendamiento la modificación equitativa de la renta.
Toda mejora será concertada de mutuo acuerdo entre las partes y en caso de discrepancia se podrá acudir ante los Tribunales de arrendamiento.
Concesión del derecho de tanteo y de retracto a favor del arrendatario en caso de venta.
Respeto a las costumbres regionales, siempre que no sean contrarias a estas bases.
Prohibición del subarriendo de los aprovechamientos principales de la finca, pudiendo subarrendarse únicamente los aprovechamientos secundarios.
Aceptación de los contratos colectivos de arrendamientos rústicos por las asociaciones campesinas reconocidas por la ley.
Regulación equitativa y fomento de la aparcería, como medio más justo para establecer la distribución entre el arrendador y el arrendatario, y para preparar la ascensión gradual a la propiedad.
7.a Es indispensable restaurar y fomentar la riqueza ganadera por los siguientes medios:
a) Prohibiendo roturar aquellas tierras privadas y comunales que como pastos dan un rendimiento económico.
b) Obligando a convertir en pastizales aquellas tierras que en otras aplicaciones son de un rendimiento antieconómico.
c) Declarando exentas de la parcelación, aunque no de la expropiación, cuando proceda, todas aquellas fincas de cultivo mixto que constituyan unidades económicas de explotación agropecuaria.
d) Defendiendo las vías pecuarias para la trashumación.
e) Regulando, conforme su especialidad exige, el trabajo y las huelgas de los pastores.
f) Suprimiendo o limitando los impuestos municipales y provinciales sobre la ganadería.
g) Pocurando mercados remuneradores mediante una política comercial y una vigilancia aduanera constantemente intervenida, con representaciones de las asociaciones ganaderas.
h) Concediendo a estas la representación que les corresponde en todos los organismos encargados de implantar la Reforma Agraria.
8.a Dado el valor de la cosecha cerealista, especialmente la triguera, y la zona por ella afectada, se estima indispensable para solución circunstancial y de momento de los problemas del mercado cerealista, lo siguiente:
a) Que el excedente que inmoviliza la cosecha actual y derrumba su precio se retire del mercado, ya por el Estado mismo, ya por los propietarios tenedores, a condición de que, con las debidas cautelas, les garantice el Estado la venta de las cantidades que ellos retiren del mercado, en plazo de un año, y al precio de tasa, más su interés legal.
b) Que se cierre en absoluto la importación de trigos y la de aquellos productos que puedan ser sustitutivos más o menos directos de la fabricación de harinas o que puedan contribuir a la depreciación de los subproductos del trigo en el mercado de piensos.
c) Que se sostenga transitoriamente la tasa y se imponga el consumo exclusivo de trigo nacional en las plazas de soberanía de África y Ejército de Marruecos.
d) Que se faciliten a los agricultores créditos sobre cosecha, aperos y ganados, estimulando al Banco de España para que lo realice conforme a sus Estatutos y que se conceda a los agricultores cerealistas una moratoria suficiente para el pago de sus deudas.
e) Que se declare forzoso el curso del trigo, valorado al precio de tasa, para el pago de toda clase de contribuciones e impuestos y para el pago de aquellas deudas que provengan de gastos realizados en su producción.
9.a Una vez solucionado el problema agobiador de momento se emprenderá una política triguera definitiva que evite las crisis periódicas, con arreglo a las siguientes bases:
1.a Protección arancelaria, fija e intangible, como corresponde a una riqueza que se produce previo empleo de elementos arancelariamente protegidos, y que evite un desnivel ruinoso de nuestra balanza de pagos internacionales.
2.a Creación de paneras sindicales, silos y depósitos regulares, situados estratégicamente, y constantemente intervenidos por las representaciones corporativas de los productores.
3.a Intervención del Estado para nivelar periódicamente con el superávit de las grandes cosechas el déficit correlativo de las menos abundantes.
4.a Protección arancelaria, fija e intangible, en la importación del maíz y de aquellos productos que pueden contribuir a desvalorizar los subproductos del trigo, y que, a la vez, contribuyen a limitar excesivamente el cultivo nacional del propio maíz, a acentuar nuestro déficit comercial con una importación innecesaria, y a dañar, en último término, al consumidor del pan, por el encarecimiento de las harinas, que fatalmente se produce al desvalorizarse los subproductos del trigo.
5.a Tendencia gradual a la supresión de la tasa del trigo que no puede considerarse como meta de una política triguera, sino como consecuencia natural del precio libre del trigo.
6.a Mejora y elevación del rendimiento de la producción unitaria triguera, como se ha hecho en Italia, pero procurando paralelamente reducir el área del cultivo triguero y cerealista a lo estrictamente preciso para el consumo nacional.
10. Una ordenada política de colocación de los productos agrícolas debe mirar a garantizar que el precio que obtengan en el mercado esté siempre en relación con su coste de producción.
11. En cuanto al aceite de olivo, deberán dictarse medidas que impidan su mixtificación, favorezcan la exportación, prohíban las importaciones y realicen una eficaz propaganda de nuestras producciones.
La adopción de medidas contra la mixtificación deberá ampliarse a los vinos, a los cuales deberá protegerse rechazando el criterio de contingentes y suprimiendo o limitando al mínimo los impuestos interiores.
12. Unificación de impuestos que gravan la agricultura y ganadería, tendiendo a la progresiva rebaja del tipo de imposición acomodada a las circunstancias de la producción, al ritmo del descubrimiento de ocultaciones.
13. Rápida terminación del catastro y rectificación del mismo donde ya estuviere hecho, teniendo en cuenta los precios actuales que han de servir para fijar el líquido imponible.
14. Limitación de la facultad impositiva de las corporaciones locales sobre los productos agrícolas y ganaderos.
Unificación de todos los servicios agrícolas en un solo departamento ministerial.
15. Para establecer el orden y la tranquilidad en los campos se precisa urgentemente la derogación de la ley de Términos municipales y disposiciones sobre intensificación de cultivos; ordenar, mediante normas económicas, la de laboreo forzoso, y cumplir, efectivamente, la ley que prohibe los alojamientos.
16. Aliento decidido a la sindicación agrícola, en general, o patronal y obrera de tipo cristiano.
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17. Establecimientos y apoyo de un organismo de conciliación y arbitraje, exento de toda influencia política.
18. Reconocimiento de que el problema del paro obrero debe ser solucionado por el Estado y no recaer singularmente sobre la agricultura.
19. Fomento de las pequeñas industrias agrícolas y familiares, cuya difusión quedará encomendada muy especialmente a las granjas, cátedras ambulantes, folletos y publicaciones de propaganda que contribuyan a elevar la instrucción técnico-agrícola de los campesinos.
XII. POLÍTICA EXTERIOR
1.a La C. E. D. A. aspira a que España mantenga la neutralidad ante un conflicto bélico.
2.a Desea que se mantenga una política profundamente pacífica y de cooperación activa, dentro de la Sociedad de las Naciones, para el triunfo jurídico del orden y de la justicia en las relaciones internacionales.
3.a Pretende que se desarrollen principalmente las relaciones de carácter cultural, de cooperación intelectual y de aproximación jurídica entre España y la América española, sin miras de preferencia política y sobre un pie de perfecta igualdad para con todas estas naciones hermanas.
4.a Reclama que, fuese cual fuere el régimen de las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede, se estrechen cada vez más los vínculos entre ambas potestades, manteniendo, firme, en primer término, la representación diplomática entre ellas.
5.a Pide que España continúe su política de penetración pacífica en Marruecos, manteniendo, al efecto, una colaboración leal con Francia.
XIII. POLÍTICA MILITAR
1.a España debe desarrollar una política militar orientada a dotar al país de medios de defensa activa en armonía con sus posibilidades económicas y su posición geográfica. A este efecto, se dedicará la debida atención al Ejército, Marina de Guerra y Aviación, coordinando su esfuerzo para la mejor defensa nacional.
2.a El Ejército se organizará sobre un tipo moderno adaptado al territorio y a las posibles contingencias bélicas, constituyendo en la paz escuelas de mando, experimentación de procedimientos tácticos y técnicos y cuadros sobre los que se formen las unidades para la guerra en caso de una movilización. Se evitará la dispersión de tropas y servicios, tendiendo a su reunión en unidades tipo división, brigada de montaña, para el mayor contacto de los Cuerpos, su enlace y la frecuente reunión en campamentos, maniobras, estudios de fronteras, logísticos, etc.
3.a Se estudiará el modo de reducir al mínimo indispensable la permanencia del individuo en filas, organizando la instrucción premilitar y sometiendo a la tropa durante su estancia en los Cuerpos a una preparación intensiva para la guerra, no distrayendo al soldado de su peculiar misión.
4.a Ha de dedicarse especial atención a la formación de buenos cuadros de clase de tropa, eligiendo los más aptos en cada Arma o Cuerpo, y estimulando la permanencia de los mismos, con ventajas en su porvenir profesional y económico.
5.a La oficialidad será de dos clases: profesional y de complemento, sin escala de reserva en activo. La oficialidad profesional se constituirá por los que cursen en las Academias militares los estudios y prácticas necesarios para obtener el grado de oficial. A las clases de tropa se les facilitará el acceso a la clase de oficiales.
Todos los jefes y oficiales en diferentes momentos de su carrera, cursarán estudios de ampliación, siendo, por tanto, la instrucción de la oficialidad de carácter cíclico. En centros especiales se atenderá a la formación de oficiales especializados en determinadas funciones, tales como el Estado Mayor, las Construcciones Militares, etc. Todos los estudios militares estarán inspirados en un criterio eminentemente práctico, y en ellos se dará la debida participación a los conocimientos de Humanidades y de Psicología, indispensables para el mando de tropas.
6.a Para obtener el empleo de oficial y subsiguientes será preciso haber practicado el mando con acierto en los diversos escalones.
7.a Se atenderá al sostenimiento de la oficialidad en un pie económico decoroso; pero se le exigirá dedicarse a su profesión con exclusión de toda otra.
8.a Se reorganizará la industria militar, dando al problema de abastecimiento de armamento y material la importancia que tiene. Se impulsarán los trabajos de movilización de las industrias civiles, formándose con toda escrupulosidad un censo obrero militar, que se mantendrá al día.
9.a Se atenderá a las necesidades estratégicas en la creación, sostenimiento y estudio de las vías de comunicación.
10. La importancia excepcional que para España, por la extensión de sus costas y situación geográficas tiene el problema naval, en su doble aspecto, militar y civil, será objeto de gran interés, tendiendo a que, en lo posible, España se asome a su litoral.
11. Reconocida la intervención decisiva de la Aviación en la guerra moderna, se le dedicará la mayor atención y todos los recursos que las disponibilidades económicas permitan. Por su estrecha relación con la Aviación militar en caso de guerra, la Aviación civil será también objeto de atención y de estudio en su aplicación, como auxiliar y complemento de aquella.
Confederación Española de Derechas Autónomas. Programa aprobado en el Congreso de Acción Popular y entidades adheridas y afines convocado para constituir la C. E. D. A. Madrid, febrero-marzo de 1933.
Manifiesto del bloque nacional
El Bloque Nacional reunido en San Sebastián (10 de noviembre de 1935)
Manifiesto del bloque nacional
Españoles: Un grupo de conciudadanos, representando unos a diversos partidos, otros con su personal significación, os dirigen estas palabras, puesta la mente en España.
La revolución de octubre ha sacudido nuestras fibras más sensibles con el ramalazo de su barbarie. No debemos resignarnos a considerarla como episodio fugaz, ya cancelado, ni a encuadrar su origen en responsabilidades solitarias No La revolución no está vencida todavía porque ha sido el fruto natural de causas políticas que persisten y cuya extirpación necesaria es empeño inaccesible a los actuales gobernantes.
Esa revolución significa el derrumbamiento de todo un sistema estatal. Las esencias políticas que nos legaron las Constituyentes—Poderes y Leyes—fracasaron todas, como sus antecedentes doctrinales, con irreparable estrago. Varias elecciones políticas de signo adverso al imperante en aquellas Cortes han originado ya importantes eliminaciones de tipo orgánico y personal. Subsisten, sin embargo, funestas representaciones del espíritu Constituyente, sin cuya desaparición será una quimera el saneamiento del país, sometido durante largo tiempo a mortal envenenamiento marxista y antiespañol.
Nos encontramos, por tanto, ante una doble crisis: la crisis de un Estado decrépito apenas nacido, y la crisis moral de una sociedad que ha contemplado con impasibilidad suicida la organización metódica de su propio aniquilamiento y el ataque traidor contra nuestra gran unidad histórica. Hay, pues, que reformar el listado y la sociedad. Porque sin la infusión previa de un espíritu nacional, reformas, instituciones, normas atrevidas de un Estado futuro pueden convertirse en retórica a la moda.
Pero la experiencia nos enseña que ese espíritu no florece en igual medida con toda clase de instituciones políticas, pues las hay que con su sola presencia corrompen y dilapidan en discordia y confusión las virtudes sustantivas de un pueblo, y otras, en cambio, que elevan a grado heroico las energías colectivas necesarias para el cumplimiento de una misión histórica.
El Gobierno actual ha desaprovechado ya su hora: una hora de magnífico resurgimiento, una hora histórica y acaso decisiva en la lucha contra la revolución violenta. Ha fallado el Gobierno y con él los partidos republicanos, veteranos y bisoños, reos por igual de miopía e indecisión. Puesto que el clamor popular exige, y no consigue justicia, que no es crueldad, pero tampoco impunismo; puesto que la paz aparece lejana por la rebeldía embravecida de muchos espíritus; puesto que las esencias sagradas de Unidad y Autoridad sufren todavía apretado cerco; puesto que en el Estado nacido en 1931 no quedan ya ni partidos que no estén fracasados ni reservas que utilizar, ni fórmulas eficaces que ofrecer, ni resquicio para la esperanza, nos adelantamos ante el país, libres de responsabilidad en su trágica situación, con probado desinterés y firme voluntad, para hablarle netamente en lenguaje decidido, cordial y patriótico.
Persuadidos de la trascendencia histórica de la revolución del 6 de octubre, momentáneamente frustrada, los firmantes de este escrito, sin abandonar la disciplina política de las organizaciones a que en su mayoría pertenecen, han acordado coincidir en una actuación pública delimitada por estos dos principios: La afirmación de España unida y en orden según frase inmortal de Don Fernando el Católico, y la negación del existente Estado constitucional. España, pues, ante todo y sobre todo. Una España auténtica, fiel a su Historia y a su propia imagen: una e indivisible. De aquí la primera línea de nuestro programa de acción: defensa a vida o muerte y exaltación frenética de la unidad española, que la Monarquía y el pueblo labraron juntos a lo largo de quince siglos. Y con ella la soberanía política única del Estado, que las especialidades forales tradicionales han de vigorizar y fortalecer, lejos de menoscabarla. Y si queremos una España auténtica, debemos declararla católica, mediante la concordia moral del Estado con la Iglesia, ya que, aparte de otras razones, el hecho católico fue factor decisivo y determinante en la formación de nuestra nacionalidad.
Creemos caducado el sistema político, que nacido con la Revolución francesa sirve de soporte a las actuales instituciones y, como Cánovas predijera, nos arrastra al comunismo. El futuro Estado ha de fundarse sobre el deber tanto como sobre el derecho. Los derechos naturales, inherentes a la personalidad humana, han de ser reconocidos y garantizados por el Estado, de conformidad con su distinto rango, sin que en ninguno de ellos quepa el absolutismo. Su mejor garantía será la organización de un Estado fuerte, capaz de frenar el abuso con que pretendan ejercerlos o monopolizarlos núcleos o masas indisciplinadas. Así, nuestra ambición de erigir un Estado de eficaz autoridad rima magistralmente con el respeto debido a las prerrogativas del ciudadano. Porque ningún peligro mayor para ellas que el anejo a ciertas desmesuradas actuaciones de clase. Por eso, los Gobiernos fuertes son, en definitiva, el único sostén de la civilización en que vivimos y de los derechos que nos otorga.
Queremos un Estado integrador que, a diferencia del Estado anárquico actual, imponga su peculiar autoridad sobre todas las clases, sean sociales o económicas. La era ruinosa de la lucha de clases está tocando a su fin. El Estado, arbitro de toda contienda—sea civil, administrativa o criminal—, debe serlo también en las de índole social. No más huelgas, no más lock-outs, como instrumento de lucha económica, y mucho menos de lucha política. El Estado ha de presidir la vida del trabajo, imponiendo una justicia social distributiva, otorgando, por añadidura, al débil, una compensación de justicia y estimulando, donde esta no llegue, la caridad cristiana. Frente a un Estado inhibido, cruzado de brazos, tuvo razón de ser el fenómeno sindical combativo. Frente a un Estado dispuesto a realizar coactivamente la justicia social, el antiestado sindical es un crimen. Hay que encuadrar la vida económica en corporaciones profesionales; facilitar el acceso del proletariado a la propiedad; imbuir en patronos, obreros y técnicos la conciencia de que sirven un supremo interés nacional, que integra los parciales de clase. Esto se logrará cuando la vida del trabajo sea dirigida por un Estado con unidad moral, unidad política y unidad económica.
Coincidimos todos en rechazar el Parlamento fundado en el sufragio universal inorgánico. Estos Parlamentos especialmente en momentos convulsivos, se desgastan vertiginosamente, hasta concluir en fraude. Las Constituyentes, como las actuales Cortes, demuestran que el fenómeno es fatal. Se impone, por ello, una suspensión del Parlamento, cuyo término sea la convocatoria de unas Cortes orgánicas.
Evidentemente, hoy por hoy, el sentimiento nacional genuino está secuestrado por una Constitución antiespañola en espíritu y letra, y la reforma de la Constitución por los trámites en ella previstos, que el sectarismo, deliberadamente, amañó, es una sarcástica utopía. Apremia abrir un cauce a la expresión del sentimiento nacional, aherrojado, para salir de este punto muerto; y nosotros, aun a sabiendas de que la Constitución, traicionando un supuesto espíritu democrático, lo prohíbe, decimos que el régimen actual no tiene más que uno: el referéndum, que no puede rehusar una democracia. Le emplazamos, por tanto, para que compruebe la auténtica opinión nacional, preguntando directamente al país:
¿Acepta o rechaza España el laicismo?
¿Quiere o no España la supresión de la lucha de clases?
¿Quiere o no España la restauración de la gloriosa bandera bicolor como enseña patria?
¿Quiere o no España la supervivencia del actual estatuto de Cataluña?
La respuesta que los españoles, pronunciándose sobre ideas y no sobre personas, diesen en auténtica fórmula de sinceridad ciudadana, a estas preguntas, mostraría seguramente la razón que nos asiste. Y abriría una ruta clara para que el Gobierno patriota y fuerte que España necesita, marchando con paso firme y marcial, lograse en plazo brevísimo el completo desarme moral y material del país y emprendiese sin más dilaciones la ya inaplazable reconstrucción económica nacional, que ha de tener en la Agricultura su más honda raíz. Unas semanas de actuación implacable, dentro del Derecho, devolverían el sosiego a España, el prestigio a la toga, y la fuerza de intimidación al Estado, que nosotros queremos robusto en sus organismos militares. El Ejército, escuela de ciudadanía, depurado por sus Tribunales de Honor, difundirá la disciplina y las virtudes cívicas, forjando en sus cuarteles una juventud henchida de espíritu patriótico e inaccesible a toda ponzoña marxista y separatista. El Ejército no es solo el brazo, sino la columna vertebral de la patria.
Os proponemos, por tanto, españoles, la constitución de un bloque nacional que tenga: por objetivo, la conquista del Estado, conquista plena, sin condiciones, ni comanditas; por designio, la formación de un Estado nuevo, con las características ya descritas, más las dos esenciales de unidad de mando y continuidad histórica tradicional; por medios, la convergencia de todos los ciudadanos que compartan nuestras ideas, cualquiera que sea su actual filiación partidista, respetada y compatible, y de aquellas asociaciones de tipo económico y social que quieran cooperar a esta grande empresa; y como campo de acción, la tribuna, la Prensa, el libro y la calle, o sea, la actividad política extraparlamentaria.
Monárquicos por reflexión y tradición la inmensa mayoría de los firmantes de este documento—republicanos o indiferentes, otros—no planteamos ahora, aun considerándolo sustantivo, el problema de la forma de gobierno; lo que cruje en estas horas trágicas es un Estado; pero el peligro no es solamente para ese Estado, sino que acecha también—¡y cuán vivamente!—a España. Y ello nos fuerza a lanzar este llamamiento para la organización de un arrollador bloque nacional, trémulos de emoción y ardientes de fe. No ocultamos, los que la sentimos, nuestra convicción monárquica, porque el hacerlo atentaría a nuestra dignidad política. Pero creemos que lo que urge es organizar una fuerza social, nacional, nacionalista y nacionalizadora. que se disponga a conquistar plenamente y a poseer ilimitadamente el Estado.
Si, amparados por la protección divina y. al conjuro de la voluntad nacional llegamos a la meta soñada, nos dispondremos—sépalo bien España—a instaurar en la cima y en las entrañas del Estado español los principios de unidad, continuidad, jerarquía, competencia, corporación y espiritualidad, que hemos diseñado.
¡Españoles!: La hora es difícil, gravísima, amarga. Nadie se recluya en su egoísmo. Desdeñemos los convencionalismos. Caminemos alta la frente, en los ojos la luz cegadora del ideal puro, con la verdad integral y patriótica, sin paliativos ni retorcimientos. ¡Por España y para España! ¡Adelante, adelante, adelante, en bloque nacional!
El Día, 8 de diciembre de 1934.
Eusko Abendaren Ereserkia (Himno oficial de Euzkadi)
Eusko Abendaren Ereserkia (Himno oficial de Euzkadi)
Eusko Abendaren Ereserkia. Melodía tradicional interpretada a modo de saludo a la bandera del que después Sabino Arana escribió una letra y se transformó en "Gora ta gora", himno oficial del EAJ-PNV (1983).
"En 1.935 el primer Gobierno Vasco, de concentración, formado por el PNV, PSOE, Partido Republicano, ANV y el Partido Comunista, aprobó el Himno Oficial tal y como hoy lo conocemos. Cuarenta y ocho años más tarde, en 1983, el Parlamento Vasco consideró que esta melodía ya había sido despojada de todo carácter partidista y superado todos los antagonismos, por lo que asumió como propio el Himno entonces aprobado".
Pacto-programa del Frente Popular (Madrid, 15 de enero de 1936)
Cartel de propaganda electoral del Frente Popular (1936)
Pacto-programa del Frente Popular
(Madrid, 15 de enero de 1936)
Los Partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública sus bases y los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.
I. Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coligados se comprometen :
1.° A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidas en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán con arreglo a ley las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma, y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.
2.° Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordado sin garantía de expediente o por motivos de persecución política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos, por sus ideas o con motivo de huelgas políticas, en todas las Corporaciones públicas, en las Empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en las que el Estado tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las Empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un. motivo político-social, y que serán sometidos a los Jurados mixtos para que estos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933, a quienes hubieran sido indebidamente eliminados.
3.° Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por hechos revolucionarios o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.
II. En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coligados:
1.° Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. Y la ley Orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reforma, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.
2.° Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquella. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.
3.° Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.
4.° Se organizará una justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio • económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales contencioso-administrativos ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones aboliendo malos tratos e incomunicaciones no decretadas judicialmente.
5.° Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se reorganizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
6.° Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.
III. Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no solo por ser obra de justicia, sino porque constituyen la base más firme de reconstrucción económica nacional :
1.a Como medidas de auxilio del cultivador directo:
Rebaja de impuestos y tributos.
Represión especial de la usura.
Disminución de rentas abusivas.
Intensificación del crédito agrícola.
Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo, y demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del intermediario y para evitar la confabulación del harinero.
Estímulo del comercio de exportación de productos agrícolas.
2.a Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola:
Se organizarán enseñanzas agrícolas y se facilitarán auxilios técnicos por el Estado.
Se trazarán planes de sustitución de cultivos e implantación de otros nuevos con la ayuda técnica y económica de la Administración pública.
Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal.
Obras hidráulicas y obras de puesta en riego y transformación de terrenos para regadío.
Caminos y construcciones rurales.
3.a Como medidas para la reforma de la propiedad de la tierra:
Derogarán inmediatamente la vigente ley de Arrendamientos.
Revisarán los desahucios practicados.
Consolidación en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños.
Dictarán una nueva ley de arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, susceptible de revisión; la prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas; la indemnización de mejoras útiles y necesarias llevadas a cabo por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el cultivador abandone el predio, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo.
Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas.
Llevarán a cabo una política de asentamiento de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos.
Dictarán normas para el rescate de bienes comunales.
Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de fincas a la nobleza.
IV. Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía.
En su consecuencia procede:
1.° Dictar una ley o sistema de leyes que fijen las bases de la protección de la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios auxiliares que el Estado conceda en interés de la producción nacional. Promover el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpecen su desenvolvimiento.
2.° Crear instituciones de investigación económica y técnica donde pueda el Estado adquirir elementos para su dirección política y también los empresarios para mejor regir sus iniciativas.
3.° Adoptar aquellas medidas necesarias de especial protección a la pequeña industria y al pequeño comercio.
4.° Levantar la actividad de nuestras industrias fundamentales, mediante un plan de obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y saneamiento de la población rural, en el que se calcularán de antemano los materiales que se han de consumir y sus precios, a fin de asegurar la rentabilidad de estas obras.
V. Los republicanos consideran la obra pública no solo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios:
1.° Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego e implantación de regadíos y transformación de los terrenos.
2.° Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos.
Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo en el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, ha de cumplir, no solo su finalidad propia, sino también el cometido esencial de absorber el paro.
VI. La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles como la del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción ni estimular fuera del campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador.
No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar señalamos las siguientes medidas:
1.a Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito, conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.
2.a Someter a la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan sus líquidos, sobre los principios clásicos que ha puesto de nuevo en relieve la experiencia de las últimas crisis, a fin de afirmar la garantía de los depositantes y el servicio de las necesidades financieras de la política de reconstrucción económica que aquí se promete.
3.a Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorros, para que cumplan su papel en la creación de capitales; dictando también aquellas medidas necesarias para proteger el ahorro privado y de responsabilidad de los promotores y gestores de toda clase de Compañías.
Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, sin acudir al crédito público para finalidades de consumo:
1.° Se revisará a fondo la tributación directa, detenida en su desarrollo normal; reorganización sobre bases progresivas.
2.° Se reformará la tributación indirecta buscando la coordinación del gasto privado con el gravamen del consumo.
3.° Se perfeccionará la Administración fiscal, para que sirva de instrumento eficaz a la nueva política tributaria.
VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.
No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del Partido Socialista. Convienen en:
1.° Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.
2.° Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia, a fin, no solo de que las partes interesadas adquieran conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.
3.° Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante los Tribunales.
Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro, es menester además organizar administrativa y técnicamente la lucha, estableciendo los servicios que sean necesarios de estadística, clasificación, Oficinas de colocación y Bolsas de trabajo, preocupándose de modo especial del paro en la juventud y sin olvidar tampoco las instituciones de previsión y seguro que prometidas por la Constitución deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social.
Los republicanos han de dedicar a la asistencia pública, beneficencia y sanidad, la atención que merece en todo pueblo civilizado, sin regatear sacrificios. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las diversas instituciones de fundación privada, totalizando sus recursos, sin perjuicio del respeto a la voluntad del finado.
VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral, por encima de razones confesionales y de clase social:
1.° Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de someter a la enseñanza privada a vigilancia, en interés de la cultura, análoga a la que se ejercita cerca de las escuelas públicas.
2.° Crearán las enseñanzas medias y profesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos en condición de recibir la de estos grados.
3.° Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para que puedan ser debidamente servidas.
4.° Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera y, en general, a los estudiantes seleccionados por su capacidad.
Los partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.
Se orientará la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones,
El Socialista, 16 de enero de 1936.
Himno de Falange Española que fue cantado oficialmente en el Mitin del Cine Europa de Madrid, el 2 de febrero de 1936.
Cara al Sol
Cara al sol con la camisa nueva
que tú bordaste en rojo ayer,
me hallará la muerte si me lleva
y no te vuelvo a ver.
Formaré junto a mis compañeros
que hacen guardia sobre los luceros,
impasible el ademán,
y están presentes en nuestro afán.
Si te dicen que caí,
me fui al puesto que tengo allí.
Volverán banderas victoriosas
al paso alegre de la paz
y traerán prendidas cinco rosas:
las flechas de mi haz.
Volverá a reír la primavera,
que por cielo, tierra y mar se espera.
Arriba escuadras a vencer
que en España empieza a amanecer.
A las barricadas
A las barricadas
Canto anarquista
Negras tormentas agitan los aires,
nubes oscuras nos impiden ver;
aunque nos espere el dolor y la muerte,
contra el enemigo nos llama el deber.
El bien más preciado es la libertad,
hay que defenderla con fe y valor. (bis)
Alza la bandera revolucionaria
que llevará al pueblo a la emancipación.
En pie pueblo obrero, ¡a la batalla!
hay que derrocar a la reacción.
¡A las barricadas, a las barricadas,
por el triunfo de la Confederación !
¡A las barricadas, a las barricadas,
por el triunfo de la Confederación !
